Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL V
RAFAEL FUENTES CARDONA Apelación
procedente del
Apelado Tribunal de Primera
Instancia, Sala
Superior de
v. KLAN202300369 Bayamón
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Civil Núm.:
Y ALCANTARILLADOS DE BY2021CV02663
PUERTO RICO; MAPFRE; (503)
FULANO DE TAL; COMPAÑÍAS
X, Y, Z
Sobre:
Apelantes Daños y Perjuicios
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard
Santiago Calderón, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.
Comparece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA) y Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) (en conjunto,
apelantes) mediante recurso de Apelación y nos solicitan la revisión
de la Sentencia Parcial emitida el 24 de marzo de 2023, notificada el
28 de marzo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
Bayamón (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el TPI
determinó que la AAA es responsable por los daños a la propiedad
inmueble del señor Rafael Fuentes Cardona (señor Fuentes Cardona
o apelado).
Por los fundamentos que exponemos a continuación,
confirmamos el dictamen apelado.
I.
El 9 de julio de 2021, el señor Fuentes Cardona presentó una
Demanda1 sobre daños y perjuicios en contra de las apelantes. En
1 Véase apéndice del recurso, págs. 1-14.
Número Identificador
SEN2023__________
KLAN202300369 2
esta, alegó que es dueño de una propiedad inmueble ubicada en el
municipio de Bayamón, Puerto Rico, la cual enclava una casa de
concreto para uso residencial que constituía su vivienda principal.
Adujo que su casa quedó en ruina total debido a la rotura de un
tubo en la estación de bombas perteneciente a la AAA que ubica
aproximadamente a unos 300 metros de la propiedad. Alegó que, a
consecuencia de la escorrentía resultante del tubo roto y la
negligencia de la AAA, su propiedad sufrió daños que requieren
demoler la estructura, reacondicionar el terreno y reconstruir la
vivienda. Solicitó como remedio la suma de $334,600.00, costas,
intereses legales y honorarios de abogado por temeridad en una
suma no menor de $90,000.00. El 10 de septiembre de 2021, las
apelantes presentaron su Contestación a Demanda2.
El 21 de diciembre de 2021, las partes presentaron el Informe
para el manejo de caso3. Atendido el informe, el 5 de enero de 2022,
notificada el 10 de enero de 2022, el foro primario emitió una Orden4
en la que les concedió a las partes hasta el 31 de marzo de 2022
para informar el estado del descubrimiento de prueba. Además,
advirtió que las partes debían especificar los asuntos y
requerimientos pendientes, así como las fechas de entrega. Por
último, ordenó informar si las partes tomarían deposiciones y las
fechas en que se realizarían.
El 13 de enero de 2022, el apelado informó al TPI que había
cursado a la AAA un pliego de interrogatorio y producción de
documentos, así como un requerimiento de admisiones. Asimismo,
indicó que a Mapfre le cursó un pliego de interrogatorio y
requerimiento de producción de documentos5.
2 Véase apéndice del recurso, págs. 15-23.
3 Véase apéndice del recurso, págs. 24-32.
4 Véase apéndice del recurso, pág. 33.
5 Véase apéndice del recurso, pág. 34.
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El 3 de febrero de 2022, las apelantes presentaron una Moción
de Prórroga6 en la que solicitaron que se les concediera hasta el 28
de febrero de 2022 para notificar sus contestaciones al
descubrimiento de prueba cursado por el apelado. El 4 de febrero de
2022, el foro primario concedió la solicitud de prórroga7.
El 25 de mayo de 2022, el apelado presentó una Solicitud de
Sentencia Sumaria Parcial8 mediante la cual adujo que no existía
controversia en cuanto a los hechos sustanciales y materiales de la
reclamación. Sostuvo que los requerimientos de admisiones
cursados el 13 de enero de 2022 a la AAA debían darse por
admitidos debido a que habían transcurrido ciento treinta y un (131)
días y aún no habían sido contestados. Además, solicitó que se
declara ha lugar la demanda y se ordenara la celebración de una
vista evidenciaria para determinar la cuantía de los daños.
El 26 de junio de 2022, notificada al día siguiente, el TPI
emitió una Notificación9 en la que consignó que mediante orden
emitida el 5 de enero de 2022, se les concedió a las partes hasta el
31 de marzo de 2022 para informar el estado del descubrimiento de
prueba y estas no cumplieron. En consecuencia, el foro primario dio
por concluido el descubrimiento de prueba. En esta misma fecha, el
TPI les concedió a las apelantes hasta el 31 de julio de 2022 para
replicar a la solicitud de sentencia sumaria10.
En desacuerdo, el 27 de junio de 2022, el apelado presentó
una Solicitud de Reconsideración11. En esta, adujo que las apelantes
debieron replicar a la solicitud de sentencia sumaria en o antes del
14 de junio de 2022, pero no lo hicieron. Sobre ello, arguyó que las
apelantes no habían presentado las contestaciones al
6 Véase apéndice del recurso, págs. 35-36.
7 Véase apéndice del recurso, pág. 37.
8 Véase apéndice del recurso, págs. 38-47.
9 Véase apéndice del recurso, pág. 48.
10 Véase apéndice del recurso, pág. 49.
11 Véase apéndice del recurso, págs. 50-51.
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descubrimiento de prueba cursado ni provisto información o
documento alguno, por lo que dar por concluido el descubrimiento
de prueba les proveería una ventaja indebida a las apelantes. El 11
de julio de 2022, el TPI le concedió cinco (5) días a las apelantes para
replicar y les apercibió que, de no hacerlo, acogería la solicitud del
señor Fuentes Cardona12.
Inconformes, el 12 de julio de 2022, las apelantes presentaron
una Moción de reconsideración sobre terminación del descubrimiento
de prueba13. En esencia, alegaron que les resultó imposible concluir
oportunamente su investigación sobre los hechos alegados en la
demanda y presentar sus contestaciones al descubrimiento de
prueba. Por ello, solicitaron hasta el 15 de julio de 2022 para
cumplir con el descubrimiento de prueba que se les ha requerido y,
además, solicitaron hasta esta fecha para replicar a la solicitud de
reconsideración presentada por el apelado.
El 15 de julio de 2022, las apelantes presentaron Moción al
Expediente mediante la cual notificaron haber enviado al apelado
sus contestaciones a interrogatorios y requerimientos de
admisiones. En esta misma fecha presentaron Réplica a Solicitud de
Sentencia Sumaria Parcial14.
Por su parte, el 18 de julio de 2022, el apelado se opuso a la
solicitud de reconsideración presentada por las apelantes15. Sostuvo
que las apelantes presentaron sus contestaciones al descubrimiento
de prueba ciento cuarenta (140) días después de transcurrido el
término concedido por el tribunal. Asimismo, adujo que las excusas
presentadas por las apelantes no justificaban su incumplimiento.
En cuanto al requerimiento de admisiones, alegó que, según la Regla
33 de Procedimiento Civil16, procedía que se dieran por admitidas.
12 Véase apéndice del recurso, pág. 52.
13 Véase apéndice del recurso, págs. 53-54.
14 Véase apéndice del recurso, págs. 57-84.
15 Véase apéndice del recurso, págs. 85-88.
16 32 LPRA Ap. V, R. 33.
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Evaluada la moción de reconsideración presentada por las
apelantes, el 29 de julio de 2022, el TPI la declaró No Ha Lugar y
sostuvo su determinación sobre la terminación del descubrimiento
de prueba17. Además, en esa misma fecha, admitió la réplica tardía
presentada por las apelantes18.
Inconforme con esta última determinación, el apelado
presentó una Solicitud de Reconsideración en la que pidió que la
solicitud de sentencia sumaria fuera sometida sin la oposición19. En
atención a ello, el 16 de agosto de 2022, notificada al día siguiente,
el TPI determinó como sigue:
[…]
1. El descubrimiento de prueba concluyó el 26 de junio de
2022 según les fuera notificado y reiterado.
2. La contestación de la AAA a los requerimientos de
prueba cursados por la parte demandante informados
mediante moción del 15 de julio de 2022 "fueron
tardíos y posteriores a que el tribunal diera por
concluido el descubrimiento de prueba". El tribunal se
sostiene que se tienen por admitidas los requerimientos
de admisiones cursados por la parte demandante.
3. Conforme con la jurisprudencia vigente, el tribunal se
sostiene en su "ruling": habiéndose presentado réplica a
solicitud de sentencia sumaria el tribunal tiene por
sometido para estudio tanto la solicitud de sentencia
sumaria como su réplica20.
Así las cosas, el 24 de marzo de 2023, notificada el 28 de
marzo de 2023, el TPI emitió Sentencia Parcial21 mediante la cual
determinó que la AAA es responsable por los daños a la propiedad
inmueble del señor Fuentes Cardona y, en consecuencia, solo queda
por determinar los daños a los que tiene derecho reclamar el
apelado. En específico, el foro primario concluyó lo siguiente:
De los hechos queda más que claro que la AAA no
contestó el requerimiento de admisiones a tiempo. Esto no lo
niega la AAA su único argumento es que el tribunal tiene la
potestad de permitir enmendar o negar las admisiones. Sin
embargo, la AAA no expone razón ni presenta prueba alguna
que demuestre que el acoger el requerimiento de admisiones
17 Véase apéndice del recurso, pág. 90.
18 Véase apéndice del recurso, pág. 91.
19 Véase apéndice del recurso, págs. 92-93.
20 Véase apéndice del recurso, pág. 94.
21 Véase apéndice del recurso, págs. 96-105.
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cause una injusticia o viole alguna ley, meramente la AAA
alega que tenemos potestad para dejar sin efecto el
requerimiento de admisiones. […] En otras palabras, la mera
negación de las admisiones ya dadas por admitidas, no son
suficientes para hacerle creer a este tribunal que es
necesario dejar sin efecto su resolución de tener por admitido
el requerimiento de admisiones. En consecuencia, nos
volvemos a reiterar que se tiene por admitido todo lo
presentado por el señor Fuentes en su requerimiento de
admisiones y por tanto es la AAA la responsable por los
daños sufridos al bien inmueble que le pertenece a este
demandante22.
Aún inconforme, el 27 de abril de 2023, las apelantes acuden
ante nos mediante recurso de Apelación y le imputan al TPI la
comisión de los siguientes señalamientos de error:
Erró el TPI y abusó de su discreción al dar por culminado el
descubrimiento de prueba interesado por las apelantes.
Erró el TPI y abusó de su discreción al dar por admitidos los
requerimientos notificados por la parte apelada o, en la
alternativa, al no relevar a la AAA de tales admisiones.
Erró el TPI y abusó de su discreción al emitir la sentencia
sumaria parcial solicitada por la parte apelada basada en los
hechos dados por admitidos por no presentar la AAA
oportunamente su contestación al pliego de requerimiento de
admisiones y no considerar como hecho en controversia los
expuestos por las apelantes en su Réplica a solicitud de
sentencia sumaria parcial.
El 11 de mayo de 2023, el señor Fuentes Cardona compareció
mediante Oposición a Recurso de Apelación en la que reiteró sus
planteamientos. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que nos
ocupa.
II.
-A-
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias
ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y
discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una
controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar
el derecho23. En términos generales, al dictar sentencia sumaria, el
tribunal deberá hacer lo siguiente:
22 Véase apéndice del recurso, pág. 104.
23 Maldonado v. Cruz., 161 DPR 1, 39, (2004).
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(1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de
sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en
oposición, así como aquellos que obren en el expediente del
tribunal;
(2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún
hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda
que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna
por los documentos24.
Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia
sumaria cuando existan hechos materiales y esenciales
controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda
que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos
que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho
material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no
procede25. La sentencia sumaria se puede dictar a favor o en contra
de la parte que la solicita, según proceda en Derecho26.
Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo
de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá
cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante
sí documentos no controvertidos27. Es importante mencionar que,
este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de
Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia
sumaria28.
Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al
atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes:
1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la
jurisprudencia le exigen al foro primario;
2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como
su oposición cumplan con los requisitos de forma
codificados en la referida Regla 36, supra;
3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
exponer concretamente cuáles hechos materiales
encontró que están en controversia y cuáles están
incontrovertidos;
24 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).
25 Íd., págs. 333-334.
26 Maldonado v. Cruz, supra.
27 Íd., pág. 334.
28 Íd.
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4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
Derecho a la controversia29.
-B-
Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen
una gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados
en sus salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más
poderoso instrumento reservado a los jueces30. En el ámbito del
desempeño judicial, la discreción no significa poder para actuar en
una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho;
ciertamente, esto constituiría un abuso de discreción. La discreción
es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial
para llegar a una conclusión justiciera31. Tal conclusión justiciera
deberá estar avalada por el convencimiento del juzgador de que la
decisión tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la
cuestión planteada. Ese ejercicio constituye "la razonabilidad" de la
sana discreción judicial32.
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el
alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente
con la discreción judicial. Es norma reiterada que este foro no habrá
de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de
Instancia, salvo en caso de "un craso abuso de discreción o que el
tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará
un perjuicio sustancial"33.
29 Roldan Flores v. M Cuebas, 199 DPR 664, 679 (2018).
30 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981).
31 Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997).
32 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
33 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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-C-
Nuestras Reglas de Procedimiento Civil34, establecen varios
mecanismos para permitir a las partes descubrir, obtener o
perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones en el
acto del juicio. Estos mecanismos están basados en el principio
básico de que, antes del juicio, las partes tienen derecho a descubrir
toda la información relacionada con su caso, independientemente
de quién la posea35.
Las normas de descubrimiento de prueba persiguen los
siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia; (2)
obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, evitando así
sorpresas en esta etapa de los procedimientos; (3) facilitar la
búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar evidencia. En esencia, su
finalidad es permitir que las partes puedan prepararse para el juicio,
de forma tal que tengan la oportunidad de obtener la evidencia
necesaria para evaluar y resolver las controversias del caso36.
En múltiples ocasiones se ha establecido que dicho
mecanismo de descubrimiento de prueba debe ser uno amplio y
liberal, de manera que se logren soluciones justas, rápidas y
económicas a las controversias existentes entre las partes 37. No
obstante, la flexibilización de este procedimiento no implica que el
mismo sea uno ilimitado38. El Tribunal de Primera Instancia tiene
amplia discreción para pautar el procedimiento sobre el
descubrimiento de prueba que se va a seguir39. En consideración a
lo anterior, el tribunal viene obligado a cumplir con la máxima de
34 32 LPRA Ap. V.
35 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000), citando a: J.A. Cuevas
Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs.
J.T.S., 1985, Vol. II, pág. 123.
36 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, págs. 151-152.
37 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659 (2021); Berríos Falcón v.
Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR
729, 744 (1986).
38 Alfonso Bru v. Trane Export, 155 DPR 158, 167-168 (2001).
39 Berríos Falcón v. Torres Merced, supra, pág. 971; Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117
DPR 838, 849 (1986).
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llevar a cabo un proceso justo para las partes, asumiendo un rol
activo en el mismo y como tal tiene discreción para limitar o extender
el alcance para descubrir prueba40.
-D-
El requerimiento de admisiones o autenticidad de documentos
es un escrito que una parte le dirige a otra para que admita la
certeza de ciertos hechos o la autenticidad de ciertos documentos41.
Según comenta el tratadista J. Cuevas Segarra, “[e]ste es un
mecanismo sencillo y económico, de excepcional utilidad en la
práctica contenciosa”42. Aunque la jurisprudencia considera que el
requerimiento de admisiones no es propiamente un mecanismo de
descubrimiento de prueba, [citas omitidas], ciertamente es un
instrumento eficaz para delimitar las controversias y para lograr
admisiones que acorten la audiencia y eviten gastos innecesarios
con las admisiones que son admisibles en evidencia43.
Ahora bien, el requerimiento de admisiones está regulado por
la Regla 33 de Procedimiento Civil44, que dispone:
Todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una
admisión se tendrán por admitidas, a menos que dentro
de los veinte (20) días de haberle sido notificado el
requerimiento, o dentro del término que el tribunal
concediese mediante moción y notificación, la parte a
quien se le notifique el requerimiento le notifica a la
parte que requiere la admisión, una contestación
suscrita bajo juramento por la parte o una objeción
escrita sobre la materia. A menos que el tribunal acorte el
término, una parte demandada no estará obligada a notificar
contestaciones u objeciones antes de transcurridos veinte
(20) días a partir de haberle sido entregada copia de la
demanda y el emplazamiento, debiéndose en este caso
apercibirle en el requerimiento que de no contestarlo en el
término dispuesto se entenderá admitido. (Énfasis nuestro).
Si la parte a quien se le notificó no cumple con en el término
antes señalado, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó la
40 32 LPRA Ap. V, R. 34.3.
41 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LEXISNEXIS DE
PUERTO RICO, INC., 2017, pág. 369.
42 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Estados Unidos
de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1000.
43 Íd., pág. 1001.
44 32 LPRA Ap. V, R. 33.
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admisión, automáticamente se tendrán por admitidas”45. Igualmente,
señala el profesor R. Hernández Colón, que al recibir el
requerimiento la parte puede:
No hacer nada: En ese caso, expirado el término de 20 días
de la regla, o el concedido, se tendrán por admitidos los
hechos o la autenticidad de los documentos. En otras
palabras, para que se tengan por admitidos los hechos no es
necesario que la parte contraria haga algo; no tiene que
presentar una contestación46.
Por lo tanto, la admisión de un requerimiento se considerará
definitiva, salvo que el tribunal permita su retiro o una enmienda a
ésta47. Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha declarado que
en “el ejercicio de su discreción el tribunal debe interpretar la regla
de forma flexible favoreciendo, en los casos apropiados, que el
conflicto se dilucide en los méritos”48.
Finalmente, al examinar la naturaleza jurídica referente a la
objeción del requerimiento de admisiones, el tratadista J. Cuevas
Segarra, afirma:
Para impugnar requerimientos de admisiones es
imprescindible exponer objeciones en forma precisa y
específica, ya que la carga de persuasión en cuanto a la
validez de éstos recae sobre la parte objetante, pero antes de
acudir al tribunal con objeciones formales, la parte objetante
debe intentar de buena fe de manera extrajudicial de resolver
la controversia al amparo de la Regla 34.1. Sólo así y
acompañando la moción con una certificación
particularizada de los esfuerzos razonables para llegar a un
acuerdo con el abogado de la parte adversa, es que
procedería interponer la moción cuestionando las
contestaciones a los requerimientos de admisiones o las
objeciones al requerimiento formulado. En tal caso, debe
relacionarse en la moción por separado el requerimiento, su
contestación y la base para su impugnación. A menos que el
tribunal determine que una objeción al requerimiento está
justificada, ordenará que se conteste lo requerido49.
III.
Mediante el primer señalamiento de error, las apelantes
aducen que el foro primario incidió al dar por culminado el
descubrimiento de prueba. Señalan que el no poder completar el
45 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 172 (2007).
46 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 370.
47 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág.171.
48 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 574 (1997).
49 J. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1002.
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descubrimiento de prueba los coloca en un estado de indefensión y
les priva de su derecho a un debido proceso de ley.
Según surge de los hechos de este caso, el 9 de julio de 2021,
el señor Fuentes Cardona presentó la Demanda50 en contra de las
apelantes. Luego de varios trámites procesales, el 5 de enero de
2022, notificada el 10 de enero de 2022, el foro primario emitió una
Orden51 en la que les concedió a las partes hasta el 31 de marzo de
2022 para informar el estado del descubrimiento de prueba. No
obstante, las partes incumplieron con lo ordenado. En
consecuencia, el 26 de junio de 2022, notificada al día siguiente, el
TPI dio por concluido el descubrimiento de prueba.
Tras analizar detenidamente el expediente apelativo y los
argumentos de las partes, concluimos que las apelantes tuvieron
suficiente tiempo para llevar a cabo un descubrimiento de prueba
adecuado, pero optaron por no hacerlo. Incluso, nunca informaron
al foro primario sobre el estado del descubrimiento de prueba. No
fue hasta el 12 de julio de 2022, después de que el TPI dio por
concluido el descubrimiento de prueba, que las apelantes indicaron
que les resultó imposible concluir oportunamente su investigación
sobre los hechos alegados en la demanda y presentar sus
contestaciones a los mecanismos de descubrimiento de prueba.
No cabe duda de que los tribunales conservan amplia
discreción para regular el descubrimiento de prueba y así poder
cumplir con su obligación de “garantizar una solución justa, rápida
y económica del caso, sin ventajas para ninguna de las partes”52.
Además, las apelantes no han demostrado que el foro primario
obrara mediando prejuicio, parcialidad o un error craso y
manifiesto. Por lo cual, no procede nuestra intervención con el
50 Véase apéndice del recurso, págs. 1-14.
51 Véase apéndice del recurso, pág. 33.
52 Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1, 13 (1962).
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manejo del caso y la determinación del TPI. En consecuencia, el
primer señalamiento de error no se cometió.
En su segundo señalamiento de error, las apelantes arguyen
que erró el TPI y abusó de su discreción al dar por admitidos los
requerimientos notificados por el apelado o, en la alternativa, al no
relevar a la AAA de tales admisiones. Argumentan, que la Regla 33(b)
de Procedimiento Civil, supra, permite al tribunal sentenciador
retirar o enmendar admisiones.
En el presente caso, el 13 de enero de 2022, el apelado
informó al TPI que había cursado a la AAA un pliego de
interrogatorio y producción de documentos, así como un
requerimiento de admisiones. Luego, el 3 de febrero de 2022, las
apelantes presentaron una Moción de Prórroga53 para notificar sus
contestaciones al descubrimiento de prueba y el foro primario
concedió hasta el 28 de febrero de 2022. Sin embargo, no fue hasta
el 15 de julio de 2022 que estas notificaron haber enviado al
apelado sus contestaciones a interrogatorios y requerimientos de
admisiones. Nótese, que a esa fecha, habían transcurrido más de
seis (6) meses desde que el apelado cursó los mecanismos de
descubrimiento de prueba a las apelantes.
Conforme al derecho antes expuesto, la parte a quien se le
cursa un requerimiento de admisiones deberá presentar su
contestación u objeción escrita dentro del término de veinte (20) días
de haberle sido notificado el requerimiento. En el caso que nos
ocupa, las apelantes fueron debidamente notificadas del
requerimiento de admisiones. Sin embargo, aunque el TPI les
concedió una prórroga para presentar sus contestaciones, éstas
comparecieron ciento treinta y siete (137) días después de expirada
la prórroga. Cabe señalar que las apelantes tampoco presentaron
53 Véase apéndice del recurso, págs. 35-36.
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una solicitud de término adicional para contestar. Por tanto,
procedía dar por admitido el requerimiento de admisiones cuando
expiró el término para contestarlo u objetarlo.
Por otro lado, ciertamente, la Regla 33(b) de Procedimiento
Civil, supra, permite al foro primario retirar o enmendar admisiones
cuando ello contribuye a la disposición del caso en sus méritos o
cuando existe causa justificada para la tardanza. Colegimos que en
el presente caso no se demostró una causa justificada para la
excesiva tardanza en presentar las contestaciones al requerimiento
de admisiones cursado por el apelado. Por tanto, el segundo
señalamiento de error no se cometió.
Por último, en el tercer señalamiento de error las apelantes
afirman que el foro primario erró al emitir la sentencia sumaria
parcial solicitada por el apelado basada en los hechos dados por
admitidos por no presentar la AAA oportunamente su contestación
al pliego de requerimiento de admisiones y no considerar como
hecho en controversia los expuesto por las apelantes en su réplica a
solicitud de sentencia sumaria parcial.
Como indicamos, el mecanismo de sentencia sumaria es uno
discrecional en el cual el tribunal, una vez determina que no existe
una controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en
vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho,
procederá entonces a dictar la sentencia solicitada. Al estar este foro
revisor en la misma posición que el TPI para adjudicar solicitudes
de sentencia sumaria, es nuestra obligación indagar y examinar si
en realidad existen controversias de hechos materiales. Dicho
proceso de revisión nos lleva a examinar de novo la Solicitud de
Sentencia Sumaria Parcial presentada por el apelado, así como la
Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por las
apelantes.
KLAN202300369 15
Es preciso señalar que, conforme a lo resuelto por nuestro
Tribunal Supremo en Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos.,
supra, la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, permite utilizar los
hechos admitidos en requerimiento de admisiones como base para
una moción de sentencia sumaria. Por tanto, el TPI tenía que
considerar los hechos admitidos mediante el requerimiento de
admisiones, al evaluar la procedencia de la moción de sentencia
sumaria presentada por el apelado.
De nuestra revisión de novo y el análisis realizado, conforme
a lo dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su
jurisprudencia interpretativa, podemos colegir que los hechos
materiales incontrovertidos esbozados por el foro primario en su
Sentencia Parcial encuentran apoyo en las admisiones de las
apelantes. Por tanto, determinamos que el tercer señalamiento de
error tampoco fue cometido. En consecuencia, confirmamos la
Sentencia Parcial emitida por el foro primario.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la
Sentencia Parcial apelada. Se devuelve el caso al TPI para la
celebración de una vista a los fines de determinar los daños a los
que tiene derecho el señor Fuentes Cardona.
Notifíquese.
Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones