ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL IX
LUCIANO VELÁZQUEZ Certiorari
SANTOS procedente del
Tribunal de Primera
Peticionario Instancia, Sala de
San Germán
KLCE202300955
V. Caso Núm.:
SG2023CV00119
WASTE COLLECTION,
SEGUROS MÚLTIPLES Sobre:
Daños
Recurridos
Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro
Ronda Del Toro, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.
Comparece el peticionario Luciano Velázquez Santos quien
solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera
Instancia, Sala de San Germán, dictada el 10 de agosto de 2023,
notificada el 16 de agosto siguiente. Mediante esta, el foro
primario le impuso una sanción de $2,000 al demandante, luego
reducida a $500, por no haber cumplido con una orden emitida el
27 de junio de 2023.
Evaluado el recurso y el tracto del caso, determinamos
expedir el recurso y revocar la sanción emitida. Exponemos.
I.
El 27 de febrero de 2023 Luciano Velázquez Santos presentó
una demanda de daños y perjuicios contra Waste Collection Corp.
y la aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico
(en adelante, Seguros Múltiples). Reclamó los daños a su vehículo
de motor, a consecuencia de que un camión de Waste Collection
Número Identificador
SEN2023 ________
KLCE202300955 2
impactó un árbol, cuyas ramas cayeron sobre el auto del
demandante. Reclamó daños por $700, más costas, gastos y
honorarios de abogado.
El 22 de mayo de 2023 la Cooperativa de Seguros Múltiples
informó al tribunal que fue emplazada y solicitó prórroga para
contestar la demanda. El 23 de mayo de 2023, notificada el día
siguiente, el foro primario le concedió treinta (30) días para
contestar la demanda.
El 26 de junio de 2023 el señor Velázquez Santos presentó
una Moción solicitando anotación de rebeldía. Informó que el
término concedido para contestar la demanda había culminado,
por lo que, requirió que se le anotara la rebeldía a Waste Collection
y a la Cooperativa de Seguros Múltiples.
El 27 de junio de 2023 la Cooperativa de Seguros Múltiples
presentó su Oposición a Moción Solicitando Anotación de Rebeldía.
Alegó que se había comunicado con el demandante para tratar de
lograr una transacción en el caso. Igualmente informó que de los
autos no surgía de que Waste Collection fuese emplazada.1 Ese
mismo día, Seguros Múltiples contestó la demanda. Además,
presentó una moción mediante la cual informó que en ese mismo
día le estaba cursando un interrogatorio al demandante.2
El 27 de junio de 2023 el tribunal denegó la solicitud de
anotación de rebeldía y aceptó la contestación a la demanda de la
Cooperativa de Seguros Múltiples. Dispuso además lo siguiente:
3. SE TOMA CONOCIMIENTO DEL DESCUBRIMIENTO DE
PRUEBA CURSADO POR LA PARTE DEMANDANTE Y SE
CONCEDE A LA PARTE DEMANDADA, EL TÉRMINO
PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE TREINTA (30) DÍAS
PARA CONTESTAR EL MISMO E INICIAR DE SU PARTE,
CUALQUIER DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE DESEE
O INTERESE LLEVAR A CABO.
1
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 9.
2
SUMAC entrada 11.
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4. DE ALCANZAR LAS PARTES ALGÚN ACUERDO Y/O
ESTIPULACIÓN CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTE
RESOLUCÓN, QUE PERMITA AL TRIBUNAL DISPONER DE
LA PRESENTE ACCIÓN CIVIL BAJO LA REGLA 35.4 DE LAS
DE PROCEDIMIENTO CIVIL, NOTIFÍQUESE AL TRIBUNAL.
DE MANERA TAL QUE PODAMOS DICTAR SENTENCIA,
SIN LA NECESIDAD DE CELEBRAR VISTA SOBRE EL
ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS, ORDENAR LA
COFECCIÓN DEL INFORME DE MANEJO DE CASOS,
CELEBRAR VISTA SOBRE DISCUSIÓN DE DICHO
INFORME O PRE-TRIAL Y CALENDARIZAR VISTA PARA EL
JUICIO EN SU FONDO.
5. CÚMPLASE CON LO HOY DISPUESTO Y/U ORDENADO,
SO PENA DE DESACATO Y/O SEVERAS SANCIONES
ECONÓMICAS BAJO LA REGLA 44.2 DE LAS DE
PROCEDIMIENTO CIVIL. (Énfasis nuestro).
Así las cosas, el 1ro de agosto de 2023, el Tribunal emitió
otra orden en la cual le impuso al demandado Waste Collection
una multa por $2,000. Específicamente la orden indicaba así:
EXAMINADO EL EXPEDIENTE LEGAL DEL CASO DE
AUTOS Y EL TRACTO PROCESAL DEL MISMO SURGE, QUE
EL 27 DE JUNIO DE 2023, NOTIFICADA EL 28 DE JUNIO
DE 2023, SE EMITIÓ RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL
ATENDIDAS VARIAS MOCIONES, ENTRE OTROS
ASUNTOS, EN EL ACÁPITE TRES (3) DE LA MISMA SE
CONCEDIÓ A LA PARTE DEMANDA EL TÉRMINO
PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE TREINTA (30) DÍAS
PARA CONTESTAR EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE
LE FUERA CURSADO POR LA PARTE DEMANANTE. IGUAL
TÉRMINO SE LE CONCEDIÓ PARA INICIAR DE SU PARTE,
CUALQUIER DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE
DESEARA O INTERESARA LLEVAR A CABO.
LA ORDEN EMITIDA DISPONÍA CLARAMENTE, QUE DEBÍA
CUMPLIRSE CON LO ORDENADO, SO PENA DE
DESACATO Y/O SEVERAS SANCIONES ECONÓMICAS
BAJO LA REGLA 44.2 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
AL DÍA DE HOY, HABIENDO TRANSCURRIDO EL TÉRMINO
CONCEDIDO PARA ELLO, LA PARTE DEMANDADA HA
INCUMPLIDO CON LA ORDEN EMITIDA POR ESTE
TRIBUNAL, NO SURGIENDO PRETEXTO O EXCUSA
ALGUNA QUE JUSTIFIQUE SU INCUMPLIMIENTO. EN SU
CONSECUENCIA, SE ENCUNTRA A LA PARTE
DEMANDADA WASTE COLLECTION INCURSA EN
DESCATO Y SEGÚN LE FUERA ADVERTIDO, SE LE
IMPONE UNA SANCIÓN ECONÓMICA DE $2,000
DÓLARES A FAVOR DEL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ
SER SATISFECHA EN LOS PRÓXIMOS DIEZ (10)
DÍAS SO PENA DE DESACATO Y/O AUMENTAR LA
CANTIDAD IMPUESTA.
DE IGUAL FORMA, SE ORDENA A LA PARTE DEMANDANTE
INFORMAR AL TRIBUNAL SI EL CASO SE ENCUENTRA
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LISTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO EN SU
FONDO, CON LA PRUEBA QUE AL MOMENTO TENGA
DISPONIBLE. TENGA LA PARTE DEMANDANTE IGUAL
TÉRMINO PARA CUMPLIR LA ORDEN QUE EMITIDA EN
RELACIÓN A SU PERSONA, SO PENA DE DESACATO Y/O
SEVERAS SANCIONES ECONÓMICAS Y/O LA
DESESTIMACIÓN SIN PERJUICIO DE LA PRESENTA
ACCIÓN CIVIL.
SE ORDENA A LA SECRETARÍA COLOCAR EL CASO
DENTRO DE LOS TÉRMINOS PARA SEGUMIENTO Y
CORROBORACIÓN AL CUMPLIMIENTO CON LA ORDEN
EMITIDA EN EL DÍA DE HOY.
En respuesta, el 9 de agosto de 2023 Seguros Múltiples
presentó una Moción en torno a orden, en la cual expuso que el
tribunal le impuso una sanción económica a Waste Collection, no
obstante, el demandante no presentó evidencia de haber
emplazado a dicha parte en el término de 120 días desde la
expedición del emplazamiento. Aclaró que la parte demandante
no ha realizado ningún descubrimiento de prueba, sino que fue la
Cooperativa de Seguros de Vida quien notificó un interrogatorio al
demandante el 27 de junio. Aseveró que el demandante contestó
el interrogatorio el 21 de julio de 2023, pero que el demandante
no se lo informó al tribunal. Asimismo, expresó que el caso no se
encuentra listo para el juicio en su fondo, pues aún faltaba que el
abogado del demandante coordine la reunión para la redacción del
Informe para el Manejo del Caso, a tenor con la Regla 37.1 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Así las cosas, el 10 de agosto de 2023, notificada el día 16
del mismo mes y año, el foro primario dictó la Resolución que
revisamos, a saber:
EXAMINADA LA MOCIÓN PRESENTADA Y EL EXPEDIENTE
LEGAL DEL CASO DE AUTOS EN ATENCIÓN A LOS
SEÑALAMIENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA MISMA,
ASÍ COMO LAS ÓRDENES EMITIDAS, TANTO EL 27 DE
JUNIO DE 2023, COMOEL 1 DE AGOSTO DE 2023, EL
TRIBUNAL DISPONE, CORRIJE Y ORDENA:
1. NO SURGIENDO CUMPLIMIENTO ALGUNO POR LA
PARTE DEMANDANTE (LUCIANO VELÁZQUEZ
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SANTOS), CON LA ORDEN EMITIDA EL 27 DE JUNIO
DE 2023, EN EL ACÁPITE TRES (3), EL CUAL
CONTIENE UN ERROR AL HABERSE INVERTIDO AL
DEMANDANTE POR EL CO-DEMANDADO
(COOPERATIVA DE SEGUROS MÚLTIPLES), QUIEN
FUE QUIEN CURSÓ UN DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
A LA PARTE DEMANDANTE, SE IMPONE AL
DEMANDANTE (LUCIANO VELÁZQUEZ SANTOS) UNA
SANCIÓN DE $2,000 DÓLARES A FAVOR DEL ESTADO.
LA CUAL DEBERÁ SER SATSIFECHA EN LOS
PRÓXIMOS DIEZ (10) DÍAS, SO PENA DE DESACATO
Y/O AUMENTAR LA CANTIDAD IMPUESTA EN EL DÍA
DE HOY.
TÓMESE CONOCIMIENTO, DE QUE LAS PARTES
VIENEN OBLIGADAS A MANTENER INFORMADO AL
TRIBUNAL SOBRE EL TRÁMITE LEGAL QUE HAN
ESTADO LLEVANDO A CABO EN LOS CASOS. EN EL
PRSENTE CASO, LA PARTE DEMANDANTE NO HA
CUMPLIDO CON DICHO DEBER. NO HA SOMETIDO
LOS EMPLAZAMIENTOS DILIGENCOADOS CONTRA LA
PARTE DEMANDADA, NO HA INFORMADO AL
TRIBUNAL, SI CONTESTÓ EL DESCUBRIMIENTO DE
PRUEBA QUE LA PARTE CO-DEMANDA LE CURSÓ.
2. SE CONCEDE AL DEMANDANTE (LUCIANO
VELÁZQUEZ SANTOS), EL TÉRMINO PERENTORIO E
IMPRORROGABLE DE CINCO (5) DÍAS PARA
ACREDITAR AL TRIBUNAL EL DILIGENCIAMIENTO DEL
EMPLAZAMIENTO EXPEDIDO EL 27 DE FEBRERO DE
2023 A LA PARTE CO-DEMANDADA WASTE
COLLECTION. ESTO SO PENA DE EMISIÓN DE
SENTENCIA PARCIAL EN RELACIÓN A DICHO CO-
DEMANDADO AL AMPARO DE LA REGLA 4.3 (C) DE
LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
3. EL TRIBUNAL TOMA CONOCIMIENTO EN EL DÍA DE
HOY, A INSTANCIAS DEL CO-DEMANDADO
(COOPERATIVA DE SEGUROS MÚLTIPLES DE PUERTO
RICO), QUE EL INTERROGATORIO CUSRADO POR
DICHO CO-DEMANDADO FUE CONTESTADO POR LA
PARTE DEMANDANTE EL 21 DE JULIO DE 2023. LO
CUAL NO SE NOTIFICÓ PREVIAMENTE A ESTE
TRIBUNAL.
4. SE ORDENA A LA PARTE DEMANDANTE (LUCIANO
VELÁZQUEZ SANTOS), COMUNICARSE CON LA PARTE
CO-DEMANDADA (COOPERATIVA DE SEGUROS
MÚLTIPLES), PARA COORDINAR LA REDACCIÓN Y/O
CONFECCIÓN DEL INFORME DE MANEJO DE CASO.
ESTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE ACREDITE AL
TRIBUNAL EL DILIGENCIAMIENTO DEL
EMPLAZAMIENTO EXEDIDO AL CO-DEMANDADO
WASTE COLLECTION Y EL TRIBUNAL SE SIRVA A
EMITIR ÓRDENES ADICIONALES EN RELACIÓN A
DICHO CO-DEMANDADO.
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5. SE CONCEDE A LA PARTE DEMANDANTE Y AL CO-
DEMANDADO (COOPERATIVA DE SEGUROS
MÚLTIPLES DE PUERTO RICO), EL TÉRMINO
PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE DIEZ (10) DÍAS,
PARA RADICAR MOCIÓN CONJUNTA A TRAVÉS DE LA
CUAL SE INFORME LA FECHA SELECCIONADA PARA LA
REUNIÓN RELACIONADA A LA REDACCIÓN Y/O
CONFECCIÓN DEL INFORME DE MANEJO DE CASOS,
SO PENA DE DESACATO Y/O SANCIONES.
Ese mismo 16 de agosto de 2023, el demandante Velázquez
Santos instó una Moción Informativa y de Reconsideración. Adujo
que entendía que las ordenes iban dirigidas a la parte demandada
y no pudo deducir o inferir que la orden iba dirigida al
demandante. Explicó que quien compareció contestando la
demanda fue la compañía de seguros, quienes cursaron un
interrogatorio y el demandante lo contestó. Además, informó que
habían estado en otras conversaciones extrajudiciales. Manifestó
que nunca fue su intención el incumplir con las órdenes del
tribunal. Solicitó al Tribunal que reconsidere la sanción impuesta,
ya que no fue intencional el incumplimiento de las órdenes
emitidas, dado que en todo momento se pensó que eran dirigidas
a la parte demandada. Indicó que estaba incluyendo los
emplazamientos diligenciados.
Según aseverado, junto a una Moción informativa, el
demandante incluyó los emplazamientos diligenciados a Waste
Collection el 10 de abril de 2023 y a Seguros Múltiples el 12 de
abril de 2023.
Así, el 16 de agosto de 2023 y notificada el día 18 de agosto,
el foro primario emitió una Resolución en la cual tomó
conocimiento del emplazamiento diligenciado al codemandado
Waste Collection. Ese mismo día, notificó otra Resolución para
reducir la sanción de $2,000 a $500, más agregó lo siguiente:
EL TRIBUNAL TOMA CONOCIMIENTO DE LA ORDEN
EMITIDA PREVIAMENTE, NO OBSTANTE, TOMEN
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CONOCIMIENTO LAS PARTES, DE LAS ÓRDENES
PREVIAMENTE EMITIDAS Y LAS CUALES PROMUEVEN
LA SANCIÓN IMPUESTA Y SOSTENIDA EN EL DÍA DE
HOY, LUEGO DE LA RECONSIDERACIÓN SOMETIDA.
ATÉNGASE.
CÚMPLASE ADEMÁS CON LA PARTE DE LA ORDEN
EMITIDA, RELACIONADA A LA RADICACIÓN DE
MOCIÓN CONJUNTA EN RELACIÓN AL INFORME DE
MANEJO DE CASOS YA REQUERIDO. (VÉASE ORDEN
EMITIDA SOBRE ESTE PARTICULAR).
El 17 de agosto de 2023 Waste Collection contestó la
demanda.
De otro lado, inconforme con la sanción impuesta, el
demandante Velázquez Santos acudió a este foro intermedio y
arguyó que el foro de primera instancia incidió al:
Primero: Al imponer una sanción económica drástica,
arbitraria y en claro abuso de su discreción.
Segundo: Al no dejar sin efecto la sanción de $2,000
impuesta a la parte demandante-peticionaria.
Tercero: Al reconsiderarla sanción impuesta a los
fines de que la cantidad impuesta a la parte
demandante-peticionaria se reduzca de $2,000 a
$500.
Examinado el recurso, el 1 de septiembre de 2023,
notificado el 5 de septiembre, le concedimos veinte (20) días a la
parte recurrida para presentar su posición y no lo hizo.
Evaluamos.
II.
A.
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal
discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar
las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v.
Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 46; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce
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de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
La característica distintiva de este recurso se asienta en la
discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su
expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra. Dicha discreción es "una forma de razonabilidad
aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión
justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.
ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil
Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.
BBVAPR, supra, pág. 338.
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap.
V, R. 52.1, establece excepciones que permiten la revisión de: (1)
decisiones sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos
esenciales, (2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3)
anotaciones de rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5)
asuntos de interés público y (6) situaciones en las cuales esperar
a la apelación constituye un fracaso irremediable a la justicia.
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y
prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los
méritos de los asuntos que son planteados mediante el
recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en
la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA
Ap. XXII-B. Esta señala los criterios que debemos tomar en
consideración al atender una solicitud de expedición de un auto
de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,
97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:
A. Si el remedio y la disposición de la decisión
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
contrarios a derecho.
B. Si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema.
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
Tribunal de Primera Instancia.
D. Si el asunto planteado exige consideración más
detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
el caso es la más propicia para su consideración.
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa no causan un fraccionamiento indebido del
pleito y una dilación indeseable en la solución final del
litigio.
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia.
Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción
en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean
Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). El adecuado ejercicio de
discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto
de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR
414 (2013); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155
(2000). A su vez, es sabido que en nuestro ordenamiento jurídico
impera la norma de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con
las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del
tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en
arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v.
Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean
Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España Service Sta., 117
DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).
B.
De otro lado, los tribunales de instancia poseen el poder
inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva
su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes. In re Collazo I,159
DPR 141 (2003); E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 699,
681 (1999); Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 DPR 529, 535
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(1989); Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 787 (1985). Ahora
bien, el efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la
rápida disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los
jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar
con el diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re
Collazo I, supra; Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282, 287
(1988). Es por ello por lo que, a éstos se les ha reconocido poder
y autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su
consideración y para aplicar correctivos apropiados en la forma y
manera que su buen juicio les indique. In re Collazo I, supra. En
virtud de esos poderes, los tribunales de instancia tienen a su
alcance múltiples mecanismos procesales para mantener el
control y asegurar el orden en los procedimientos ante su
consideración, para hacer cumplir sus órdenes y para realizar
cualquier otro acto que resulte necesario para cumplir a cabalidad
sus funciones. In re Collazo I, supra; E.L.A. v. Asociación de
Auditores, supra.
A tenor con esta facultad, en nuestro ordenamiento procesal
civil existen varias reglas que confieren a los tribunales la
autoridad de imponer sanciones. En tal virtud, la Regla 44.2 de
las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los tribunales
a imponer “costas interlocutorias a las partes y
sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una
parte o a su representante legal por conducta constitutiva de
demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en
perjuicio de la eficiente administración de la justicia”. Véase,
además, División de Empleados Públicos de la Unión General de
Trabajadores v. Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico
(CEMPR), 212 DPR ____, 2023 TSPR 107, res. 5 de septiembre de
2023.
KLCE202300955 11
Al interpretar la Regla 44.2, el Tribunal Supremo ha
expresado que "[e]l propósito de esta regla es proveer al tribunal
un instrumento adicional para agilizar los procedimientos y de esta
manera evitar la demora y congestión en los tribunales". Lluch v.
España Service Sta., supra, págs. 748-749; Pérez Torres v. Acad.
Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016, 1027 (2011); División de
Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores v.
Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (CEMPR), supra.
Conforme lo anterior, el tribunal a iniciativa propia "puede
imponer sanciones cuando la conducta de las partes vaya en
perjuicio de la eficiente administración de la justicia". Lluch v.
España Service Sta., supra, pág. 749.
Como es sabido, los tribunales cuentan con un alto grado de
discreción al momento de decidir cómo conducir los
procedimientos que presiden. No obstante, esa discreción no es
infinita ni su ejercicio ocurre en un vacío. Está íntimamente ligada
al concepto de razonabilidad. Pueblo v. Santiago Cruz y en interés
Menor FLR, 205 DPR 1149 (2020). Es por eso por lo que, aunque
los tribunales apelativos generalmente nos abstenemos de
intervenir con las decisiones del foro primario relacionadas al
manejo del caso, en algunas ocasiones "la buena discreción y la
justicia parecen ejercerla a veces, y a pesar de nuestra norma de
abstención, resulta ser nuestro deber insoslayable corregir lo
que hubiere de exceso o de injusto en el uso de esa discreción,
para que no se lesionen derechos que estamos llamados a
proteger". Pueblo v. Santiago Cruz y en interés Menor FLR, supra,
citando a Ortiz Rivera v. Agostini, 192 DPR 187, 193-194 (1965).
KLCE202300955 12
III.
De los hechos que informa esta causa surge que el 27 de
febrero de 2023 el señor Velázquez Santos instó una demanda
contra Waste Collection y Seguros Múltiples por daños
ocasionados a su vehículo de motor. El demandante emplazó a
Waste Collection el 10 de abril de 2023 y la Cooperativa de
Seguros Múltiples el 12 de abril de 2023.
El 22 de mayo de 2023 la Cooperativa de Seguros Múltiples
le informó al Tribunal que fue emplazada y solicitó treinta días
adicionales para contestar la demanda. El TPI le concedió su
pedido. Al transcurrir el término, el demandante solicitó la
anotación de rebeldía, tanto para la Cooperativa de Seguros
Múltiples como para Waste Collection.
La Cooperativa de Seguros Múltiples se opuso e incluyó la
contestación a la demanda. Asimismo, le informó al foro primario
que le estaba cursando un interrogatorio al demandante. El 27 de
junio, el foro primario denegó la anotación de rebeldía y emitió la
siguiente orden:
SE TOMA CONOCIMIENTO DEL DESCUBRIMIENTO DE
PRUEBA CURSADO POR LA PARTE DEMANDANTE Y SE
CONCEDE A LA PARTE DEMANDADA, EL TÉRMINO
PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE TREINTA (30)
DÍAS PARA CONTESTAR EL MISMO E INICIAR DE SU
PARTE CUALQUIER DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE
DESEE O INTERESE LLEVAR A CABO.
El foro primario también les instruyó a que si llevan a un
acuerdo deberían notificarlo al Tribunal. Informó que debían
cumplir con lo ordenado so pena de desacato y/o severas
sanciones económicas bajo la Regla 44.2 de las de Procedimiento
Civil, infra.
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El 1ro de agosto de 2023 el foro primario le impuso al
codemandado Waste Collection una multa por incumplimiento con
la orden del 27 de junio. En respuesta, el 9 de agosto de 2023 la
Cooperativa de Seguros Múltiples presentó una moción y le aclaró
al foro primario que fueron ellos quienes cursaron el interrogatorio
al demandante. También le informó al Tribunal que el
demandante había contestado el interrogatorio.
El 16 de agosto el tribunal de instancia notificó la sanción
de $2,000 al demandante por incumplir la orden del 27 de junio
de 2023, luego de reconocer que al emitir la aludida orden incurrió
en un error al invertir al demandante por el codemandado.
Ese mismo día, el demandante solicitó reconsideración y
explicó que entendía que las órdenes iban dirigidas a la parte
demandada y que no fue su intención incumplir. A su vez, incluyó
copia de los emplazamientos diligenciados. Tras ello, el foro
primario redujo la sanción a $500, acto que aquí también se
cuestiona.
Según trasciende de la orden del 27 de junio, la sanción fue
impuesta a tenor con la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, la cual
faculta al foro primario a imponer sanciones “por conducta
constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta
de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la
justicia”. No obstante, luego de analizado expediente, no
encontramos que el demandante incurriera en la conducta
identificada en la Regla 44.2 de Procedimiento Civil que amerite
una sanción de tal magnitud.
El expediente refleja que el demandante emplazó
oportunamente a las partes. Aun cuando no incluyó el
emplazamiento diligenciado al foro primario, sí le notificó al
KLCE202300955 14
Tribunal que los demandados fueron emplazados, cuando solicitó
que se le anotara la rebeldía.
De otro lado, la orden del 27 de junio requería contestar el
descubrimiento de pruebas en treinta días. No obstante, la orden
estaba dirigida a la parte demandada y no al demandante, lo cual
razonablemente creó confusión a las partes. Por tanto, el foro
primario no debió penalizar a las partes por su error. Aun así, el
demandante no incumplió con la referida orden pues este contestó
el interrogatorio dentro del término de treinta días, según lo
aceptó la Cooperativa de Seguros Múltiples y lo aseveró el
demandante en la Moción informativa y de reconsideración.
De manera que, no divisamos que el demandante incurriera
en conducta constitutiva de inacción, abandono, falta de diligencia
o incumplimiento con las órdenes del tribunal. Ante ello, el foro
primario debió reconsiderar y eliminar la sanción, la cual
consideramos excesiva. Al no hacerlo, incidió el Tribunal de
Primera Instancia.
IV.
En consideración a lo anteriormente expresado, se expide el
auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida. Dejamos sin
efecto la sanción de $500 impuesta al demandante.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones