St. James Security Services, LLC v. Autoridad de Energía Eléctrica y otro

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

St. James Security Services, LLC

Recurrida Certiorari

v. 2023 TSPR 149

Autoridad de Energía Eléctrica; 213 DPR ___
O’Neil Security Systems

Peticionarios

Número del Caso: CC-2022-0796

Fecha: 22 de diciembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Juan R. González Galarza

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Carlos A. Steffans Guzmán
Lcdo. Anthony A. Maceira Zayas

Materia: Derecho Administrativo – Servicios de vigilancia y
protección que se exigen en las facilidades de la Autoridad de
Energía Eléctrica deben considerarse servicios profesionales para
efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

St. James Security Services,
LLC

Recurrida CC-2022-0796 Certiorari

v.

Autoridad de Energía Eléctrica;
O´Neil Security Systems

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 22 de diciembre de 2023.

En el presente caso nos corresponde determinar

si, debido a determinados requerimientos estatales y

federales, ciertos servicios de vigilancia y

protección que se exigen en las facilidades de la

Autoridad de Energía Eléctrica deben considerarse

servicios profesionales.

Adelantamos que, tras un ponderado y cuidadoso

análisis del expediente ante nuestra consideración,

así como de las disposiciones legales y

jurisprudenciales aplicables, hemos llegado a la

conclusión de que los referidos servicios, en efecto,

son servicios profesionales y, como consecuencia de
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ello, en los trámites relacionados con los mismos, --

particularmente, lo relacionado a los procesos de subastas o

requerimiento de propuestas, y sus respectivas revisiones

administrativas y judiciales --, le es de aplicación lo

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico, infra. Veamos.

I.

Allá para el 9 de noviembre de 2021, la Autoridad de

Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante, “AEE”) publicó

en ciertos boletines el Request for Proposal (RFP) o

requerimiento de propuestas número 00003252 (en adelante,

“RFP”). Esto tenía la intención de recibir propuestas para

servicios de vigilancia y seguridad en diversas instalaciones

pertenecientes a la referida corporación pública.

Así las cosas, y luego de transcurrido el término para

que los interesados en ofertar aclararan sus dudas sobre el

alcance de los servicios solicitados, el 1 de diciembre de

2021 se llevó a cabo la apertura del RFP. En ese contexto,

comparecieron como licitadores diversas compañías que se

dedican a ofrecer los servicios de vigilancia y seguridad

requeridos, entre las cuales se encontraba St. James Security

Services, LLC (en adelante, “St. James Security”).

Habiendo comparecido los licitadores interesados, el 8

de diciembre de 2021 el Comité Técnico Evaluador de la AEE

emitió el Informe [de] evaluación técnica [de los] servicios

de vigilancia y protección [en la] región norte - subasta

00003252 de rigor. En éste, los miembros del mencionado
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Comité realizaron una primera evaluación de las propuestas

presentadas y proveyeron su recomendación al Comité de

Subastas de la AEE.

A esos efectos, en el Informe en cuestión se hizo

constar que los servicios a contratar eran requeridos en,

la Región Norte [que] incluyen las Centrales Palo
Seco, Cambalache y San Juan. La seguridad de estas
instalaciones[,] por su naturaleza[,] es compleja
y [además] ambas instalaciones están reguladas por
el Código de Regulación Federal, Título 33. El
cumplir con esta regulación requiere que la
compañía de seguridad seleccionada asuma mayor
responsabilidad al ofrecer sus servicios de
vigilancia y protección. Además, requiere que el
personal de seguridad seleccionado para ofrecer los
servicios tenga mayor preparación, experiencia y
capacidad de especialización en los estándares de
seguridad establecidos en el Plan de Seguridad de
la Facilidad (Facility Security Plan). El Oficial
(Facility Security Officer) asignado a la central
es responsable de la implementación y cumplimiento
del plan de seguridad. La Guardia Costera evalúa el
cumplimiento de esta regulación. Apéndice de la
Petición de certiorari, pág. 3. (Énfasis nuestro).

Así pues, y tras una evaluación integral de las diversas

propuestas, el Comité Técnico Evaluador de la AEE recomendó

a la compañía St. James Security para ofrecer los servicios

de vigilancia y seguridad antes reseñados. Hizo lo anterior,

aun cuando el precio cotizado por la referida compañía de

seguridad fue de un quince por ciento (15%) mayor al costo

estimado por la corporación pública, y mayor al propuesto

por otros tres licitadores.

De otra parte, el 8 y 9 de diciembre de 2021 el Comité

de Subasta de la AEE se reunió para evaluar las propuestas

presentadas y el Informe del Comité Técnico Evaluador al que

hemos hecho referencia. Tras realizar el mencionado
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ejercicio, el Comité de Subasta de la AEE otorgó la buena

pro de la subasta para servicios de vigilancia y seguridad

al postor que ofreció los servicios al menor costo,

entiéndase, Bridge Security Services, Inc., no siendo

escogida St. James Security.

Determinado lo anterior, el 15 de diciembre de 2021 la

AEE notificó la adjudicación de la subasta para los servicios

de vigilancia y seguridad tanto al licitador agraciado, como

a los no agraciados. De igual forma, en la referida

notificación se informó sobre el derecho que tenían las

partes para, de así entenderlo necesario, solicitar revisión

de la determinación tomada por la mencionada corporación

pública, haciendo alusión en ella a lo dispuesto en la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, infra, (en adelante, “LPAU”)

y al Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía

Eléctrica, Reglamento Núm. 8518 de 10 de septiembre de 2014,

en relación con los procesos de revisión administrativa y

revisión judicial. En específico, la referida notificación

expresaba que:

Cualquier parte adversamente afectada por la
presente decisión final podrá presentar una
Moción de Reconsideración luego de cumplir con
las disposiciones del Capítulo IV, Artículo C del
Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía
Eléctrica y las disposiciones aplicables de la
Ley 38-2017 (conocida como Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico), incluyendo, pero no limitado a la Sección
3.19 de la Ley 38-2017. La moción de
reconsideración debe ser presentada dentro del
término de veinte (20) días calendario contados
a partir del depósito en el correo federal o
correo electrónico de la notificación de
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adjudicación de la subasta. La moción de
reconsideración debe presentarse en la Secretaría
de Procedimientos Adjudicativos, 8vo piso,
Edificio NEOS, parada 16 ½, Santurce, Puerto Rico
o enviarse al PO Box 363928, San Juan, PR 00936-
3928. Las razones de la reconsideración deberán
estar claramente establecidas y también deberán
contener una certificación de haberse enviado
copia de la moción de reconsideración a los demás
licitadores comparecientes en la subasta.

La Autoridad de Energía Eléctrica considerará la
Moción de Reconsideración dentro de los treinta
(30) días de haberse presentado y podrá extender
dicho término una sola vez, por un término
adicional de quince (15) días calendario. Si se
tomare alguna determinación en su moción de
reconsideración, el término para solicitar
revisión judicial empezará a contarse desde la
fecha en que se depositó en el correo federal
copia de la notificación de la decisión de la
Autoridad de Energía Eléctrica resolviendo la
moción de reconsideración. Si la Autoridad de
Energía Eléctrica no toma alguna acción en
relación con la Moción de Reconsideración dentro
del término correspondiente según mencionado en
la Ley 38-2017, se entenderá que ésta ha sido
rechazada de plano y a partir de esa fecha
comenzará a correr el tiempo para la revisión
judicial.

La parte adversamente afectada con relación a su
reconsideración por una orden o resolución final
de la Autoridad podrá presentar una solicitud de
revisión judicial a tenor con la sección 4.2 de
la Ley 38-2017 ante el Tribunal de Apelaciones
dentro del término de veinte (20) días, contados
a partir del archivo en autos de la copia de la
notificación de la determinación final de la
Autoridad o dentro del término aplicable de
veinte (20) días calendario de haber transcurrido
el plazo dispuesto en la Sección 3.19 de la Ley
38-2017. La mera presentación de una solicitud de
revisión al amparo de la Sección 4.2 de la Ley
38-2017 no tendrá el efecto de paralizar la
adjudicación de la subasta impugnada. (Énfasis
nuestro). Apéndice de la Petición de certiorari,
págs. 177-178.1

1 Cabe señalar, que la Ley Núm. 110-2022 enmendó la LPAU para así
uniformar el referido estatuto con la Ley Núm. 73-2019, infra,
disminuyendo los términos que tienen las partes afectadas para solicitar
reconsideración o revisión administrativa en los procesos de adjudicación
de subastas y solicitudes de propuestas.
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A raíz de la referida notificación, el 23 de diciembre

de 2021 St. James Security presentó una Solicitud de

reconsideración ante la Secretaría de Procedimientos

Adjudicativos de la AEE. En síntesis, -- y mediante el

proceso establecido en la LPAU, según le fue informado en la

notificación de adjudicación emitida el 15 de diciembre de

2021 --, la referida compañía de seguridad buscaba impugnar

la adjudicación de la subasta en cuestión.

En el interín, y aún sin respuesta alguna por parte de

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE a su

moción de reconsideración, el 4 de enero de 2022 St. James

Security presentó, de igual forma, una Solicitud de Revisión

ante la Junta Revisora de Subasta de la Administración de

Servicios Generales (en adelante, “Junta Revisora de la

ASG”). En esta ocasión, y por primera vez, la mencionada

empresa arguyó que la notificación del 15 de diciembre de

2021, -- en la cual la AEE informaba todo lo relacionado a

la adjudicación de la subasta para servicios de vigilancia y

seguridad --, fue una defectuosa e insuficiente, lo anterior,

en violación al debido proceso de ley de los licitadores que

comparecieron a la subasta. Esto, se debió a que, a su juicio,

la referida corporación pública no cumplió con lo exigido en

la Ley de la Administración de Servicios Generales para la

Centralización de las Compras en el Gobierno de Puerto Rico

de 2019, Ley Núm. 73-2019, infra, (en adelante, “Ley de

Compras de ASG”) sobre los procesos de revisión

administrativa y revisión judicial, por lo que dicha
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notificación fue nula y nunca surtió efecto, por tratarse de

servicios no profesionales.

Regresando a lo relacionado al proceso de

reconsideración ante la AEE, -- y sesenta y dos (62) días

luego de presentar su moción de reconsideración ante la

referida corporación pública --, el 23 de febrero de 2022

St. James Security compareció ante el Tribunal de Apelaciones

mediante un Recurso de revisión de decisión administrativa.

En síntesis, ésta realizó argumentos similares a los

presentados ante la Junta Revisora de la ASG sobre la

deficiencia en la notificación realizada en la adjudicación

de la subasta, toda vez que para St. James Security se

incumplió con lo dispuesto en la Ley de Compras de ASG.

Por su parte, el 23 de mayo de 2022 la AEE compareció

ante el foro apelativo intermedio mediante una Solicitud de

desestimación. En esencia, la referida corporación pública

arguyó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción

para atender la revisión judicial presentada, toda vez que

St. James Security presentó su recurso fuera del término que

establece la LPAU para ello.2

2 En particular, la AEE arguyó que el 15 de diciembre de 2021 la referida
corporación pública adjudicó el RFP aquí en controversia en el cual St.
James Security no fue favorecida. Inconforme con dicha determinación, el
23 de diciembre de 2021, es decir, dentro del término de veinte (20)
días, según dispuesto en la Sección 3.19 de la LPAU, infra, St. James
Security presentó su recurso de revisión ante la Secretaría de
Procedimientos Adjudicativos de la AEE. Así las cosas, transcurrido el
término de treinta (30) días que tenía la AEE para considerar el recurso
de revisión administrativa presentado por St. James Security, -- sin que
ésta emitiera determinación alguna --, el 24 de enero de 2022 comenzó a
transcurrir el término de veinte (20) días que tenía la referida empresa
para acudir en revisión judicial al Tribunal de Apelaciones, según se
establecía en ese momento en la Sección 3.19 y la Sección 4.2 de la
LPAU, infra. El término antes señalado venció el 14 de febrero de 2022
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En oposición, el 13 de junio de 2022 St. James Security

presentó una Moción en cumplimiento de orden, oposición a

solicitud de desestimación, moción para que se tenga por

sometida y sin oposición el recurso de revisión. En ésta,

argumentó que la AEE omitió en su petición de desestimación

la aplicabilidad al proceso de RFP aquí en controversia de

la Ley de Compras de ASG. Por lo que, a su entender, -- al

no ser de aplicación al presente caso lo contemplado en la

LPAU --, el recurso de revisión fue presentado dentro del

término jurisdiccional establecido en la Ley de Compras de

ASG, entiéndase un término de veinte (20) días

jurisdiccionales pasados los treinta (30) días desde la

presentación de la Solicitud de Revisión ante la Junta

Revisora de la ASG sin que ésta emitiera una determinación.

Tras analizar los alegatos de ambas partes, el 21 de

julio de 2022 el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia

en la cual desestimó el recurso de revisión presentado por

St. James Security por falta de jurisdicción. Lo anterior

surge al foro apelativo intermedio concluir que la

presentación del recurso fue prematura, pues la notificación

de adjudicación de la subasta en cuestión adolecía de

defectos relacionados a las disposiciones sobre revisión

administrativa y revisión judicial establecidas en la Ley de

y no fue hasta el 23 de febrero de 2022, -- diez (10) días luego de que
venciera el término --, que St. James Security presentó su recurso ante
el Tribunal de Apelaciones. Por lo anterior, la AEE solicitó la
desestimación del recurso de revisión judicial presentado por St. James
Security ante el foro apelativo intermedio por falta de jurisdicción.
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Compras de ASG. Así pues, sentenció que los términos

aplicables no habían comenzado a transcurrir.

Insatisfecho con el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, y tras ser denegada la solicitud de

reconsideración por el mencionado foro apelativo, el 28 de

noviembre de 2022 compareció ante nos la AEE mediante una

Petición de certiorari. En síntesis, arguye que el foro

apelativo intermedio erró al determinar que, en lo

relacionado a los procesos de revisión administrativa y

revisión judicial objetos del presente litigio, le es de

aplicación las disposiciones de la Ley de Compras de ASG y

no lo establecido en la LPAU y, en consecuencia, al no

considerar su planteamiento de falta de jurisdicción al

presentarse el recurso de revisión fuera del término

contemplado en esta última disposición legal. Así pues, nos

solicita que revoquemos la determinación emitida por el

Tribunal de Apelaciones por no ser aplicable aquí el referido

estatuto de la ASG.

En oposición, el 26 de mayo de 2023 compareció ante nos

St. James Security mediante su Alegato de la parte recurrida.

En esencia, arguye que la determinación del Tribunal de

Apelaciones fue una correcta en derecho.

A juicio de la referida empresa, la notificación emitida

el 15 de diciembre de 2021 por parte de la AEE, -- con

relación a la adjudicación del RFP para servicios de

seguridad y vigilancia --, no cumplió con la Ley de Compras

de ASG, por lo que nunca surtió efecto. En específico, St.
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James Security argumenta, similar a como lo hizo ante la ASG,

que la referida Ley de Compras de ASG es aplicable a la AEE

debido a que los servicios solicitados por el RFP son no

profesionales y, aun cuando la AEE es una entidad exenta

según establece la ley, tiene que cumplir con los

procedimientos allí establecidos. Por tal razón, nos solicita

que confirmemos la determinación del foro apelativo

intermedio.

Expedido el recurso el 24 de febrero de 2023, y

recibidos los alegatos de las partes, el 30 de mayo de 2023

notificamos a todas las partes con interés en el litigio que

el caso quedó sometido en los méritos.

Trabada así la controversia, y con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer la

normativa que gobierna los asuntos ante nuestra

consideración.

II.

A.

Como es sabido, en nuestra jurisdicción, la contratación

gubernamental de todo tipo de servicios está revestida del

más alto interés público, pues persigue fomentar la inversión

adecuada, responsable y eficiente de los recursos del Estado.

SLG Ortiz-Mateo v. ELA, 2023 TSPR 43, 211 DPR __ (2023);

Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 820 (2021); ECA

Gen. Contrac. v. Mun. de Mayagüez, 200 DPR 665, 672 (2018).

Con el fin de lograr lo antes mencionado, el gobierno utiliza

los procedimientos de subasta o RFP como mecanismo de
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adquisición de bienes y servicios, para así proteger el

erario y garantizar que se realicen sus funciones

administrativas responsablemente. Trans Ad de P.R. v. Junta

de Subastas, 174 DPR 56, 66 (2008); Marina v. Comisión, 170

DPR 847, 854 (2007). Véase, PR Eco Park et al. v. Mun. de

Yauco, 202 DPR 525, 531 (2019).

En cuanto al proceso de RFP, hemos expresado que éste

“se destaca por ser un procedimiento informal y flexible que

permite al oferente negociar con el gobierno y enmendar o

revisar las ofertas antes de la adjudicación de un contrato

de adquisición de bienes y servicios”. PR Eco Park et al. v.

Mun. de Yauco, supra, págs. 531-532. Véase, R & B Power v.

E.L.A., 170 DPR 606, 621 (2007). Esto se debe a que se recurre

a este procedimiento cuando se trata de la adquisición de

bienes o servicios especializados que involucran asuntos

altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos

competidores cualificados. ECA Gen. Contrac. v. Mun. de

Mayagüez, supra, pág. 674; CD Builders v. Mun. Las Piedras,

196 DPR 336, 345 (2016); R & B Power v. E.L.A., supra, págs.

621–622.

Asimismo, este Tribunal ha sentenciado que las agencias

administrativas, de ordinario, se encuentran en mejor

posición que los tribunales para evaluar las propuestas o

licitaciones ante su consideración, de acuerdo con los

parámetros establecidos por la ley y los reglamentos

aplicables. CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra; Aut.

Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 408 (2009);
CC-2022-0796 12

A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004). Lo anterior, se

debe a que, en el ejercicio de sus facultades, -- y por su

conocimiento experto --, a las agencias “se les reconoce

discreción al momento de considerar las licitaciones,

rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor de la

licitación que estime se ajusta mejor a las necesidades

particulares de la agencia y al interés público en general”.

CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra, pág. 349. Véase,

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 779

(2006).

Como consecuencia de ello, los tribunales no debemos

intervenir con la adjudicación de una subasta o el rechazo

de una propuesta, salvo que la determinación administrativa

adolezca de un abuso de discreción, arbitrariedad o

irracionabilidad. CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra,

pág. 349; Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág.

408; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, págs. 783–

784. En ausencia de estos elementos, “ningún postor tiene

derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como

la más ventajosa. La cuestión debe decidirse a la luz del

interés público”. (Cita depurada). Caribbean Communications

v. Pol. De P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009). Véase, Torres

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007);

Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911,

916 (1942).
CC-2022-0796 13

B.

De otra parte, cabe destacar que “[e]l derecho a cuestionar

[cierta] adjudicación de una subasta mediante el proceso de

revisión judicial es parte del debido proceso de ley”.3 PVH

Motor v. ASG, supra, pág. 132. Véase, PR Eco Park et al. v.

Mun. de Yauco, supra. Por lo tanto, para poder ejercer su

derecho, es indispensable que las notificaciones que se

realicen durante estos procesos sean efectuadas

correctamente a todas las partes. PVH Motor v. ASG, supra,

pág. 132; PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra; IM

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000).

En específico, “se debe advertir del derecho de las partes a

procurar la revisión judicial; el término disponible para

hacerlo y la fecha del archivo en autos de una copia de la

notificación”. PVH Motor v. ASG, supra, pág. 132. Véase, IM

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra.

3Como es sabido, el Artículo II, Sección 7, de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe que cualquier persona sea privada
de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. LPRA, Tomo 1,
ed. 2023, pág. 305. Al examinar el alcance de la mencionada cláusula
constitucional, este Tribunal ha sentenciado que la doctrina del debido
proceso de ley tiene dos (2) acepciones: la sustantiva y la procesal.
PVH Motor v. ASG, 209 DPR 122, 130 (2022); Fuentes Bonilla v. ELA et
al., 200 DPR 364, 394 (2018); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178
DPR 1, 35 (2010).

En específico, hemos establecido que la vertiente sustantiva del debido
proceso de ley busca proteger y salvaguardar los derechos fundamentales
de las personas, mientras que su vertiente procesal obliga al Estado a
garantizar que la interferencia en los intereses de libertad y propiedad
del individuo se haga mediante un proceso justo e imparcial. PVH Motor
v. ASG, supra; Fuentes Bonilla v. ELA et al., supra; Rivera Rodríguez &
Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887–888 (1993). Estas garantías
constitucionales se extienden, -- además de al ámbito judicial --, a los
procesos administrativos. PVH Motor v. ASG, supra; Fuentes Bonilla v.
ELA et al., supra; Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Báez
Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010).
CC-2022-0796 14

A esos efectos, hemos sentenciado que una notificación

defectuosa de una determinación tomada por las agencias

administrativas priva de jurisdicción al foro revisor para

entender el asunto en disputa, lo que impide que comience a

transcurrir el término para recurrir de cualquier

determinación administrativa y, consecuentemente, violenta

el derecho al debido proceso de ley de la parte afectada.

PVH Motor v. ASG, supra, pág. 132; PR Eco Park et al. v. Mun.

de Yauco, supra, pág. 538; Toro Alvarado v. Madera Atiles,

202 DPR 495, 502 (2019).

C.

Establecido lo anterior, es menester recordar aquí que

es la LPAU, Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9601 et seq.), el

cuerpo legal que “codifica las pautas mínimas que deben

garantizar las agencias administrativas cobijadas por ese

estatuto”. ACT v. PROSOL et als., 210 DPR 897, 907 (2022).

Véase, Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353, 358

(2016). Entre las agencias administrativas cobijadas por la

LPAU se encuentran las corporaciones públicas, como lo es la

AEE, una de las partes en el presente litigio. 3 LPRA sec.

9603.

En lo pertinente al asunto que nos ocupa, es la Sección

3.19 de la LPAU, infra, la que establece todo lo relacionado

al procedimiento y término que tiene una parte, que ha sido

afectada en un proceso de adjudicación de subasta o RFP, para

solicitar la reconsideración o revisión administrativa de

dicho dictamen, de entenderlo necesario. La referida sección,
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según vigente al momento de los hechos ante nuestra

consideración, establecía que:

Los procedimientos de adjudicación de subastas
serán informales; su reglamentación y términos
serán establecidos por las agencias, pero siempre
en estricto cumplimiento con la legislación
sustantiva que aplica a las compras del Gobierno
de Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y
obligaciones de los licitadores bajo la política
pública y leyes vigentes en la jurisdicción de
Puerto Rico. La parte adversamente afectada por
una decisión podrá, dentro del término de veinte
(20) días a partir del depósito en el correo
federal o correo electrónico notificando la
adjudicación de la subasta, presentar una moción
de reconsideración ante la agencia. En la
alternativa, podrá presentar una solicitud de
revisión ante la Junta Revisora de la
Administración de Servicios Generales o la
entidad apelativa que corresponda en ley o
reglamento, dentro del término de veinte (20)
días calendario, a partir del depósito en el
correo federal o correo electrónico notificando
la adjudicación de la subasta. La agencia o la
Junta Revisora deberá considerarla dentro de los
treinta (30) días de haberse presentado. La Junta
podrá extender dicho término una sola vez, por un
término adicional de quince (15) días calendario.
Si se tomare alguna determinación en su
consideración, el término para instar el recurso
de revisión judicial empezará a contarse desde la
fecha en que se depositó en el correo federal o
correo electrónico copia de la notificación de la
decisión de la agencia, la entidad apelativa o la
Junta Revisora resolviendo la moción. Si la
agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora
dejare de tomar alguna acción con relación a la
moción de reconsideración o solicitud de
revisión, dentro del término correspondiente,
según dispuesto en este capítulo, se entenderá
que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir
de esa fecha comenzará a correr el término para
la revisión judicial. (Énfasis nuestro). 3 LPRA
sec. 9659.4

4 Recalcamos que la Ley Núm. 110-2022 enmendó la LPAU con la intención
de uniformar ésta con la Ley Núm. 73-2019, infra, disminuyendo los
términos que tienen las partes afectadas por una determinación dentro
del proceso de subastas. Por tal razón, la LPAU vigente al momento de
los hechos era la enmendada por la Ley Núm. 150-2020.
CC-2022-0796 16

Tras ese proceso de revisión administrativa, la Sección

4.2 de LPAU, infra, establece lo pertinente en cuanto al

derecho de las partes a solicitar revisión judicial, bien

sea luego de la correspondiente revisión administrativa, o

cuando la agencia dejare de tomar alguna acción en cuanto a

la antes mencionada revisión. En específico, la referida

sección establece que:

En los casos de impugnación de subasta, la parte
adversamente afectada por una orden o resolución
final de la agencia, de la [J]unta Revisora de
Subastas de la Administración de Servicios
Generales, o de la entidad apelativa de subastas,
según sea el caso, podrá presentar una solicitud
de revisión ante el Tribunal de Apelaciones
dentro de un término de veinte (20) días, contados
a partir del archivo en autos de la copia de la
notificación de la orden o resolución final de la
agencia, la referida Junta Revisora de Subastas
de la Administración de Servicios Generales o la
entidad apelativa, o dentro del término aplicable
de veinte (20) días calendario de haber
transcurrido el plazo dispuesto por la Sección
3.19 de esta Ley. La mera presentación de una
solicitud de revisión al amparo de esta Sección
no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación
de la subasta impugnada. (Énfasis nuestro). 3
LPRA sec. 9672.

Como se puede apreciar, tanto en la Sección 3.19, como

en la Sección 4.2 de la LPAU, supra, se disponen los procesos

que deberá seguir toda parte que desee solicitar

reconsideración de una determinación de adjudicación de un

RFP o requerimiento de propuestas. Ahora bien, las referidas

secciones también establecen que el mencionado proceso de

revisión administrativa deberá realizarse “ante la

Administración de Servicios Generales o ante la entidad

gubernamental correspondiente”. 3 LPRA sec. 9659.
CC-2022-0796 17

Dicho ello, nos corresponde, pues, determinar cuál es

el foro al que se debe acudir para la revisión de una

adjudicación de requerimiento de propuestas para servicios

de vigilancia y seguridad que hace la AEE, como la que es

objeto del presente litigio. Para esto, debemos en primera

instancia, examinar detenida y cuidadosamente los deberes y

las facultades de la ASG. Emprendemos dicha tarea.

D.

Sabido es que la ASG es una entidad gubernamental creada

con el propósito de “implementar la política pública relativa

a la adquisición de bienes y servicios no profesionales del

Gobierno de Puerto Rico”. (Negrillas suplidas). Exposición

de Motivos, Ley de Compras de ASG, 3 LPRA secs. 9831 et seq.

Sobre el alcance del referido estatuto, el Artículo 3

de la Ley de Compras de ASG, infra, establece que:

Las disposiciones de esta Ley regirán los
procesos de compras y subastas de bienes, obras
y servicios no profesionales en todas las
Entidades Gubernamentales y las Entidades
Exentas. La Rama Judicial, la Asamblea
Legislativa, la Universidad de Puerto Rico y los
municipios podrán, de forma voluntaria, adoptar
los procesos de compras y subastas de bienes,
obras y servicios aquí establecidos, a través de
la Administración de Servicios Generales.

Las Entidades Gubernamentales, según definidas en
esta Ley, realizarán todas las compras y subastas
de bienes, obras y servicios no profesionales a
través de la Administración de Servicios
Generales, sin excepción alguna.

En el caso de Entidades Exentas, según definidas
en esta Ley, no estarán obligadas a realizar sus
compras y subastas de bienes, obras y servicios
no profesionales a través de la Administración de
Servicios Generales, mientras se encuentre en
vigencia el Plan Fiscal correspondiente, sin
embargo, vendrán obligadas a adoptar los métodos
CC-2022-0796 18

de licitación y compras excepcionales y a seguir
los procedimientos aquí establecidos al momento
de realizar sus compras y subastas de bienes,
obras y servicios no profesionales. Una vez
culmine la vigencia del Plan Fiscal
correspondiente, si aplica, serán consideradas
como Entidades Gubernamentales, según definidas
en esta Ley, y vendrán obligadas a realizar sus
compras a través de la Administración. 3 LPRA
sec. 9831b.

El Artículo 4 de la Ley de compras de ASG, supra, por

su parte, define servicios profesionales y no profesionales

de la siguiente manera:

hh) Servicios no profesionales: Aquellos
servicios que no son ofrecidos por una persona
natural o jurídica con conocimientos o
habilidades especializadas a quien se le requiere
poseer un título universitario o licencia que lo
acredite como profesional especializado.

ii) Servicios profesionales: Aquellos servicios
que son ofrecidos por una persona natural o
jurídica con conocimientos o habilidades
especializadas a quien se le requiere poseer un
título universitario o licencia que lo acredite
como profesional especializado; o cuya prestación
principal consiste en el producto de la labor
intelectual, creativa o artística, o en el manejo
de destrezas altamente técnicas o especializadas.
(Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9831c.

Sobre este particular, cabe destacar que, en el pasado,

hemos señalado que “un servicio profesional conlleva una

vocación, llamado, ocupación o empleo que supone, además,

algún tipo de conocimiento, labor o destreza especializada”.

Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 280 (2015).

Véase, Rivera Matos v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico,

204 DPR 1010, 1022 (2020). Además, hemos sentenciado que los

“servicios profesionales no se limita[n] a profesiones

tradicionales tales como abogados, médicos, arquitectos e

ingenieros”. Íd.
CC-2022-0796 19

Por último, y por considerarlo en extremo importante

para la correcta disposición de las controversias ante

nuestra consideración, debemos definir qué se considera una

entidad exenta para fines de la Ley de Compras de ASG, supra.

En esa dirección, el Artículo 4 de la referida disposición

legal, en su inciso (o), establece que una entidad exenta,

para propósitos de esta ley es,

[una] Entidad Gubernamental que no viene obligada
a realizar sus compras a través de la
Administración, ya sea por razón de operar bajo
lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por
tratarse de entidades fiscalizadoras de la
integridad del servicio público y la eficiencia
gubernamental. Para propósitos de esta Ley, se
considerarán entidades exentas las siguientes:
[…] Autoridad de Energía Eléctrica […].

No obstante, las entidades exentas tienen que
realizar sus procesos de licitación acogiendo los
métodos de licitación establecidos en esta Ley.
Además, las mismas deben acogerse a las
categorías previamente licitadas y contratos
otorgados por la Administración de Servicios
Generales. (Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9831c.

Evaluada la normativa antes expuesta, queda

patentemente claro que aquellas entidades exentas que deseen

adquirir servicios no profesionales deberán acoger los

métodos establecidos en la Ley de Compras de ASG. Por el

contrario, la referida disposición legal no le es de

aplicación a aquellas entidades exentas que vayan a adquirir

algún servicio profesional. En esta ocasión, la AEE requirió

servicios de vigilancia y seguridad particulares, debido a

las exigencias locales y federales que regulan las

facilidades donde se brindarían los servicios en cuestión.
CC-2022-0796 20

Veamos pues, si éstos se deben considerar como servicios

profesionales o no profesionales.

E.

Al tratar el tema de lo que se considera un servicio

profesional o no profesional, -- y ya más en los relacionado

a las controversias que nos ocupan --, debemos recordar aquí

que la Ley para Regular las Profesiones de Detectives

Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, Ley Núm.

108 de 29 de junio de 1965, 25 LPRA secs. 285 et seq. (en

adelante, “Ley para Regular la Profesión de Detective

Privado”) es el estatuto que regula el campo de la profesión

de guardias de seguridad en la isla. Al analizar el porqué

de la aprobación de la mencionada pieza legislativa, hemos

sentenciado que ésta “obedece al interés del Estado de

regular toda actividad de carácter policial desempeñada por

entes privados, para garantizar así que sólo las personas

cualificadas puedan realizar esta labor”. Ranger Am. v.

Loomis Fargo, 171 DPR 670, 677 (2007) (Per Curiam). Véase,

Wackenhunt Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 DPR 518, 524

(1972).

En específico, el Artículo 4 de la Ley para Regular la

Profesión de Detective Privado, infra, establece los

requisitos para obtener la licencia como guardia de seguridad

privado. Entre estos requisitos se encuentran:

(e) Haber aprobado un curso de adiestramiento de
por lo menos cuatro (4) semanas ofrecido por la
Academia de la Policía y cualquier agencia que
vaya a utilizar sus servicios.
CC-2022-0796 21

(f) Los guardias de seguridad deberán cumplir con
seis (6) horas en adiestramientos de educación
continua cada dos (2) años, al momento de renovar
su licencia. Cuatro (4) de las horas antes
requeridas de educación continua, deberán ser
recibidas compulsoriamente en la Academia de la
Policía o su entidad sucesora en cursos diseñados
y ofrecidos por la mencionada agencia.

(g) Los adiestramientos tendrán, sin limitarse,
el siguiente contenido:

(i) Las disposiciones de esta Ley.

(ii) Las Reglas 11 y 12 de Procedimiento
Criminal.

(iii) Código Penal vigente.

(iv) Ley 404-2000, conocida como “Ley de
Armas de Puerto Rico”.

(v) Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
conocida como “Ley para la Prevención e
Intervención con la Violencia
Doméstica”.

(vi) Derechos civiles.

(vii) Jurisprudencia sobre los temas
anteriores. 25 LPRA sec. 285c.

Ahora bien, lo anterior, por sí solo, si bien establece

una serie de requerimientos para aquel o aquella que quiera

desempeñarse como guardia de seguridad privado, no convierte

en servicios profesionales este tipo de tarea. Conviene,

entonces, pasar juicio sobre aquellos requisitos adicionales

que, de conformidad con los estatutos estatales y federales

aplicables, la AEE requirió como parte del RFP o

requerimiento de propuestas objeto del presente litigio, a

saber:

Poseer la Transportation Worker Identification
Card (TWIC) vigente previo al comienzo de los
servicios.
CC-2022-0796 22

Aprobar, previo al comienzo de los servicios, la
evaluación que realiza el Oficial de Instalación
designado.

Conocimiento básico de español e inglés, tanto
oral como escrito. La Autoridad se reserva el
derecho de hacer pruebas de comunicación oral a
los guardias de seguridad para comprobar el
conocimiento de los dos idiomas.

Demostrar eficiencia en la redacción de Informes
tanto en español como en inglés. La Autoridad se
reserva el derecho de administrar pruebas
escritas para verificar el cumplimiento de este
requisito.

La compañía de seguridad proveerá los
adiestramientos necesarios y el FSO (Facility
Security Officer) aprobará los mismos bajo el
Código 105.210 (Facility Personnel with Security
Duties). [33 CFR 105.210].5

Presentar evidencia de haber tomado los
siguientes adiestramientos:

5 En particular, el Code of Federal Regulations, en su Título 33 sobre
Navigation and Navigable Waters, en la Sección 105.210 sobre Facility
personnel with security duties, establece lo siguiente:

Facility personnel responsible for security duties must maintain
a TWIC, and must have knowledge, through training or equivalent
job experience, in the following, as appropriate:

(a) Knowledge of current security threats and patterns;
(b) Recognition and detection of dangerous substances and
devices;
(c) Recognition of characteristics and behavioral
patterns of persons who are likely to threaten
security;
(d) Techniques used to circumvent security measures;
(e) Crowd management and control techniques;
(f) Security related communications;
(g) Knowledge of emergency procedures and contingency
plans;
(h) Operation of security equipment and systems;
(i) Testing, calibration, and maintenance of security
equipment and systems;
(j) Inspection, control, and monitoring techniques;
(k) Relevant provisions of the Facility Security Plan
(FSP);
(l) Methods of physical screening of persons, personal
effects, baggage, cargo, and vessel stores; and
(m) The meaning and the consequential requirements of the
different MARSEC Levels.
(n) Familiar with all relevant aspects of the TWIC program
and how to carry them out. (Énfasis nuestro). 105 CFR
sec. 105.210.
CC-2022-0796 23

1. Uso y Manejo de Armas de Fuego - tendrá
que presentar certificado anual de una
armería o instructor de tiro
certificado y además estar adscrito a
un polígono.

2. Amenaza o Hallazgos de Artefactos
Explosivos - Reconocer y detectar
sustancias y dispositivos peligrosos y
reconocer comportamiento de personas
que puedan representar amenaza a la
seguridad. Deberá presentar certificado
de la Policía de Puerto Rico.

3. Registro de Vehículos y Personas -
deberá presentar certificado de la
Policía de Puerto Rico.

4. Manejo y Técnicas de control de grupos.

5. Uso de Radio de Comunicación.

6. Procedimiento de Manejo de Emergencias
y Planes de Emergencia. (Énfasis
nuestro). Véase, Requisitos y criterios
de evaluación de los guardias de
seguridad asignados a instalaciones de
la Autoridad de Energía Eléctrica,
Apéndice del Alegato de la parte
peticionaria, págs. 114-118.

Como se puede apreciar, son considerables los requisitos

especializados que fueron exigidos por la AEE, -- además de

aquellos establecidos por el estatuto que regula la profesión

en cuestión --, para poder brindar los servicios de

vigilancia y seguridad requeridos en el RFP o requerimiento

de propuesta objeto de estudio. Lo anterior, como ya

mencionamos, es de conformidad con lo dispuesto en la

legislación y reglamentación estatal y federal aplicable.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer de la controversia ante nos.
CC-2022-0796 24

III.

En el presente caso, como mencionamos anteriormente, la

AEE señala que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver

que la presentación de determinado recurso de revisión

judicial asociado con la causa de epígrafe fue una prematura,

pues la notificación de adjudicación de la subasta en la que

se basa la misma adolecía de defectos por la falta de mención

a las disposiciones sobre revisión administrativa y revisión

judicial de la Ley de Compras de ASG, supra, por lo que los

términos aplicables no habían comenzado a transcurrir. Tiene

razón la AEE.

Y es que, tras una detenida y cuidadosa lectura del

expediente ante nos, queda patentemente claro que el RFP

realizado por la AEE tenía como propósito el adquirir

servicios de vigilancia y seguridad sumamente

especializados, con requisitos distintos a los que se pudiese

esperar de un guardia de seguridad ordinariamente. A modo de

ejemplo, entre esos requisitos se encuentran: el poseer el

Transportation Worker Identification Card (TWIC), -- con los

requerimientos federales que eso implica --; dominio de los

idiomas español e inglés, tanto oral como escrito; diversos

adiestramientos especializados en la vigilancia de

facilidades como las aquí en cuestión; entre otras.

Siendo ello así, los servicios de vigilancia y

protección a adquirirse por la AEE son servicios

profesionales y, por lo tanto, de conformidad con la

normativa antes expuesta, no le son de aplicación las
CC-2022-0796 25

disposiciones establecidas en la Ley de Compras de ASG. Por

el contrario, son de aplicación los lineamientos que se

establecen en la LPAU, particularmente aquellos relacionados

a los procesos de subastas o requerimientos de propuestas, y

sus respectivas revisiones administrativas y judiciales.

Así, correctamente se recogió por la AEE en la notificación

de la adjudicación de la subasta aquí en controversia, por

lo que, -- en lo que respecta al presente litigio --, St.

James Security acudió tardíamente ante el Tribunal de

Apelaciones a solicitar la revisión judicial de la

determinación tomada por la referida agencia administrativa.

Recordemos que en el presente caso: (1) el 15 de

diciembre de 2021 la AEE adjudicó el RFP aquí en controversia

en el cual St. James Security no fue favorecida; (2) el 23

de diciembre de 2021, es decir, dentro del término de veinte

(20) días, según dispuesto en la Sección 3.19 de la LPAU,

supra, St. James Security presentó su recurso de revisión

ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE;

(3) transcurrido el término de treinta (30) días que tenía

la AEE para considerar el recurso de revisión administrativa

presentado por St. James Security, -- sin que ésta emitiera

determinación alguna --, el 24 de enero de 2022 comenzó a

transcurrir el término de veinte (20) días que tenía la

referida empresa para acudir en revisión judicial al Tribunal

de Apelaciones;6 (4) el término antes señalado venció el 14

6 Esto, según se establecía en ese momento en la Sección 3.19 de la LPAU,
supra, y la Sección 4.2 del referido estatuto, supra.
CC-2022-0796 26

de febrero de 2022, y (5) no fue hasta el 23 de febrero de

2022 -- diez (10) días luego de que venciera el término --

que St. James Security presentó su recurso ante el Tribunal

de Apelaciones. No queda duda alguna, pues, de que, en lo

relacionado a la causa de epígrafe, lo que correspondía era

desestimar el recurso de revisión judicial presentado por

St. James Security ante el foro apelativo intermedio por

falta de jurisdicción.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, la cual

desestimó el recurso de revisión judicial por entender que

éste era prematuro, al no haber comenzado el término

correspondiente por una notificación inadecuada.

En consecuencia, se desestima la Petición de certiorari

por falta de jurisdicción, al ser presentado el recurso ante

el Tribunal de Apelaciones fuera de los términos provistos

en la LPAU, supra. Por lo tanto, se sostiene la adjudicación

realizada el 15 de diciembre de 2021 por la AEE.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Ángel Colón Pérez
Juez Asociado
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

St. James Security Services,
LLC

Recurrida CC-2022-0796 Certiorari

v.

Autoridad de Energía Eléctrica;
O´Neil Security Systems

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, se modifica la Sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones, la cual desestimó el recurso
de revisión judicial por entender que éste era
prematuro, al no haber comenzado el término
correspondiente por una notificación inadecuada.

En consecuencia, se desestima la Petición de
certiorari por falta de jurisdicción, al ser presentado
el recurso ante el Tribunal de Apelaciones fuera de los
términos provistos en la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,
Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9601 et seq.). Por lo
tanto, se sostiene la adjudicación realizada el 15 de
diciembre de 2021 por la Autoridad de Energía Eléctrica
de Puerto Rico.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada
señora Pabón Charneco emitió Opinión Disidente a la
cual se une el Juez Asociado señor Rivera García. La
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

St. James Security Services,
LLC

Recurrida

v. CC-2022-0796

Autoridad de Energía
Eléctrica; O’Neil Security
Systems

Peticionarias

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera
García.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

La Opinión que hoy se emite falla en disponer

adecuadamente de la controversia ante nuestra consideración.

La mera posesión de una tarjeta de identificación (cuya

expedición tan solo requiere aprobar un background check),

saber hablar y escribir español e inglés y completar ciertos

adiestramientos relacionados a las funciones ejercidas

ordinariamente por un guardia de seguridad, no son

cualificaciones suficientes para convertir los servicios

solicitados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o

peticionaria) en “servicios profesionales” para efectos de

la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de

la Administración de Servicios Generales para la
CC-2022-0796 2

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de

2019, 3 LPRA sec. 9831.

Por lo cual, en este caso resulta forzoso concluir que

la Ley Núm. 73-2019, supra, es de aplicación al proceso de

adquisición celebrado por la AEE. En consecuencia, debimos

establecer que la corporación pública tenía el deber de

advertir a los licitadores de los remedios de revisión que

tenían disponibles al amparo de este estatuto, y no tan solo

aquellos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada,

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme,

3 LPRA sec. 9601 et seq.1

No obstante, habiéndose arribado a una conclusión

diametralmente distinta en la Opinión emitida, procedo a

disentir.

I

El 9 de noviembre de 2021, la AEE publicó el Request

for Proposal Núm. 00003252 (RFP), con el fin de recibir

propuestas de servicios de vigilancia y seguridad para las

Centrales de Palo Seco, Cambalache y San Juan, ubicadas en

la Región Norte de Puerto Rico. Luego de varios trámites, el

1 de diciembre de 2021, la corporación pública llevó a cabo

el acto de apertura, al cual comparecieron St. James Security

Services, Inc. (St. James Security o recurrida), Bridge

1 Resulta evidente que los licitadores tenían derecho a un proceso de
revisión administrativa ante la AEE al amparo de la Sección 3.9 de la
Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 9659, vigente al momento de los
hechos. Sin embargo, nos corresponde determinar si, en la alternativa,
podían recurrir en revisión ante la Junta Revisora de Subastas de la
Administración de Servicios Generales.
CC-2022-0796 3

Security Services, Inc. (Bridge Security), entre otras

entidades.

El 8 de diciembre de 2021, el Comité Técnico Evaluador

de la AEE emitió un Informe [de] Evaluación Técnica [de los]

Servicios de Vigilancia y Protección [para la] Región Norte

– Subasta 00003252 recomendado adjudicar el RFP a St. James

Security. No obstante, el 15 de diciembre de 2021 el Comité

de Subastas de la AEE adjudicó la buena pro a la compañía

Bridge Security, por ser la postora más baja entre los

competidores.

En la notificación cursada a los licitadores, el Comité

de Subastas de la AEE informó que estos podían solicitar

revisión del dictamen conforme a los procesos dispuestos por

la Ley Núm. 38-2017, supra, y el Reglamento de Subastas de

la Autoridad de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 8518 de

10 de septiembre de 2014. En particular, expresó que:

Cualquier parte adversamente afectada por la
presente decisión final podrá presentar una Moción
de Reconsideración luego de cumplir con las
disposiciones del Capítulo IV, Artículo C del
Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía
Eléctrica y las disposiciones aplicables de la Ley
38-2017 (conocida como Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico), incluyendo, pero no limitado a la Sección
3.19 de la Ley 38-2017. La moción de
reconsideración debe ser presentada dentro del
término de veinte (20) días calendario contados a
partir del depósito en el correo federal o correo
electrónico de la notificación de adjudicación de
la subasta. La moción de reconsideración debe
presentarse en la Secretaría de Procedimientos
Adjudicativos, 8vo piso, Edificio NEOS, parada 16
1/2, Santurce, Puerto Rico o enviarse al PO Box

363928, San Juan, PR 00936-3928. Las razones de la
reconsideración deberán estar claramente
establecidas y también deberán contener una
certificación de haberse enviado copia de la
CC-2022-0796 4

moción de reconsideración a los demás licitadores
comparecientes en la subasta.

La Autoridad de Energía Eléctrica considerará
la Moción de Reconsideración dentro de los treinta
(30) días de haberse presentado y podrá extender
dicho término una sola vez, por un término
adicional de quince (15) días calendario. Si se
tomare alguna determinación en su moción de
reconsideración, el término para solicitar
revisión judicial empezará a contarse desde la
fecha en que se depositó en el correo federal copia
de la notificación de la decisión de la Autoridad
de Energía Eléctrica resolviendo la moción de
reconsideración. Si la Autoridad de Energía
Eléctrica no toma alguna acción en relación con la
Moción de Reconsideración dentro del término
correspondiente según mencionado en la Ley 38-
2017, se entenderá que ésta ha sido rechazada de
plano y a partir de esa fecha comenzará a correr
el tiempo para la revisión judicial.

La parte adversamente afectada con relación
a su reconsideración por una orden o resolución
final de la Autoridad, podrá presentar una
solicitud de revisión judicial a tenor con la
sección 4.2 de la Ley 38-2017 ante el Tribunal de
Apelaciones dentro del término de veinte (20)
días, contados a partir del archivo en autos de la
copia de la notificación de la determinación final
de la Autoridad o dentro del término aplicable de
veinte (20) días calendario de haber transcurrido
el plazo dispuesto en la Sección 3.19 de la Ley
38-2017. La mera presentación de una solicitud de
revisión al amparo de la Sección 4.2 de la Ley 38-
2017 no tendrá el efecto de paralizar la
adjudicación de la subasta impugnada. (Énfasis
suplido).2

Inconforme, el 23 de diciembre de 2021, St. James

Security presentó una Solicitud de Reconsideración ante la

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE.

Además, el 4 de enero de 2022, la recurrida presentó una

Solicitud de Revisión ante la Junta Revisora de Subastas de

la Administración de Servicios Generales reclamando que la

2 Apéndice del Certiorari, pág. 177-178.
CC-2022-0796 5

notificación de adjudicación cursada por el Comité de

Subastas de la AEE era defectuosa por no advertirle de los

remedios de revisión que tenía disponible al amparo de la

Ley Núm. 73-2019, supra.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2022, St. James

Security presentó un Recurso de Revisión de Decisión

Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. En su

escrito, reiteró los argumentos planteados ante la Junta

Revisora de la Administración de Servicios Generales. Por su

parte, la AEE compareció ante el foro apelativo intermedio

mediante una Solicitud de Desestimación, alegando que St.

James Security había presentado su recurso fuera del término

dispuesto en la Ley Núm. 38-2017, supra.

Así las cosas, y luego de evaluar los alegatos instados

por las partes, el 21 de julio de 2022 el Tribunal de

Apelaciones notificó una Sentencia mediante la cual

desestimó el recurso instado por St. James Security por

entender que el mismo era prematuro. En su dictamen, el foro

apelativo intermedio razonó que:

[L]a notificación de la adjudicación de la
subasta, adolece de defectos en su contenido, que
requieren corrección y enmiendas ulteriores por
parte de AEE. En particular hay que incluir en la
notificación de la adjudicación de la Subasta, las
disposiciones requeridas por la Ley Núm. 73-2019,
según enmendada, supra, lo que no se hizo en la
notificación de la adjudicación ante nuestra
consideración. Ello, con el objetivo de garantizar
el debido proceso de ley y una adecuada
notificación a las partes.

En fin, toda vez que, en efecto, la aludida
Notificación adolece de las deficiencias de
notificación antes señaladas, es forzoso concluir
que los términos para acudir ante este foro
CC-2022-0796 6

revisor a solicitar su revisión no han comenzado
a transcurrir. Por consiguiente, el recurso de
revisión judicial de epígrafe resultó prematuro.3
(Énfasis suplido).

Luego de solicitar infructuosamente al Tribunal de

Apelaciones que reconsiderara su dictamen, la peticionaria

acude ante nos mediante recurso de Certiorari y expone los

señalamientos de error siguientes:

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR
QUE A LA AUTORIDAD LE APLICA LA LEY NÚM. 73 -
2019, A PESAR DE SER UNA ENTIDAD EXENTA.

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONCLUIR QUE
LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA
TIENE DEFICIENCIAS EN SU CONTENIDO PORQUE HAY
QUE INCLUIR LAS DISPOSICIONES REQUERIDAS EN LA
LEY NÚM. 73 - 2019, A PESAR DE LA AUTORIDAD SER
UNA ENTIDAD EXENTA.

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO
CONSIDERAR EL PLANTEAMIENTO DE FALTA DE
JURISDICCIÓN POR HABERSE PRESENTADO EL RECURSO
DE REVISIÓN JUDICIAL FUERA DEL TÉRMINO
DISPUESTO EN LEY.

Por su parte, el 26 de mayo de 2023, St. James Security

presentó un Alegato en oposición al recurso de autos. En

este, sostuvo que la notificación cursada por el Comité de

Subastas de la AEE era defectuosa, al no incluir las

advertencias de los procesos de revisión disponibles ante la

Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios

Generales. Considero que le asiste la razón. Veamos.

II

A.

El Art. II, Sec. 7, de la Constitución de Puerto Rico

dispone que: “ninguna persona será privada de su libertad o

3 Apéndice del Certiorari, pág. 248.
CC-2022-0796 7

propiedad sin [un] debido proceso de ley […]”. Art. II, Sec.

7, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Las Enmiendas Quinta y

Decimocuarta de la Constitución Federal consagran el mismo

derecho. Enmda. V & XIV, Const. EE.UU., LPRA, Tomo I. Debido

a ello, y en vista que las agencias administrativas ejercen

funciones adjudicativas que interfieren con los intereses de

libertad y propiedad de los individuos, las garantías del

debido proceso de ley son aplicables a sus procesos. PVH

Motor v. ASG, 209 DPR 122, 130-131 (2022); Báez Díaz v. ELA,

179 DPR 605, 623 (2010).

En su concepción abarcadora y procesal, el debido

proceso de ley requiere que las personas tengan derecho a un

proceso justo y con todas las garantías de ley

aplicables. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012),

citando a Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR

215, 220 (1995). En ese sentido, exige que, como mínimo, en

todo proceso adjudicativo se observen las salvaguardas

siguientes: (1) notificación adecuada del proceso; (2) un

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada

en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la

decisión se base en el expediente. PVH Motor v. ASG, supra,

pág. 131; Vázquez González v. Mun. San Juan, 178 DPR 636,

643 (2010). De igual forma, la Ley Núm. 38-2017, supra,

asegura garantías procesales similares.4

4 En particular, la Sección 3.1 de la Ley Núm. 38-2017, supra, establece
que en todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se
salvaguardarán los derechos siguientes: (A) derecho a notificación
CC-2022-0796 8

Con respecto al requisito de notificación, hemos

dispuesto que este no constituye una mera formalidad. Ello

pues, una notificación inadecuada puede provocar

consecuencias adversas a la sana administración de la

justicia. Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR

720, 736-737 (2010); Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR

165, 178 (2005). A contrario sensu, una notificación

efectiva brinda a las partes la oportunidad de advenir en

conocimiento real de la decisión tomada en su contra y les

concede la oportunidad de determinar si ejercen o no los

remedios disponibles en ley. Picorelli López v. Depto. de

Hacienda, supra, pág. 737.

Al igual que en las determinaciones judiciales y

administrativas, la correcta y oportuna notificación de la

adjudicación de una subasta es un requisito sine qua non de

un sistema cuasi-judicial ordenado y su omisión puede

conllevar consecuencias graves. PR Eco Park et al. v. Mun.

de Yauco, 202 DPR 525, 538 (2019); IM Winner, Inc. v. Mun.

de Guayanilla, 151 DPR 30, 37 (2000). Debido a esto, una

notificación defectuosa priva de jurisdicción al foro

revisor para entender sobre el asunto impugnado y el recurso

que se presente a tales efectos es prematuro. PR Eco Park et

al. v. Mun. de Yauco, supra, pág. 538.

oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte;
(B) derecho a presentar evidencia; (C) derecho a una adjudicación
imparcial y (D) derecho a que la decisión sea basada en el expediente.
3 LPRA sec. 9641.
CC-2022-0796 9

B.

La Ley Núm. 73-2019, supra, fue aprobada con el fin de

centralizar los procesos de compras gubernamentales de

bienes, obras y servicios, en aras de lograr mayores ahorros

fiscales y transparencia en la gestión gubernamental.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73-2019, supra; PVH

Motor v. ASG, supra, pág. 132. Cónsono con ello, se delegó

a la Administración de Servicios Generales la

responsabilidad de implementar dicha política pública y de

coordinar y dirigir el proceso de adquisición de bienes y

servicios y la contratación de servicios del Gobierno de

Puerto Rico. Íd.

Las disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, supra, aplican

a los procesos de compras y subastas de bienes, obras y

servicios no profesionales en las Entidades Gubernamentales

y Entidades Exentas. Art. 3 de la Ley Núm. 73-2019, supra,

3 LPRA sec. 9831b. Para efectos de este estatuto, una Entidad

Exenta es una “Entidad Gubernamental que no viene obligada

a realizar sus compras a través de la [ASG] […]”. Art. 4 de

la Ley Núm. 73-2019, supra, 3 LPRA sec. 9831c. No obstante,

las Entidades Exentas tienen que adoptar los métodos de

licitación y compras excepcionales y seguir los

procedimientos establecidos por la Ley Núm. 73-2019, supra,

al momento de realizar sus compras y subastas de bienes,

obras y servicios no profesionales. Íd. La AEE es una de las

entidades que la Ley Núm. 73-2019, supra, expresamente

incluye dentro de esta clasificación. Íd.
CC-2022-0796 10

Por su parte, el Art. 4 de la Ley Núm. 73-2019, supra,

define los conceptos de “servicio profesional” y “servicio

no profesional”. El mismo dispone al respecto que:

hh) Servicios no profesionales: Aquellos servicios
que no son ofrecidos por una persona natural o
jurídica con conocimientos o habilidades
especializadas a quien se le requiere poseer un
título universitario o licencia que lo acredite
como profesional especializado.
ii) Servicios profesionales: Aquellos servicios
que son ofrecidos por una persona natural o
jurídica con conocimientos o habilidades
especializadas a quien se le requiere poseer un
título universitario o licencia que lo acredite
como profesional especializado; o cuya prestación
principal consiste en el producto de la labor
intelectual, creativa o artística, o en el manejo
de destrezas altamente técnicas o especializadas.
3 LPRA sec. 9831c. (Énfasis suplido).

Además, en Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204

DPR 1010, 1022 (2020), al interpretar el concepto de

“servicio profesional” en el contexto de una cláusula de

exclusión contenida en una póliza de seguros, añadimos que:

en ausencia de una definición del término
“servicios profesionales” como parte de una
cláusula de exclusión, utilizaremos su acepción
legal. En este contexto, puntualizamos que “un
servicio profesional conlleva una vocación,
llamado, ocupación o empleo que supone, además,
algún tipo de conocimiento, labor o destreza
especializada”. La conducta profesional se destaca
porque demanda el uso de habilidades
“predominantemente intelectuales o mentales, no
físicas o manuales”. Asimismo, requiere “el uso de
discernimiento, según criterios inculcados
mediante estudios o a base de algún conocimiento
especializado”. Consiguientemente, “quedan
excluidas las actividades que envuelven
simplemente tareas físicas, manuales o
clericales”. “Por último, es importante señalar
que la exclusión de servicios profesionales no se
limita a profesiones tradicionales tales como
abogados, médicos, arquitectos e ingenieros”.
(Citas omitidas) (Énfasis suplido).
CC-2022-0796 11

C.

El Capítulo VIII de la Ley Núm. 73-2019, supra, rige

todo lo concerniente a los procesos de revisión ante la Junta

Revisora de Subastas. En lo pertinente al caso de autos, el

Art. 64 establece que:

La parte adversamente afectada por una decisión de
la Administración, de la Junta de Subastas y/o de
cualquier Junta de Subastas de Entidad Exenta
podrá, dentro del término de veinte (20) días a
partir del depósito en el correo federal o correo
electrónico notificando la adjudicación de la
subasta, presentar una solicitud de revisión ante
la Junta Revisora de la Administración de
Servicios Generales. Presentada la revisión
administrativa, la Administración y/o la Junta de
Subastas correspondiente elevará a la Junta
Revisora copia certificada del expediente del
caso, dentro de los tres (3) días naturales
siguientes a la radicación del recurso. 3 LPRA
sec. 9838a (Énfasis y subrayado suplido).

Además, el Art. 66 de la Ley Núm. 73-2019, supra, añade

que:

La Junta Revisora deberá considerar la revisión
administrativa, dentro de los treinta (30) días de
haberse presentado. La Junta Revisora podrá
extender dicho término una sola vez, por un
término adicional de quince (15) días calendario.

[…]

Si se tomare alguna determinación en su
consideración, el término para instar el recurso
de revisión judicial empezará a contarse desde la
fecha en que se depositó en el correo federal o
correo electrónico copia de la notificación de la
decisión de la Junta Revisora resolviendo la
moción.

Si la Administración o la Junta Revisora dejare de
tomar alguna acción con relación a la solicitud de
revisión dentro del término correspondiente, según
dispuesto en esta Ley, se entenderá que ésta ha
sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha
comenzará a correr el término para la revisión
judicial. 3 LPRA sec. 9838c.
CC-2022-0796 12

Cabe destacar que, en cualquier escenario dispuesto en

el inciso anterior, el Tribunal de Apelaciones es el foro

con jurisdicción para revisar estas determinaciones

administrativas por medio del proceso de revisión judicial

contemplado en la Ley Núm. 38-2017, supra. Art. 68 de la Ley

Núm. 73-2019, supra, 3 LPRA sec. 9838e.5

III

En su escrito ante nos, la AEE alega que el Tribunal de

Apelaciones erró al concluir que el recurso de revisión

judicial presentado por St. James Security era prematuro por

no incluir en la notificación de adjudicación del RFP los

términos de revisión administrativa y judicial que dispone

la Ley Núm. 73-2019, supra. A su entender, tal advertencia

era innecesaria debido a que los servicios de vigilancia y

seguridad subastados están, presuntamente, excluidos de las

disposiciones de esta ley, por tratarse de “servicios

profesionales”. Así pues, considera que el Tribunal de

Apelaciones carecía de jurisdicción para atender el recurso

de revisión judicial instado por St. James, por haberse

incumplido los términos que dispone la Ley Núm. 38-2017,

supra, para presentar el mismo.

Por su parte, la Opinión emitida por este Tribunal

coincide con dicha postura. Añade que, si bien los servicios

provistos por un guardia de seguridad licenciado no son, de

5 El Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y
Servicios No Profesionales de la ASG, Reglamento Núm. 9230 de 18 de
noviembre de 2019 recoge estos procesos de revisión administrativa y
judicial.
CC-2022-0796 13

ordinario, “servicios profesionales” para efectos de la Ley

Núm. 73-2019, supra,6 las cualificaciones añadidas por la

AEE al RFP sí tienen el efecto de incluirlos bajo esta

categoría. Discrepo de dicha apreciación.

Un examen del RFP publicado por la AEE refleja que la

entidad buscaba contratar servicios de seguridad y

vigilancia para ciertas Centrales de Generación reguladas

por las disposiciones federales contenidas en el Título 33

del Code of Federal Regulations. Debido a ello, el personal

de seguridad a contratarse tenía que satisfacer una variedad

de requisitos, incluyendo:

6 Con respecto a los requisitos para obtener una licencia de guardia de
seguridad privado, el Artículo 4 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de
1965, según enmendada, conocida como Ley para Regular las Profesiones
de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, 25 LPRA
sec. 285c, dispone, en lo pertinente, que se deberá cumplir con lo
siguiente:
(e) Haber aprobado un curso de adiestramiento de por lo
menos cuatro (4) semanas ofrecido por la Academia de la
Policía y cualquier agencia que vaya a utilizar sus
servicios.
(f) Los guardias de seguridad deberán cumplir con seis
(6) horas en adiestramientos de educación continua cada
dos (2) años, al momento de renovar su licencia. Cuatro
(4) de las horas antes requeridas de educación
continua, deberán ser recibidas compulsoriamente en la
Academia de la Policía o su entidad sucesora en cursos
diseñados y ofrecidos por la mencionada agencia.
(g) Los adiestramientos tendrán, sin limitarse, el
siguiente contenido:
(i) Las disposiciones de esta Ley.
(ii) Las Reglas 11 y 12 de Procedimiento Criminal.
(iii) Código Penal vigente.
(iv) Ley 404-2000, conocida como “Ley de Armas de
Puerto Rico”.
(v) Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida
como “Ley para la Prevención e Intervención con la
Violencia Doméstica”.
(vi) Derechos civiles.
(vii) Jurisprudencia sobre los temas anteriores.
CC-2022-0796 14

Poseer la Transportation Worker Identification
Card (TWIC) vigente previo al comienzo de los
servicios.7
Aprobar, previo al comienzo de los servicios, la
evaluación que realiza el Oficial de Instalación
designado.
Conocimiento básico de español e inglés, tanto
oral como escrito. La Autoridad se reserva el
derecho de hacer pruebas de comunicación oral a
los guardias de seguridad pare comprobar el
conocimiento de los dos idiomas.
Demostrar eficiencia en la redacción de Informes
tanto en español como en inglés. La Autoridad se
reserva el derecho de administrar pruebas escritas
para verificar el cumplimiento de este requisito.
La compañía de seguridad proveerá los
adiestramientos necesarios y el FSO (Facility
Security Officer) aprobará lo mismos bajo el
Código 105.210 (Facility Personnel with Secuirity
Duties). [33 CFR 105.210].8

7 La Credencial de Identificación de Trabajador de Transporte (TWIC, por
sus siglas en inglés) es requerida por la Ley de Seguridad del Transporte
Marítimo para trabajadores que necesiten accesar áreas seguras en
instalaciones/buques marítimos, entre otros. Para expedirla, la
Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en
inglés) lleva a cabo una evaluación de amenaza de seguridad (background
check). Véase:
https://tsaenrollmentbyidemia.tsa.dhs.gov/programs/twic?lang=es (última
visita, 29 de noviembre de 2023).
8 El Título 33 del Code of Federal Regulations, que trata sobre
“Navigation and Navigable Waters”, dispone en su Sección 105.210 lo
siguiente:
Facility personnel responsible for security duties must
maintain a TWIC, and must have knowledge, through
training or equivalent job experience, in the
following, as appropriate:
(a) Knowledge of current security threats and patterns;
(b) Recognition and detection of dangerous substances
and devices;
(c) Recognition of characteristics and behavioral
patterns of persons who are likely to threaten
security;
(d) Techniques used to circumvent security measures;
(e) Crowd management and control techniques;
(f) Security related communications;
(g) Knowledge of emergency procedures and contingency
plans;
(h) Operation of security equipment and systems;
(i) Testing, calibration, and maintenance of security
equipment and systems;
(j) Inspection, control, and monitoring techniques;
(k) Relevant provisions of the Facility Security Plan
(FSP);
(l) Methods of physical screening of persons, personal
effects, baggage, cargo, and vessel stores; and
CC-2022-0796 15

Presentar evidencia de haber tomado los siguientes
adiestramientos:

1. Uso y Manejo de Armas de Fuego - tendrá que
presentar certificado anual de una armería o
instructor de tiro certificado y además estar
adscrito a un polígono.

2. Amenaza o Hallazgos de Artefactos Explosivos -
Reconocer y detectar sustancias y dispositivos
peligrosos y reconocer comportamiento de personas
que puedan representar amenaza a la seguridad.
Deberá presentar certificado de la Policía de
Puerto Rico.

3. Registro de Vehículos y Personas - deberá
presentar certificado de la Policía de Puerto
Rico.

4. Manejo y Técnicas de control de grupos.

5. Uso de Radio de Comunicación.

6. Procedimiento de Manejo de Emergencias y Planes
de Emergencia. (Énfasis suplido).9

Contrario a lo dispuesto en la Opinión emitida por este

Tribunal, un análisis de estos requerimientos refleja que

los mismos no tienen el efecto de convertir los servicios

solicitados en unos altamente técnicos o especializados.

Ello pues, no estamos ante servicios ofrecidos por personas

con conocimientos o habilidades especializadas a quienes se

les requiera poseer un título universitario o licencia que

los acredite como tal o cuya prestación principal consista

en el producto de una labor intelectual, creativa o

artística, o por medio de destrezas altamente técnicas o

(m) The meaning and the consequential requirements of
the different MARSEC Levels.
(n) Familiar with all relevant aspects of the TWIC
program and how to carry them out. 33 C.F.R. sec.
105.210.

9 Apéndice del Alegato de la parte peticionaria, págs. 114-118.
CC-2022-0796 16

especializadas. Art. 4 de la Ley Núm. 73-2019, supra, 3 LPRA

sec. 9831c.

Por el contrario, las tareas en cuestión son unas

inherentemente físicas o manuales. Así se desprende del

Manual para el guardia de seguridad y vigilancia de

dependencias anejado al RFP, el cual contempla entre las

labores para estos servidores las siguientes: (1) requerir

a los empleados que presenten sus tarjetas de identificación

para poder entrar a los predios; (2) mantener un registro de

empleados y visitantes; (3) orientar al personal y

visitantes sobre las áreas de estacionamiento; (4) comunicar

cualquier situación sospechosa que atente contra la vida o

el interés de la AEE; (5) coordinar toda visita con la

persona interesada y anotar en el registro la autorización,

entre otras tareas afines.10

En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que

los servicios de seguridad y vigilancia procurados por la

AEE son “servicios no profesionales” para efectos de la Ley

Núm. 73-2019, supra, y que, por tanto, la entidad tenía la

obligación de cumplir con las disposiciones de esta

legislación al procurar los mismos. En particular, la AEE

debió advertir a los licitadores de los procesos de revisión

administrativa y judicial que tenían a su haber al amparo

del citado estatuto, y no tan solo los dispuestos en la Ley

Núm. 38-2017, supra. Al no haberlo hecho, la notificación de

10 Apéndice del Certiorari, págs. 141-143.
CC-2022-0796 17

adjudicación cursada por la agencia fue una evidentemente

defectuosa. En consecuencia, el recurso de revisión instado

por St. James Security ante el Tribunal de Apelaciones fue

prematuro.

La postura que hoy asume este Tribunal pudiese tener el

efecto indeseable de que otras Entidades Exentas añadan

requisitos inmeritorios a sus Requerimientos de Propuestas,

con el fin de intentar convertir los servicios solicitados

en “servicios profesionales” para efectos de la Ley Núm. 73-

2019, supra, y así evadir el cumplimiento de las

disposiciones de esta importante legislación. Debemos

recordar que la Ley Núm. 73-2019, supra, fue creada con el

propósito de asegurar que los fondos del Gobierno de Puerto

Rico se utilicen de manera justa, imparcial, abierta y

transparente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73-2019,

supra. Por lo cual, debemos ser sumamente cautelosos al

momento de evaluar si una entidad está exenta o no de cumplir

con sus disposiciones al momento de adquirir bienes y

servicios con fondos públicos. En este caso, considero que

fallamos en llevar a cabo dicha tarea.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente

disiento de la Opinión emitida por esta Curia. En este caso,

procedía que se confirmara la decisión del Tribunal de

Apelaciones.

Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada