Linkactiv, LLC v. Departamento De La Vivienda

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL VII
LINKACTIV, LLC REVISIÓN
ADMINISTRATIVA
PETICIONARIA procedente del
Departamento de la
V. Vivienda de
Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE LA KLRA202300229
VIVIENDA DE Caso Núm.:
PUERTO RICO CDBG-DRMIT-RFP-
2022-06 (RFP-2022-06)
RECURRIDA
Sobre:

IMPUGNACIÓN DE
SUBASTA
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

I

El Departamento de la Vivienda publicó un requerimiento de

propuesta identificado como CDBG-DRMIT-RFP-2022-06 para adquirir

servicios relacionados a la operación de un centro de llamadas. Luego de

evaluar las propuestas sometidas emitió un Notice of Award el 31 de enero

de 2023. En este informó la adjudicación de la propuesta a Telecontact,

Inc. (Telecontacto).

El 9 de febrero de 2023, LinkActiv, LLC (Linkactiv o recurrente),

compañía que participó del requerimiento de propuestas, presentó una

moción de reconsideración ante la Junta Revisora de Subastas del

Departamento de la Vivienda (Junta Revisora). El 13 de febrero de 2023,

la Junta Revisora emitió una Orden mediante la cual acogió la solicitud de

reconsideración y ordenó a Vivienda a presentar por escrito su posición al

respecto en o antes del 31 de marzo de 2023.1 Dispuso a su vez que en

una fecha posterior notificaría el señalamiento de vista. El 31 de marzo

1 La Orden fue emitida por el Lcdo. Godohaldo Pérez Torres, Presidente de la Junta
Revisora.

Número Identificador
SEN2023 ________
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de 2023, Vivienda presentó una moción solicitando la desestimación de la

reconsideración.

El 19 de mayo de 2023, Linkactiv presentó un recurso de Revisión

Judicial ante este Tribunal solicitando que revoquemos la adjudicación de

la propuesta a Telecontacto. Acompañó el mismo con una Moción en

auxilio de jurisdicción y otros extremos en la cual solicitó que paralizáramos

el proceso. Vivienda, por su parte, presentó una Solicitud de desestimación

por falta de jurisdicción y oposición a moción en auxilio de jurisdicción y

otros extremos. En esencia, se opuso a la paralización solicitada y planteó

que el recurso se presentó tardíamente por lo que debía ser desestimado.

Según argumentó la Orden emitida por la Junta de Revisora el 13 de marzo

de 2023 no surtió efecto alguno, toda vez que al no acogerse la

reconsideración de Linkactiv dentro del término de diez (10) días

establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra,

esta se rechazó de plano. Mediante Resolución del 25 de mayo de 2023,

denegamos la solicitud de paralización.

Posteriormente, Linkactiv se opuso a la desestimación alegando que

presentó el recurso oportunamente, pues según lo resuelto en Flores

Concepción v. Taíno Motors, infra, la Junta de Subastas tenía jurisdicción

para acoger la reconsideración aun después de transcurrido el término

dispuesto para ello. En atención a ello, emitimos una Resolución el 6 de

junio de 2023, declarando No Ha Lugar la solicitud de desestimación del

recurso.

En desacuerdo, Vivienda sometió una Solicitud de Reconsideración

de Resolución emitida el 6 de junio de 2023… En ésta sostuvo que la norma

establecida por el Tribunal Supremo en Flores Concepción v. Taíno Motors,

infra, no es aplicable a la presente controversia por tratarse de un

procedimiento informal de subasta y no un procedimiento administrativo

formal. Alegó, entre otros extremos, que aun reconociendo que la Orden

emitida por la Junta Revisora el 13 de marzo de 2023 tenía la intención de

extender el término establecido para emitir la resolución en
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reconsideración, el recurso se presentó tardíamente por lo que debe ser

desestimado.

Habiendo examinado detenidamente los argumentos presentados

por las partes, entendemos que Vivienda tiene razón en cuanto a la

presentación tardía del recurso. Por tanto, reconsideramos nuestra

determinación del 6 de junio de 2023 y desestimamos el recurso por falta

de jurisdicción. Veamos.

II

A

La jurisdicción es el poder o la autoridad de un tribunal para

considerar o decidir casos o controversias. Es por ello que, la falta de

jurisdicción incide directamente sobre el poder mismo del tribunal para

adjudicar una controversia. Allied Management Group, Inc. v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020). La ausencia de jurisdicción trae

consigo las consecuencias siguientes: 1) no es susceptible de ser

subsanada; 2) las partes no pueden conferirla voluntariamente a un

tribunal, como tampoco este puede abrogársela; 3) conlleva la nulidad de

los dictámenes emitidos; 4) impone a los tribunales el ineludible deber de

auscultar su propia jurisdicción; 5) obliga a los tribunales apelativos a

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 6) puede

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes

o por el tribunal motu proprio. Allied Management Group, Inc. v. Oriental

Bank, supra; SLG Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682

(2011).

Los tribunales debemos ser árbitros y celosos guardianes de nuestra

jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. Peerless Oil v.

Hermanos Pérez, supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR

848, 856 (2009). El asunto jurisdiccional es de tal importancia que el

tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso solo tiene

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. Carattini v. Collazo
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Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). De conformidad con lo

anterior, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, establece que, a solicitud de parte o motu proprio, este

foro puede desestimar un recurso por carecer de jurisdicción.

Una de las instancias que priva de jurisdicción a este foro apelativo

es la presentación de un recurso tardío. Un recurso es tardío cuando se

presenta luego de haber transcurrido el término dispuesto para ello. Yumac

Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Un recurso

presentado tardíamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre toda vez que en el momento

que fue presentado no había autoridad judicial alguna para

acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

B

El requerimiento de propuestas o RFP (por sus siglas en inglés) al

igual que la subasta tradicional son vehículos procesales utilizados por el

gobierno estatal y los municipios para adquirir bienes y servicios. Puerto

Rico Eco Park v. Municipio de Yauco (Junta de Subastas), 202 DPR 525,

531 (2019); R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 621 (2007). Aunque son

procedimientos adjudicativos informales, la Sec. 3.19 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU), Ley Núm. 38-2017, según enmendada, establece el proceso y el

término para solicitar reconsideración de la adjudicación de subastas o

propuestas al disponer, en lo pertinente, lo siguiente:

[…]
La parte adversamente afectada por una decisión podrá
presentar una moción de reconsideración ante la
Administración de Servicios Generales o ante la entidad
gubernamental correspondiente, según sea el caso, dentro
del término de diez (10) días desde la fecha de la notificación
de la adjudicación de la subasta o propuesta. La
Administración de Servicios Generales o la entidad
gubernamental correspondiente, según sea el caso, deberá
considerar la moción de reconsideración dentro de los diez
(10) días laborables de haberse presentado. Si se tomare
alguna determinación en su consideración, el término para
instar el recurso de revisión judicial empezará a contarse
desde la fecha en que se archive en autos, copia de la
notificación de la decisión de la Administración de Servicios
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Generales o la entidad gubernamental correspondiente,
según sea el caso, resolviendo la moción de reconsideración.
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de
la orden o resolución es distinta a la del depósito en el correo
ordinario o del envío por medio electrónico de dicha
notificación, el término se calculará a partir de la fecha del
depósito en el correo ordinario o del envío por medio
electrónico, según corresponda.

Si la Administración de Servicios Generales o la entidad
gubernamental correspondiente, según sea el caso, dejare de
tomar alguna acción con relación a la moción de
reconsideración dentro de los diez (10) días de haberse
presentado, se entenderá que esta ha sido rechazada de
plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término
para la revisión judicial. Si la Administración de Servicios
Generales o la entidad gubernamental correspondiente,
según sea el caso, acoge la solicitud de reconsideración
dentro del término provisto para ello, deberá emitir la
resolución en reconsideración dentro de los treinta (30) días
siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si
la Administración de Servicios Generales o la entidad
gubernamental correspondiente, según sea el caso, acoge la
moción de reconsideración, pero dejase de tomar alguna
acción con relación a la moción dentro de los treinta (30) días
de esta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la
misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará
a contarse a partir de la expiración de dicho término de treinta
(30) días. La Administración de Servicios Generales o la
entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso,
podrá extender dicho término una sola vez, antes de que este
culmine, por un término adicional de quince (15) días. 3 LPRA
sec. 9659.

La precitada sección fue enmendada mediante la Ley

Núm. 110-2022, para establecer, entre otras cosas, un término de diez (10)

días para que la entidad gubernamental correspondiente, así como la Junta

Revisora de Servicios Generales, resuelvan las mociones de

reconsideración concernientes a adjudicaciones de subasta o propuestas,

y para aclarar cuándo comienza a correr el término para que la parte

adversamente perjudicada eleve su recurso de revisión judicial. Preámbulo,

Ley Núm.110-2022. Con esta enmienda la Asamblea Legislativa pretende

dejar claro que una vez la Junta Revisora o la entidad gubernamental

correspondiente acoja una reconsideración, tendrá un término específico

para resolverla en los méritos. Así, la persona que impugne la adjudicación

podrá tener certeza de cuando puede acudir al foro judicial para que se

atienda su reclamo. Exposición de Motivos, Ley Núm.110-2022.
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Por otra parte, en Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504

(2006), el Tribunal Supremo resolvió que una agencia administrativa tiene

jurisdicción para acoger una moción de reconsideración, aun después de

transcurrido el término establecido para ello en la Sec. 3.15 de la LPAU,

siempre y cuando no haya transcurrido el término para acudir en revisión

ante el Tribunal de Apelaciones y no se haya presentado un recurso de

revisión en este foro.

Finalmente, la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, establece que una parte

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia o

de una Junta Revisora de Subastas podrá presentar una solicitud de

revisión ante este Tribunal de Apelaciones dentro de un término de veinte

(20) días, contados a partir del archivo en autos de la copia de la

notificación de la orden o resolución final de la agencia, o de la Junta

Revisora de Subastas, o dentro del término aplicable de veinte (20) días

calendario de haber transcurrido el plazo dispuesto por la Sec. 3.19 de esta

Ley. 3 LPRA sec. 9672. (Énfasis nuestro).

C

El Departamento de Vivienda adoptó el Manual de Adquisiciones

para el Programa CDBG-DR, Reglamento Núm. 9205 de 4 de agosto de

2020 (Reglamento 9205) de conformidad con la autoridad conferida por la

Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda, Ley Núm.97-1972 y

conforme a la LPAU. El objetivo del reglamento es establecer estándares y

directrices para la adquisición de suministros, equipo, construcción, y otros

servicios profesiones para el Programa de Subvención en Bloque para el

Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (Programa

CDBG-DR). Art. I, Sección 1.4, Reglamento 9205. A tales efectos, aplica a

todo trámite de adquisición realizado bajo el Programa y a actividades

financiadas en todo o en parte con fondos CDBG-DR. Art. I, Sección 1.5,

Reglamento 9205.

La Sección 15.1, del Artículo XV del Reglamento 9205 regula los

remedios administrativos y apelativos disponibles para impugnar cualquier
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adjudicación de Vivienda efectuada bajo las disposiciones del reglamento.

Al respecto dispone lo siguiente:

… Cualquier persona, parte o entidad que se considere
afectada adversamente por una decisión de la Junta de
Subasta de Vivienda, efectuada bajo las disposiciones de
este Manual, podrá presentar una Solicitud de
Reconsideración con la Junta Revisora de Subastas de
Vivienda dentro de veinte (20) días calendario desde la echa
en que una copia del Aviso de Adjudicación o Resolución se
presentó en el récord de la agencia, conforme a la Sección
3.19 de LPAU, 3 LPRA sec. 9659. …
La Junta Revisora de Subastas de Vivienda o la entidad
contratante considerará la moción dentro de treinta (30) días
calendarios de la presentación. La Junta de Revisora de
Subastas podrá extender el término una vez, por un término
adicional de quince (15) días calendarios. Si la Junta
Revisora de Subastas toma una determinación tras su
consideración, el término para solicitar revisión judicial
comenzará a transcurrir desde la fecha de envío por correo
del aviso de la Junta Revisora de Subastas decidiendo la
moción en el récord del caso. Si la Junta Revisora de
Subastas no actuara sobre la solicitud de reconsideración
dentro de treinta (30) días calendarios después de la
presentación de la misma, se entenderá que la misma fue
denegada de plano y el término para revisión judicial
comenzará a transcurrir desde dicha fecha.

Una petición de Revisión Judicial puede presentarse ante el
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dentro de veinte (20)
días calendario luego de que la copia del aviso haya sido
archivada por la junta revisora de Subastas o dentro de veinte
(20) días calendario después que la Junta Revisora de
Subastas denegó de plano la solicitud de reconsideración. …

La mera presentación de una Moción de Reconsideración no
tendrá el efecto de detener la adjudicación impugnada. La
Junta Revisora de Subastas podrá o no considerar la
Moción de Reconsideración. Los términos en relación a
esta acción o falta de acción, asi como de su Revisión
Judicial, si alguna serán aquellos establecidos en la
LPAU. (3 LPRA sec. 9603, et seq.). (Énfasis nuestro).

Es de notar que la precitada sección del Reglamento 9205 no ha

atemperado las enmiendas introducidas a la Sec. 3.19 de la LPAU

mediante la Ley 110-2022. No obstante, dispone expresamente que el

término con el que cuenta la Junta Revisora de Subastas de Vivienda para

atender la solicitud de reconsideración se rige por lo establecido en la

LPAU.

III

Según surge de la Sec. 3.19 de la LPAU la Junta Revisora debía

considerar la moción de reconsideración de Linkactiv dentro de los diez
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(10) días laborables de haberse presentado. Si dejaba de “tomar alguna

acción con relación a la moción de reconsideración” en dicho término, se

entendería que esta fue rechazada de plano, y a partir de esa fecha

comenzaría a correr el termino para la revisión judicial. Si acogía la

reconsideración en el término de diez (10) días provisto, debía emitir la

resolución en reconsideración dentro de los treinta (30) días siguientes a la

radicación de la reconsideración.

En este caso Linkactiv presentó oportunamente una moción de

reconsideración el 9 de febrero de 2023. De conformidad con la Sec. 3.19

de la LPAU la Junta Revisora tenía 10 días laborables para considerarla,

esto es, hasta el 24 de febrero de 2023, pero no lo hizo. Por tanto, en virtud

del estatuto, la reconsideración se entendía rechazada de plano y a partir

de esa fecha comenzaba a correr el término de veinte (20) días para recurrir

en revisión judicial. Linkactiv tenía hasta el 16 de marzo de 2023, para

presentar su recurso de revisión judicial ante nos. Habiéndolo presentado

el 19 de mayo de 2023, lo hizo tardíamente.

Ahora bien, considerando que ante la Orden emitida el 13 de marzo

de 2023 por la Junta Revisora acogiendo la reconsideración, Linkactiv pudo

haber aplicado por analogía lo resuelto en Flores Concepción v. Taino

Motor, supra, evaluamos también el siguiente escenario. Por disposición

expresa de la Sec. 3.19 de la LPAU, si la Junta Revisora acoge la moción

de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción dentro de los treinta

(30) días de esta haber sido radicada, pierde jurisdicción y el término para

solicitar la revisión judicial empezaría a contarse a partir de la expiración

de dicho término. La Junta solo está autorizada a extender dicho término

por un termino adicional de quince (15) días.

Presentada la reconsideración el 9 de febrero de 2023, el término de

30 días que tenía la Junta Revisora para atenderla expiraba el 13 de marzo

de 2023. Es decir, la misma fecha en que la Junta Revisora acogió la

reconsideración y actuó sobre ella, pues ordenó a Vivienda a presentar su
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posición. Véase Ortiz v. Adm. Sist. De Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816

(1999).2

Por virtud de la Sec. 3.19 de la LPAU, la Junta Revisora solo podía extender

el término para atender la reconsideración por un término adicional de

quince días, esto es, hasta el 28 de marzo de 2023. La Junta Revisora no

tenía autoridad para extender el término por más tiempo. En atención a lo

anterior, el término jurisdiccional de 20 días para recurrir en revisión judicial

ante este Tribunal comenzó a decursar expirada la extensión de quince

días. Por tanto, Linkactiv tenía hasta el 17 de abril de 2023 para presentar

su recurso de revisión judicial.

Linkactiv presentó su recurso el 19 de mayo de 2023. Según intimó

recurrió en tiempo pues el término de 30 días desde que Vivienda presentó

su oposición a la reconsideración expiró el 30 de abril de 2023, por lo que,

contaba con un término de 20 días a partir de esa fecha, para recurrir ante

nos. No obstante, su interpretación no guarda relación alguna con lo

dispuesto en la Ley. Cuando se presenta una reconsideración de una

adjudicación de subasta, el término para recurrir en revisión judicial no

comienza a decursar a partir de la comparecencia de la parte adversa, sino

a partir de que expire el término con el que cuenta la Junta de Subastas

para emitir la resolución en reconsideración. Se trata de un término de

treinta (30) días, siguientes a la radicación de la moción de reconsideración,

que solo puede ser extendido por quince (15) días adicionales.

En atención a lo anterior es forzoso concluir que el recurso se

sometió tardíamente por lo que no tenemos jurisdicción para atenderlo. 3

2 ElTribunal Supremo resolvió que “tomar alguna determinación” sobre la moción de
reconsideración equivale a que una agencia administrativa ordene a la parte contraria a
exponer su posición respecto a ésta. Ortiz v. Adm. Sist. De Retiro Emp. Gob., 147 DPR
816 (1999).
3
Apercibimos a la Junta Revisora de Subastas de Vivienda que su inobservancia de los
términos dispuestos en la LPAU provoca incertidumbre en las partes en torno a cuándo
comienza a transcurrir el término de recurrir en revisión judicial afectando así su derecho
a ello.
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IV

Por los fundamentos antes expuestos desestimamos el recurso

instado por falta de jurisdicción.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones