Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL V
EVELYN AYALA COLÓN; CERTIORARI
VÍCTOR ARCE procedente del
CORDERO; LA Tribunal de Primera
SOCIEDAD LEGAL DE Instancia Sala
GANANCIALES Superior de Carolina
COMPUESTA POR
AMBOS KLCE202301034 CASO:
Recurrido CA2022CV01648
V. SOBRE:
Daños y Perjuicios
SUPERMERCADOS
ECONO, INC. Y OTROS
Recurrido
V.
B. FERNÁNDEZ &
HNOS., INC.
Peticionario
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.
Hernández Sánchez, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.
El 20 de septiembre de 2023, Ballester Hermanos, Inc.
(Ballester o peticionario) compareció ante nos mediante una Petición
de Certiorari y solicitó la revisión de una Resolución que se emitió el
11 de julio de 2023 y se notificó el 12 de julio de 2023 por el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). Mediante el
aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de
desestimación que presentó el peticionario.
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
expedimos el auto de certiorari y desestimamos la Demanda en
contra de Ballester con perjuicio por estar prescrita.
I.
El 26 de mayo de 2022, la Sra. Evelyn Ayala Colón (señora
Ayala), su esposo, el Sr. Víctor Arce Cordero y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, la parte
Número Identificador
SEN2023 _____________________
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demandante), presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios
contra Supermercados Econo, Inc., Aseguradora ABC, Aseguradora
XYZ, John Doe, Mary Joe y Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por John Doe y Mary Joe por desconocer sus verdaderos
nombres.1 En esta, alegaron que, para el 22 de junio de 2021, la
señora Ayala sufrió una caída a causa de una paleta de madera en
el Supermercado Econo ubicado en el centro comercial Los Colobos
por lo que reclamaron indemnización por los daños sufridos. En lo
pertinente al caso ante nos, cabe precisar que, en cuanto a John
Doe, Mary Joe y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por
estos, la parte demandante señaló que la reclamación en su contra
era por la contribución de estos directa o indirectamente en las
acciones negligentes objeto de la presente acción y/o por su
responsabilidad vicaria por los actos incurridos por los
demandados.
Posteriormente, el 28 de julio de 2022, la parte demandante
presentó una Demanda Enmendada con el único fin de incluir como
parte demandada a J Rial, LLC (J Rial o recurrido).2 Así las cosas,
el 13 de septiembre de 2023, J Rial presentó una Demanda Contra
Tercero en contra de Ballester.3 Sostuvo que dicha compañía era
responsable del uso, control y operación de la paleta de madera por
lo que era la única responsable de los daños que se reclamaron en
la Demanda. En respuesta, el 21 de noviembre de 2022, el
peticionario presentó una Contestación a Demanda Contra Tercero
en la cual negó todas las alegaciones en su contra y, como parte de
sus defensas afirmativas, argumentó que la acción en su contra
estaba prescrita.4
1 Véase, págs. 1-4 del apéndice del recurso.
2 Íd., págs. 5-9.
3 Íd., págs. 11-13.
4 Íd., págs. 14-18.
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3
Así pues, el 7 de diciembre de 2022, el peticionario presentó
una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 10.2.5 En esencia,
argumentó que conforme al Código Civil y la jurisprudencia
interpretativa, la acción que presentó J Rial en su contra estaba
prescrita puesto que fue traído al pleito por primera vez (2) meses
luego de que transcurriera el término de un (1) año que dispone la
ley para presentar una acción en daños y perjuicios. Especificó que
en ningún momento se había interrumpido la causa de acción en su
contra de manera individual tal y como lo requiere nuestro
ordenamiento jurídico.
Para sostener dicho argumento citó el caso de Fraguada
Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012) que establece
que “la presentación oportuna de una demanda contra un presunto
cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto de
los alegados cocausantes”. Además, citó el caso Maldonado Rivera
v. Suarez, 195 DPR 182 (2016) mediante el cual nuestro Tribunal
Supremo dispuso lo siguiente: (1) que si la reclamación contra un
determinado cocausante está prescrita, ninguno de los cocausantes
que fueron demandados a tiempo puede traerlo al pleito para que le
responda al perjudicado y (2) que los co-causantes demandados
tampoco pueden, mediante una demanda contra tercero, presentar
en contra del cocausante cuya reclamación ya está prescrita, una
acción de nivelación contingente. Por las razones antes expuestas,
le solicitó al TPI a que desestimara la Demanda Contra Tercero que
presentó J Rial en su contra.
El 9 de diciembre de 2022, el recurrido presentó una
Oposición a Moción de Desestimación.6 En esta, sostuvo que en la
Demanda que se presentó el 26 de mayo de 2022, la parte
5 Íd., págs. 19-24.
6 Íd., págs. 25-30.
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demandante incluyó como cocausantes de los daños reclamados a
demandados de nombre desconocidos al amparo de la Regla 15.4 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.4. Razonó que ello tuvo el
efecto de interrumpir el término prescriptivo de un (1) año para
presentar la causa de acción en contra de Ballester y así, mediante
la Demanda Contra Tercero J Rial pudo identificar la identidad de
los demandados desconocidos, a saber, Ballester, y traerlos al pleito.
En vista de lo antes expuesto, afirmó que, en el presente caso se
cumplió con la norma pautada en Fraguada Bonilla v. Hospital
Auxilio Mutuo, supra.
Por otro lado, señaló que en el presente caso no era aplicable
la norma pautada en el caso Maldonado Rivera v. Suarez, supra, ya
que en ese caso no trajeron al cocausante de los daños reclamados
en la Demanda como demandado de nombre desconocido. Indicó
que en el caso de autos se incluyeron alegaciones en contra de
demandados de nombre desconocido por lo que se interrumpió el
término prescriptivo a favor de Ballester desde que se presentó la
Demanda original. Sostuvo que, en la alternativa, si el TPI entendía
que no se había interrumpido el término contra Ballester, procedía
que se determinara el porcentaje de responsabilidad de estos y se
descontara de la indemnización que en su día le correspondiera a la
parte demandante. Ello, conforme lo dispone Maldonado Rivera v.
Suarez, supra.
El 28 de diciembre de 2022, Ballester presentó una Réplica a
Oposición a Moción de Desestimación. En primer lugar, reiteró los
argumentos que expuso en su solicitud de desestimación en cuanto
a la prescripción. Luego, indicó que un demandante podía incluir
como parte de su Demanda a un demandado de nombre
desconocido, sin embargo, recalcó que un demandado desconocido
era una persona cuya identidad se conocía, pero no su nombre.
Puntualizó que si el demandante no conocía la identidad del
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demandado no podía velarse del beneficio de la Regla 15.4 de
Procedimiento Civil, supra. Además, añadió que, las alegaciones en
contra de ese demando con nombre desconocido se retrotraían al
momento de la Demanda original cuando el demandante conociera
el nombre del demandado desconocido y posteriormente procediera
a enmendar la demanda incluyendo su verdadero nombre. En
cuanto a lo antes mencionado, argumentó que, en el presente caso,
J Rial intentó aprovecharse y colocarse en los zapatos de la parte
demandante para incluir a Ballester como cocausante demandado y
quiso alegar que este último era el demandado desconocido al que
se refería la parte demandante en su Demanda original. Sostuvo que
dicho ejercicio le correspondía única y exclusivamente a la parte
demandante y ello no ocurrió en el caso de autos por lo que insistió
que la causa de acción en su contra había prescrito.
Luego de haber evaluado los argumentos de ambas partes, el
11 de julio de 2023, el TPI emitió una Resolución que se notificó el
12 de julio de 2023. En esta, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción
de Desestimación que presentó Ballester. Para fundamentar su
determinación expresó lo siguiente:
Del expediente de este caso surge de la Demanda
original fue presentada dentro del término prescriptivo
de un año. Los demandantes Evelyn Ayala Colón y
Victor Arce Cordero conocían que la causa del accidente
alegado en la Demanda era una paleta de madera que
se encontraba en el Supermercado Econo Los Colobos.
Para preservar su causa de acción contra los
cocausantes del alegado daño, inicialmente incluyeron
en la Demanda como codemandados a Supermercados
Econo, Inc. y otros demandados de nombre desconocido
para que respondiera por el alegado accidente. Al así
hacerlo, los demandantes cumplieron con la norma
establecida en Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo,
pues interrumpieron el termino prescriptivo contra los
cocausantes para preservar su causa de acción contra
ellos. Luego, los demandantes alegaron en la Moción
Solicitando Autorización para Radicar Demanda
Enmendada a los Efectos de Sustituir Parte Conforme
la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, que el
representante legal del codemandado Supermercado
Econo, Inc. les informó a los demandantes que el
nombre correcto de uno de los demandados de nombre
desconocido era J Rial, LLC.
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Diligentemente los demandantes procedieron a
presentar una Demanda Enmendada y mantuvieron las
alegaciones contra alegados cocausantes de nombre
desconocido. Ello tuvo el efecto inequívoco de
interrumpir la prescripción contra los alegados
cocausantes incluidos en la Demanda y Demanda
Enmendada como demandados de nombre
desconocido.
Como la causa de acción de los demandantes no
está prescrita contra los demandados de nombre
desconocido, la Demanda Contra Tercero tampoco lo
está. La interrupción de la prescripción que realizaron
los demandantes Ayala Colón y Arce Cordero aprovecha
al codemandado y demandante contra tercero J Rial,
LLC en su Demanda Contra Tercero a Ballester
Hermanos, Inc. Nótese que el demandante contra
tercero J Rial, LLC procedió a presentar la Demanda
Contra Tercero diligentemente, unos seis días después
de haber presentado su alegación responsiva.
Inconforme con este dictamen, el 14 de julio de 2023, el
peticionario presentó una solicitud de reconsideración. En
respuesta, el 9 de agosto de 2023, la parte recurrida presentó su
oposición a la reconsideración. Luego de evaluar los argumentos de
ambas partes, el 18 de agosto de 2023, el TPI emitió una Orden que
se notificó el 21 de agosto de 2023, en la cual declaró No Ha Lugar
la solicitud de reconsideración. Aún en desacuerdo, el 20 de
septiembre de 2023, el peticionario presentó el recurso de epígrafe
y formuló el siguiente señalamiento de error:
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al
declarar No Ha Lugar la solicitud de desestimación
y no determinar que la acción se encuentra
prescrita.
Atendido el recurso, el 21 de septiembre de 2023, emitimos
una Resolución concediéndole a J Rial hasta el 2 de octubre de 2023
para presentar su oposición al recurso. Oportunamente, el recurrido
presentó una Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari y negó
que el TPI cometiera el error que Ballester le imputó.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes
procedemos a resolver. Veamos.
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II.
-A-
El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado
para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de
derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.
Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los
tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari
de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder
para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o
varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al
discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.
335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo
para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos
autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al
resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,
“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e
indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,
establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios
Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de
Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter
dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos
relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)
casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;
y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación
constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
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Es importante destacar que, al interpretar la Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo resolvió que “las
resoluciones atinentes a asuntos postsentencia [como la que
tenemos ante nuestra consideración] no se encuentran
comprendidas entre aquellas determinaciones de naturaleza
interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio mediante el
recurso de certiorari”. IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,
339 (2012). En otros términos, al determinar si procede expedir o
denegar un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto
postsentencia, debemos evaluar únicamente los criterios
enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
XXII-B. Íd. La aludida regla establece lo siguiente:
El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de
mostrar causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el
Tribunal de Primera Instancia.
(D) Si el asunto planteado exige consideración más
detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
caso es la más propicia para su consideración.
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40.
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el
ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.
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García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los
tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones
discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya
incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error
en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de
derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581
(2009).
-B-
La prescripción extintiva es una institución de derecho
sustantivo que extingue el derecho de ejercer determinada causa de
acción. Haedo Castro v. Roldan Morales, 203 DPR 324, 336 (2019).
Sobre el particular, el Artículo 1189 del Código Civil de 2020, 31
LPRA sec. 9481 establece que “[l]as acciones prescriben por el mero
lapso del tiempo fijado por la ley”.7 Así, una vez se agota un
término prescriptivo se extingue el derecho a ejercer la causa
de acción y la persona sujeta a responder queda exonerada.
(Énfasis suplido) Maldonado v. Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR
182, 193 (2016). En ese sentido, la prescripción extintiva es una
forma de extinguir las obligaciones. SLG García-Villega v. ELA et al.,
190 DPR 799, 814 (2014). Ahora bien, esta figura de derecho
sustantivo tiene como finalidad castigar la dejadez en el ejercicio de
los derechos y evitar la incertidumbre en las relaciones jurídicas.
Íd., pág. 813.
El Código Civil de Puerto Rico regula los términos
prescriptivos particulares para las distintas reclamaciones
existentes. En lo pertinente, el Artículo 1204 del Código Civil de
2020, 31 LPRA sec. 9496, dispone que las obligaciones derivadas
de la culpa o negligencia –Artículo 1536– prescribían en el
7 Para propósitos de la disposición de este recurso estaremos citando La Ley Núm.
55-2020, según enmendada, conocida como Código Civil de Puerto Rico de 2020,
31 LPRA sec. 5311 et seq. pues los hechos ocurrieron durante la vigencia de dicho
estatuto.
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término de un (1) año desde que lo supo el agraviado. (Énfasis
suplido). A tenor con lo anterior, se ha desarrollado la teoría
cognoscitiva del daño, la cual establece que los términos para incoar
una causa de acción comienzan a transcurrir una vez el perjudicado
conoció o debió conocer el daño, quién fue el autor y, además, desde
que éste conoce los elementos necesarios para ejercitar
efectivamente su causa de acción. Maldonado v. Rivera v. Suárez y
otros, supra, pág. 194.
Ahora bien, en virtud de los antes mencionado, es importante
precisar que, en Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 DPR
365 (2012), el Tribunal Supremo estableció la doctrina de la
obligación in solidum en cuanto a la prescripción de la causa de
acción por responsabilidad civil extracontractual cuando coincide
más de un cocausante. A tales efectos, dispuso que, cuando
concurren múltiples cocausantes de un daño extracontractual,
es necesario que el reclamante interrumpa el periodo
prescriptivo de un año en relación con cada cocausante por
separado, para poder conservar su causa de acción contra estos.
Íd., págs. 389 (Énfasis suplido). Esta solo requiere al reclamante la
misma diligencia que debe ejercer cuando existe un solo causante.
Íd.
De igual forma, en Maldonado v. Rivera v. Suárez y otros,
supra, pág. 209, nuestra más alta curia expuso que, si la
reclamación en cuanto a un cocausante está prescrita por no
haberse interrumpido la causa de acción a tiempo, ninguno de los
cocausantes demandados podrá traerlo al pleito para que le
responda al perjudicado. (Énfasis suplido). Incluso, estos
tampoco podrán ser traídos mediante una demanda contra
terceros. (Énfasis suplido) Íd., pág. 211. Asimismo, no podrán
presentar una acción de nivelación contingente con respecto a quien
la causa de acción del perjudicado prescribió. Íd., pág. 209.
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Sin embargo, en tal caso, cesa de igual forma la obligación
para los demás cocausantes para responder por la parte de aquel
del daño. Íd. Así pues, “el porciento de responsabilidad de ese
cocausante que no fue demandado a tiempo con conocimiento
del demandante se resta de la totalidad y el perjudicado será
indemnizado por el valor monetario de la diferencia que
resulte”. (Énfasis suplido) Íd., pág. 210. De la totalidad de esa
diferencia responderán solidariamente los demás cocausantes que
fueron demandados dentro del término prescriptivo. Íd.
-C-
La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 15.4,
trata específicamente sobre el procedimiento a seguir cuando un
demandante incluye una parte demandada de nombre desconocido.
La misma dispone:
Cuando una parte demandante ignore el verdadero
nombre de una parte demandada, deberá hacer constar
este hecho en la demanda exponiendo la reclamación
específica que alega tener contra dicha parte
demandada. En tal caso, la parte demandante podrá
designar con un nombre ficticio a dicha parte
demandada en cualquier alegación o procedimiento, y
al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda
prontitud la enmienda correspondiente en la alegación
o procedimiento.
Es necesario recalcar que dicha regla aplica a demandados de
nombre desconocido, no a demandados desconocidos. Es decir, se
trata de un demandado desconocido cuando hay una persona que
tiene o puede tener un derecho y se interesa demandarla, pero se
desconoce quién es. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto
Rico: Derecho procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Puerto Rico, Lexis
Nexis de Puerto Rico, 2007, sec. 2010, pág. 201. Existe una
distinción entre nombre e identidad, y aunque la diferencia parezca
sutil, no lo es. La diferencia estriba en que si el demandante no
conoce la identidad del demandado no puede valerse del
beneficio de esta regla que consiste en interrumpir el término
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prescriptivo en cuanto al demandado de nombre desconocido.
(Énfasis suplido) J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal
Civil, 1ra ed., San Juan, Puerto Rico, JTS, 2000, T. I, Regla 15.4,
pág. 364.
En cuanto a la Regla 15.4, supra, la norma vigente en Puerto
Rico es que cuando en la demanda se intenta alegar una causa
contra un demandado a quien se designa con un nombre ficticio
por ser demandado de nombre desconocido y su verdadero
nombre se descubre posteriormente, haciéndose la
correspondiente sustitución mediante enmienda, se le
considera como parte en el pleito desde la interposición de la
demanda original. (Énfasis suplido) Ortiz v. Gob. Mun. de Ponce, 94
D.P.R. 472 (1967). Por el contrario, esta norma no es de aplicación
cuando la demandante no conoce la identidad del demandado. Por
lo tanto, para que un demandado desconocido se considere parte del
pleito, es necesario que luego de que el demandante conozca su
identidad lo emplace conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V., R. 4.
III.
En el recurso de epígrafe, la parte peticionaria impugnó un
dictamen emitido el 11 de julio de 2023 mediante el cual, en síntesis,
el TPI resolvió que la parte demandante preservó su causa de acción
en contra de Ballester por haber incluido en su Demanda como
codemandado a un demandado de nombre desconocido. Sostuvo
que ello tuvo el efecto de cumplir con la norma establecida en
Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, pues se interrumpió
el término prescriptivo dentro del año provisto en ley. Añadió
además que, la interrupción del término prescriptivo que realizaron
los demandantes aprovechó al codemandado J Rial para que en su
Demanda Contra Tercero trajera a Ballester como codemandado. Así
pues, concluyó que la causa de acción en contra de Ballester no
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13
estaba prescrita y, por ende, declaró No Ha Lugar la solicitud de
desestimación que presentó este último.
En vista de lo antes expuesto, en su único señalamiento de
error, Ballester argumentó que el TPI erró al declarar No Ha Lugar
la solicitud de desestimación puesto que la causa de acción en su
contra estaba prescrita. Específicamente argumentó que en la
Demanda original la parte demandante no dirigió alguna causa de
acción en su contra por lo que ésta estaba irrefutablemente
prescrita. Puntualizó que no fue hasta un año y dos meses después
de que ocurrieron los hechos del presente caso que Rial J presentó
una Demanda Contra Tercero para traerlos al pleito. Afirmó que ello
incumplía con la normativa establecida tanto en el caso de Fraguada
Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, como en el de Maldonado v.
Rivera v. Suárez y otros, supra.
A lo anterior, añadió que, no era razonable que se pudiese
interrumpir el término prescriptivo para actuar en contra de una
parte demandada de nombre desconocido a través de una mención
genérica de una reclamación en su contra. Sostuvo que la parte
demandante debió incluir una alegación suficientemente especifica
que demostrara que conocía la identidad del demandado y su
participación en los hechos alegados, dejando únicamente su
nombre por descubrir.
Asimismo, expresó que en la Demanda se incluyeron como
demandados desconocidos a personas naturales y a la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta por ambos, lo cual resultaba
incompatible con Ballester, una entidad jurídica corporativa. Así
pues, concluyó que ello reafirmaba que la parte demandante en
ningún momento tuvo la intención de considerar a la referida
empresa como un demandado de nombre desconocido. Por estos
motivos, insistió que la causa de acción en su contra estaba
prescrita. Le asiste la razón. Veamos.
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Conforme al precitado derecho, cuando concurren múltiples
cocausantes de un daño, es necesario que la parte demandante
interrumpa el periodo prescriptivo de un año en relación con cada
cocausante por separado. Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo,
supra, pág. 389. Esta es la única manera que el reclamante puede
conservar su causa de acción contra un codemandado. Íd. Si el
reclamante no interrumpe el término prescriptivo en el término de
un año en contra de uno de los cocausantes, dicho cocausante
quedará exonerado de responderle. Maldonado v. Rivera v. Suárez y
otros, supra, pág. 193. En tal caso, los cocausantes demandados
que fueron traídos a tiempo tampoco podrán traerlos para que le
responda al perjudicado mediante una Demanda Contra Terceros.
Íd., pág. 211.
En el caso de autos, la parte demandante presentó una
Demanda el 26 de mayo de 2022 sobre daños y perjuicios por unos
hechos que ocurrieron el 22 de junio de 2021. En esta, incluyeron
a una parte demandada de nombre desconocido. Específicamente,
denominaron a dicha parte como “John Doe, Mary Joe y la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta por John Doe y Mary Joe”.
Posteriormente, la parte demandante presentó una Demanda
Enmendada con el fin de incluir a J Rial como demandado. El 13 de
septiembre de 2022, J Rial presentó una Demanda Contra Tercero
en contra de Ballester alegando que estos últimos eran los únicos
responsables por los daños que se reclamaron en la Demanda. Sin
embargo, como podemos observar, la Demanda Contra Tercero se
presentó aproximadamente un año y dos meses luego de que
ocurrieron los hechos que le dieron origen a la presente
controversia. Así pues, la causa de acción en contra de Ballester
estaba prescrita.
No podemos concurrir con la determinación del TPI en cuanto
a que el incluir al demandado de nombre desconocido tuvo el efecto
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de interrumpir el término prescriptivo en contra de Ballester. La
Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra, establece que la parte
demandante tendrá derecho a designar a una parte demandada con
nombre ficticio y a exponer una reclamación especifica en contra de
esta persona. Sin embargo, la persona tiene que conocer la identidad
de dicha persona, sino no puede valerse del beneficio de esta regla
para interrumpir el término prescriptivo en cuanto al demandado de
nombre desconocido.
Además, cabe precisar que, la identidad del nombre ficticio
que la parte demandante incluyó en su demanda para los
demandados desconocidos era de personas naturales y ello no era
compatible con la identidad de una entidad jurídica como lo es
Ballester. Tampoco surge del expediente que la parte demandante
haya presentado una solicitud al amparo de la Regla 15.4 de
Procedimiento Civil, supra, con el fin de enmendar la demanda
nuevamente e incluir a Ballester como cocausante de los daños
reclamados. La referida regla es clara cuando establece que “al
descubrirse el verdadero nombre, -la parte demandante- hará con
toda prontitud la enmienda correspondiente en la alegación a
procedimiento”. Ello no ha ocurrido en el presente caso. Así pues, a
J Rial no le correspondía determinar que la persona a la cual la parte
demandante denominó en su Demanda como “John Doe, Mary Joe
y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por John Doe y Mary
Joe” en efecto era Ballester. Recalcamos que ello le corresponde a la
parte demandante y no lo hizo.
En virtud de lo antes mencionado, es forzoso concluir que el
incluir a unos demandados con nombre desconocido en la Demanda
original no tuvo el efecto de interrumpir la prescripción contra
Ballester. Consecuentemente, la causa de acción en contra del
peticionario estaba prescrita y J Rial no podía traerlos al pleito
mediante la Demanda Contra Tercero. Ahora bien, así como lo
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reconoció la parte recurrida como alternativa y conforme a lo que
dispone el Tribunal Supremo en Maldonado v. Rivera v. Suárez y
otros, supra, pág. 210, resolvemos que si después de que se celebre
el juicio en su fondo el TPI entiende que el presunto cocausante que
no fue demandado a tiempo, a saber, Ballester, en efecto contribuyó
a los daños reclamados, procede restar su porciento de
responsabilidad de la totalidad de la indemnización que en su da
pueda recibir la parte demandante.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de
certiorari y desestimamos la Demanda en contra de Ballester con
perjuicio por estar prescrita. Le ordenamos al TPI a que continue los
procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones