Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL V
LUIS HIRAM QUIÑONES Revisión
SANTIAGO Administrativa
procedente del
Recurrente Departamento de
KLRA202300051 Corrección y
v. Rehabilitación
DEPARTAMENTO DE
CORRECCIÓN Y Sobre:
REHABILITACIÓN Alteración de
Documentos y otros
Recurrido
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard
Santiago Calderón, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.
Comparece ante nos el señor Luis Hiram Quiñones Santiago
(señor Quiñones Santiago o recurrente), por derecho propio y en
forma pauperis, mediante el recurso de epígrafe presentado el 30 de
enero de 2023.
Por los fundamentos que exponemos a continuación,
desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.
I.
Según surge del expediente, el señor Quiñones Santiago se
encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y
Rehabilitación (DCR) extinguiendo una pena de noventa y nueve (99)
años con noventa (90) días de reclusión. La sentencia fue dictada el
6 de octubre de 1994 por los delitos de asesinato en primer grado,
asesinato en segundo grado, apropiación ilegal agravada, tentativa
de asesinato, conspiración, daños agravados y violación a la Ley de
Armas.
En su escrito, el señor Quiñones Santiago aduce que ha
identificado un patrón de alteración de documentos que obran en
Número Identificador
SEN2023 _________
KLRA202300051 2
su expediente. En síntesis, refiere que algunos documentos
contienen fechas, nombres y direcciones incorrectas. Además, alega
que otros documentos tienen información incompleta que puede
inducir a error y afectar su proceso de evaluación ante la Junta de
Libertad Bajo Palabra. Por ello, el recurrente solicita que este
Tribunal de Apelaciones adjudique responsabilidad por presunta
falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y
traspaso de documentos falsificados.
Luego de evaluar el escrito del señor Quiñones Santiago, así
como los documentos unidos al mismo, prescindimos de la
comparecencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación,
por conducto de la Oficina del Procurador General1, y procedemos a
resolver.
II.
-A-
La Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según
enmendada (en adelante, LPAU)2, define el ámbito de la revisión
judicial. En la sección 4.2, expresamente dispone que solamente
órdenes o resoluciones finales dictadas por las agencias o
funcionarios administrativos pueden ser revisadas judicialmente.
Dicha sección señala lo siguiente:
Una parte adversamente afectada por una orden o
resolución final de una agencia y que haya agotado todos
los remedios provistos por la agencia o por el organismo
administrativo apelativo correspondiente podrá presentar
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
dentro de un término de treinta (30) días contados a partir
de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este
título […].
1 Véase la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que nos
permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el
propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. Véase, 4 LPRA Ap.
XXII-B, R. 7(B)(5).
2 3 LPRA secs. 9601 et seq.
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Una orden o resolución interlocutoria de una agencia,
incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente3.
(Énfasis suplido).
De lo anterior, podemos colegir que la norma requiere que se
agoten todos los remedios provistos por la agencia o por el
organismo administrativo correspondiente antes de acudir a un
tribunal revisor, y que la base para la revisión judicial ulterior sea
la orden o resolución final de la agencia.
Con relación al requisito de agotar remedios, la sección 4.3
permite que el tribunal releve a la parte de agotar los remedios
administrativos si se dan ciertos requisitos. Dicha disposición legal
expresa que:
El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener
que agotar alguno o todos los remedios administrativos
provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o
cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño
irreparable al promovente y en el balance de intereses no se
justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la
violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando
sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación
excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro
de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia
administrativa4.
Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales tenemos
la obligación de examinar nuestra jurisdicción, independientemente
de que la cuestión haya sido planteada anteriormente o no5. La falta
de jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal puede
arrogársela cuando no la tiene6. Una vez el tribunal determina que
no tiene jurisdicción procede la inmediata desestimación del
recurso7.
3 3 LPRA sec. 9672.
4 Seccón 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9673.
5 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001); Medio Mundo, Inc.
v. Rivera, 154 DPR 315 (2001); Vázquez v. Administración de Reglamentos y
Permisos, 128 DPR 513, 537 (1991) y Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos,
121 DPR 522 (1988).
6 Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75, 84 (1996); Vázquez v. Administración de
Reglamentos y Permisos, supra; Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, supra.
7 S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).
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III.
En su escueto escrito, el señor Quiñones Santiago alega que
ha identificado un patrón de alteración de documentos que obran
en su expediente del DCR. Aduce que algunos documentos
contienen información incorrecta o incompleta.
Conforme al derecho antes expuesto, la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, supra, nos
faculta para revisar órdenes o resoluciones finales dictadas por
agencias o funcionarios administrativos. No obstante, lo anterior no
es una norma absoluta. Ciertamente, existen escenarios en los que
se releva al promovente de agotar los remedios administrativos por
consideraciones de justicia o dilaciones innecesarias.
En este caso, no surge que el señor Quiñones Santiago haya
solicitado remedio administrativo alguno ante el DCR ni existe una
determinación adjudicativa final que podamos revisar. Tampoco el
recurrente ha demostrado que se configure alguna de las
excepciones contempladas en la LPAU, supra, para que se le releve
de agotar los remedios administrativos. En consecuencia, este
Tribunal no tiene justificación alguna para atender el reclamo del
recurrente sin que este primero acuda ante el DCR. Por lo que este
Tribunal, al carecer de jurisdicción para atender el asunto, solo
puede desestimar el recurso.
IV.
Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el
recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.
Notifíquese.
Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones