Villas De Humacao Ltd v. Mapfre Praico Insurance Company

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL XI

VILLAS DE HUMACAO Certiorari procedente del
LTD Y OTROS Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior
Demandante Recurrida de Humacao

KLCE202301225 Caso Núm.:
HU2019CV01348
v. Sala: (Salón 208)

Sobre:
Daños, Seguros
MAPFRE PRAICO Incumplimiento
INSURANCE COMPANY Aseguradoras Huracanes
Irma/María, Sentencia
Demandada Peticionaria Declaratoria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

Comparece MAPFRE Praico Insurance Company (MAPFRE o

peticionario) vía petición de certiorari a fin de solicitar una la

Revocación de una Resolución emitida el 1 de noviembre de 2023 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Mediante

el referido dictamen, el foro primario declaró no ha lugar a una Solicitud

de Orden Protectora al amparo de la Reglas 27.6 de Procedimiento

Civil (32 LPRA Ap. V, R. 23.2) presentada por la parte peticionaria.

Villas de Humacao LTD, Almaco Capital Corp., Attenure

Holdigs Trust 2 y HRH Property Holdigs LLC instaron una demanda

contra MAPFRE Praico Insurance Company a los fines de cobrar la

indemnización del seguro por las pérdidas causadas tras el paso del

huracán María en Puerto Rico. En dicha reclamación solicitaron la

Número Identificador

SEN2023 _______________
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compensación por daños y perjuicios por alegado incumplimiento

contractual, dolo y mala fe.

Luego de una serie de incidencias procesales, los recurridos

cursaron a MAPFRE un Primer Pliego de Interrogatorios y un

Requerimiento para la producción de documentos. Como respuesta, la

parte peticionaria contestó parcialmente los mismos y formuló una serie

de objeciones fundamentadas en impertinencia, amplitud excesiva y

confidencialidad por razón del privilegio de secreto de negocio. En

desacuerdo con tales argumentos, la parte recurrida remitió a la

aseguradora un escrito intitulado Objeción a Contestación de Mapfre

al Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción

(Regla 34.1 de Procedimiento Civil). En éste argumentó que las

contestaciones de MAPFRE no eran responsivas y que la

documentación provista se encontraba incompleta.

Posteriormente, la parte recurrida presentó un Aviso de Toma de

Deposición Bajo la Regla 27.6 de Procedimiento Civil. En

consecuencia, MAPFRE cursó una carta objetando los temas sujetos al

examen de deposición por entender que éstos resultaban impertinentes

a la controversia y por constituir materia privilegiada bajo el secreto de

negocio. En particular, rehusó divulgar la información relacionada con

(1) los pagos e incentivos de sus ajustadores, ingenieros o contratista,

(2) los documentos y comunicaciones sobre el reaseguro de

reclamación, (3) la información de las reservas y (4) los procesos

relacionados con la suscripción de pólizas.

Luego de una serie comunicaciones extrajudiciales, MAPFRE

presentó una Solicitud de Orden Protectora al amparo de la Regla 23.2

de Procedimiento Civil. En particular, reiteró que la información
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solicitada resultaba impertinente a la controversia. Contendió que dicho

material no era divulgable por estar sujeto al privilegio de secreto

negocio. Respectivamente, la parte recurrida presentó su Oposición a

Solicitud de Orden Protectora y en Solicitud para Compeler

Descubrimiento. En dicho escrito alegó que MAPFRE no invocó con

éxito el privilegio secreto negocio. Igualmente sostuvo que la

información requerida configura materia pertinente a la controversia.

Tras evaluar la petición referida, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución declarando ha lugar el descubrimiento de prueba

solicitado. Determinó que MAPFRE no cumplió con el estándar de

especificidad para invocar el privilegio secreto de negocio a tenor con

criterio jurisprudencial adoptado en Ponce Adv. Med. v. Santiago, 197

DPR 891 (2017). Oportunamente, la parte peticionaria sometió una

Moción de Resolución Parcial. En este documento, solicitó que no se

permitiese el descubrimiento de prueba de las reservas y la estructura

de compensación por entender que dicha información no es pertinente

a la controversia de la causa de acción instada en su contra. En

consecuencia, el foro recurrido determinó no ha lugar a su petición.

Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria acudió

ante este Tribunal mediante Petición de Certiorari. En su recurso

argumentó que las materias solicitadas constituyen información

impertinente a la controversia. Además, resaltó que la información

requerida goza de la protección del privilegio de secreto de negocio y

configura materia sensitiva que de divulgarse afectaría derechos de

terceros. Por su parte, los recurridos presentaron su Oposición a la

Expedición de Petición de Certiorari. En dicho escrito plantearon que

el foro apelativo carece de jurisdicción para atender los señalamientos
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de la aseguradora bajo el fundamento de que ésta sometió la Solicitud

de Reconsideración Parcial circunscrita a los siguientes aspectos: (1)

las reservas y (2) la estructura de compensación. Por lo anterior, señaló

que venció el término para revisar apelativamente los asuntos no

planteados en la aludida reconsideración.

Como es sabido, el certiorari es un recurso extraordinario

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su

discreción una determinación de un tribunal inferior. Orthopedics Prod.

Of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994 (2021), Art. 670

del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como Ley de

Recursos Extraordinarios (32 LPRA sec. 3491). La característica

distintiva de este recurso “se asienta en la discreción encomendada al

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”.

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR 65; IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, el

ejercicio de esta discreción no es absoluto. A esos fines, la Regla 52.1

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1) nos concede la

facultad para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias cuando se

recurra de decisiones sobre asuntos relativos a privilegios evidenciarios

o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA

Ap. XXII-B) delimita los criterios para la expedición de un auto de

certiorari. Entre otros extremos, la precitada regla establece que el

tribunal considerará (1) si el remedio y la disposición de la decisión

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho,

(2) si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis
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del problema, (3) si la etapa del procedimiento en que se presenta el

caso es la más propicia, o (4) si la expedición del auto evita un fracaso

de la justicia. (4 LPRA Ap. XXII-B). Tales criterios orientan la función

del tribunal apelativo intermedio para ejercer sabiamente su facultad

discrecional. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. A su

vez, la aludida regla permite que el análisis del foro apelativo

intermedio no se efectúe en el vacío ni se aparte de otros parámetros al

momento de considerar los asuntos planteados. Rivera Gómez v. Arcos

Dorados Puerto Rico, supra; 800 Ponce de León v. American

International, 205 DPR 163 (2020).

Por otro lado, una moción de reconsideración al amparo de la

Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 47) deberá

exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el

derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse.

Morales y Otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014). La solicitud

de reconsideración que no exhiba tales criterios de especificidad será

declarada sin lugar y se entenderá que no interrumpió el término para

recurrir. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989 (2015). Según

el tratadista Cuevas Segarra, “salvo mociones escuetas y sin

fundamentos de clase alguna, una moción que razonablemente

cuestiona la decisión y la cual fundamenta su planteamiento, será

suficiente para cumplir con la regla”. Morales y Otros v. The Sheraton

Corp., supra, pág. 9 (citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág.

1371).

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico opera la norma

general de un descubrimiento de prueba amplio y liberal. Cruz Flores
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v. Hospital Ryder Memorial Inc., 210 DPR 465 (2022). Véase, también,

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000). El descubrimiento

de prueba persigue los siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en

controversia; (2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio,

evitando así sorpresas en esta etapa de los procedimientos; (3) facilitar

la búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar evidencia. Rivera y otros v.

Bco. Popular, supra (citando a Wright, Miller & Marcus, Federal

Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2001, 1994). Las partes así

pueden prepararse para el juicio, de forma tal que tienen la oportunidad

de obtener la evidencia necesaria para evaluar y resolver las

controversias del caso. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra (citando a

Moore's Federal Practice: 3d Sec. 26.02, 1997).

Ahora bien, el descubrimiento de prueba no es ilimitado. Alfonso

Brú v. Trane Export, Inc. 155 DPR 158 (2001). La Regla 23.1 de

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R 23.1) dispone que las partes

podrán hacer descubrimiento de prueba sobre cualquier materia que no

sea privilegiada y que sea pertinente al asunto en controversia. El

criterio para medir la pertinencia bajo estas reglas es más amplio que el

utilizado para resolver problemas de admisibilidad de prueba bajo las

Reglas de Evidencia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210

(1982). Basta con que exista una posibilidad razonable de relación con

el asunto en controversia. General Electric v. Concessionaires, Inc.,

118 DPR 32 (1986).

En cuanto a la materia privilegiada de la Regla 23.1 (a) de

Procedimiento Civil, “se trata exclusivamente de los privilegios

reconocidos en las Reglas de Evidencia”. ELA v. Casta, 162 DPR 1, 10

(2004). Por tanto, “en ausencia de un privilegio específico reconocido
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por nuestro ordenamiento jurídico, no procede objeción alguna a un

descubrimiento de prueba bajo ese fundamento”. García Rivera et al.

v. Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001). No obstante, el privilegio no se

concederá automáticamente, por lo que, se reconocerá solo cuando se

invoque de manera certera y oportuna. Ponce Adv. Med. v. Santiago

González, 197 DPR 891, 900 (2017). La Regla 518 de Evidencia (32

LPRA Ap VI, R. 508) preceptúa que “[l]as reglas de privilegios se

interpret[e]n restrictivamente en relación con cualquier determinación

sobre la existencia de un privilegio”. Pagan v. First Hospital, 189 DPR

509 (2013). Por tanto, una parte que se considere acreedora de una

materia de naturaleza privilegiada deberá una vez se solicite dicha

información: (1) objetar la producción de los documentos, las

comunicaciones o los objetos requeridos; (2) indicar expresamente el

privilegio específico que pretende invocar; (3) exponer con

particularidad los hechos concretos en los que se basa la aplicabilidad

del privilegio; (4) fundar con claridad la existencia de los elementos

legales del privilegio. Ponce Adv. Med. v. Santiago González, supra.

Véase, también, Regla 23.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).

Le compete al foro primario aquilatar si la información satisface los

elementos del privilegio. Id. En estos casos, el tribunal efectuará una

inspección en cámara de la materia en cuestión. Id.

Cónsono con lo anterior, los tribunales de instancia tienen amplia

discreción para regular el ámbito del descubrimiento de prueba, pues es

su obligación garantizar una solución justa, rápida y económica del

caso, sin ventaja para ninguna de las partes. Rivera y otros v. Bco.

Popular, supra. Véase también, McNeil Healthcare, LLC v. Municipio

de Las Piedras, supra. A tales fines, existe el mecanismo de la orden
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protectora, con el propósito de proteger a la parte o persona con relación

a la cual se utiliza el descubrimiento de “hostigamiento, perturbación u

opresión, así como cualquier gasto o molestia indebida”. Alfonso Bru

v. Trane Export, Inc., supra, pág. 168 (citando a Regla 23.2 de

Procedimiento Civil, 23 LPRA Ap. III. 10). Mediante dicho mecanismo

“se elude la posibilidad de que cualquiera de las partes abuse de la

utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba”. Rivera y

otros v. Banco Popular, supra. pág. 154.

En el caso presente no es correcto que el Tribunal carezca de

jurisdicción para atender las controversias del descubrimiento de

prueba relacionadas con la información de (1) los reaseguros y (2) la

suscripción de póliza por no haber sido materia objeto de la Moción de

Reconsideración Parcial. Tras evaluar el derecho aplicable,

resolvemos que ostentamos jurisdicción para atender los cuatro

planteamientos esbozados por MAPFRE. La parte peticionaria sometió

oportunamente una moción de reconsideración con suficiente

particularidad y especificidad sobre los hechos y el derecho en cuestión,

por lo cual interrumpió correctamente el término para recurrir a este

foro intermedio. Nos encontramos en una etapa propicia para revisar la

resolución interlocutoria de conformidad a los parámetros de la Regla

52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones.

En lo concerniente a las materias sujetas al descubrimiento de

prueba, en primera instancia no es verdad que -como pretende

MAPFRE- el Tribunal de Primera Instancia haya incidido al permitir el

descubrimiento de prueba en torno a las reservas. Luego de evaluar la

naturaleza de la demanda instada por los recurridos, es claro que el

carácter amplio y liberal del descubrimiento de prueba permite
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determinar que la evidencia en cuanto a estas tiene la posibilidad de

hacer más o menos probable la causa de acción sobre daños instada; en

particular podría arrojar información relacionada con los argumentos

de dolo y mala fe, por lo cual resulta susceptible de ser sujeta al

descubrimiento de prueba, aunque de manera contenida y vinculada a

los hechos particulares del caso.

Por otra parte, luego de revisar los temas 13, 32 y 33 objeto del

Aviso de Toma de Deposición, es claro que igual procede el

descubrimiento de prueba en materia de reaseguro, aunque de modo

limitado. Es decir, corresponde también al foro primario delimitar el

requerimiento de dicha información a los asuntos vinculados

directamente con la reclamación de los recurridos, para así evitar

dilación indebida en el proceso de descubrimiento de prueba.

En cuanto al asunto de la suscripción, consideramos los temas

23-31 del Aviso de Toma de Deposición relacionados con la suscripción

y determinamos, nuevamente, que dicho descubrimiento es relevante a

la causa de acción. De hecho, la aseguradora peticionaria así lo

reconoce cuando expresa que su divulgación resulta pertinente ante las

alegaciones mala fe. Véase Petición de Certiorari, pág. 15. No

obstante, igualmente determinamos que el foro primario debe delimitar

dicha información a la reclamación en controversia. Además, debe

evaluar cuál asunto del requerimiento de la suscripción pudiera

constituir materia confidencial en el examen correspondiente. Ponce

Adv. Med. v. Santiago González, supra.

Por último, resolvemos que la divulgación de información de

pagos de tercero y la estructura de compensación resultan impertinentes

a la causa. Tras examinar las alegaciones de la acción instada, es claro
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que dicha información no resulta relevante a la adjudicación de la

controversia. A la vez, su divulgación provocaría una intromisión

indebida sobre terceros ajenos al litigio y dilataría onerosamente la

solución del pleito. Por tanto, resolvemos que en este punto erró el foro

primario al ordenar la divulgación de dicha materia.

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari solicitado, confirmamos en parte la Resolución recurrida con

las modificaciones que surgen de esta Sentencia y revocamos en parte,

según dispuesto en la misma. En consecuencia, devolvemos el pleito al

Tribunal de Primera Instancia para que adjudique la orden protectora

solicitada conforme a los lineamientos de la presente Sentencia y

proceda con los procesos del litigio.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones