Municipio De San Juan v. Citizens Renovation & Dev Corp

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL IV

APELACION
MUNICIPIO DE SAN JUAN procedente del
Tribunal de
Apelante Primera
Instancia, Sala
v. KLAN202300156 Superior de San
Juan
CITIZENS RENOVATION &
DEV. CORP.
Apelado Civil Núm.:
K EF 2000-0291

Sobre:
Expropiación
Forzosa
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparece ante nos, mediante recurso de Apelación, el

Municipio Autónomo de San Juan (Municipio o apelante) y solicita

que revisemos la Sentencia emitida el 27 de diciembre de 2022, por

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.

Mediante esta, el TPI declaró Con Lugar la petición sobre

expropiación forzosa presentada por el Municipio, decretó la justa

compensación a pagarse por la propiedad y dispuso que los

intereses de la compensación otorgada se computarían de forma

compuesta.

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

modificamos la Sentencia apelada. Devolvemos el caso al foro

primario para que calcule los intereses de forma simple, al palio del

Artículo 5(b) de la Ley de 12 de marzo de 1903, conocida como la

Ley General de Expropiación Forzosa de 1903, 32 LPRA sec. 2908,

según enmendada (Ley de Expropiación Forzosa).

Número Identificador
SEN2023 ______________
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I.

Según surge del expediente, el 16 de junio de 2000, el

Municipio instó el pleito de referencia sobre expropiación forzosa

para la adquisición de la propiedad descrita en el Exhibit “A” de la

Petición (Parcela Núm. 00-001 y Parcela Núm. 00-002). El fin de la

expropiación era utilizar la propiedad para el Proyecto Península de

Cantera. El Municipio adujo que la cantidad de $59,750.00 era justa

y razonable para dicha adquisición y depositó la misma en la

Secretaría del Tribunal para que quedara a disposición de las

personas o entidades con derecho a ella. En el Exhibit “A” se

denominó, entre otros, a Citizens Renovation & Development Corp.

(Citizens o apelada) como parte con interés del procedimiento.

Mediante Resolución del 19 de junio de 2000, el TPI declaró

expropiada la propiedad descrita en el Exhibit “A” y ordenó el

traspaso del título de dominio absoluto al Municipio.

Tras un extenso trámite procesal, el cual incluyó

controversias sobre la posible adquisición de una franja adicional de

terreno por parte del Municipio en el 2012 y la presentación en el

Tribunal de Apelaciones de una Petición de Certiorari, el Municipio

revaloró la propiedad expropiada en $646,000.00 ($586,250.00 más

de lo consignado originalmente). Como resultado, el 5 de diciembre

de 2018, el TPI emitió una Orden, mediante la cual concedió 60 días

al Municipio para que, en lo pertinente, enmendara el Exhibit “A”1 y

consignara una suma adicional por la revalorización de la

propiedad.

El 11 de marzo de 2019, las partes del caso presentaron una

Estipulación Transaccional, en la cual aclararon que el Municipio

1 El “Exhibit A” consiste en la relación de la descripción de las propiedades a
adquirirse en pleno dominio y del estimado de la compensación a consignarse y
de las personas y/o entidades con interés en el procedimiento. En el documento
se describen las dos (2) parcelas que fueron objeto de expropiación por parte del
Municipio y las personas con interés sobre las mismas, junto con la compensación
y las cargas y gravámenes. Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 5.
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depositó originalmente $59,750.00, representativo de $1.39 por

metro cuadrado, porque se descontó erróneamente el valor de las

estructuras de terceras personas. Así, las partes concertaron que el

valor de las dos (2) parcelas adquiridas era de $800,000.00, a razón

de $18.58 por metro cuadrado. Ante ello, pactaron que el Municipio

consignaría $740,250.00, por concepto de la diferencia entre el valor

acordado y la cantidad consignada a la presentación de la Petición.

Además, convinieron añadir los intereses constitucionales, según el

caso E.L.A. v. Rexco Industries, 137 DPR 683 (1994). Sin embargo,

el TPI no aceptó la Estipulación Transaccional, debido a que en esta

no se incluyó los nombres de las partes con interés que

comparecían. Advirtió que solo Citizens estaba legitimada a disputar

el justo valor en el caso y a estipular sobre dicho particular. El

tribunal añadió que la estipulación tampoco contenía la firma de los

peritos, ni del representante del Municipio.2

Luego de varios trámites, el 1 de diciembre de 2021, el

Municipio presentó Moción para Enmendar el Exhibit A y de

Consignación. En la misma, expresó que las partes celebraron una

reunión con la participación de los tasadores y acordaron que el

valor de las parcelas expropiadas era de $800,000.00. A su vez,

adujeron que había que enmendar, por tercera vez, el Exhibit “A”

para que reflejara el valor correcto y añadirle los intereses. Además,

el Municipio argumentó que la Sec. 5(b) de la Ley de Expropiación

Forzosa, supra, enmendada por el Art. 1 de la Ley Núm. 167 del 8

de octubre de 2015, 32 LPRA sec. 2908, conocida como la Ley para

enmendar la Sección 5B de la Ley del 12 de marzo de 1903, Ley de

Procedimientos Legales Especiales: Expropiación Forzosa, (Ley Núm.

167-2015), estableció que, una vez dictada la sentencia en un caso

de expropiación, los intereses se computarían a razón del tipo de

2 Orden del 14 de marzo de 2019. Apéndice de la Apelación, págs. 41-42.
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interés anual que fije por reglamento la Junta Financiera de la

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y que

esté en vigor al momento de dictarse la sentencia. No obstante,

planteó, que como en este caso no se había dictado sentencia aún,

el cómputo debía hacerse a base de un interés simple.

El 4 de enero de 2022, Citizens presentó Moción en torno a la

solicitud de enmienda al “Exhibit A” presentada por el Municipio de

San Juan y Moción reiterando previas solicitudes de retiro de fondos.

En su comparecencia, objetó la forma en que el Municipio computó

los intereses y arguyó que no se tomó en consideración varias

disposiciones del Código Civil de 1930. Alegó que se debían pagar

intereses compuestos. Finalmente, refutó la aplicación retroactiva

de la Ley Núm. 167-2015.3 Mediante Resolución del 12 de enero de

2022, el TPI autorizó la tercera enmienda al Exhibit “A”.

El 11 de febrero de 2022, el Municipio presentó Moción en

Cumplimiento de la Orden para Replicar la Moción de la Parte con

Interés Objetando la Enmienda al Exhibit “A” y Solicitud de

Paralización. Alegó que no procedía la aplicación de los Arts. 1655 y

1126 del Código Civil de 1930 a la controversia de epígrafe, sino lo

dispuesto en la Ley Núm. 167-2015, supra. Además, arguyó que el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en E.L.A. v. Rexco Industries,

supra, determinó que el pago de intereses de sentencia en los casos

de expropiaciones se haría a base de la Regla 44.3 de Procedimiento

Civil y el Reglamento 78-1 de la OCIF. Por su parte, Citizens propuso

que la Regla 44.3 de Procedimiento Civil se refería al interés legal, el

cual debía ser sustituido, bajo E.L.A. v. Rexco Industries, supra, por

la tasa de interés que fijara de tiempo en tiempo la OCIF.

3 Citizens sostuvo que no aplicaba la Ley Núm. 167-2015, conforme lo resuelto

por el Tribunal de Apelaciones en los casos de Maruz Real Estate Corp. v. Municipio
de San Juan y ELA, KLAN201600665, Sentencia del 9 de diciembre de 2016 y en
Autoridad de Carreteras v. Rexach Hermanos, Inc., KLAN202100736, Sentencia
del 23 de diciembre del 2021. Según sus alegaciones, los intereses debían ser
capitalizados, es decir, computados de forma compuesta.
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Tras una multiplicidad de argumentaciones referentes a la

forma en que se calcularían los intereses y si procedía la aplicación

retroactiva de la Ley Núm. 167-2015, el 27 de diciembre de 2022, el

TPI dictó la Sentencia que hoy revisamos. En síntesis, el foro

primario declaró que el título en pleno y absoluto dominio sobre la

propiedad expropiada, según la tercera enmienda del Exhibit “A”,

quedó investido a favor del Municipio. Asimismo, decretó que la

justa compensación a pagarse por la propiedad expropiada es

$800,000.00, más intereses, disponiendo así que se computarán de

forma compuesta, calculados de semestre en semestre desde la

fecha de incautación hasta el pago total de la justa compensación,

según lo dispone el caso de Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II, 172

DPR 1050 (2008), y conforme a la metodología incluida en la misma

Sentencia.

Cónsono con lo anterior, el TPI expresó que cuando el

Municipio presentó junto a la Petición, la Declaración para la

Adquisición y Entrega Material de la Propiedad y depositó la justa

compensación, el título quedó investido a su favor para el uso y

beneficio que la motivó. Por ende, sostuvo que la fecha de la

incautación del sujeto expropiado fue el 16 de junio de 2000 y no

fue hasta el 11 de marzo de 2019, que las partes reconocieron un

valor mayor por las parcelas adquiridas y acordaron una

consignación adicional de $740,250.00.

El Tribunal añadió que en el caso de autos la expropiación

ocurrió previo a la aprobación de la Ley Núm. 167-2015, por lo que

se sostenía el pago de intereses compuestos, aunque la sentencia se

emitiera posterior a dicha aprobación. De otra parte, al aplicar lo

resuelto por un Panel Hermano de este Foro en Autoridad de

Carreteras v. Rexach Hermanos, Inc., KLAN202100736, determinó

que procedía el cómputo de los intereses compuestos, debido al
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tiempo sustancial transcurrido entre la incautación y la

consignación del justo valor del bien expropiado.4

Inconformes, el 24 de febrero de 2023, el Municipio acudió

ante nos mediante recurso de Apelación. En su escrito, señala que

el foro a quo cometió el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando al dictar
su Sentencia, el 27 de diciembre de 2022, fundamentó
la misma en la doctrina establecida en el caso de
Autoridad de Carretera v. 8,554.741 m/c II, 172 DPR
1050, 1065 (2008), que no guarda armonía con lo
establecido en el Artículo (5b) de la Ley de
Expropiaciones, según enmendada, 32 LPRA sec. 2908,
y el Artículo 9.003 de la Ley de Municipios Autónomos,
21 LPRA sec. 4453; y en los cuales claramente, el
legislador dispuso que los intereses a pagarse con
motivo de una expropiación se determinarán una vez se
dicte la sentencia, y el cómputo de éstos será de forma
simple y no compuesta.

Citizens presentó su alegato en oposición, por lo que, con el

beneficio de la comparecencia de todas las partes, resolvemos.

II.

A. Expropiación Forzosa

Nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental al

disfrute de la propiedad. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

No obstante, este no es absoluto, pues cede, por ejemplo, ante el

poder inherente que tiene el Estado para adquirir bienes privados

mediante el procedimiento de la expropiación forzosa. Ortiz Zayas y

otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2023 TSPR 43, 211

DPR __ (2023), resuelto el 5 de abril de 2023, citando a Adm.

Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 603 (2021).

4
Recientemente en el caso Martínez Fernández y otros v. Oficina de Gerencia de
Permisos y otros, 2023 TSPR 75, 211 DPR ___ (2023) el Tribunal Supremo de
Puerto Rico expresó que:
Es importante aclarar, […], que el dictamen de un panel del Tribunal de
Apelaciones no obliga a otro panel que atienda la misma controversia. A lo
más, las determinaciones de un panel podrían considerarse persuasivas para otro.
Véase: Art. 4.005 de la Ley Núm. 201- 2003, conocida como la Ley de la Judicatura
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24x.
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Existen límites importantes al ejercicio de la facultad

gubernamental del poder de expropiar. En su Art. II, sección 9,

nuestra Constitución establece que “no se tomará o perjudicará la

propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de

una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”.

Con el pago de una justa compensación se busca “colocar al dueño

de la propiedad en una situación económica equivalente a la que se

encontraba con anterioridad a la expropiación de su propiedad.”

ELA v. El Ojo de Agua Development, 205 DPR 502, 519 (2020),

citando a Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268 (2014). Por lo tanto,

una justa compensación es decente si refleja el “valor en el mercado

del [bien] expropiado”, es decir, “el precio que un comprador estaría

dispuesto a pagar en una venta voluntaria y que un vendedor estaría

dispuesto a aceptar, considerando para ellos las condiciones en que

se halle el bien a la fecha de la expropiación” y el mejor uso de la

propiedad en un futuro razonablemente cercano. Adm. Terrenos v.

Ponce Bayland, supra, pág. 607, citando a ELA v. Fonalledas

Córdova, 84 DPR 573, 579 (1962).

La concesión de la justa compensación ante la expropiación

de un bien privado es una de las protecciones constitucionales más

arraigadas a nuestro ordenamiento. Así, se establece un balance

entre el derecho al disfrute de la propiedad y el poder inherente del

Estado como soberano. Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, supra.

Además, se ha establecido jurisprudencialmente que es una

cuestión que le compete decretar a los tribunales, es decir, una tarea

esencialmente judicial. E.L.A. v. Rexco Industries, supra, pág. 688.

De otro lado, sabido es que toda determinación del TPI goza

de una presunción de legalidad y corrección. En nuestra revisión

apelativa, la norma fundamental es que no debemos intervenir con

las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de

credibilidad del foro primario, a menos que este último haya
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incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Vargas

v. González, 149 DPR 859, 866 (1999); SLG Carrasquillo v. AAA, 177

DPR 345, 356 (2009).

B. El pago de intereses en casos de expropiación forzosa

En Pamel Corp. v. ELA, 124 DPR 853, 857 (1989), el Tribunal

Supremo de Puerto Rico estableció que cuando el Estado expropia,

lo que procede es la compensación por el valor de la propiedad al

momento de la incautación y los intereses correspondientes.

A tenor con lo anterior, la Sección 5(b) de la Ley de

Expropiación Forzosa, supra, enmendada, establece que este

procedimiento será uno “in rem”, es decir, que la acción se dirige

contra la propiedad o propiedades a expropiar y no contra un

demandado en particular. Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., 78

DPR 939, 945 (1956). Además, ordena el pago de intereses cuando

existe una diferencia entre la suma fijada por la parte que solicita la

expropiación y la cantidad que determine el Tribunal como justa

compensación. Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172 DPR 278

(2007). En específico, la Ley Núm. 167-2015, supra, dispone que:

En cualquier sentencia dictada en un procedimiento de
expropiación forzosa para la adquisición de propiedad
privada o de cualquier derecho sobre la misma para uso
público o aprovechamiento en beneficio de la
comunidad, entablado por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o Gobierno Estatal directamente, o a su
nombre por cualquier agencia, autoridad,
instrumentalidad o funcionario del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en que la cantidad
determinada por el tribunal como justa compensación
por la propiedad o los derechos en la misma objeto de
tal procedimiento, tanto en caso de trasmisión del título
como de la mera posesión sin trasmisión del título, sea
mayor que la cantidad fijada por el demandante y
depositada en el tribunal como justa compensación por
tal propiedad o derechos en la misma, el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico pagará el importe de la
diferencia entre la suma así fijada por el
demandante y depositada por él en el tribunal y la
cantidad que a tal efecto haya determinado el
tribunal como justa compensación por dicha
propiedad o derechos en las mismas objeto de tal
procedimiento, con intereses a razón del tipo de
interés anual que fije por Reglamento la Junta
Financiera de la Oficina del Comisionado de
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Instituciones Financieras y que esté en vigor al
momento de dictarse la sentencia, de conformidad
con la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, sobre
tal diferencia a contar desde la fecha de la adquisición
de tal propiedad o derechos y desde esta fecha hasta la
del pago de dicha diferencia. En los casos donde el
periodo entre la incautación y el pago total del Estado
exceda un semestre, el Tribunal deberá considerar las
variaciones en las tasas de interés aplicables a los
semestres comprendidos entre la fecha de la
expropiación hasta la fecha del pago total de la justa
compensación, según determinados por la Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF);
disponiéndose que los intereses se computarán de
forma simple y no compuesta. Disponiéndose, además,
que en los casos en que el demandado o demandados
apelen de la sentencia fijando la compensación y el
Tribunal Supremo confirmase dicha sentencia o
rebajase la compensación concedida, el apelante no
recobrará intereses por el período de tiempo
comprendido entre la fecha de radicación del escrito de
apelación y hasta que la sentencia del Tribunal
Supremo fuera final, firme y ejecutoria.

Una vez la sentencia emitida advenga final y firme, se
pagará al demandado en dicho procedimiento de
expropiación el importe de la diferencia que se
especifica en el párrafo anterior, con intereses sobre la
misma, con cargo a la asignación disponible para esos
efectos, cuya sentencia tendrá la prelación dispuesta en
el Artículo 4(c) de la Ley 147 de 18 de junio de 1980,
según enmendada, en las situaciones donde se active la
Sección 8, Artículo VI de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. (Énfasis nuestro)

El pago de intereses es una parte integral de la justa

compensación según el mandato constitucional de justa

compensación. E.L.A. v. Rexco Industries, supra. Los intereses son

una partida que integra la justa compensación, que, si bien se

computan a base del valor o los daños que se determinen sobre la

propiedad, no forman parte de la valoración. Nuestro ordenamiento

dispone que los intereses se computarán sobre la suma de dinero

en exceso a la consignada y desde la fecha en que ocurrió la

expropiación, hasta la fecha en que se consigne la suma adicional.

32 LPRA sec. 2907. La tasa de interés que fije la Junta Financiera
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de la OCIF es la que se utilizará para calcular intereses en casos de

expropiación forzosa. 32 LPRA sec. 2908.5

C. Ley de Municipios Autónomos derogada por el Código
Municipal de Puerto Rico

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 según enmendada,

conocida como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, en su

Artículo 9.003(1)(k), enmendado por la Ley Núm. 83-2017, mejor

conocida como Ley para enmendar los Artículos 2.001, 2.005 y

9.003 de la Ley Núm. 81-1991, dispone, en lo pertinente:6

En los casos donde se presente la Petición de
Expropiación Forzosa la Justa Compensación deberá
determinarse y adjudicarse en el procedimiento de
expropiación presentado, y decretarse por la sentencia
que recaiga en el mismo, debiendo la sentencia incluir,
como parte de la justa compensación concedida,
intereses al tipo anual, computados sobre una base
simple, que fije por reglamento la Junta Financiera de
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia
de conformidad con la Regla 44.3 de Procedimiento Civil
de 2009, sobre la cantidad adicional finalmente
concedida como valor de la propiedad a contar desde la
fecha de la adquisición, y desde dicha fecha hasta la
fecha del pago; pero los intereses no deberán
concederse sobre aquella parte de dicha cantidad que
haya sido depositada y pagada en el tribunal. Ninguna
cantidad así depositada y pagada estará sujeta a cargo
alguno por concepto de comisión, depósito o custodia.
Disponiéndose, que en los casos en que las partes con
interés apelen la sentencia fijando la compensación y el
Tribunal Supremo confirmase dicha sentencia o
rebajase la compensación concedida, el apelante no
recobrará intereses por el período de tiempo
comprendido entre la fecha de radicación del escrito de
apelación y hasta que la sentencia del Tribunal
Supremo fuera final, firme y ejecutoria.” (Énfasis
nuestro)

Ahora bien, la Ley Núm. 107 del 13 de agosto de 2020, mejor

conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, era la legislación

vigente al momento que se dictó la Sentencia del TPI referente a la

5
En lo pertinente a la controversia en el caso ante nos, el Reglamento 78-1 de la
OCIF, en la sección tres (3), dispone lo siguiente:
a) Sentencias impuestas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus
municipios, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o
funcionarios en su carácter oficial: La tasa equivalente al rédito de los “US
Treasury Bills” con vencimiento a seis (6) meses redondeados al ½ punto
más cercano.
6 Por ser la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico la vigente al momento

de la Petición de expropiación forzosa de epígrafe, se incluye en la discusión.
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controversia ante nos. En relación con el cómputo de los intereses,

el Art. 2.018(a)(11), 21 LPRA sec. 7183, del aludido Código

Municipal, establece que:

Justa Compensación (Valor Razonable en el Mercado) —
En el caso de compra o expropiación forzosa de la
propiedad particular para fines de utilidad pública o
beneficio social, la indemnización deberá basarse en el
valor razonable en el mercado de tal propiedad.

En los casos donde se presente la petición de
expropiación forzosa, la justa compensación deberá
determinarse y adjudicarse en el procedimiento de
expropiación presentado, y decretarse por la sentencia
que recaiga en el mismo, debiendo la sentencia incluir,
como parte de la justa compensación concedida,
intereses al tipo anual, computados sobre una base
simple, que fije por reglamento la Junta Financiera de
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia,
de conformidad con la Regla 44.3 de las Reglas de
Procedimiento Civil de Puerto Rico […] (Énfasis nuestro)

III.

En su único señalamiento de error, el Municipio alega que

erró el TPI en su dictamen al imponer el cómputo de los intereses de

forma compuesta y no simple, contrario a lo dispuesto en el caso

Aut. Carreteras v. 8,554.74 m/c II, supra.

Examinado con detenimiento el marco fáctico y el derecho

aplicable, concluimos que el TPI se equivocó al emitir el dictamen

apelado en cuanto a lo dictaminado en la forma y manera de calcular

los intereses. Veamos.

El Municipio presentó la petición de expropiación forzosa el

16 de junio de 2000. El precio inicial como compensación consistía

en $59,750.00, el cual fue entregado el 19 de junio de 2000.

Posteriormente, las partes establecieron que la cantidad de una

justa compensación ascendía a $800,000.00, más los intereses

constitucionales aplicables. El Municipio procedió a efectuar la

consignación de la cantidad acordada en tres (3) momentos

distintos; el 19 de junio de 2000 por $59,750.00, el 8 de agosto de

2019 por $586,250.00 y, por último, el 23 de diciembre de 2019
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por $154,352.57. La suma total ascendió a $800,352.57,

quedando así la cantidad en exceso de $352.57, los cuales el

Municipio utilizaría como crédito para el pago de intereses

adeudados.

Por un lado, el Municipio entiende que aplica lo dispuesto en

la Sec. 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa, supra, y la Ley Núm.

81-1991, supra, que disponen que los intereses a pagarse con

motivo de una expropiación se determinarán a partir de que se dicte

la sentencia y se computarán de forma simple.

Por otro lado, Citizens aduce que, al aplicar las dos (2)

aludidas legislaciones, se violaría el principio de derecho que

prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes para perjudicar, reducir

y menoscabar derechos a un ciudadano o entidad. En síntesis,

arguye que la Ley de Expropiación Forzosa y el Código Municipal

menoscabarían sus derechos, toda vez que la expropiación ocurrió

en el 2000.

Nuestro más Alto Foro, en Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I,

supra, resolvió que, en aquellos casos en donde el periodo de

incautación y el pago total del Estado exceda un semestre, el TPI

viene obligado a considerar las variaciones en las tasas de interés

entre los distintos semestres. Íd., pág. 295. Sobre la justa

compensación, expresó que “equivale a la compensación que

recibiría una persona prudente que invierta una cantidad que

produzca un rédito razonable que a la misma vez mantenga la

seguridad del principal invertido.” Íd., pág. 302.

Además, en Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c II, supra, el

Tribunal Supremo tuvo ante su consideración el asunto del pago de

los intereses. En esencia, concluyó que las tasas de interés

aplicables en los casos de expropiación forzosa reflejan las

fluctuaciones imperantes en el mercado de valores. Además, expresó
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que los intereses por motivo de expropiación forzosa se computarían

a partir de que se dicte la sentencia.

Así las cosas, la Ley Núm. 167-2015 enmendó la Sec. 5(b) de

la Ley de Expropiación Forzosa y estableció que los intereses se

computarían de manera simple en casos de expropiaciones forzosas.

Subsiguientemente, la Ley de Municipios Autónomos fue

enmendada y sustituida por el Código Municipal, Ley Núm. 107-

2020. No obstante, referente al cómputo de los intereses en casos

de expropiaciones forzosas, el texto se mantuvo igual. Es decir, los

intereses se computarían de forma simple.

El computo de los intereses en este caso es un asunto de

carácter procesal. La legislación de carácter procesal “tienen efecto

retroactivo y deben aplicarse con preferencia, pues suponen mayor

protección para los derechos en litigio.” Con. Tit. Aquamarina et al.

v. Triple-S, 210 DPR ___, 2022 TSPR 103.

En E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, el Tribunal Supremo

concluyó que la economía no es estática, por lo que no existe

justificación para obligar al Estado a pagar de más, o de menos ante

una expropiación. Íd., pág. 689. Le compete a la legislatura

determinar la forma y manera en que se computarán los intereses

cuando se trata de una expropiación. Misión Industrial de PR, Inc. v.

Junta de Planificación, 146 DPR 64, 91 (1998).

Si bien el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Aut.

Carreteras v. 8,554.741 m/c II, supra, dispuso que los intereses en

casos de expropiación forzosa se computarían de forma compuesta,

posteriormente, la Sec. 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa que

fue enmendada por la Ley Núm. 167-2015 esclareció la aplicabilidad

de los intereses en casos de expropiaciones forzosas. Por lo tanto,

debido a que la legislación antes expuesta dispone que los intereses

se determinarán a partir de que se dicte sentencia, y toda vez que la

Sec. 5(b) de la Ley de Expropiación Forzosa vigente al momento de
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la sentencia, así lo mandata aplica lo establecido en ella. Ante ello,

forzoso es concluir que los intereses aplicables en casos como el de

autos se computarán de manera simple y no compuesta.

Lo que la cláusula constitucional exige es que se coloque al

afectado en la misma situación en la que se encontraba con

anterioridad a la expropiación forzosa. En cuanto a los intereses, es

imperativo que los mismos compensen adecuadamente al afectado

por el retraso del Estado en desembolsar el justo valor en el mercado

del bien expropiado.

En este caso, en atención al derecho expuesto, concluimos

que, como cuestión constitucional, el derecho de Citizens a una

justa compensación en este caso incluye los intereses computados

de manera simple.

IV.

Por los fundamentos expuestos, resolvemos modificar la

Sentencia apelada, a los únicos efectos de variar la forma y manera

en la cual se calculan los intereses sobre la justa compensación.

Estos deben ser de forma simple y no compuesta. En consecuencia,

devolvemos el caso al foro primario para que realice el cómputo de

los intereses en controversia, conforme lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones