Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL I
MILAGROS SANTIAGO CERTIORARI
ALVERIO procedente del Tribunal
de Primera Instancia,
Recurrida KLCE202300102 Sala Superior de
Humacao
v.
Caso núm.:
HU2021CV00227
OSNET WIRELESS,
CORP. Sobre: Represalias en el
Empleo (Ley núm. 115
Peticionaria de 20 de diciembre
de 1991)
Discrimen por Origen
Nacional (Ley núm. 100
de 30 de junio de 1959)
Despido Injustificado
(Ley núm. 80 de 30 de
mayo de 1976)
Procedimiento Sumario
(Ley núm. 2 de 17 de
octubre de
1961)
Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.
Rivera Torres, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.
Comparece ante este tribunal apelativo Osnet Wireless Corp.
(en adelante la parte peticionaria) mediante el recurso de Certiorari
de epígrafe solicitando nuestra intervención, a los fines de que
dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (el TPI), el 19 de enero
de 2023, debidamente notificado a las partes al día siguiente.
Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la
solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria.
El presente recurso fue acompañado con una Moción de
Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización de los
Número Identificador
RES2023_______________________
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procedimientos por estar pautado el comienzo del juicio en su fondo
para el 22 de febrero de 2023.
Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la
expedición del presente recurso de certiorari y declaramos No Ha
Lugar a la moción en auxilio de jurisdicción.
I.
El 9 de marzo de 2021, la Sra. Milagros Santiago Alverio (en
adelante la señora Santiago Alverio o la parte recurrida) presentó
una Querella por violaciones a distintas leyes laborales. Además, se
acogió al procedimiento especial de carácter sumario establecido en
la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32
LPRA sec. 3118 et seq., (en adelante Ley núm. 2). En esencia, esta
alegó que trabajó para la parte peticionaria desde el 4 de marzo de
2013 hasta el 16 de marzo de 2020 y que su despido fue uno sin
justa causa.
En lo aquí pertinente, la parte peticionaria presentó el 30 de
septiembre de 2022 una Moción de Sentencia Sumaria en la cual, en
apretada síntesis, señaló que el despido de la señora Santiago
Alverio fue parte de una reorganización bona fide que la empresa
realizó ante la pandemia de COVID-19 y para enfrentar los cambios
en las necesidades de sus operaciones. En la referida moción se
propuso cincuenta y seis (56) hechos, los cuales a su entender no
estaban en controversia. Asimismo, acompañó su solicitud con tres
(3) anejos.
Luego de varias prórrogas, el 9 de enero de 2023 la parte
recurrida instó su oposición al petitorio sumario. En esencia, indicó
que existe controversia sobre la razón del despido y consignó cuatro
(4) hechos que a su entender no están en controversia. La referida
moción estuvo acompañada de cuatro (4) exhibits. El 11 de enero
siguiente presentó la enmienda a la oposición acompañada de
veinticinco (25) exhibits.
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El 20 de enero de 2023 el TPI emitió el dictamen recurrido en
el cual declaró No Ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria y
mantuvo el señalamiento del juicio en su fondo para los días 22 y
23 de febrero de 2023. Asimismo, en cumplimento con la Regla 36.4
de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, esbozó los
hechos incontrovertidos; así como los que están en controversia.
Inconforme con dicha decisión, la parte peticionaria acude
ante este foro intermedio mediante el recurso de certiorari de
epígrafe señalando que el TPI incurrió en los siguientes errores:
ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL
PERMITIR Y CONSIDERAR EN SU RESOLUCIÓN LA
OPOSICIÓN QUE LA SRA. SANTIAGO ALVERIO
PRESENTÓ A DESTIEMPO Y SIN JUSTA CAUSA.
ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL
EXCLUIR CUARENTA Y OCHO (48) HECHOS
RELACIONADOS Y SUSTENTADOS POR OSNET AUN
CUANDO ESTOS FUERON CONTROVERTIDOS DE
CONFORMIDAD CON LA REGLA 36.3 DE
PROCEDIMIENTO CIVIL.
ERRÓ EL TPI AL NO APLICAR LOS HECHOS
INCONTROVERTIDOS AL DERECHO Y DESESTIMAR
LA QUERELLA.
Examinado el recurso presentado, determinamos prescindir
del escrito en oposición. Regla 7 del Reglamento de Apelaciones, 4
LPRA Ap. XXII-A, R. 7)
Así, analizados el recurso y el expediente apelativo; así como
estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.
II.
Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal
intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla
52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. En lo
aquí pertinente, esta dispone que el recurso de certiorari para revisar
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
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dispositivo. Sin embargo, aún cuando un asunto esté comprendido
dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con la
Regla 52.1, supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad
revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados
en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se
justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación,
este tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari.
Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por
supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de
parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera
Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). Precisa
recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de
razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una
conclusión justiciera. [Cita omitida].” SLG Zapata-Rivera v. J.F.
Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Así pues, se ha
considerado que la discreción se nutre de un juicio racional
cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no
es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.
[cita omitida].” Íd.
A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,
enumera los criterios que debemos considerar al momento de
determinar si procede que expidamos el auto discrecional certiorari.
I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla establece lo
siguiente:
El Tribunal tomará en consideración los siguientes
criterios al determinar la expedición de un auto de
certiorari o de una orden de mostrar causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el
Tribunal de Primera Instancia.
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(D) Si el asunto planteado exige consideración más
detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
caso es la más propicia para su consideración.
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia.
Estos criterios sirven de guía para poder determinar, de
manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la
etapa del procedimiento en que se encuentra el mismo. Torres
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por otro lado,
el ejercicio de las facultades del Tribunal de Primera Instancia
merece nuestra deferencia, por tanto, solo intervendremos con el
ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias que se
demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o
parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se
equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de
derecho sustantivo. Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510, 523 (2006);
Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 154
(2000).
No empece lo anterior, al tratarse el presente pleito de un
procedimiento especial, al amparo de la Ley núm. 2, se hace preciso
remitirnos a lo expuesto en dicha ley y la jurisprudencia
interpretativa. Este estatuto provee un procedimiento sumario para
las reclamaciones laborales de obreros y empleados contra sus
patronos, relacionados a salarios, beneficios y otros derechos
relativos al ámbito laboral. El alcance de dicha ley se ha extendido
a procesos judiciales relacionados con reclamaciones por: “(1)
cualesquiera derechos o beneficios laborales; (2) cualesquiera
sumas en concepto de compensación por trabajo o labor realizado;
(3) cualesquiera compensaciones en caso de que dicho obrero o
empleado hubiese sido despedido de su empleo sin justa causa, o
(4) cuando el Legislador lo haya dispuesto expresamente al aprobar
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otras leyes protectoras de los trabajadores.” Rivera v. Insular Wire
Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).
En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza
sumaria de este procedimiento responde a la política pública de
“abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso
posible para el obrero.” Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147
DPR 483, 492 (1999). Por ello, en aras de preservar el carácter
sumario del procedimiento, el Tribunal Supremo ha interpretado
que las resoluciones interlocutorias que se emiten al amparo de la
Ley 2 no son revisables, excepto en las instancias siguientes: (1)
cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en
situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso por
completo; y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una grave
injusticia. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171
(2001); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006);
Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014) y Medina Nazario v. McNeil
Healthcare LLC, 194 DPR 723, 733 (2016). Las resoluciones
interlocutorias que cumplen con alguna de estas excepciones serán
revisables discrecionalmente mediante la presentación de un
recurso de certiorari.
La razón de ser de esta norma general de abstención es evitar
dilaciones que normalmente las revisiones de determinaciones
interlocutorias conllevan, lo que precisamente derrotaría el fin
perseguido por el procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles
Shipping, Inc., supra, a la pág. 498.
III.
En síntesis, la parte peticionaria señaló que el foro recurrido
erró al no analizar los escritos de las partes conforme a los criterios
establecidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil y su
jurisprudencia interpretativa. Hemos evaluado la resolución
recurrida, y si bien constituye un dictamen denegatorio de una
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moción dispositiva, analizada la misma bajo el crisol de la Regla 40
de nuestro Reglamento, supra, resolvemos no intervenir.
Como indicamos, en el contexto de un proceso sumario bajo
la Ley núm. 2, la regla general, con limitadas excepciones, es la no
revisión de dictámenes interlocutorios por este tribunal. Como
señalamos, esta norma general solamente admite excepción cuando
el TPI ha actuado sin jurisdicción o “en casos extremos en que la
revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso … en forma
definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar
una ‘grave injusticia’”. Íd. En este caso, no surge del expediente que
lo actuado por el TPI genere un “fracaso de la justicia”, de tal modo
que estemos ante una situación extrema, o grave injusticia, que
amerite nuestra intervención.
En resumen, considerando los factores de la Regla 40, supra,
particularmente a la luz de la norma general de no revisión de
dictámenes interlocutorios en casos que se conducen sumariamente
bajo la Ley núm. 2, hemos concluido que debemos denegar el auto
solicitado. Destacamos que el presente caso tiene el juicio en su
fondo pautado para los días 22 y 23 de febrero del presente año lo
que implica, al tenor de la antedicha norma, que nuestra
intervención, en esta etapa, podría ocasionar una dilación
innecesaria e indeseable de los procedimientos.
La Secretaría del Tribunal de Apelaciones procederá al
desglose de los apéndices de esta causa a la parte peticionaria para
su uso posterior, de así interesarlo.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la
expedición del presente recurso de certiorari y declaramos No Ha
Lugar a la moción en auxilio de jurisdicción.
Notifíquese inmediatamente.
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
Secretaria del Tribunal de Apelaciones