Santana Baez, Eliezer v. D De Correccion Y Rehabilitacion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL XI

ELIEZER SANTANA Revisión
BÁEZ Administrativa
procedente del
Recurrente Departamento de
Corrección y
v. Rehabilitación
KLRA202300088
DEPARTAMENTO DE Querella Núm.:
CORRECCIÓN Y 215-22-085
REHABILITACIÓN
Sobre:
Recurrida Contrabando

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparece el señor Eliezer Santana Báez (en adelante, señor

Santana Báez o recurrente), miembro de la población correccional,

mediante un recurso de Revisión Administrativa para solicitarnos

que revisemos una Resolución emitida el 15 de diciembre de 2022,

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante,

DCR), mediante la cual, declaró incurso al recurrente tras

determinarse que cometió ciertos actos prohibidos.1 Sobre dicha

Resolución, el recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración

de Decisión de Informe Disciplinario para Confinado en esa misma

fecha, la cual no fue considerada.2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso por falta de jurisdicción.

1 Los actos y el correspondiente código por el cual el recurrente fue encontrado

incurso fueron los siguientes: (i) 106. Contrabando peligroso; (ii) 108. Posesión,
distribución, uso, venta o introducción de teléfonos celulares o equipo de
telecomunicaciones; (iii) 129. Posesión de Sustancias Controladas; y (iv) 130.
Posesión, introducción, uso, venta o distribución de materiales asociados con el
Uso ilegal de sustancias controladas. Véase expediente administrativo de la
Querella Disciplinaria Núm. 215-22-085 a las págs. 29-30.
2 Véase expediente administrativo de la Querella Disciplinaria Núm. 215-22-085

a las págs. 32-38.

Número Identificador

SEN2023______________
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I

El 8 de noviembre de 2022, se realizó un Registro de Rutina

en el Edificio 2 y Módulo I, donde está ubicado el recurrente.3 Dos

(2) oficiales correccionales del DCR, Albert Robles Cruz (en adelante,

Oficial Robles) y Yaremid Serrano Avilés, realizaron un registro en la

celda asignada al recurrente y en su presencia.4 Durante el registro,

los oficiales correccionales ocuparon un (1) teléfono celular y dos (2)

envases cilíndricos plásticos de bebidas, uno conteniendo cinco (5)

cargadores caseros y el otro envase dos (2) bolsas con aparente

sustancia, presuntamente sustancias.5 El recurrente admitió que lo

ocupado le pertenecía.6

El DCR procedió a contactar al Cuartel de Drogas

Metropolitana. Como resultado, el Agente Víctor Agront Class (en

adelante, Agente Agront) atendió e inició la investigación. El Agente

Agront se llevó las bolsas con polvo para realizar la prueba de campo

en presencia del Oficial Robles. Los polvos arrojaron positivo a

heroína.7 El recurrente fue relocalizado al área de segregación como

medida de seguridad. En esa misma fecha, se presentó una

denuncia contra el recurrente por violación Artículo 277 (posesión e

introducción de objetos a un establecimiento penal) del Código Penal

de Puerto Rico.8

El 10 de noviembre de 2022, el DCR radicó un Informe de

Querella de Incidente Disciplinario imputándole al recurrente la

violación de los siguientes actos prohibidos: (i) contrabando

peligroso; (ii) posesión, distribución, uso, venta o introducción de

teléfonos celulares o equipo de telecomunicaciones; (iii) posesión de

sustancias controladas; y, (iv) posesión, introducción, uso, venta o

3 Id., a la pág. 22.
4 Id., a la pág. 22.
5 Id., a la pág. 22.
6 Id., a la pág. 22.
7 Id., a la pág. 11.
8 33 LPRA § 5370, Art. 277.
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distribución de materiales asociados con el uso ilegal de sustancias

controladas.9

Asimismo, se le presentó al recurrente un documento de

Derechos que le Asisten al Confinado Cuando se le Radica un Informe

Disciplinario, informándole de sus derechos en el procedimiento.10

El 15 de noviembre de 2022, se le proveyó oportunidad al recurrente

de prestar declaración escrita, en la cual notificó que haría su

declaración el día de la vista y junto a su representación legal.11 El

16 de noviembre de 2022, el DCR le notificó formalmente al

recurrente de los cargos en su contra, mediante un Reporte de

Cargos.12 En esa misma fecha, el recurrente fue citado para una

vista administrativa, la cual se programó para el 12 de diciembre de

2022, al amparo de la Regla 24 del Reglamento para Establecer el

Procedimiento Disciplinario de la Población Correccional.13

Llegado el día de la vista administrativa, la misma se celebró

ante una Oficial Examinadora. Allí testificó el Oficial Robles y el

recurrente, quien estuvo representado por el licenciado Rolando

Nieves Torres. Culminado el proceso y examinado el expediente

administrativo, la Oficial Examinadora declaró incurso al

recurrente, concluyendo que cometió los actos prohibidos

imputados.14 La sanción impuesta fue la “privación de los privilegios

de recreación activa, actividades especiales, comisaría, visita y

cualquier otro privilegio concedido, por un término de noventa (90)

días calendarios”.15

En la Resolución emitida, la Oficial Examinadora emitió las

siguientes determinaciones de hechos:

9 Véase expediente administrativo de la Querella Disciplinaria Núm. 215-22-085

a la pág. 22.
10 Id., a la pág. 23.
11 Id., a la pág. 24.
12 Id., a la pág. 25.
13 Id., a la pág. 26.
14 Id., a las págs. 29-31.
15 Id.
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1. El 8 de noviembre de 2022 alrededor de las 10:30
A.M., se realizó un registro en la vivienda 2I de la
Institución Bayamón 501.
2. La unidad Canina participó del registro.
3. El oficial Albert Robles Cruz registró la celda 214 que
pertenece al Querellado Santana.
4. El Oficial Yaremid Serano Avilés estuvo presente
mientras se registró la celda 214 del Querellado.
5. El registro se realizó en presencia del Querellado.
6. El Oficial Robles encontró en la celda del Querellado
un portafolios que contenía un teléfono celular
marca LG, color gris y negro.
7. El celular tiene número de serie 810VTMU475971 y
batería Li-ion (BL-45FIF) TYP2500.
8. El Oficial ocupó dos potes de bebida, uno de (Ensure)
y un pote de bebida (Boost).
9. Los potes contenían líquido blanco mal oliente.
10. El envase de Ensure contenía cinco cargadores de
teléfono de fabricación casera.
11. El envase de Boost contenía dos bolsas de sustancia
controlada.
12. El portafolios y los envases estaban dentro de un
cajón plástico color verde.
13. El Querellado Santana identificó el cajón plástico
verde como su propiedad.
14. El Querellado identificó su propiedad en presencia
del Oficial Serrano y el Oficial Robles.
15. La evidencia fue fotografiada.
16. La Policía de Puerto Rico realizó prueba de campo a
la sustancia ocupada con resultado positivo a
Heroína.
17. Los oficiales Serrano y Robles y el Querellado
Santana estuvieron presentes en la División de
Drogas Metropolitano mientras se realizó la prueba
de campo.
18. El 10 de noviembre de 2022, se radicó un Informe de
Querella de Incidente Disciplinario en el cual se le
imputa al Querellado Santana la violación de los
Códigos 106, 108, 129, 130.
19. El 15 de noviembre de 2022 el Querellado en
declaración escrita notificó que declararía en vista,
junto a su abogado.
20. El 12 de diciembre de 2022 se celebró la vista
disciplinaria a la cual compareció el Querellado.
21. El Querellado compareció representado por el Lcdo.
Rolando Nieves Torres, RUA 22268.
22. Durante la vista disciplinaria el Oficial Albert Robles
y el Querellado Eliezer Santana prestaron testimonio
bajo juramento.
23. El Lcdo. Nieves interrogó al Querellante Robles.
24. Declaró que no recuerda si devolvió el portafolios al
Querellado.
25. Declaró que el Querellado no le dijo que tenía
abogado cuando se realizó el registro.
26. El Querellado Santana fue interrogado por el Lcdo.
Nieves.
27. El Querellado declaró que estaba bajo efectos de
medicamentos recetados mientras se realizó el
registro.
28. Mostró un documento emitido por Correctional
Health con fecha de 9 de julio de 2014.
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29. Declaró que durante el registro notificó a los oficiales
que estaba representado por abogado.
30. Declaró que cuando la unidad canina registró estaba
de espalda a su celda.
31. El Querellado planteó que fue sancionado previo a la
celebración de vista disciplinaria, fue ubicado en
segregación.
32. El Lcdo. Nieves argumentó que no existía cadena de
evidencia, porque el oficial devolvió el portafolios y el
cajón donde se encontró la evidencia el Querellado.
Además, arguyó que toda aceptación del Querellado
luego de notificar a los oficiales que estaba
legalmente representado, no se podía considerar por
constituir fruto del árbol ponzoñoso.16

Inconforme, el 15 de diciembre de 2022, el recurrente

presentó una Solicitud de Reconsideración de Decisión de Informe

Disciplinario para Confinado, alegando que: (i) fue sancionado previo

a una vista por ser relocalizado al área de segregación; (ii) el día del

registro, los oficiales correccionales les ordenaron bajar al primer

piso y sentarse mirando a la pared mientras inspeccionaban las

celdas; (iii) la unidad canina no detectó nada “anormal” en su celda

antes del registro realizado por los oficiales correccionales; (iv) que

una (1) hora y diez (10) minutos más tarde le ordenaron volver a la

celda para inspeccionarla frente a él; (v) durante el registro notificó

tener abogado y estar sedado cuando admitió que lo ocupado le

pertenecía; y, (vi) que no se preservó la cadena de evidencia por

habérsele devuelto el portafolio donde se encontró el teléfono celular

y el cajón donde se encontraron los potes de bebidas con las

sustancias y cargadores.17 Del Expediente Administrativo surge una

Hoja de Trámite del 10 de enero de 2023, la cual indica que que la

Oficial Examinadora “rechazó de plano” la solicitud de

reconsideración.18 Destacamos que dicho documento no constituye

una Resolución, sino más bien, un trámite que surge del expediente

administrativo y en el cual se hizo constar trámites relacionados a

16 Id., a las págs. 30-31.
17 Id., a las págs. 32-36.
18 Id., a la pág. 38.
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varios casos ante la Oficial Examinadora.19 No obra en autos que el

DCR hubiese actuado sobre la solicitud de reconsideración.

Inconforme, el 17 de febrero de 2023, el recurrente presentó

ante esta Curia un recurso de Revisión Judicial. En la misma fecha

en que el señor Santana Báez presentó el recurso de revisión,

también presentó un escrito20 en el que alegó, en síntesis, que no

pudo presentar el recurso de autos en término por haber estado

hospitalizado.21 El recurrente presentó copia de un documento, el

cual contiene la fecha de admisión, no así la del alta del hospital.

En el recurso presentado, el recurrente alegó la comisión de

los siguientes cuatro (4) errores por parte del DCR:

A. Erró el DCR al validar un proceso donde se rompe
con la preservación de la cadena de evidencia, al
devolv[é]rsela al mismo imputado de nuevo, el
portafolio y cajón que contenía el alegado
contrabando, y considerar que ello no rompe con
el resguardo de la cadena de evidencia que se
debe preservar para todo tipo de procesos como
éste, y decidieron no traer al Agte. Agront –
químico foren[s]e – que realizó la prueba de
campo para interrogarlo.

B. Incidió en error extraordinario el DCR al dar por
v[á]lido el proceso seguido en [e]ste caso sin
garantizar las garantías constitucionales de estar
asistido de abogado, cuando dicha garantía es
invocada desde el momento de los hechos, y así
aún, proceder a tomar una declaración por
encima de dicha garantía, cuando la
[C]onstitución garantiza dicha representación
cuando en la etapa investigativa cuando esta
toma car[á]cter acusatorio y [e]ste derecho me lo
reconoce el reglamento. Art. II, sec. II Const. del
E.L.A. de P.R.

C. Erró el DCR al no invalidar la admisión y declarar
nulo el proceso seguido contra el recurrente al
considerar que el recurrente estaba [s]edado con
medicamentos clínicamente aprobados por los
doctores y [e]sta [C]uria en KLRA2020-00036 y
restarle validez a dicha [s]edación sin corroborar
y entrevistar a la doctora que atiende al
recurrente la cu[a]l estaba ahí al momento de la
vista en su consultorio atendiendo pacientes, y

19
Id.
20 Moción [a]l [a]mparo de la Regla 30.1 A y B del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, presentado el 17 de febrero de 2020.
21 El recurso no cuenta con una fecha en que el mismo fue firmado por el

recurrente. Lo que sí obra en autos es un sobre en el cual se envió el recurso para
su radicación ante esta Curia, entiéndase el 14 de febrero de 2023.
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sin la opinión pericial al respecto y sin la persona
perito de ocurrencia testificar se da por inv[á]lido
[e]se argumento.

D. Erró el DCR al emitir una sanción de mantener
en segregación administrativa al recurrente,
cuando [e]sa, la decisión de segregar, es una
sanción que debe emitir la oficial examinadora
luego de un proceso de vista en su fondo, y sin
ello, desde el momento de los hechos, removieron
al recurrente al [á]rea de segregación como
sanción, a criterio propio del personal
institucional, y la examinadora, por vez primera,
en su resolución es que nos dice que ello no fu[e]
por sanci[ó]n, sino como medida de seguridad lo
ordenó el comandante porque la vida del
recurrente corría peligro por la gran cantidad de
heroína que se me ocupó, .

Recibido el recurso de revisión y, mediante Resolución del 10

de marzo de 2023, se concedió término al recurrente para someter,

debidamente cumplimentada y firmada, la solicitud para litigar en

forma pauperis o en su defecto, los aranceles correspondientes para

la presentación del recurso, conforme a la Regla 78 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones.22 A esos fines, se ordenó a la Secretaría

enviar al recurrente el formulario OAT-1480 – Solicitud y Declaración

para que se exima de pago de Arancel por Razón de Indigencia. El

recurrente fue apercibido que, de incumplir, se exponía a la

desestimación del presente recurso, sin más oírle al respecto.

En la referida Resolución, también se le ordenó al recurrente

presentar el apéndice del recurso presentado, pero, en específico,

debía incluir, además, la copia de la Resolución recurrida, copia de

la moción de reconsideración que el recurrente alegó haber

presentado el 15 de diciembre de 2022, así como la determinación,

de existir. El recurrente fue apercibido que, por ser los documentos

unos esenciales para acreditar nuestra jurisdicción, de no

presentarlos en el término provisto, el caso podía ser desestimado.

Así las cosas, decursado el término que le fue concedido sin haberse

presentado lo requerido, esta Curia, mediante Sentencia emitida el

22 Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
KLRA202300088 8

28 de marzo de 2023, desestimó el recurso instado por falta de

jurisdicción, puesto que el recurso no quedó perfeccionado.

En lo atinente, el 21 de abril de 2023, el recurrente presentó

una Reconsideración. Junto a la misma acompañó una Moción

Informativa, a través de la cual notificó que, el 12 de abril de 2023,

el TPI emitió Sentencia desestimando los cargos criminales que en

este caso pesaban contra el recurrente. Examinada la misma y

mediante Resolución emitida el 3 de mayo de 2023, se declaró Ha

Lugar la solicitud de Reconsideración, y en su consecuencia, se dejó

sin efecto la Sentencia previamente emitida, mientras que, al día

siguiente, se autorizó al recurrente a litigar en este caso como

indigente y se concedió término al DCR para elevar copia certificada

del expediente administrativo correspondiente a la Querella Número

215-22-085. De igual forma, el 4 de mayo de 2023, también se

concedió término a la parte recurrida para presentar su alegato,

término del cual fue relevado, mediante Resolución emitida el 10 de

mayo de 2023. El 15 de mayo de 2023, El DCR, a través de una

Moción en Cumplimiento de Resolución, presentó copia del expediente

administrativo del caso.

De ahí, mediante Resoluciones emitidas el 9 de junio de 2023

y, posteriormente, el 21 de junio de 2023, se concedió término al

DCR para expresarse en torno al recurso presentado. El 27 de junio

de 2023, el DCR, representado por la Oficina del Procurador General

de Puerto Rico, presentó su Escrito en Cumplimiento de Resolución y

Solicitud de Desestimación. En su escrito, adujo que el recurso debía

ser desestimado por falta de jurisdicción, arguyendo que el mismo

fue presentado tardíamente y en la alternativa, que confirmáramos

el dictamen recurrido.

Habiendo comparecido las partes y presentado sus

respectivos escritos, exponemos el derecho aplicable.
KLRA202300088 9

II

A. Revisión Judicial

El artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico23 otorga la competencia apelativa al

Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y

resoluciones finales de las agencias administrativas.24 La revisión

judicial de las decisiones administrativas tiene como fin delimitar la

discreción de los organismos administrativos, para asegurar que

ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable.25 Esta

doctrina dispone que corresponde a los tribunales examinar si las

decisiones de las agencias administrativas fueron tomadas dentro

de los poderes delegados y si son compatibles con la política pública

que las origina.26 A esos efectos, la revisión judicial comprende tres

(3) aspectos: (i) la concesión del remedio apropiado; (ii) la revisión de

las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia

sustancial; y, (iii) la revisión completa de las conclusiones de

derecho.27

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo) ha establecido que el derecho a una notificación adecuada

concede a las partes la oportunidad de tomar conocimiento real de

la acción tomada por la agencia. Además, otorga a las personas

cuyos derechos pudieran quedar afectados, la oportunidad para

decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva para impugnar

la determinación.28

Dentro de este marco, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado

que los tribunales apelativos, al ejercer su función revisora, deben

23 Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y(c)).
24 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014).
25 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011). Empresas Ferré v.

A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007).
26 Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35 (2018).
27 Batista, Nobre v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Mun. de. San Juan v. J.C.A.,
149 DPR 263, 279-280 (1999).
28 Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 DPR 24 (1996).
KLRA202300088 10

conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por las

agencias debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado

en los asuntos que les han sido encomendados.29 Por un lado, el

Alto Foro ha enfatizado que los tribunales, aplicando el criterio

de razonabilidad y deferencia, no alterarán las determinaciones de

hechos de las agencias, siempre que surja del expediente

administrativo evidencia sustancial que las sustente.30

Igualmente, las determinaciones de los entes administrativos

tienen una presunción de legalidad y corrección que los tribunales

deben respetar mientras la parte que las impugna no presente la

evidencia suficiente para derrotarlas.31 A la luz de esto, los

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las conclusiones e

interpretaciones de los organismos administrativos especializados.32

Ahora bien, esta deferencia reconocida a las decisiones de las

agencias administrativas cede en algunas situaciones: (i) cuando la

decisión no esté basada en evidencia sustancial; (ii) cuando la

agencia haya errado en la aplicación de la ley; (iii) cuando su

actuación resulte ser arbitraria, irrazonable o ilegal; y (iv) cuando la

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales

fundamentales.33

El Tribunal Supremo ha establecido que las determinaciones

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el

Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado en su totalidad.34 La

evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

29 Rolón Martínez v. Caldero López, supra. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al.

II., supra, 940.
30 Id.
31 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008).
32 Id.
33 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012), citando a

Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra.
34 Batista, Nobre v. Jta. Directores, supra, 216, citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir.

Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011). Domínguez v. Caguas Expressway Motors,
148 DPR 387, 397-398 (1999).
KLRA202300088 11

conclusión".35 Dicho análisis requiere que la evidencia sea

considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la

decisión administrativa como la que menoscabe el peso que la

agencia le haya conferido.36 Ello implica que, de existir un conflicto

razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación de la

agencia.37 Además, la norma de prueba sustancial se sostiene en la

premisa de que son las agencias las que producen y determinan los

hechos en los procesos administrativos y no los tribunales.38

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas,

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo

descansar en meras alegaciones.39 Para ello, deberá demostrar que

existe otra prueba en el expediente, que reduzca o menoscabe el

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que

no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su

consideración.40

Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la

evidencia impugnada, el Tribunal respetará las determinaciones de

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.41 En

cambio, las conclusiones de derecho son revisables en todos sus

aspectos.42 De esta manera, los tribunales, al realizar su función

revisora, están compelidos a considerar la especialización y la

35 Id. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).
36 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).
37 Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).
38 OCS v. Triple-S, 191 DPR 536, 554 (2014). Fernández Quiñones, Derecho
administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia,
Ed. Forum, 2013.
39 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).
40 Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007).
41 Otero v. Toyota, supra.
42 García Reyes v. Cruz Auto corp., supra, 894.
KLRA202300088 12

experiencia de la agencia con respecto a las leyes y reglamentos que

administra.43 Así pues, si el punto de derecho no conlleva

interpretación dentro del marco de la especialidad de la agencia,

entonces el mismo es revisable sin limitación.44

Sin embargo, aun cuando el Tribunal tiene facultad para

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.45

Si del análisis realizado se desprende que la interpretación que hace

una agencia de su reglamento o de la ley que viene llamada a poner

en vigor resulta razonable, el Tribunal debe abstenerse de

intervenir.46

B. Falta de Jurisdicción

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su

consideración.47 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden

otorgársela.48 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que:

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la

tienen”.49 Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la

jurisdicción de los tribunales para atender los recursos ante su

consideración constituyen materia privilegiada.50 De manera que,

debido a su naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción

43 Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000).
44 Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).
45 Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007). López Borges v. Adm.
Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012).
46 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005).
47 Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020). Torres Alvarado v Madera Atiles, 202

DPR 495 (2019). AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA,
199 DPR 638, 651-52 (2018).
48 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).
49 Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, 500. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez,

186 DPR 239, 250 (2012). S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882
(2007). Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra.
50 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
KLRA202300088 13

deben ser resueltas con preferencia, ya sea porque fuera

cuestionada o motu proprio, pues, por su naturaleza, incide

directamente sobre el poder que tiene para adjudicar las

controversias.51

La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación

del escrito a las partes apeladas.52 Por tal motivo, cuando un

tribunal carece de jurisdicción, debe declararlo y desestimar la

reclamación sin entrar en sus méritos.53 De lo contrario, cualquier

dictamen en los méritos será nulo y, por ser ultra vires, no se puede

ejecutar.54 Es decir, una sentencia dictada sin jurisdicción por un

tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto,

inexistente.55

Una de las instancias en que un tribunal carece de

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardíamente. Lo

anterior, debido a que, un recurso tardío adolece del grave e

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.56 Su presentación

carece de eficacia y como consecuencia no produce ningún efecto

jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo.57

Un recurso de revisión tardío es aquel que se presenta fuera

del término disponible para ello, y que, consecuentemente,

manifiesta la ausencia de jurisdicción.58 Desestimar un recurso por

51 Allied Management Group, Inc. v Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020). Torres
Alvarado v Madera Atiles, supra. Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254,
268 (2018). Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).
52 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1070-1071 (2019).
53 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

de Puerto Rico v. Carrión Marrero, 209 DPR 1 (2022). Yumac Home Furniture v.
Caguas Lumber Yard, 194 DPR 96, 107 (2015).
54 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016). Maldonado v. Junta

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).
55 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).
56 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, 210 DPR 271

(2022). Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v.
Carrión Marrero, supra. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra.
57 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, Id. Autoridad

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, Id.
58 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, Id.
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ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente,

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro.59

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones60, confiere facultad a este Tribunal para a

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de

jurisdicción.

III

Expuesto el marco teórico en derecho, procedemos a resolver,

en consideración al mismo. El recurrente esgrimió cuatro (4) errores

en su recurso de Revisión Judicial. Sin embargo, como cuestión de

umbral, antes de entrar a los méritos del recurso mediante la

discusión de los errores señalados, debemos atender el aspecto

jurisdiccional. Sabido es que, la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU)61, así como nuestro

Reglamento62, nos facultan para revisar las decisiones, resoluciones

y providencias finales dictadas por organismos o agencias

administrativas en sus funciones adjudicativas delegadas.

El Tribunal Supremo ha reiterado que el aspecto

jurisdiccional es el primer factor por considerar en toda situación

jurídica que se presente ante un foro adjudicativo.63 Esto se debe a

que los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de

examinar, en primera instancia, su propia jurisdicción, así como la

del foro de donde procede el recurso ante su consideración.64 Si el

tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

59 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra.
60 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
61 4LPRA 24.
62 4 LPRA Ap. XX-B, R. 56
63 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra. Torres
Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019).
64 Torres Alvarado, Id. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). S.L.G. Szendrey-Ramos v.
F. Castillo, supra, 883.
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controversia.65 (Énfasis suplido). Es decir, procede la inmediata

desestimación del recurso apelativo según lo dispuesto en las leyes

y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos.66

Así, un minucioso examen del recurso de Revisión Judicial que

nos ocupa, incluyendo la revisión de los documentos provistos por

el recurrente, así como el expediente administrativo presentado por

el DCR, inmediatamente revelan que este no cumple con los

requisitos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para entender

que tenemos jurisdicción para atenderlo. Esta situación,

definitivamente, impide el ejercicio de nuestra facultad

revisora. Indubitadamente se desprende, que nos encontramos

impedidos de atender el recurso en cuestión porque el mismo fue

presentado tardíamente. Este recurso fue radicado fuera del término

de treinta (30) días dispuesto para ello. Este defecto procesal tiene

la irremediable consecuencia de impedir que podamos ejercer

nuestra función revisora. En la primera ocasión, vía

Reconsideración, esta Curia le concedió una oportunidad al

recurrente para que presentara el apéndice y otros documentos

requeridos. En la ocasión que nos ocupa, al evaluar el apéndice

presentado, así como el expediente administrativo, no podemos

llegar a otra conclusión que no sea que el recurso se presentó

tardíamente. La falta de un perfeccionamiento adecuado del recurso

de Revisión Administrativa incide directamente en nuestra autoridad

y jurisdicción para atenderlo. Siendo ello así, y a la luz de la

normativa antes expuesta, queda claro que carecemos de autoridad

para adjudicar la controversia traída ante nuestra consideración.

Nos explicamos.

65 Torres Alvarado, Id., 501. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Id., 269. Mun.
de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014).
66 Torres Alvarado, Id. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Id. S.L.G. Szendrey-Ramos

v. F. Castillo, supra.
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Surge de los documentos sometidos a nuestra consideración

que el recurrente solicitó la revisión de la Resolución emitida el 15

de diciembre de 2022. Sobre dicha Resolución, el recurrente

presentó una Solicitud de Reconsideración de Decisión de Informe

Disciplinario para Confinado en esa misma fecha. Distinto a lo

expresado en su escrito por el DCR, por conducto de la Oficina del

Procurador General, la solicitud de reconsideración no fue

rechazada de plano, más bien, no fue considerada. Insistimos, lo

que surge del Expediente Administrativo es una Hoja de Trámite67

que de ninguna forma constituye un documento oficial que puede

activar término alguno en este proceso. Así pues, y conforme al

derecho antes esbozado, dada la inacción del antedicho organismo

en cuanto a la reconsideración en cuestión dentro del término

dispuesto para ello, comenzó a decursar el periodo de treinta (30)

días jurisdiccionales para que el recurrente acudiera ante este

Tribunal mediante la presentación de su recurso de revisión

administrativa. No obstante, habiendo acudido ante nos el 17 de

febrero de 2023, pero aún, tomando en consideración que el

documento presentado por el Procurador General revela que el

recurrente entregó el recurso para su radicación el 13 de febrero de

202368, precisa resolver que su comparecencia fue una

tardía. Siendo así, carecemos de jurisdicción para atender la

controversia que propone.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

por falta de jurisdicción.

67 Véase expediente administrativo de la Querella Disciplinaria Núm. 215-22-085

a la pág. 38.
68 Véase Anejo 1 del Escrito en Cumplimiento de Resolución presentado por el DCR,

por conducto de la Oficina del Procurador General.
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Notifíquese al DCR, quien deberá entregar copia de esta

Resolución al confinado, en cualquier institución donde se

encuentre.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves concurre con el

resultado sin opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones