Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL V
IVELISSE IRIZARRY ORTIZ Y Certiorari
OTROS procedente del
Tribunal de Primera
Recurrido Instancia, Sala
Superior de
KLCE202300068 Mayagüez
v.
Caso Núm.:
HÉCTOR L. VALENTÍN COLÓN MZ2018CV00239
Y OTROS
Peticionarios Sobre: Daños y
Perjuicios
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard
Santiago Calderón, Jueza Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.
Comparece ante nos Universal Insurance Company
(Universal), Héctor L. Valentín Colón (señor Valentín Colón) y Héctor
J. Valentín Lugo (señor Valentín Lugo) (en conjunto, parte
peticionaria) mediante petición de Certiorari y nos solicitan la
revocación de la Resolución y Orden emitida el 23 de noviembre de
2022 y notificada el 1 de diciembre de 2022 por el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI o foro primario). Mediante
el referido dictamen, el foro primario ordenó la eliminación de la
sexta defensa afirmativa de la contestación a la demanda
enmendada, conforme la Regla 10.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V y prohibió in limine la presentación de cualquier prueba
durante el juicio en su fondo conducente a otros terceros.
El 23 de enero de 2023, la parte peticionaria presentó el
recurso de Certiorari que nos ocupa junto a una Moción en Auxilio
de Jurisdicción, la cual este Tribunal denegó mediante Resolución
dictada el 24 de enero de 2023.
Número Identificador
RES2023__________
KLCE202300068 2
Por los fundamentos que expondremos a continuación,
denegamos la expedición del auto de certiorari.
I.
Según surge del expediente, el 16 de octubre de 2018, la
señora Ivelisse Irizarry Ortiz, Ángel Omar Rodríguez Irizarry, Ángel
Javier Rodríguez Irizarry y Paola Mariel Rodríguez Irizarry (en
conjunto, parte recurrida) presentaron una Demanda1 sobre daños
y perjuicios contra el señor Valentín Colón, el señor Valentín Lugo,
Lasalle Construction Group, LLC (Lasalle) y Universal, como
aseguradora de Lasalle y el señor Valentín Colón.
La parte recurrida alegó en la demanda que el 26 de octubre
de 2017, en el municipio de Añasco, se suscitó un accidente en el
que el señor Ángel Rodríguez Valentín (señor Rodríguez Valentín)
falleció tras ser atropellado por un camión propiedad del señor
Valentín Colón, el cual era conducido por el señor Valentín Lugo
mientras realizaba trabajos para Lasalle. Arguyen que, el 29 de
septiembre de 2017, el municipio de Añasco contrató a Lasalle para
realizar trabajos de recogido de escombros y/o material vegetativo y
que Lasalle, a su vez, contrató a varios camioneros, incluyendo al
señor Valentín Colón y el señor Valentín Lugo, para realizar estos
trabajos. Mientras el señor Rodríguez Valentín inspeccionaba los
escombros almacenados en la parte trasera de un camión, el señor
Valentín Lugo comenzó la marcha de su camión e impactó al señor
Rodríguez Valentín. Posteriormente, el 19 de octubre de 2018, la
parte recurrida presentó una Demanda Enmendada2.
En respuesta, el 19 de febrero de 2019, el señor Valentín
Colón y el señor Valentín Lugo presentaron Contestación a Demanda
1 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 1-6. Ivelisse Irizarry Ortiz, es la
viuda del señor Ángel Rodríguez Valentín. Ángel Omar Rodríguez Irizarry, Ángel
Javier Rodríguez Irizarry y Paola Mariel Rodríguez Irizarry son hijos de la señora
Ivelisse Irizarry Ortiz y el señor Ángel Rodríguez Valentín.
2 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 7-12.
KLCE202300068 3
Enmendada3 en la que negaron la mayoría de las alegaciones en su
contra. No obstante, estos aceptaron que fueron contratados por
Lasalle para transportar escombros y/o material vegetativo en
camiones. Como defensas afirmativas, invocaron, entre otras, que la
demanda enmendada deja de exponer una reclamación que
justifique la concesión de un remedio; que la causa de acción se
encuentra prescrita; que falta parte indispensable; que la ocurrencia
del accidente se debió a la culpa o negligencia de terceras personas;
que la parte recurrida no mitigó daños; y, que el señor Rodríguez
Valentín asumió el riesgo.
Posteriormente, el 13 de junio de 2019, las partes
demandantes y codemandadas comparecieron mediante Solicitud de
Desistimiento Parcial Voluntario con Perjuicio. En esta, adujeron que
la parte recurrida determinó desistir con perjuicio de las
reclamaciones instadas contra Lasalle y Universal (como
aseguradora de Lasalle). En consecuencia, el 24 de julio de 2019,
notificada el 26 de julio de 2019, el TPI emitió una Sentencia Parcial4
en la que declaró Con Lugar la solicitud de desistimiento parcial.
Luego de varios trámites procesales, el 8 de diciembre de
2021, las partes sometieron su Informe de Conferencia con
Antelación a Juicio5. Así, el 15 de diciembre de 2021, el TPI celebró
la vista de conferencia con antelación al juicio. Según surge de la
Minuta6, transcrita el 29 de diciembre de 2021, el TPI concedió a las
partes hasta el 6 de abril de 2022 para presentar memorando de
derecho. En cumplimiento con lo anterior, ambas partes sometieron
sus respectivos memorandos.
La parte recurrida adujo en su memorando de derecho que la
parte peticionaria incumplió con las Reglas 6.2 y 6.3 de
3 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 23-30.
4 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 33.
5 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 38-65.
6 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 66-67.
KLCE202300068 4
Procedimiento Civil7, por lo que renunciaron a la defensa de
responsabilizar a alegados terceros cocausantes. Afirmaron que los
peticionarios no pueden imputarle responsabilidad a terceros que
no son parte del pleito y reiteraron que, como cuestión de derecho,
no procede autorizar la enmienda a las alegaciones a los fines de
incluir a estos terceros8.
Por otro lado, en su memorando de derecho, la parte
peticionaria discutió lo resuelto en Fraguada Bonilla v. Hospital
Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012) y Maldonado Rivera v. Suárez,
195 DPR (2016). En esencia, adujo que, una vez escuchada la
prueba, el foro primario puede hacer una determinación de
responsabilidad de aquellos cocausantes del daño que no estén
presentes en el pleito. La parte peticionaria sostuvo que el municipio
de Añasco, FEMA y Lasalle fueron cocausantes del daño y no son
parte en el pleito.
Así las cosas, el 23 de noviembre de 2022 y notificada el 1 de
diciembre de 2022, el TPI emitió una Resolución y Orden9, mediante
la cual concluyó que la parte peticionaria debió invocar como
defensa en su contestación a la demanda enmendada que el
Municipio, FEMA y Lasalle eran también responsables, y que su por
ciento de responsabilidad se debía reducir de la indemnización de la
parte recurrida. En específico, el foro primario dispuso lo siguiente:
[S]e ordena la eliminación de la sexta defensa afirmativa de
la contestación a la demanda enmendada de Valentín y
Universal conforme la Regla 10.5 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, y se prohíbe in limine la presentación de
cualquier prueba durante el juicio en su fondo conducente a
responsabilizar a otros terceros, incluyendo al Municipio,
FEMA y Lasalle, por los daños alegados en la demanda
enmendada10.
7 32 LPRA Ap. V.
8 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 68-118.
9 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 130-144.
10 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 143. Cabe mencionar que la
sexta defensa afirmativa en la Contestación a Demanda Enmendada indica lo
siguiente: “De determinarse en su día la ocurrencia del accidente descrito en la
Demanda Enmendada, se alega que el mismo se debió a la culpa y negligencia
total y/o parcial de terceras personas, de las cuales no vienen obligados a
responder los comparecientes.”
KLCE202300068 5
En desacuerdo con el referido dictamen, el 16 de diciembre de
2022, la parte peticionaria presentó Moción de Reconsideración11. El
22 de diciembre de 2022, la parte recurrida presentó su Oposición
a Moción de Reconsideración12. El 19 de diciembre de 2022,
notificada el 23 de diciembre de 2022, el TPI emitió una Resolución13
en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración
presentada por la parte peticionaria.
Aún inconformes, el 23 de enero de 2023, la parte peticionaria
presentó el recurso de epígrafe en el cual imputa al TPI los siguientes
señalamientos de error:
ERRÓ EL TPI AL NO EXIGIRLE A LA PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA
EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER AFIRMATIVO DE REALIZAR
DILIGENCIAS RAZONABLES DIRIGIDAS A IDENTIFICAR A TODOS LOS
POTENCIALES COCAUSANTES SOLIDARIOS RESPONSABLES DEL
DAÑO POR EL CUAL RECLAMA PREVIO A PRESENTAR LA DEMANDA Y
TRANSFERIR A LA PARTE DEMANDADA-PETICIONARIA EL PESA [SIC]
DE PROBAR MEDIANTE DEFENSA AFIRMATIVA EL PORCIENTO DE
RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE A CADA COCAUSANTE
SOLIDARIO QUE EL TRIBUNAL SUPREMO LE IMPUSO A LA PARTE
DEMANDANTE-RECURRIDA EN MALDONADO V. SUAREZ, 195 D.P.R.
182 (2016) PARA TENER DERECHO A REDUCIR DE CUALQUIER
CUANTÍA QUE EL DEMANDANTE OBTENGA, AQUELLA PORCIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS COCAUSANTES AUSENTES QUE EL
DEMANDANTE NO ACUMULÓ.
ERRÓ EL TPI AL PROHIBIRLE A LA PARTE DEMANDANTE-
PETICIONARIA PRESENTAR DURANTE EL JUICIO DEL 13 DE FEBRERO
LA PRUEBA QUE EL JUZGADOR VIENE OBLIGADO A CONSIDERAR
PARA DESEMPEÑAR SU FUNCIÓN MINISTERIAL Y DETERMINAR EL POR
CIENTO DE RESPONSABILIDAD DE CADA COCAUSANTE AUSENTE QUE
LA PARTE DEMANDANTE RECURRIDA NO ACUMULÓ COMO
RESULTADO DE SU FALTA DE DILIGENCIA, PARA LUEGO DEDUCIRLO
DE CUALQUIER CUANTÍA BRUTA DE COMPENSACIÓN QUE EL
DEMANDANTE PUEDA TENER DERECHO A RECOBRAR.
ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA PARTE DEMANDANTE NO
CONOCÍA O NO PUDO HABER SABIDO SOBRE LA PRESUNTA
RESPONSABILIDAD DE LOS COCAUSANTES AUSENTES, POR LO CUAL
NO PUDO HABERLOS INCLUIDOS EN SU DEMANDA AL MOMENTO DE
SU RADICACIÓN.
El 23 de enero de 2023, la parte peticionaria presentó una
Moción en Auxilio de Jurisdicción mediante la cual solicitó la
paralización de los procedimientos ante el TPI. El 24 de enero de
2023, la parte recurrida, presentó Oposición a Moción de Orden
11 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 145-175.
12 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 176-186.
13 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 187.
KLCE202300068 6
Provisional en Auxilio de Jurisdicción. Mediante Resolución dictada el
24 de enero de 2023, este Tribunal declaró No Ha Lugar la Moción
en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte peticionaria.
El 22 de febrero de 2022, la parte recurrida compareció
mediante Memorando en Cumplimiento con Resolución del 13 de
febrero y en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración.
II.
-A-
El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y
extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía
revise las determinaciones14 de un foro inferior15. Esta facultad
discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un
recurso de certiorari, está limitada por la Regla 52.1 de
Procedimiento Civil de Puerto Rico16, que establece cuáles asuntos
interlocutorios serán revisables.
Esta norma procesal faculta nuestra intervención en
situaciones determinadas. En específico, dispone que:
[…]
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
14 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable
mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al.,
203 DPR 708, 718 (2019).
15 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto
Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338
(2012).
16 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300068 7
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
decisión.
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
revisada en el recurso de apelación que se interponga contra
la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este
apéndice sobre los errores no perjudiciales17.
Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución
interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su
evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, la discreción
del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin
parámetros18. Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad
discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos
son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para
ello debemos considerar19. Éstos son:
A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
para el análisis del problema.
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
Primera Instancia.
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
elevados, o de alegatos más elaborados.
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
es la más propicia para su consideración.
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
dilación indeseable en la solución final del litigio.
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
evita un fracaso de la justicia.
Este recurso debe ser utilizado con cautela y por razones de
peso20. Solo procede “cuando no existe un recurso de apelación o
cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los
17 Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar
la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar
a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp.
et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
18 Véase Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
20 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009).
KLCE202300068 8
derechos del peticionario”, o en aquellos casos en los que la ley no
provee un remedio adecuado para corregir el error señalado21.
Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal
revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo
cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de
pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto22. Esta norma de
deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los
tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal
Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente:
No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1)
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
sustantivo23.
Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos
criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el
ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y
evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la
misma, se requiere nuestra intervención. No obstante, “[a]l denegar
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal
de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”24.
III.
Mediante el recurso de epígrafe, la parte peticionaria nos
solicita la revocación de la Resolución y Orden emitida el 23 de
noviembre de 2022, notificada el 1 de diciembre de 2022, por el TPI.
En síntesis, la parte peticionaria alega que erró el foro primario al
no exigirle a la parte recurrida realizar diligencias razonables para
identificar a todos los potenciales cocausantes solidarios
responsables del daño por el cual reclama. Además, señala que
21 Íd.
22 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
23 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
24 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300068 9
incidió el TPI al prohibirle presentar prueba durante el juicio para
determinar el por ciento de responsabilidad de cada cocausante
ausente.
Tras examinar el tracto procesal que ha tenido esta
controversia, los argumentos presentados por las partes y la
Resolución y Orden recurrida, bajo los criterios de la Regla 40 del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no identificamos
que el foro primario haya incurrido en prejuicio, parcialidad o error
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba que amerite la
intervención de este Tribunal de Apelaciones en esta etapa de los
procedimientos. Tampoco nos encontramos ante una situación que
amerite nuestra intervención para evitar un fracaso de la justicia.
La Resolución y Orden recurrida fue emitida conforme a derecho y
bajo los parámetros que rigen la discreción judicial. Por
consiguiente, declinamos ejercer nuestra función revisora y
denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la
expedición del auto de certiorari solicitado.
Notifíquese.
Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones