Learn Aid, LLC. v. Departamento De Educacion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL VI

LEARN AID, LLC Revisión
Administrativa
Parte Recurrente procedente de
Decisión
Administrativa sobre
v. la Adjudicación RFP
DEPU-UAF-22-010
del Departamento de
DEPARTAMENTO DE Educación
EDUCACIÓN
KLRA202300583
Parte Recurrida Sobre:

Errores de la Oficina
EDICIONES SANTILLANA, Central de Compras,
INC.; SM, IN.; GFS CREW Obligaciones y
LLC; PEARSONA PEM P.R. Adjudicación de
INC.; STEM REVOLUTION Fondos del
LLC Departamento de
Partes con Interés Educación de Puerto
Rico
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.
Rivera Pérez, Jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

Comparece la parte recurrente Learn Aid LLC (en adelante,

Learn Aid o parte recurrente) mediante un recurso de Revisión

Judicial y nos solicita la revisión del Aviso de Adjudicación emitido y

notificado el 29 de septiembre de 2023 por la Oficina Central de

Compras Obligaciones y Adjudicación de Fondos del Departamento

de Educación (en adelante, DEPR). Mediante este dictamen, el DEPR

adjudicó el RFP Núm. DEPR-UAF-22-010 a favor de Ediciones

Santillana, Inc. y SM, Inc. Además, se descalificó la propuesta

presentada por Learn Aid.

Por los fundamentos que expondremos, se desestima el

presente recurso por falta de jurisdicción al haberse presentado de

forma prematura.

Número Identificador
SEN2023_________
KLRA202300583 2

I

El 3 de mayo de 2023, el DEPR publicó el RFP Núm. DEPR-

UAF-22-010 Solicitud de Propuesta de Servicios Profesionales para

el diseño y desarrollo de planes de enseñanza y herramientas

curriculares, la organización e implementación de actividades de

desarrollo profesional y la creación de vídeos instructivos (RFP).1

Mediante esta convocatoria, el DEPR pretendía identificar

proveedores de servicios profesionales para diseñar, desarrollar e

implementar las actividades contempladas en el plan de trabajo

«Recuperación de la pérdida de aprendizaje: herramientas para

maestros y las familias» de la Secretaría Auxiliar de Servicios

Académicos, el cual estaba sufragado con los fondos Elementary

and Secondary School Emergency Relief Programs Governor's

Emergency Education Relief Programs.

Las actividades por desarrollar en esta iniciativa se

organizaron en dos categorías: Categoría 1. Planes de enseñanza; y

Categoría 2. Herramientas curriculares. Los proponentes podían

presentar propuestas para una sola categoría o para las dos. Las

propuestas serían evaluadas cada una por separado basado en los

criterios de evaluación identificados por el DEPR en la Sección VII

del RFP.

El 9 de mayo de 2023, se celebró una reunión de orientación

a través de la plataforma Microsoft Teams para las entidades

interesadas en participar de la convocatoria; y se les concedió la

oportunidad para someter por escrito las preguntas que tuvieran.2

La fecha límite para la presentación de propuestas quedó

establecida para el 30 de mayo de 2023, en o antes de las 4:30 p.m.3

1 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a la pág. 1.
2 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a la pág. 88.
3 Íd.
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Según surge del expediente, se recibieron las siguientes siete

(7) propuestas dentro de la fecha y hora límite establecida en el

RFP:4

DEPR-UAF- GFS CREW LLC Categoría 1 y 2
22-010-001
DEPR-UAF- Pearson PEM PR Categoría 1 y 2
22-010-002
DEPR-UAF- Ediciones Santillana Categoría 1 y 2
22-010-003 Inc.
DEPR-UAF- SM Inc. Categoría 2
22-010-004
DEPR-UAF- STEM Revolución Categoría 1 y 2
22-010-05 LLC
DEPR-UAF- STEM Revolución Categoría 1 y 2
22-010-06 LLC
DEPR-UAF- Learn Aid, LLC Categoría 2
22-010-007

A cada una de estas propuestas el Comité de Evaluación

nombrado por el DEPR les realizó un proceso de cernimiento para

determinar si cumplían con los requisitos de elegibilidad siguientes:

“la entidad es elegible”; “incluye todos los documentos identificados

como obligatorios”; y “atiende todos los requisitos mandatorios

establecidos en la RFP”.5 Como resultado, se determinó que las

siguientes cinco (5) propuestas cumplieron con los requisitos de

elegibilidad:

1. DEPR-UAF-22-010-001 de GFS CREW LLC;

2. DEPR-UAF-22-010-002 de Pearson PEM PR;

3. DEPR-UAF-22-010-003 de Ediciones Santillana Inc.;

4. DEPR-UAF-22-010-004 de SM Inc; y

4 Íd.
5 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a las págs. 88-89. En lo pertinente,

entre las instrucciones generales del formato de la propuesta, en el RFP, se
estableció lo siguiente:
“b. No debe utilizar papel timbrado o que tengan señales o marcas
transparentes ("watermark") mostrando el nombre, símbolo o
emblema de la entidad.
Las propuestas presentadas no deben identificar la entidad o
institución en ninguna parte de la propuesta salvo en aquellas que
así sea solicitado. El proponente se referirá en el contenido de la
propuesta como "entidad" o "institución" según prefiera en lugar
del nombre.
Toda propuesta que contenga información que identifique al
proponente en el cuerpo de esta (ej., encabezado, referencia a
personas o entidades, logos, nombre de la entidad como parte del
correo electrónico, núm. de licitador, núm. de Registro de
Comerciante, entre otros) podrá ser descalificada.” Apéndice del
Escrito de Revisión Judicial, a la pág. 23.
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5. DEPR-UAF-22-010-007 de Learn Aid, LLC.6

Luego del proceso de cernimiento, las propuestas que

cumplieron con los requisitos de elegibilidad pasaron a un proceso

de evaluación en sus méritos, el cual se llevó a cabo tomando en

consideración los criterios siguientes: Capacidad Financiera: solidez

financiera (100%); y Evaluación Técnica: experiencia del proponente

y del equipo de trabajo (30%); plan de servicio propuesto (45%); y

presupuesto (25%).7

Luego de la evaluación financiera, se determinó que las

siguientes tres (3) propuestas cumplieron con la puntuación mínima

requerida para pasar a la evaluación técnica:

1. DEPR-UAF-22-010-003 de Ediciones Santillana Inc.;

2. DEPR-UAF-22-010-004 de SM Inc.; y

3. DEPR-UAF-22-010-007 de Learn Aid, LLC.8

Finalmente, luego de la evaluación técnica, el Comité

Evaluador recomendó para selección las propuestas presentadas

por Ediciones Santillana, Inc. para la Categoría 1 y SM, Inc. para la

Categoría 2. Esta determinación se tomó a base de los resultados

siguientes:

“(1) Para los servicios de la categoría 1, la propuesta
número DEPR-UAF-22-010-003 de la entidad Ediciones
Santillana obtuvo una puntuación de 100% en la
propuesta presentada y un 85% de solidez financiera,
por lo que ha sido recomendada para selección.

(2) En la categoría 2, la propuesta número DEPR-UAF-
22-010-004, de la entidad SM Inc. obtuvo una
puntuación de 100% en la propuesta presentada y un
72.50% de solidez financiera, por lo que ha sido
recomendada para puntuación.”9

El 29 de septiembre de 2023, el DEPR emitió y notificó el Aviso

de Adjudicación recurrido, mediante el cual acogió los resultados del

proceso de evaluación realizado por el Comité Evaluador nombrado

6 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a la pág. 89.
7 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a las págs. 89-90.
8 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a la pág. 90.
9 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a la pág. 90.
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y, en consecuencia, adjudicó el RFP Núm. DEPR-UAF-22-010 a

favor de Ediciones Santillana, Inc. en la Categoría 1 (planes de

enseñanza) y SM, Inc. en la Categoría 2 (herramientas

curriculares).10

En cuanto a la parte recurrente Learn Aid, en la nota al calce

número 4 del Aviso de Adjudicación, se indicó lo siguiente:

“Aunque la entidad pasó la fase de cernimiento, el
comité encontró que el proponente incluyó el nombre de
la entidad en documentos de la propuesta.”11

Además, en el Anejo I del Aviso de Adjudicación “Tabla II.

Resultados del Proceso de Evaluación RFP Núm. DEPR-UAF-22-

010”, se indicó lo siguiente:

“Descalificada por el comité ya que, al realizar el análisis
de la propuesta, el comité evaluador se percató de que
en el curriculum vitae del presidente de la entidad, se
incluyó información que identifica a éste con la
compañía.”12

Inconforme con la determinación del Aviso de Adjudicación, el

6 de octubre de 2023, Learn Aid presentó una Solicitud de

Reconsideración ante el DEPR,13 la cual dicha agencia debía

considerar dentro de los diez (10) días laborables de haberse

presentado.

Transcurrido este término sin que el DEPR tomara alguna

acción con relación a la solicitud de reconsideración, Learn Aid

acudió ante nos el 10 de noviembre de 2023 mediante el presente

recurso de Revisión Judicial. En su escrito, Learn Aid señala la

comisión de los errores siguientes:

Erró la Oficina Central de Compras, Obligaciones y
Adjudicación de Fondos a través de su Comité
Evaluador al descualificar a la Parte Recurrente de
forma arbitraria, caprichosa y mediante abuso de
discreción, señalando la comisión de una falta
inexistente.

Erró la Oficina Central de Compras, Obligaciones y
Adjudicación de Fondos a través de su Comité
10 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a las págs. 87-94.
11 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, nota al calce 4 a la pág. 90.
12 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a la pág. 94.
13 Apéndice del Escrito de Revisión Judicial, a las págs. 95-291.
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Evaluador al aceptar una propuesta con documentos
incongruentes y por no cumplir con las garantías del
debido proceso de Ley.

Erró la Oficina Central de Compras, Obligaciones y
Adjudicación de Fondos a través de su Comité
Evaluador por falta de una notificación adecuada.

Learn Aid presentó a su vez una Moción Urgente en Auxilio de

Jurisdicción Solicitando Paralización de los Procedimientos en el

Departamento de Educación en Relación con la Solicitud de

Propuestas DEPR-UAG-22-010. En atención a esta moción, emitimos

y notificamos en esa misma fecha una Resolución ordenando la

paralización de los procedimientos relacionados al RFP Núm. DEPR-

UAF-22-010 ante el DEPR.

El 22 de noviembre de 2023, compareció Pearson PEM PR,

Inc. mediante la presentación de un Alegato de Parte Interesada

Pearson PEM PR, Inc. en Solicitud de Revisión Judicial sobre

Adjudicación de Subasta. En síntesis, Pearson PEM PR, Inc. se unió

a Learn Aid solicitando que se deje sin efecto el Aviso de Adjudicación

y se ordene al DEPR llevar a cabo nuevamente el proceso de solicitud

de propuestas del RFP Núm. DEPR-UAF-22-010.

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, esta Curia puede “prescindir de

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo

y eficiente despacho”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia

de la parte recurrida.

II

A.

La subasta tradicional y el requerimiento de propuestas o RFP

(Request for Proposal) son métodos mediante los cuales tanto el

gobierno central como el municipal adquieren bienes y servicios. R

& B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 621 (2007). A través de ambos

mecanismos se protegen los intereses del Gobierno, ya que procuran
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conseguir “los precios más económicos; evitar el favoritismo, la

corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el

descuido al otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de

incumplimiento”. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176

DPR 978, 994 (2009). Es evidente que, en la medida que haya pureza

en estos procedimientos, los entes estatales y municipales

promoverán la libre competencia entre los postores. Id.

A diferencia de las formalidades que requiere la subasta

habitual, desde R & B Power v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha indicado que el RFP se destaca por ser “un

procedimiento informal y flexible que permite al oferente negociar

con el gobierno central o municipal y enmendar o revisar las ofertas

antes de la adjudicación de un contrato de adquisición de bienes y

servicios”. El uso del requerimiento de propuesta como método

alterno a la subasta formal, es común “cuando se trata de bienes o

servicios especializados que involucran aspectos altamente

complejos o cuando existen escasos competidores cualificados”. CD

Builders v. Mun. Las Piedras, 196 DPR 336, 345 (2016); R & B Power

v. E.L.A., supra, págs. 621-622.

Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que el RFP debe contener los parámetros que se utilizarán para la

adjudicación del contrato. Es decir, los requerimientos, los términos

y las condiciones, así como los factores que han de considerarse en

la evaluación para la adjudicación de la subasta. CD Builders v. Mun.

Las Piedras, supra, pág. 346; R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 622.

Por la naturaleza informal y flexible de este mecanismo excepcional

y la erogación de fondos públicos que implica, se exige que su

utilización no se convierta en la norma como un escape a la

competencia secreta de la subasta tradicional. R & B Power v. E.L.A.,

supra, pág. 625.

Cabe destacar que, si bien “la subasta formal y el RFP son
KLRA202300583 8

distintos, no son totalmente incompatibles entre sí”. Caribbean

Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 998. Ello pues, se ha

reconocido que un requerimiento de propuestas “participa de

características adjudicativas de la misma forma que la subasta

tradicional”. R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 624. Por ello, los

oferentes o participantes de un RFP pueden cuestionar mediante

revisión judicial la adjudicación de una propuesta de subasta. Íd.

Por tanto, un RFP no está exento de revisión judicial, aunque la

legislación no lo disponga. Íd.

Ahora bien, tal como en la subasta formal, no existe

legislación que regule con uniformidad el método de requerimiento

de propuestas o RFP. CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra, pág.

346. Según la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU), ambos mecanismos se consideran

informales no cuasi judiciales con excepción de las etapas de

reconsideración y revisión judicial, que son objeto de regulación

particular en la LPAU.14 Caribbean Communications v. Pol. de P.R.,

supra, pág. 993-994; R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 624-625.

Significa que “las agencias gubernamentales tienen la facultad de

aprobar un reglamento para establecer el procedimiento y las guías

que se han de seguir en sus propias subastas”. CD Builders v. Mun.

Las Piedras, supra, pág. 346; Empresas Toledo v. Junta de Subastas,

168 DPR 771, 780 (2006); LPC & D Inc. v. AC, 149 DPR 869, 875

(1999).

El derecho a cuestionar una subasta adjudicada mediante

revisión judicial es parte del debido proceso de ley y, por la misma

razón, resulta indispensable que la notificación sea adecuada a

todas las partes cobijadas por tal derecho. IM Winner, Inc. v. Mun.

14 Véase, Secciones 3.1(2) y 3.19 de la LPAU.
KLRA202300583 9

De Guayanilla, 151 DPR 30, 33 (2000). Es necesario exigir que las

decisiones de las agencias estén fundamentadas para que los

tribunales revisores podamos cumplir con nuestra obligación. De

esta manera, los tribunales aseguramos la efectividad del derecho a

obtener una revisión judicial, cuyo propósito principal es delimitar

la discreción de los organismos administrativos y cerciorarse de que

estos desempeñen sus funciones conforme a la ley. L.P.C. & D., Inc.

v. A.C., 149 DPR 869, 877-878 (1999). Del mismo modo, la parte

adversamente afectada por la determinación de una agencia debe

conocer los motivos que cimentan el proceder de la decisión

administrativa. De lo contrario, el trámite de revisión judicial se

convertiría en un ejercicio fútil. Id., pág. 878.

A pesar de que no se exigen determinaciones de hecho y de

derecho, en la adjudicación de procedimientos informales deben

estar presentes las bases sobre las que descansa su decisión. De

esta manera, las partes y el tribunal tendrán conocimiento de los

fundamentos que propiciaron tal decisión. Id., pág. 878. Por lo tanto,

no basta con que la agencia informe la disponibilidad y el plazo para

solicitar la reconsideración y la revisión. Id.; RBR Const., S.E. v. A.C.,

149 DPR 836, 854 (1999). El requerimiento de que se incluyan los

fundamentos en la notificación asegura que los tribunales puedan

revisar esos fundamentos para determinar si la decisión fue

arbitraria, caprichosa o irrazonable. Se ha señalado que ese aspecto

cobra especial importancia en el caso de subastas públicas debido

a que estas implican directamente el desembolso de fondos públicos.

De no existir esta norma, el tribunal se vería en la necesidad de

celebrar un juicio de novo cada vez que fuera a revisar las

actuaciones de las agencias y los municipios, lo que sería

sumamente ineficiente y promovería que esos organismos

fundamentaran sus actuaciones a posteriori. Pta. Arenas Concrete,

Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, págs. 742-743, (2001).
KLRA202300583 10

En vista del derecho de revisión judicial que poseen los

licitadores, se ha establecido que, con el fin de salvaguardar dicho

derecho, la agencia de gobierno debe fundamentar su dictamen,

aunque sea de forma sucinta. Esta exigencia surge a consecuencia

de la aplicación de la cláusula del debido proceso de ley a este tipo

de decisiones. Véase: Transporte Rodríguez v. Jta de Subastas, 194

DPR 711 (2016). Al respecto, el caso L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra,

detalla el mínimo de información que las agencias de gobierno

deberán incluir en las notificaciones de las adjudicaciones de las

subastas para cumplir con el debido proceso de ley, a saber: (1) los

nombres de los licitadores en la subasta y una síntesis de sus

propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta

para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran

las propuestas de los licitadores perdidosos; y (4) la disponibilidad y

el plazo para solicitar la reconsideración y la revisión judicial. L.P.C.

& D., Inc. v. A.C., supra, pág. 879. Cuando se incumple con estos

requisitos, la notificación no es válida. Pta. Arenas Concrete, Inc. v.

J. Subastas, supra, págs. 743-744.

B.

Como cuestión de umbral, sabemos que la jurisdicción es la

autoridad con la que cuenta el tribunal para considerar y decidir los

casos y controversias que tiene ante sí. Pellot Arce v. Infosys BPM

Limited Corp., 2023 TSPR 41, 211 DPR ____ (2023); Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022); Metro

Senior v. AFV, 209 DPR 203 (2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et

al., 204 DPR 89, 101 (2020). Nuestro Tribunal Supremo ha

dispuesto que los tribunales deben ser celosos guardianes de su

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción

donde no la ostentan. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR

873, 882 (2007); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239,

250 (2012).
KLRA202300583 11

Ante la situación en la que un tribunal carece de autoridad

para atender un recurso, solamente procede decretar la

desestimación del caso ante su consideración. Lozada Sánchez et al.

v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). Por ser las cuestiones de

jurisdicción privilegiadas, estas deben ser resueltas con preferencia

y de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único que puede hacer

es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355

(2003).

La Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta para

desestimar un recurso por cualquiera de las instancias que a

continuación reseñamos:

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista
justa causa para ello.

[…]

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados
en el inciso (B) precedente. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la

ausencia de esta es insubsanable. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR

109, 123 (2012).

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, adolece del

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al

cual se recurre, por lo que debe ser desestimado. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, por razón de que su

presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno,

dado que no existe autoridad judicial para acogerlo. Íd. Un recurso
KLRA202300583 12

prematuro es aquel que se presenta en la Secretaría de un tribunal

apelativo antes del momento en que este adquiere jurisdicción para

entender en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, a

las págs. 98-99.

III

En su recurso de Revisión Judicial, Learn Aid señala como

primer error que el DEPR, a través del Comité de Evaluación, erró

“al descualificar a la Parte Recurrente de forma arbitraria,

caprichosa y mediante abuso de discreción, señalando la comisión

de una falta inexistente”; “al aceptar una propuesta con documentos

incongruentes y por no cumplir con las garantías del debido proceso

de Ley; y “por falta de una notificación adecuada”. Al respecto, en

síntesis, Learn Aid alega que el DEPR, a través del Comité de

Evaluación, erró al determinar que el documento que se presentó

como el resumé de su presidente contenía información que

identificaba a la entidad proponente; al no descalificar a Ediciones

Santillana, Inc. y SM, Inc. en el proceso de cernimiento a pesar de

que sus propuestas sí incluían resumés, así como otros documentos

(en el caso de Ediciones Santillana, Inc.), que los identificaba de

forma directa e inequívoca; al aceptar la propuesta de SM, Inc. a

pesar de que incluía documentos con fecha posterior a la fecha

límite para presentar las propuestas; al no evaluar las propuesta

durante el proceso de evaluación en sus méritos de forma

independiente, imparcial, y confidencial; y al no notificar

adecuadamente su determinación incumpliendo así con el debido

proceso de ley.

Con relación a este último señalamiento, Learn Aid sostiene

que el Aviso de Adjudicación emitido por el DEPR no contiene una

síntesis de las propuestas presentadas; no especifica las

puntuaciones otorgadas para cada uno de los criterios de evaluación

por separado; y no expone los fundamentos en que se basa la
KLRA202300583 13

decisión, pues no especifica en qué parte o de qué forma, en el

resumé de su presidente, se incluyó información que identificaba a

la entidad proponente.

En efecto, luego de evaluar el Aviso de Adjudicación emitido

por el DEPR a la luz del derecho expuesto, concluimos que la

notificación de la adjudicación del RFP no cumplió con las

exigencias mínimas del debido proceso de ley. En el caso particular

de la parte aquí recurrente, la notificación de la descalificación

resulta insuficiente al no estar debidamente fundamentada, lo que

imposibilita el ejercicio de nuestra función revisora. No estamos en

posición de poder revisar dichos fundamentos para determinar si la

decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable.

Ante esta inobservancia, determinamos que la notificación del

Aviso de Adjudicación emitido por el DEPR no cumplió con las

garantías mínimas del debido proceso de ley y, por tanto, no han

comenzado a correr los términos para solicitar revisión judicial. El

DEPR deberá emitir un dictamen conforme a derecho, debidamente

fundamentado, el cual deberá notificar a todos los licitadores.

Únicamente de este modo, es que las partes perjudicadas podrán

defenderse propiamente y podremos revisar adecuadamente la

controversia en sus méritos.

IV

Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente

recurso por falta de jurisdicción al haberse presentado de forma

prematura al ser la notificación defectuosa.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones