West Security Services, Inc. v. Junta De Subasta Municipio Autonomo De

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL II

WEST SECURITY REVISIÓN
SERVICES, INC., procedente de la Junta
de Subasta del
Recurrente, Municipio Autónomo
Aibonito.
v. KLRA202300247
Núm. subasta:
JUNTA DE SUBASTAS DEL 01 2023-2024.
MUNICIPIO AUTÓNOMO
DE AIBONITO, Sobre:
impugnación de
Recurrida. subasta.

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, la jueza
Romero García y el juez Monge Gómez.

Romero García, jueza ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

La parte recurrente, West Security Services, Inc. (West), instó el

presente recurso el 30 de mayo de 2023. En síntesis, solicita que

revoquemos la adjudicación de la Subasta General Núm. 01 2023-2024, en

su Renglón 25, sobre servicios profesionales de seguridad, realizada por la

Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Aibonito (Junta). En

particular, impugna la suficiencia de la notificación de la adjudicación.

Conforme ordenado, la Junta compareció el 13 de junio de 2023, y

se opuso al recurso. La licitadora agraciada no compareció.

Evaluado el recurso y la oposición al mismo a la luz del derecho

aplicable, confirmamos la adjudicación de la subasta.

I

EL 13 de marzo de 2023, el Municipio Autónomo de Aibonito

(Municipio) publicó el aviso de la subasta general núm. 01 2023-2024, para

la adquisición de varios bienes y servicios. En lo que nos compete, el

Renglón 25 de la subasta se refería a la adquisición de servicios

profesionales de seguridad1.

1 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 1.

Número identificador

SEN2023_________________
KLRA202300247 2

En respuesta al aviso, tres corporaciones presentaron sus

respectivas propuestas; a decir, West Security Services, Inc.; Unique

Security Corp.; y, Sheriff Security Services, Inc. (Sheriff).

El 15 de mayo de 2023, la Junta se reunió para la evaluación y

adjudicación de la subasta. Según surge de la minuta de dicha reunión2, el

Renglón 25 de la subasta fue adjudicado, mediante voto unánime, a Sheriff.

Conforme a la notificación de la adjudicación del 18 de mayo de

2023 (notificada al día siguiente)3, el criterio que inclinó la balanza a favor

de Sheriff fue como sigue:

El día 8 de mayo de 2023, el Ing. Carlos Hernández, Director
del Departamento de Obras Públicas Municipal y Miembro Ex
Oficio de la Junta de Subastas[,] certificó a la Junta de
Subastas4 sobre la experiencia con el desempeño de la
compañía Sheriff Security Services, Inc.[,] por los pasados
tres (3) años, donde destaca la eficiencia en la prestación de
servicios, un excelente grupo de oficiales, la supervisión
desde el Centro de Mando del puesto por la compañía, el
acceso a los reportes y la presentación de nóminas y el
proceso de facturación que ha sido organizado; incluyendo el
pago a sus oficiales que no hemos tenido quejas.

Los miembros de la Junta de Subastas, en la evaluación total
del renglón durante la reunión celebrada el 15 de mayo de
2023, determinan todos a favor de manera unánime que la
adjudicación del Renglón #25 Servicios Profesionales de
Seguridad de la Subasta General 01 2023-2024 a la
empresa Sheriff Security Services, Inc., debido a la
excelente experiencia con los servicios prestados durante los
pasados tres (3) años, la eficiencia en la prestación de
servicios y la excelente supervisión del puesto, al igual que el
precio ofertado es razonable al mercado y cumple con la Ley
Núm. 47-2021, lo que beneficia los mejores intereses del
Municipio Autónomo de Aibonito.

(Énfasis en el original; subrayado nuestro).

Insatisfecho con la determinación de la Junta, West instó este

recurso de revisión, en el que planteó como único error que la Junta había

actuado de manera arbitraria y caprichosa, y que no había satisfecho los

criterios jurisprudenciales en la notificación de la adjudicación de la subasta

a favor de Sheriff.

2 Véase, apéndice de la oposición al recurso, a las págs. 2-3.

3 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 8-9.

4 Copia de la Certificación emitida por el Ing. Carlos Hernández Rosario, que fuera
evaluada y tomada en consideración por la Junta, fue adjuntada a la oposición al recurso,
a la pág. 1 de su apéndice.
KLRA202300247 3

En particular, West llama la atención de este Tribunal al hecho de

que el precio de los servicios a prestarse variaba entre las tres licitadoras,

siendo el de West el más bajo y el de Sheriff el más alto. Es decir, West

ofertó $12.89 por hora, y Sheriff, $13.59 por hora; para una diferencia de

70 centavos por hora entre ambas licitadoras5.

En fin, West aduce que la notificación de la adjudicación no estuvo

debidamente fundamentada, por lo que procede que la revoquemos.

En su oposición, la Junta apuntó que, contrario a la caracterización

hecha por West en su escrito, la diferencia en precio era tan solo de 70

centavos, y que tal diferencia resultaba insubstancial, particularmente, a la

luz de la experiencia tan positiva que el Municipio había tenido con los

servicios profesionales de seguridad ofrecidos por Sheriff durante tres

años. Por tanto, solicitó que respetáramos el criterio de la Junta.

Cual adelantado, confirmamos la determinación de la Junta.

II

A

La subasta tradicional y el requerimiento de propuestas (request for

proposals o RFP) son los dos vehículos procesales que tanto el gobierno

central como los municipios utilizan para la adquisición de bienes y

servicios. Puerto Rico Asphalt v. Junta, 203 DPR 734, 737 (2019). A la luz

de que la adjudicación de subastas gubernamentales conlleva el

desembolso de fondos públicos, estos procedimientos están revestidos de

un gran interés público. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176

DPR 978, 994 (2009). Por ello, la consideración primordial al momento de

determinar quién debe resultar favorecido, debe ir acorde con el interés

público de proteger los fondos del erario. Íd. Conforme a esto, la norma

imperante es procurar conseguir los precios más económicos y evitar el

favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y

el descuido al otorgarse los contratos, así como minimizar el riesgo de

5 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 8, en la que aparece la tabla de las licitadoras y

los precios propuestos por cada una.
KLRA202300247 4

incumplimiento. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR, a la

pág. 994.

Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las

agencias gozan de una amplia discreción en la evaluación de las

propuestas sometidas ante su consideración, pues estas poseen “una

vasta experiencia y especialización que la colocan en mejor posición

que el foro judicial para seleccionar el postor que más convenga al

interés público.” Íd., a la pág. 1006 (énfasis nuestro).

Así pues, independientemente de que se trate de un procedimiento

de subasta formal o de un requerimiento de propuestas, el Tribunal

Supremo ha resuelto que, una vez se adjudique la buena pro, los tribunales

no debemos sustituir el criterio de la agencia o junta concernida, a menos

que se demuestre que la decisión se tomó de forma arbitraria o

caprichosa, o que medió fraude o mala fe. Íd.

B

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico carece de un estatuto

especial que regule los procesos de subastas. Puerto Rico Asphalt v. Junta,

203 DPR, a la pág. 737. Por ello, corresponde a los entes gubernamentales

ejercer su poder reglamentario para establecer el procedimiento y las guías

que han de seguir en las subastas para la adquisición de bienes y servicios.

Íd.

En cuanto a los entes municipales, si bien la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601,

et seq., reglamenta ciertos aspectos de las subastas, esta legislación

excluyó a los municipios de la definición de agencia. Puerto Rico Asphalt v.

Junta, 203 DPR, a las págs. 737-738. Por ende, las subastas que los

municipios celebren quedan reguladas por la Ley Núm. 107-2020, según

enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA

sec. 7001, et seq.

En su parte pertinente, el Código Municipal de Puerto Rico establece

que la Junta de Subastas de cada municipio adjudicará la subasta a favor
KLRA202300247 5

del postor razonable más bajo cuando se trate de compras, construcción o

suministros de servicios. No obstante, la Junta “podrá adjudicar a un postor

que no sea necesariamente el más bajo o el más alto, según sea el caso,

si con ello se beneficia el interés público”. Art. 2.04(a), 21 LPRA sec. 7216.

Al adjudicar la buena pro, la Junta tomará en consideración los siguientes

factores:

[…] que las propuestas sean conforme a las especificaciones,
los términos de entrega, la habilidad del postor para realizar
y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del
licitador, su reputación e integridad comercial, la calidad del
equipo, producto o servicio y cualesquiera otras condiciones
que se hayan incluido en el pliego de subasta.

21 LPRA sec. 7216.

Adicionalmente, apuntamos que la Sección 11 de la Parte II del

Reglamento Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016, conocido como

Reglamento para la Administración Municipal de 2016, dispone que las

subastas de adquisición, construcción y suministro de servicios no

profesionales se harán a favor del licitador con un buen historial de

capacidad y cumplimiento, quien, a su vez, reúna los siguientes requisitos:

(1) cumpla con los requisitos y condiciones de los pliegos de

especificaciones; (2) que la oferta del licitador sea la más baja o, aunque

no sea la más baja en precio, la calidad o la garantía ofrecidas superen a

las demás, o se justifique el beneficio para el interés público de esa

adjudicación. Íd., a las págs. 110-111.

C

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el derecho a un

debido proceso de ley exige que toda notificación de adjudicación de una

subasta municipal sea adecuada; ello, en virtud del derecho a una efectiva

revisión judicial. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 893

(2007). Asimismo, ha expresado que la notificación de adjudicación que la

Junta de Subastas municipal emita debe, además, incluir los fundamentos

que justifican la determinación, aunque sea de manera breve, sucinta o

sumaria. Íd., a la pág. 894. De esta forma, los tribunales podemos revisar

los fundamentos expuestos en la notificación de adjudicación para
KLRA202300247 6

determinar si la decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Torres

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR, a la pág. 894. También, se

pretende evitar que una parte se vea imposibilitada de cuestionar la

subasta correspondiente debido a que desconoce las razones para la

determinación de la Junta, lo cual impedirá que articule fundamentos

adecuados para cuestionar su proceder. Íd.

Ahora bien, el Tribunal Supremo también ha determinado que, si la

información incluida en la notificación de adjudicación es suficiente para

cumplir con el estándar mínimo de adecuacidad establecida por la

jurisprudencia, la síntesis de las propuestas puede ser de forma concisa y

el señalamiento de defectos de manera generalizada. Íd., a la pág. 895.

Esto así, pues requerir la información detallada sobre las ofertas de los

licitadores desvirtuaría la razón de ser del requisito, lo cual dejaría de ser

una síntesis para convertirse en un análisis detallado de cada propuesta.

Íd. Por tanto, para que una notificación de subasta sea adecuada, como

mínimo, esta debe incluir la información siguiente:

[L]os nombres de los licitadores en la subasta y una síntesis
de sus propuestas; los factores o criterios que se tomaron en
cuenta para adjudicar la subasta; los defectos, si alguno, que
tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos y la
disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y la
revisión judicial.

Íd., que cita a Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 149 DPR 869, 879
(1999).

Cónsono con lo anterior, la Sección 13(3) de la Parte II del

Reglamento para la Administración Municipal de 2016 establece los

siguientes criterios sobre el contenido del aviso de la adjudicación o

determinación final de subastas:

a) nombre de los licitadores; b) síntesis de las propuestas
sometidas; c) factores o criterios que se tomaron en cuenta
para adjudicar la subasta y razones para no adjudicar a los
licitadores perdidosos; d) derecho a solicitar revisión judicial
de la adjudicación o acuerdo final, ante el Tribunal de
Apelaciones, y el término para ello, que es dentro del término
jurisdiccional de diez (10) días contados desde el depósito en
el correo de la notificación de adjudicación; e) fecha de
archivo en auto de la copia de la notificación y la fecha a partir
de la cual comenzará a transcurrir el término para impugnar
la subasta ante el Tribunal de Apelaciones.
KLRA202300247 7

Reglamento para la Administración Municipal de 2016, Sec. 13, a la pág.
119. Véase, además, Puerto Rico Asphalt v. Junta, 203 DPR, a la pág. 739.

III

Según expuesto, West aduce que la Junta erró en el procedimiento

de adjudicación de la subasta y en su notificación, lo que incidió en su

derecho a un debido proceso de ley. Por último, alegó que el aviso de

adjudicación emitido por la Junta de Subastas incumplió con los requisitos

mínimos de adecuacidad establecidos por la jurisprudencia. No le asiste la

razón.

En cuanto a la diferencia entre los precios ofertados, solo existe una

diferencia de 70 centavos entre la propuesta más baja de West, y la

propuesta más alta de Sheriff. La legislación y su jurisprudencia

interpretativa, si bien favorecen la adjudicación de una subasta al postor

más bajo, no prohíben la adjudicación a un postor más alto.

Conforme al Código Municipal de Puerto Rico, la Junta de Subastas

de cada municipio adjudicará la subasta a favor del postor razonable más

bajo cuando se trate de compras, construcción o suministros de servicios.

Sin embargo, también aclara que la Junta “podrá adjudicar a un postor que

no sea necesariamente el más bajo o el más alto, según sea el caso, si con

ello se beneficia el interés público”. Art. 2.04(a) del Código Municipal de

Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7216. Por ello, dispone para que se tomen en

cuenta factores adicionales, tales como: la habilidad del postor para realizar

y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del licitador, su

reputación e integridad comercial, la calidad del equipo, producto o servicio,

y cualesquiera otras condiciones que se hayan incluido en el pliego de

subasta. Íd.

Eso es precisamente lo que ocurrió en este caso. Si bien medió una

diferencia de precios, la Junta tomó en consideración la experiencia previa

que había tenido con los servicios prestados por Sheriff. Este había

demostrado por tres años su cumplimiento cabal con el contrato, su

responsabilidad económica hacia el Municipio y hacia sus empleados, y
KLRA202300247 8

había desarrollado una reputación positiva en el Municipio, así como

integridad comercial.

Estos factores fueron considerados por la Junta y tuvieron un peso

sustancial, que inclinó la balanza a favor de la adjudicación de la subasta

a favor de Sheriff. Por ello, no debemos sustituir nuestro criterio por el

criterio fundamentado de la Junta.

De otra parte, el argumento articulado por West a los efectos de que

la notificación de la adjudicación fue contraria a Derecho tampoco nos

convence. Por el contrario, concluimos que la información incluida en la

notificación de la adjudicación fue suficiente para cumplir con el estándar

mínimo de adecuacidad establecida por la jurisprudencia.

Como ha establecido el Tribunal Supremo, la síntesis de las

propuestas puede ser de forma concisa y el señalamiento de defectos de

manera generalizada. Lo contrario, es decir, requerir la información

detallada sobre las ofertas de los licitadores, desvirtuaría la razón de ser

del requisito, lo cual dejaría de ser una síntesis para convertirse en un

análisis detallado de cada propuesta. Torres Prods. v. Junta Mun.

Aguadilla, 169 DPR, a la pág. 895.

En este caso, la notificación de la adjudicación de la subasta incluyó

los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia: los nombres de los

licitadores y una síntesis de sus propuestas; los factores o criterios que se

tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; y, el plazo para solicitar la

reconsideración y la revisión judicial. Ello coincide, además, con los

criterios exigidos por la Sección 13(3) de la Parte II del Reglamento para la

Administración Municipal de 2016.

En fin, no atisbamos indició alguno de que la Junta hubiera errado

en la adjudicación de la subasta a favor de West, ni en la notificación de

dicha adjudicación. Ambas estuvieron debidamente fundamentadas y no

reflejan arbitrariedad, capricho o irracionalidad alguna, por lo que se

impone su confirmación.
KLRA202300247 9

IV

En méritos de los hechos y el derecho antes expuestos,

confirmamos la adjudicación de la Subasta General 01 2023-2024, en su

Renglón 25, notificada conforme a Derecho el 19 de mayo de 2023, por la

Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Aibonito.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones