Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mitsubishi Motor Sales of
Caribbean, Inc.

Apelante 2023 TSPR 110

v. 212 DPR ___

Lunor, Inc. y otros

Apelados

Número del Caso: AC-2020-0082

Fecha: 12 de septiembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

Abogados de la parte apelante:

Lcdo. James Belk-Arce
Lcdo. Carlos J. Grovas Porrata

Abogado de la parte apelada:

Lcdo. Israel Roldán González

Materia: Procedimiento Civil – Si la sanción de la eliminación de
las alegaciones que dispone la Regla 34.3 (b) (3) de Procedimiento
Civil permite que la parte demandada sancionada presente prueba en
el juicio para refutar los méritos de las alegaciones de la parte
demandante.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mitsubishi Motor Sales of
Caribbean, Inc.

Apelante

v. AC-2020-0082

Lunor, Inc. y otros

Apelados

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo

En San Juan, Puerto Rico a 12 de septiembre de 2023.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de analizar

si la sanción de la eliminación de las alegaciones que

dispone la Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V permite que una parte demandada así

sancionada pueda presentar prueba en el juicio para

refutar los méritos de las alegaciones de la parte

demandante o si, por el contrario, procede que el foro

de instancia aplique las disposiciones de la Regla

45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V

concernientes al trámite en rebeldía.

Por los fundamentos que expondremos, resolvemos

que una vez dictada la orden sobre la eliminación de

todas las alegaciones que dispone la Regla 34.3(b)(3) de
AC-2020-0082 2

Procedimiento Civil, procede que el Tribunal de Primera Instancia

declare a la parte demandada en rebeldía y continúe los

procedimientos según todas las disposiciones, efectos y la norma

jurisprudencial concernientes a la rebeldía. Por lo tanto, a

excepción del importe de los daños reclamados, la parte demandada

no podrá presentar prueba para impugnar los méritos de la

demanda.

I

Allá para el 2002, Mitsubishi Motors Sales of Caribbean,

Inc. (el peticionario) presentó una causa de acción contra, entre

otros, el Sr. José Julio Feliciano Prieto, la Sra. Arelys

Concepción Lorenzo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

entre ellos y contra el Sr. Gustavo E. Guilbe Ortiz, la

Sra. Sonia E. Ortiz Ruiz y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta entre ellos (los recurridos).

Durante la etapa de descubrimiento de prueba entre el

peticionario y los recurridos se desató una controversia con

relación a la producción de documentos que duró varios años. En

diversas instancias el tribunal le advirtió a los recurridos de

las consecuencias de incumplir con las órdenes para descubrir

prueba e incluso les impuso sanciones económicas. Para el 2014,

el peticionario solicitó al foro de instancia la eliminación de

las alegaciones de los recurridos, la anotación de la rebeldía,

la prohibición de oponerse o de presentar prueba en oposición de

las alegaciones del peticionario, para que se tomaran como

probados los hechos alegados en la demanda y que se dictara

sentencia en rebeldía en contra de los recurridos.
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Luego de los correspondientes apercibimientos, la

imposición de sanciones económicas y evaluada las posturas de

las partes, el tribunal de instancia sancionó a los recurridos

con la eliminación de todas las alegaciones mediante Resolución

de 9 de febrero de 2015 (Resolución de 2015). En específico, la

Resolución de 2015 determinó que, conforme a la Regla 34.3(d) de

Procedimiento Civil los recurridos incurrieron en expoliación de

evidencia. Antes de rendir el dictamen con relación a la

solicitud del peticionario, y al cuestionarse sobre cuál era el

remedio apropiado, el Tribunal de Primera Instancia expresó lo

siguiente:

Hay elementos subjetivos de intención, actuación,
propósitos mentales y otros factores que mueven a este
tribunal [a] denegar la petición de [la] parte demandante
de anotar [la] rebeldía y dictar sentencia a los
co-demandados, tampoco queda convencido este Tribunal
[de que] proceda dar por probado el pleito, menos
prohibir a los demandados presentar prueba en oposición
a las reclamaciones incoadas por Mitsubishi Motors Sales
of Caribbean. No obstante, concluye este Tribunal [que]
la parte demandada ha menospreciado el proceso de
descubrir prueba, faltando a la diligencia e incumpliendo
con las múltiples órdenes de este Tribunal dada por los
varios jueces que han atendido este asunto desde el año
2002.

Por tanto, se ordena y quede ordenado la eliminación de
todas las alegaciones de la parte demandada a todos los
efectos legales y sobre todas las controversias objeto
de este litigio.1

Los recurridos acudieron ante el Tribunal de Apelaciones

para revisar la Resolución de 2015 y, al no tener éxito,

impugnaron la determinación ante este Tribunal. Así las cosas,

mediante Sentencia de 27 de septiembre de 2018 (Sentencia de

1 Apelación, Apéndice, págs. 119-120, Resolución de 9 de febrero de 2015
(Resolución de 2015). Valga señalar que el Juez Superior que emitió la
Resolución de 2015 fue el Hon. Miguel Trabas Cuevas.
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2018),2 confirmamos el dictamen del foro apelativo intermedio.

Resolvimos que los foros a quo no abusaron de su discreción al

excluir todas las alegaciones tras la actitud de indiferencia y

el menosprecio constante de los recurridos de acatar las órdenes

del foro primario para descubrir la prueba y haber incurrido en

expoliación.3

Devuelto el caso al tribunal de instancia, las partes

interpretaron de manera distinta el alcance de la Resolución

de 2015. Por un lado, el peticionario alegó que la eliminación de

todas las alegaciones impedía que los recurridos presentaran

prueba a su favor o defensa. Por su parte, los recurridos

plantearon que la Resolución de 2015 reconoció que estos podían

presentar prueba en oposición a los méritos de las reclamaciones

del peticionario y que con la sanción de la supresión total de

las alegaciones este tiene la obligación de presentar prueba

sobre todos los elementos de las causas de acción. El 11 de

febrero de 2020 el foro de instancia emitió una Resolución

(Resolución de 2020) mediante la cual, luego de evaluar nuestra

Sentencia, determinó lo siguiente:

Luego del trámite procesal antes enunciado y tras
un acucioso examen de la sentencia dictada por el más
alto foro, este tribunal aclara que los esposos
codemandados Feliciano-Concepción y Guilbe Ortiz, y sus
respectivas sociedades legales de bienes gananciales,
están impedidos de presentar prueba y defensas a su
favor, ello ante la realidad inescapable de que sus
alegaciones le fueron eliminadas y a lo único que
tendrían derecho es a contrainterrogar a la parte
demandante en la vista en rebeldía que en su día ha de

2 Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc v. Lunor y otros, CC-2016-0557,
Sentencia, Apéndice, págs. 131-162.

3 Este Tribunal concluyó que los recurridos tenían el deber afirmativo de
custodiar los documentos solicitados y aquellos que pudiesen estar relacionados
con la causa de acción, según lo dispone el ordenamiento jurídico procesal.
AC-2020-0082 5

tener efecto. Igual suerte han de tener en cuanto a la
demanda de coparte instada por el codemandado Milton
Sánchez Ramos, toda vez que ya el tribunal les había
anotado la rebeldía. Tanto la contestación a la demanda
de coparte como la reconvención de los esposos
Feliciano-Concepción y Guilbe Ortiz contra Milton
Sánchez Ramos, se tendrían por no presentadas.4

Los recurridos solicitaron la reconsideración del

dictamen y señalaron que el foro primario les impuso una nueva

sanción a la previamente impuesta, toda vez que en la Resolución

de 2015 no se les anotó la rebeldía. Posteriormente, y a

solicitud del peticionario, el foro de instancia emitió una

Resolución Nunc Pro Tunc a los fines de establecer que

continuarían los procedimientos en rebeldía en cuanto a los

recurridos.

En desacuerdo, los recurridos acudieron al Tribunal de

Apelaciones y reiteraron los planteamientos esbozados en el

tribunal de instancia en cuanto a los efectos de la rebeldía, la

obligación de la parte demandante de presentar prueba sobre todos

los elementos de la causa de acción y la facultad de los

recurridos de presentar prueba para refutar los méritos de la

demanda. Ante este cuadro, los recurridos argumentaron que,

mediante la Resolución de 2020, el foro de instancia violó la

ley del caso al declarar la rebeldía y, con ello, modificar

injustamente las providencias de la Resolución de 2015.

El foro apelativo intermedio revocó al tribunal de

instancia y dispuso que los efectos de la anotación de rebeldía

no son sinónimos ni tienen las mismas consecuencias que acarrean

4 Apelación, Apéndice, pág. 168.
AC-2020-0082 6

la eliminación de todas las alegaciones.5 Antes de concluir que

el foro recurrido erró al modificar y que violó la ley del caso

de la Resolución de 2015, el Tribunal de Apelaciones distinguió

ambas figuras de la manera siguiente:

Una anotación de rebeldía conlleva el que se den
por admitidos todos los hechos bien alegados en la
demanda, quedando la parte en rebeldía impedida de
presentar prueba, teniendo que limitarse a
contrainterrogar o presentar planteamientos de derecho.
Por su parte, la eliminación de las alegaciones conlleva,
por ejemplo, la eliminación de toda posible defensa
afirmativa, pero permite presentar prueba que refute los
méritos de la reclamación de la otra parte.6

Inconforme, el peticionario acudió ante esta Curia y

señaló que el Tribunal de Apelaciones erró en la interpretación

de la Resolución de 2015 en cuanto a los efectos de la anotación

de rebeldía y de la eliminación de todas las alegaciones. Luego

de haber expedido el recurso, contar con la comparecencia de

ambas partes y de analizar sus posturas, pasemos a resolver la

controversia que nos ocupa.

II

A lo largo de la existencia del ordenamiento procesal

civil en nuestra jurisdicción, los tribunales han estado

facultados para imponer una serie de sanciones contra aquella

parte que incumpla una orden del tribunal.7 Las sanciones son un

mecanismo procesal que permite a los tribunales imponer su

5 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apelación, Apéndice, págs. 196.

6 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apelación, Apéndice, págs. 196-197.

7 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 699 (2020).
AC-2020-0082 7

jurisdicción, autoridad y pronunciamientos.8 Estas tienen el

objetivo de incitar a una parte a que responda con prontitud con

el fin de alcanzar la solución justa, rápida y económica de los

casos y que las controversias se puedan atender en los

méritos.9 En ese sentido, el poder inherente de los tribunales

para imponer sanciones permite la flexibilidad para escoger la

sanción y ajustarla a los hechos, a la causa de acción de que se

trate y al propósito que se persigue.10

A. Regla 34 de Procedimiento Civil

La Regla 34 de Procedimiento Civil establece el

procedimiento que las partes y el tribunal deben seguir ante una

controversia relacionada al descubrimiento de prueba11 y postula

las consecuencias para la parte que se rehúsa a cumplir con una

orden del tribunal de instancia al respecto. La negativa de

obedecer una orden para descubrir prueba está regulada por la

Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil y, en lo pertinente,

establece lo siguiente:

(a) Desacato.[…]

8 In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); E.L.A. v. Asociación de Auditores,
147 DPR 669, 681 (1999); Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 DPR 529, 535
(1989); Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 787 (1985).

9 Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 896 (1998)( “Sanctions are intended
to prompt a party to respond”); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR
1042, 1051-1052 (1993).

10 Pagán Rodríguez v. Rivera Schatz, 206 DPR 277, 288 (2021); R. Hernández
Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho procesal civil, 6ta ed., San
Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 328.

11Según la Regla 34.1 de Procedimiento Civil el tribunal podrá ordenar que una
parte descubra prueba si la parte interesada presenta una moción en la que
certifique con particularidad que realizó los esfuerzos razonables, con
prontitud y de buena fe para resolver los asuntos que planteó en el escrito y
que, a pesar de ello, no alcanzó resultado alguno con la representación legal
de la parte adversa. Si la parte promovente cumplió, de acuerdo con la Regla
34.2 de Procedimiento Civil esta podrá requerirle al foro primario que, a su
discreción, dicte una orden para obligar a la parte compelida a descubrir lo
solicitado. Véase, Regla 34.1 y 34.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
AC-2020-0082 8

(b) Otras consecuencias.-Si una parte o un(a)
funcionario(a) o agente administrador(a) de una parte, o
una persona designada para testificar a su nombre según
disponen las Reglas 27.6 ó 28 de este apéndice, deja de
cumplir una orden para llevar a cabo o permitir el
descubrimiento de prueba, incluyendo una orden bajo las
Reglas 32 y 34.2 de este apéndice, el tribunal podrá
dictar, con relación a la negativa, todas aquellas
órdenes que sean justas; entre ellas las siguientes:

(1) […]

(2) […]

(3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de ellas,
o para suspender todos los procedimientos posteriores
hasta que la orden sea acatada, o para desestimar el
pleito o procedimiento o cualquier parte de ellos, o para
dictar una sentencia en rebeldía contra la parte que
incumpla. 12

A través del inciso (b)(3) el tribunal puede sancionar

con la eliminación total o parcial de las alegaciones. Sin

embargo, igual que la desestimación de la demanda, la eliminación

de las alegaciones y la rebeldía son el castigo más severo para

la parte que declina obedecer una orden para descubrir prueba.13

La imposición de estas sanciones “siempre se debe[n] dar dentro

del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia

equivaldría a un abuso de discreción”.14

Por tal razón, antes de ordenar la desestimación del

pleito o la eliminación de las alegaciones, el tribunal tiene

que ejecutar el orden de prelación que establece la Regla 39.2(a)

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.15 Primero, el tribunal

tiene que apercibir de la situación a la representación legal de

12 Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V. (Énfasis suplido).

13HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, pág. 700; Amaro
González v. First Fed. Savs., supra, pág. 1050.

14 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011).

15 Véase Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).
AC-2020-0082 9

la parte y concederle la oportunidad para responder. Si el

representante legal no responde al apercibimiento, el tribunal

le impondrá sanciones y le notificará directamente a la parte

sobre el asunto.16 Una vez que la parte haya sido informada o

apercibida de la situación y de las consecuencias que el

incumplimiento conlleva, deberá corregirla dentro del término

que el tribunal de instancia le conceda. El plazo conferido será

razonable y, salvo que las circunstancias del caso lo

justifiquen, no será menor de treinta días. Si la parte no toma

acción correctiva al respecto “nunca se podrá querellar, ante

ningún foro, de que se le despojó injustificadamente de su causa

de acción y/o defensas.”17 Cumplido este trámite, el tribunal se

encontrará en posición para imponer la sanción que corresponda.

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil establece que, a

excepción de la desestimación por falta de jurisdicción sobre la

materia o parte indispensable o a menos que el tribunal disponga

lo contrario, el efecto de la desestimación es la adjudicación

en los méritos. Nótese que de la Regla 39.2(a) de Procedimiento

Civil surge que la desestimación es la muerte procesal del

pleito.18 Sin embargo, nada dispone sobre qué procede en el

16 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra.

17HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, 702; Maldonado v.
Srio. de Rec. Naturales, supra. Véanse Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri,
123 DPR 664, 673–674 (1989); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR
787, 791 (1974); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305 (1976);
Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 822-823 (1980).

18 VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 264 (2021); R. Hernández
Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San
Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 250. En caso de ser una desestimación parcial
se trata de la muerte procesal de una de las reclamaciones acumuladas en una
demanda u otras alegaciones permitidas. Reglas 14.1 y 42.3 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V.
AC-2020-0082 10

pleito luego de la sanción de eliminación de todas las

alegaciones de la parte demandada.

B. Eliminación de las alegaciones

Hace más de un siglo, explicamos las implicaciones que

tiene la orden para eliminar la alegación de la parte demandada.

En Polo v. Domínguez, Juez de Distrito, 15 DPR 609 (1909), el

secretario del foro primario interpretó que la orden para excluir

la contestación a la demanda enmendada era literalmente extraerla

de los autos. En esa oportunidad explicamos que:

“las palabras ‘suprimir‘ o ‘eliminar‘ solo quieren
decir, en este caso, considerar al instrumento sin efecto
alguno, y que debe pasarse por alto y no usarse o
considerarse en el juicio; pero el documento mismo debe
quedar en los autos para información de todos los
interesados”.19

En Polo, supra, al abundar respecto a esa sanción

reconocimos que ante la ausencia de la alegación de la parte

demandada, se podía dictar sentencia en su contra. Años más

tarde, en Acevedo v. Compañía Telefónica de Puerto Rico, 102 DPR

787, 791 (1974) expusimos que

eliminar todas las alegaciones de la demandada priva a
un litigante de su día en corte para establecer la
legitimidad y el mérito de su defensa, lo cual solamente
debe hacerse en casos tan extremos que no haya duda de
la irresponsabilidad o contumacia de la parte contra
quien se toman las medidas drásticas.20

En otras palabras, de acuerdo con Polo, supra, con la

supresión total de las alegaciones, la contestación a la demanda

perdía eficacia jurídica en el litigio. En vista de que esta

alegación no se puede utilizar en el juicio ni el tribunal la

19 Polo v. Domínguez, 15 DPR 607 (1909). (Énfasis nuestro).

20 Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., supra. (Énfasis suplido).
AC-2020-0082 11

puede tomar en cuenta, según Acevedo, supra, el efecto mortal es

que la parte demandada quedó privada de su día en corte para

establecer la legitimidad y el mérito de su defensa.21 En atención

a este resultado, al igual que la desestimación, el castigo de

la exclusión total de las alegaciones debe prevalecer únicamente

en situaciones extremas.22 Hemos recopilado que este nivel de

sanción debe ser la repercusión de una conducta indiscutiblemente

irresponsable, irreverente, desafiante, negligente, contumaz que

la parte contra la cual se ordena la ejecute de manera reiterada

y continua; todo porque esta optó por incumplir de manera

intencional y de mala fe con una orden del tribunal para

descubrir prueba.23

C. La eliminación de las alegaciones y su relación con la
rebeldía

En Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 308

(1976) reafirmamos los méritos de la facultad sancionadora de

los tribunales y la idoneidad de la proporción del castigo al

momento de imponerse, pero además señalamos lo siguiente:

Nuestras decisiones han estado dirigidas a
fortalecer el poder de las Salas de instancia para
aligerar los procedimientos, si necesario fuere mediante
la drástica sanción de decretar la desestimación y
archivo de la demanda de la parte actora y, según sea el
caso, eliminar las alegaciones de la parte demandada,
declararla en rebeldía y resolver la causa en su contra.
No vamos a aflojar esa norma en lo más mínimo. Pero tiene

21Valentín v. Mun. de Añasco, supra.; Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R.,
supra, pág. 791; Polo v. Domínguez, 15 DPR 607 (1909).

22Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 298 (2012); Mun. de Arecibo v. Almac.
Yakima, 154 DPR 217, 222–223 (2001).

23Valentínv. Mun. de Añasco, supra, págs.895-896(citando Acevedo v. Compañía
Telefónica de Puerto Rico, supra; Dorsey v. Academy Moving & Storage, Inc.,
423 F.2d 858 (5to Cir. 1970); In re Paoli R.R. Yard PCB Litigation, 35 F.3d
717 (3er Cir. 1994); Jackson v. Harvard University, 900 F.2d 464 (1er Cir.
1990). Hartman v. Tribunal Superior, 98 DPR 124 (1969)).
AC-2020-0082 12

por necesidad que aplicarse en cada caso conforme a sus
particulares hechos y perspectivas.24

Por otro lado, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil

gobierna la anotación de rebeldía y, al respecto, provee que:

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia
que concede un remedio afirmativo haya dejado de
presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según
se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe
mediante una declaración jurada o de otro modo, el
Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte,
podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la
Regla 34.3(b)(3) de este apéndice.

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por
admitidas las aseveraciones de las alegaciones
afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b)
de este apéndice.

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez
de una sentencia dictada en rebeldía.25

El primer párrafo permite la anotación de la rebeldía por

incomparecencia y esto ocurre cuando la parte demandada no

comparece después de haber sido emplazado, no se defiende

mediante moción ni presenta oportunamente la contestación a la

demanda.26 Entretanto, el segundo párrafo de la Regla 45.1 de

Procedimiento Civil autoriza a que, de acuerdo con la Regla

34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, el tribunal anote la rebeldía

como sanción. Es decir, el foro primario debe declarar incurso

en rebeldía a la parte demandada si esta “se niega a descubrir

24Arce v. Club Gallístico de San Juan, supra, pág. 308; Secretario del Trabajo
v. Mayagüez O.M. Club, 105 DPR 279, 283 (1976). (Énfasis suplido).

25 Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Énfasis suplido). La
anotación de la rebeldía es una nota en el expediente que toma el secretario
en la que afirma que la parte demandada no compareció en el término
correspondiente. Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 DPR 291, 295 (1931).
Véase R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho procesal
civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 328.

26 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 589; Álamo v.
Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002).
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su prueba después de habérsele requerido mediante los métodos de

descubrimiento de prueba, o simplemente cuando una parte ha

incumplido con alguna orden del tribunal”.27 Tan pronto se

declare la rebeldía “se dan por admitidos todos los hechos bien

alegados en la demanda o la alegación que se haya formulado en

contra del rebelde y se autoriza al tribunal para que dicte

sentencia, si esta procede como cuestión de derecho.”28

En lo concerniente al trámite de la sentencia en rebeldía

que dicta el tribunal de instancia, la Regla 45.2(b) de

Procedimiento Civil postula lo siguiente:

Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los casos
siguientes:

(a) Por el Secretario o Secretaria. […]

(b) Por el tribunal. En todos los demás casos la parte
con derecho a una sentencia en rebeldía la solicitará
del tribunal, pero no se dictará sentencia en rebeldía
contra un(a) menor o una persona incapacitada a menos
que estén representados(as) por el padre, madre,
tutor(a), defensor(a) judicial u otro(a) representante
que haya comparecido en el pleito. Si para que el
tribunal pueda dictar sentencia [en rebeldía] o para
ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una
cuenta, o determinar el importe de los daños, o comprobar
la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o
hacer una investigación de cualquier otro asunto, el
tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias
y adecuadas o encomendar la cuestión a un comisionado o
comisionada. Cuando la parte contra la cual se solicita
sentencia en rebeldía haya comparecido en el pleito,
dicha parte será notificada del señalamiento de cualquier
vista en rebeldía que celebre.29

27 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 588.

28 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 590. Resaltamos, por
ejemplo, que por la naturaleza sumaria de la Regla 60 de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V., “no podemos dar por admitidos los hechos alegados en la demanda
y así obviar la presentación de la prueba sobre el particular.” Primera
Cooperativa De Ahorro v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 632 (2020) citando
Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 96 (2002). (Énfasis suplido).

29De acuerdo con la Regla 45.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la
rebeldía que puede decretar el secretario del Tribunal de Primera Instancia se
limita a los casos que involucre el cobro de dinero cuya suma reclamada sea
por una suma líquida o liquidable mediante cómputos acreditada por una
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En este punto resulta ilustrativo el caso de Continental

Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978). Este caso se trató

de una demanda por daños y perjuicios en la que, ante el

incumplimiento de una orden para descubrir prueba, el tribunal

ordenó la eliminación de todas las alegaciones de la parte

demandada. Inmediatamente, el foro primario señaló y celebró una

vista en rebeldía. Ese día, la parte demandante no se preparó

para presentar prueba sobre las alegaciones, pues descansó en

que el tribunal de instancia suprimió todas las alegaciones de

la parte demandada y que la vista era en rebeldía. Sin embargo,

el foro de instancia dictó sentencia en la que declaró sin lugar

la demanda, fundamentado en que la parte demandante no presentó

prueba sobre todos los elementos de la causa de acción.

En esa oportunidad, al revocar la determinación del foro

primario, nos expresamos sobre la institución de la sentencia

dictada en rebeldía. Expusimos la norma reiterada de que un

trámite en rebeldía -por incomparecencia o como sanción- tiene

la repercusión de que se estimen aceptadas y ciertas todas las

materias bien alegadas en la demanda.30 Definimos que el concepto

de “materias bien alegadas” significa que se consideran admitidos

los hechos correctamente alegados y el tribunal tiene que evaluar

si de esas alegaciones existen los elementos de la causa de

declaración jurada. Asimismo, el secretario del tribunal de instancia no podrá
dictar una sentencia en rebeldía en una acción en cobro de dinero presentada
en contra de un menor o incapacitado ni contra el Estado o sus funcionarios en
su carácter oficial. Véanse Reglas 45.2(a) y 45.5 de Procedimiento Civil.

30 Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978).
AC-2020-0082 15

acción y amerita el remedio solicitado.31 Igualmente, reiteramos

nuestros pronunciamientos de Rivera v. Goytía, 70 PDR 30, 33

(1949) concernientes a los derechos con los que cuenta el

rebelde.

[C]on referencia a una parte demandada en rebeldía --que
ha comparecido previamente-- le cobija el derecho a
conocer del señalamiento, asistir a la vista,
contrainterrogar los testigos de la parte demandante,
impugnar la cuantía y apelar la sentencia. No renuncia a
las defensas de falta de jurisdicción ni de que la
demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de
acción en favor del reclamante. […] En otras palabras,
un trámite en rebeldía no garantiza [per se], una
sentencia favorable al demandante; el demandado no admite
hechos incorrectamente alegados como tampoco
conclusiones de derecho.32

En cuanto a la sentencia en rebeldía que solo el tribunal

puede emitir, expresamos lo siguiente:

[L]a facultad del Secretario para dictar una sentencia
en rebeldía está limitada[…]. Como corolario, cualquier
otra sentencia en rebeldía tiene que ser dictaminada por
el tribunal, que puede emitirla aun habiendo comparecido
el demandado, irrespectivamente de si la cuantía es
líquida o no. Ello incluye daños para lo cual puede
señalar vista, exigiendo prueba para ‘determinar [su]
importe …, o comprobar la veracidad de cualquier
aseveración.‘ […]. Resulta obvio, que los tribunales no
son meros autómatas obligados a conceder indemnizaciones
por estar dilucidándose un caso en rebeldía. Para el
descargo de tan delicado ministerio, la ley reconoce que
el proceso de formar consciencia judicial exige la
comprobación ‘de cualquier aseveración‘ mediante prueba.
A tal efecto, el tribunal ‘deberá celebrar las vistas
que crea necesarias y adecuadas.33

En Continental, supra, nos percatamos que, contrario a la

determinación del tribunal de instancia y a pesar de la pobre

redacción, las alegaciones expuestas por la parte demandante

31 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101; Continental Ins. Co.
v. Isleta Marina, supra, págs. 815-816; Rivera v. Insular Wire Products Corp.,
140 DPR 912 (1996).

32 Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, págs. 816-817. (Énfasis
suplido)(Citas omitidas).

33 Íb.
AC-2020-0082 16

resultaban suficientes para dictar la sentencia en rebeldía y

conceder la demanda. Colegimos que, con la eliminación de todas

las alegaciones y la anotación de la rebeldía, era razonable que

la parte demandante descansara en las alegaciones de la demanda

y, a excepción de la cuantía de daños, esta podía prescindir de

presentar prueba sobre la negligencia y nexo causal que provocó

los daños reclamados.

Acto seguido, reconocimos que el tribunal tiene discreción

para solicitarle a la parte demandante la comprobación de la

veracidad de cualquier aseveración. Sin embargo, aclaramos que

el foro primario tiene que advertirle de su intención al momento

de notificar el señalamiento de la vista en rebeldía. De lo

contrario, se incurre en un error que, tal como procedimos,

amerita la revocación de la sentencia. Respecto al planteamiento

principal del caso de autos, obsérvese dos asuntos: En primer

lugar, inmediatamente después de que el tribunal de instancia

ordenó la eliminación de todas las alegaciones de la parte

demandada operó el mecanismo de la rebeldía en la continuación

del trámite procesal ante el foro primario. En segundo término,

la única prueba impugnatoria que puede presentar la parte

demandada es aquella relacionada a la cuantía de los daños

reclamados, pues resolvimos que esta siempre será objeto de

prueba. Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que la parte

demandada incursa en rebeldía renuncia a su derecho de “presentar
AC-2020-0082 17

prueba contra las alegaciones de la demanda, y a levantar sus

defensas afirmativas.”34

A pesar de nuestros pronunciamientos en Continental,

supra, es la primera vez que nos corresponde explicar por qué se

debe tramitar un pleito en rebeldía luego de la orden para

suprimir todas las alegaciones de la parte demandada, si la

redacción de la Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil separa

ambas sanciones.

De entrada, parte de la Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento

Civil proviene de la Regla 37(b)(2)(A) de las Reglas de

Procedimiento Civil Federal.35 Al igual que en la nuestra, la

redacción de la aludida regla federal separa las sanciones de

eliminación de las alegaciones de la parte demandada y la

sentencia en rebeldía. A pesar de tal división, desde Hammond

Packing Company v. State of Arkansas, 212 U.S. 322 (1909), se

resolvió que procede un dictamen en rebeldía luego de excluir

las alegaciones del promovido por incumplir con una orden para

descubrir prueba.36 El Tribunal Supremo Federal reconoció que

la autoridad para proceder de esa manera provenía de la

presunción de que los hechos materiales se admiten al no

34 Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). En Álamo v.
Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 104, resolvimos que un demandado al que
se le anota la rebeldía renuncia tácitamente a la oportunidad de levantar la
defensa afirmativa de prescripción ni puede atacar la insuficiencia de una
alegación en torno a la omisión de la fecha de los hechos.

35 Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de
Procedimiento Civil, Tribunal Supremo de Puerto Rico, marzo 2008, pág. 372.

36 Hammond Packing Company v. State of Arkansas, 212 U.S. 322, 351 (1909)
(“[T]the law of the United States, as well as the laws of many of the states,
afford examples of striking out pleadings and adjudging by default for a
failure to produce material evidence). Véase, Notas de 1930 del Comité asesor
de la Regla 37 de las Reglas de Procedimiento Civil Federal.
AC-2020-0082 18

contestarse la demanda tal como sucede con la alegación

responsiva donde la parte no afirma o declara sus derechos

conforme lo dispone la ley.37 Esta determinación nos ofrece un

razonamiento cónsono con los efectos de la rebeldía discutidos

en Continental, supra, nuestras expresiones en Polo, supra,

Acevedo, supra y Arce, supra, y de las consecuencias que postulan

las Reglas 6.2 a la 6.4 de Procedimiento Civil concernientes al

ejercicio de negar y formular defensas afirmativas que debe

cumplir la parte demandada. Veamos.

Una demanda tiene que incluir: “(1) una relación sucinta

y sencilla de los hechos que demuestran que procede el remedio

solicitado, y (2) la solicitud del remedio que se alega debe

concederse.”38 Los hechos materiales alegados tienen que

demostrar de su faz que, de probarse, hacen a la parte demandante

acreedora del remedio solicitado.39 Entretanto, mediante el

ejercicio de negar, la contestación a la demanda ataca las

aseveraciones en las cuales descansa la parte demandante40 y con

37 Hammond Packing Company v. State of Arkansas, 212 U.S. 322,
supra.(“[T]herefore, the power exerted below was like the authority to default
or to take a bill for confessed because of a failure to answer, based upon a
presumption that the material facts alleged or pleaded were admitted by not
answering, and might well also be illustrated by reference to many other
presumptions attached by the law to the failure of a party to a cause to
specially set up or assert his supposed rights in the mode prescribed by law”).
Véase CIA Petrolera Caribe, Inc. v. ABBA Service Center, 116 F.R.D. 90 (1987);
National Hockey League v. Metropolitan Hockey Clubs, 427 U.S. 639, 642-643, 96
S.Ct. 2778, 49 L.Ed.2d 747 (1976). (La conducta de una parte demandada de
obstruir o impedir los intentos de la parte demandante de descubrir prueba y
desobedecer las órdenes que al respecto emita un juez, provoca la eliminación
de las alegaciones y la anotación de rebeldía).

38 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1062 (2020). Regla 6.1 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

39 Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company, Inc., 206 DPR 194, 207
(2021).

40 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, págs. 1062–1063. Regla 6.2(a) de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
AC-2020-0082 19

las defensas afirmativas que formula procura “derrotar la

reclamación presentada en su contra”.41 El ejercicio de negar y

de formular las defensas afirmativas, permite que la parte

demandada se escude al exponer su versión con hechos

demostrativos de que la reclamación no procede y que le asisten

las defensas.

Así que, si la parte demandada contesta la alegación de

manera oportuna, pero en esta no niega las aseveraciones

contenidas en la demanda que requieran respuesta y que no se

refieran al monto de daños, estas se tendrán por admitidas.42

Igualmente, salvo falta de jurisdicción y parte indispensable,

las defensas afirmativas que no se instauren en la contestación

a la demanda, se entienden renunciadas.43 Vemos que si la parte

demandada no procede conforme lo dispone el ordenamiento jurídico

procesal civil, opera una presunción contraria para la defensa

de su versión de los hechos.

La gravedad de la sanción para la exclusión total de las

alegaciones por incumplir con una orden para descubrir prueba

consiste en que la parte demandada sí tuvo la intención de

defenderse. Sin embargo, según Polo, supra, Acevedo, supra, y

las Reglas 6.2 a la 6.4 de Procedimiento Civil, excepto por el

reclamo en daños, las aseveraciones que la parte demandada negó

y las defensas afirmativas que formuló en la alegación

41 Rio Mar Community Association, Inc. v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100, 111
(2021).

42 La Regla 6.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que “las
aseveraciones contenidas en cualquier alegación que requiera una alegación
responsiva y que no se refieran al monto de daños, se considerarán admitidas
si no fueran negadas en la alegación responsiva.”(Énfasis suplido).

43 Véase Reglas 6.3, 10.2 y 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V.
AC-2020-0082 20

responsiva, quedaron sin efecto y, por ende, no estarán a su

disposición en el juicio ni el tribunal las tomará en

consideración. Dicho de otra manera, quedaron admitidas las

aseveraciones negadas y las defensas afirmativas levantadas se

entienden renunciadas o por no puestas. En concreto, el

equivalente procesal de la eliminación de todas las alegaciones

de la parte demandada es como si esta no hubiera contestado

alegación alguna y se allanara al litigio presentado en su

contra.44

No podemos perder de perspectiva que nuestro ordenamiento

contempla la rebeldía en dos escenarios separados con propósitos

distintos –-por incomparecencia o como sanción--.

Irrespectivamente de que la redacción de la Regla 34.3(b)(3)

separe las sanciones de la eliminación de todas las alegaciones

y la sentencia en rebeldía, es incuestionable que anotar la

rebeldía por incomparecencia es una consecuencia lógica cuando

se carece de alegaciones. Definitivamente, el examen detallado

de Continental, supra, y el análisis sobre las alegaciones

responsivas esbozado revela, tal como expresamos categóricamente

hace más de cuarenta años en Arce, supra, que luego de una orden

para eliminar todas las alegaciones de la parte demandada procede

“declararla en rebeldía y resolver la causa en su contra.” Esta

norma no debe cambiar, más bien la reiteramos. Sobre este

particular y al palio de las Reglas de Procedimiento Civil

44Cuando la parte demandada resulta sancionada con la eliminación de todas las
alegaciones se refiere a la contestación a la demanda, contestación a la
demanda contra coparte, contestación a la demanda contra tercero y, en caso de
que formule una reconvención, esta conlleva la desestimación.
AC-2020-0082 21

aprobadas hace más de una década, el Prof. Rafael Hernández Colón

señaló lo siguiente:

La eliminación de alegaciones puede ser de la totalidad
o de una reclamación de una demanda con dos o más
reclamaciones o de una reconvención o de una parte de
una reclamación, o de una defensa afirmativa. Cuando la
sanción es parcial supone que el proceso ha de continuar.
[…] [S]i el tribunal impone la sanción de la eliminación
de la totalidad de las alegaciones lo que procede es
desestimar la demanda o dictar sentencia en rebeldía.45

De lo anterior se puede colegir que el castigo de la

supresión total de las alegaciones conlleva directamente a la

sanción de la sentencia en rebeldía. A su vez, los tribunales

apelativos estamos llamados a inclinarnos a decretar las

consecuencias de la rebeldía cuando el tribunal de instancia

ordena la eliminación de todas las alegaciones, específicamente

si la sanción fue producto de la conducta malintencionada de la

parte demandada de no descubrir prueba. 7 Moore’s Federal

Practice Sec. 37.51[4] (3.ra ed. 2023) (“If a sanctions order

strikes an entire pleading, appellate courts are likely to impose

the same constraints that they impose on dismissal or default

sanctions orders. Specifically, the disobedient party's conduct

must be a result of bad faith, willfulness, or substantial

fault.”) (Énfasis suplido). Ahora, la pregunta obligada es, si

es así, ¿para qué se debe celebrar una vista en rebeldía?

De ordinario, la anotación de la rebeldía precede al

señalamiento de la vista en cuestión.46 Previo a la

45 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho procesal civil,

6ta ed., San Juan, P.R., Ed. Lexis Nexis, 2017, págs. 375-376. (Énfasis suplido)

46El último párrafo de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil dispone que
“La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una sentencia
dictada en rebeldía.”
AC-2020-0082 22

calendarización de la audiencia, el tribunal de instancia debe

haber evaluado si los hechos materiales de la demanda están bien

alegados, si estos proceden como cuestión de derecho y no

contienen alegaciones concluyentes.47 Con arreglo a la Regla

45.2(b) de Procedimiento Civil y a Continental, supra, el

tribunal celebrará la vista en rebeldía para la determinación

del importe de daños y si, habiéndolo advertido previamente a la

parte demandante, desea comprobar la veracidad de cualquier

aseveración respecto al remedio solicitado en la demanda, el

tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y

adecuadas a esos efectos.48 Esta prueba exigida a la parte

demandante permitirá que el tribunal se encuentre en posición

para dictar una sentencia en rebeldía conforme a derecho. Por lo

tanto, es forzoso reiterar la conclusión de que la parte

demandada no tiene el derecho a refutar los méritos de la demanda

en la vista en rebeldía.49

III

El peticionario nos plantea que la noción de permitir que

los recurridos puedan presentar prueba para refutar los méritos

de la demanda choca con la orden de supresión total de las

alegaciones que confirmamos mediante la Sentencia de 2018.

Argumenta que esta sanción tuvo lugar, por incumplir las órdenes

47 Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931
(1996); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817.

48Íb.; Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, supra; Continental Ins. Co.
v. Isleta Marina, supra.

497 Moore’s Federal Practice Sec. 37.51[4] (3.ra ed. 2023) (“For example,
the effect of an order striking an entire pleading would appear to be no
different than the effect of a preclusion order prohibiting the
disobedient party from supporting or opposing particular claims or
defenses.”) (Énfasis suplido).
AC-2020-0082 23

del tribunal y porque se determinó que los recurridos incurrieron

en expoliación de evidencia con prueba que el peticionario

necesitaba para establecer su causa de acción. Reclama, por lo

tanto, que los procedimientos continúen en rebeldía, tal como

resolvió la Resolución de 2020.

Por su parte, los recurridos argumentaron, y así lo

entendió el foro apelativo intermedio, que “la redacción de la

Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil tiene la intención de

dividir las consecuencias de las sanciones. Por eso exponen que,

a pesar de que la Resolución de 2015 les suprimió todas las

alegaciones, pueden presentar prueba, incluso impugnatoria, para

refutar las alegaciones de la demanda y obligar al peticionario

a satisfacer con prueba todos los elementos de las causas de

acción. Aducen, sin embargo, que con la anotación de rebeldía en

la Resolución de 2020, se darían por admitidos todos los hechos

alegados en la demanda y que esta constituyó una nueva sanción

que violó la ley del caso de la Resolución de 2015.

De entrada, surge del expediente que, el juez que emitió

la Resolución de 2015 expresamente rechazó anotar la rebeldía

porque entendió necesario que el peticionario desfilara prueba

sobre varios elementos de la causa de acción. No obstante, el

foro primario suprimió todas las alegaciones de los recurridos50

50Las alegaciones suprimidas son: la contestación a la demanda enmendada; la
demanda de coparte que presentaron en contra de los demandados Lunor, el
Sr. Norberto Seda Ortiz y la Sra. Myrna Olmo Velázquez y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ellos resultó desestimada; la contestación a la
demanda de coparte incoada por el señor Sánchez Ramos; la reconvención que los
recurridos formularon en contra del señor Sánchez Ramos. Surge de la Resolución
de 2020 que, en cuanto a las últimas dos alegaciones, el tribunal de instancia
las tendría por no puestas porque el foro primario les había anotado la
rebeldía.
AC-2020-0082 24

y, como mencionamos, en nuestra Sentencia de 2018 confirmamos

que no hubo abuso de discreción en su proceder.

La controversia respecto al alcance de la Resolución de

2015 se desarrolló en la etapa de juicio ante otra jueza. La

Resolución de 2020 mantuvo la supresión de todas las alegaciones

pronunciadas en la Resolución de 2015 y dilucidó que, ante esa

inescapable realidad, procedía continuar los procedimientos en

rebeldía. Por lo tanto, la Resolución de 2020 no violó la ley

del caso sino que aclaró la eficacia de la Resolución de 2015 y,

con ello, se evitó que una confusión jurídica produjera un

resultado evidentemente injusto.51

En lo concerniente al planteamiento principal, según

intimamos, es incuestionable la relación intrínseca entre los

efectos procesales de la eliminación de todas las alegaciones de

la parte demandada y la declaración y los trámites posteriores

en rebeldía que regulan las Reglas 34.3(b)(3) y 45.2(b) de

Procedimiento Civil, respectivamente. A raíz de la eliminación

de todas las alegaciones, las aseveraciones que los recurridos

negaron, se tendrán por admitidas y las defesas afirmativas

formuladas, por no puestas. Los recurridos quedaron privados de

51 En Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 9–10 (2016) expresamos que la
doctrina de la ley del caso “no es un mandato inflexible, sino que recoge
la costumbre deseable de que las controversias adjudicadas por un tribunal
sean respetadas. […] En situaciones excepcionales, si el caso vuelve ante
la consideración del tribunal y este entiende que sus determinaciones
previas son erróneas y pueden causar una grave injusticia, ese foro puede
aplicar una norma de derecho distinta.[citas omitidas]. En Núñez Borges
v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992), este Tribunal sostuvo,
haciendo referencia a lo resuelto en Torres Cruz v. Municipio de San Juan,
103 DPR 217, 222 (1975), que un segundo juez de un foro primario podía
cambiar la determinación de un primer juez en el mismo caso si esta
produce resultados claramente injustos.” (Énfasis suplido) Véase 7 Moore’s
Federal Practice, supra.
AC-2020-0082 25

establecer en el juicio la legitimidad y los méritos de su

defensa. Recalcamos, que esta sanción es como si literalmente

los recurridos no hubiesen presentado las alegaciones que el

tribunal de instancia excluyó en la Resolución de 2015.

Ciertamente, al igual que la desestimación, las advertencias

sobre la supresión total de las alegaciones por incumplimiento

con una orden para descubrir prueba no pueden tomarse de manera

liviana pues “son medidas drásticas que chocan con nuestra

política pública a favor de que los casos se ventilen en sus

méritos”.52

Por lo tanto, habida cuenta de que tienen las mismas

consecuencias, concluimos que el tribunal de instancia actuó

correctamente al anotar la rebeldía y señalar la vista para

continuar los procedimientos en rebeldía en cuanto a los

recurridos. En consideración a que el ordenamiento procesal civil

no advierte de manera expresa los efectos procesales que acarrea,

es propicio que a la eliminación de todas las alegaciones le

extendamos la normativa concerniente a la sanción de la sentencia

en rebeldía que gobierna la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil

y las pautas jurisprudenciales al respecto.

Así, en cuanto al peticionario, este podrá descansar en

las materias bien alegadas en la demanda, pues el tribunal las

considerará ciertas, admitidas y probadas. En el presente caso,

la jueza que preside los procedimientos señaló el juicio en

rebeldía en cuanto a los recurridos y, contrario al juez

anterior, se encuentra en posición para celebrarlo sin la

52 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, pág. 701.
AC-2020-0082 26

necesidad de requerirle al peticionario que compruebe la verdad

de cualquier aseveración en la demanda. Por lo tanto, adjudicada

la responsabilidad de los recurridos, el propósito de la vista

en rebeldía es para determinar el importe de los daños, si

alguno.

Por otro lado, los recurridos tienen derecho a:

(1) recibir la notificación de la vista en rebeldía;

(2) contrainterrogar a los testigos del peticionario;

(3) impugnar el importe en daños, pues recalcamos “[b]ajo

cualesquiera de las circunstancias, la cuantía de daños debe ser

objeto de prueba”;53 (4) acudir en apelación; (5) no renunciar a

las defensas de falta de jurisdicción y que la demanda no aduce

hechos constitutivos de una causa de acción; y (6) no admitir

hechos incorrectamente alegados ni las conclusiones de derecho.

Con el examen esbozado no podemos visualizar la distinción

que el foro apelativo intermedio expuso respecto a que la

eliminación de todas las alegaciones conlleva la supresión de

toda defensa afirmativa, pero los recurridos pueden presentar

prueba para refutar los méritos de la reclamación del

peticionario. Resolver de esa manera haría que la sanción de la

eliminación de todas las alegaciones resulte inoficiosa, máxime

cuando la conducta de los recurridos colocaron al peticionario

en un estado de indefensión para promover su causa de acción.

Por lo tanto, contrario a la apreciación del foro apelativo

intermedio, los recurridos no podrán presentar prueba en

53 Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 818.
AC-2020-0082 27

oposición a las alegaciones de la demanda del peticionario en el

juicio.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determinación

del Tribunal de Apelaciones y se restablece el dictamen del

Tribunal de Primera Instancia para que atienda el litigio

conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mitsubishi Motor Sales of
Caribbean, Inc.

Apelante

v. AC-2020-0082

Lunor, Inc. y otros

Apelados

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 12 de septiembre de 2023.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca la determinación del Tribunal de
Apelaciones y se restablece el dictamen del Tribunal de
Primera Instancia para que atienda el litigio conforme
a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente a la que
se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez
Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión
disidente a la que se unió el Juez Asociado señor Colón
Pérez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mitsubishi Motor Sales of
Caribbean, Inc.

Apelante
AC-2020-0082
v.

Lunor, Inc. y otros

Apelados

Rodríguez emitió una Opinión de conformidad en parte y disidente en parte

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente a la
cual se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2023.

En esta ocasión, la controversia ante nos es de

estricto derecho: ¿Procede automática y

obligatoriamente imponer la sanción de la anotación

de la rebeldía siempre que el Tribunal de Primera

Instancia decida aplicar la sanción de la eliminación

de las alegaciones que dispone la Regla 34.3(b)(3) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V? Una mayoría de

este Tribunal contesta esta interrogante en la

afirmativa. Sin embargo, para arribar a esa

conclusión, el proceso analítico que se utiliza ignora

por completo el texto de las Reglas de Procedimiento

Civil y, a mi juicio, interpreta incorrectamente la

jurisprudencia estatal y federal.
AC-2020-0082 2

Ante este proceder, me veo precisada a disentir y

demostrar que tanto el texto de la ley y la jurisprudencia

apuntan a la conclusión de que las referidas sanciones pueden

ser impuestas de manera separada e independiente. Es decir,

un juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia tiene

discreción para ordenar la eliminación de las alegaciones de

una parte como sanción, a tenor con la Regla 34.3(b)(3) de

Procedimiento Civil, supra, sin que esto tenga la

consecuencia automática de que también se le anote la

rebeldía.

Primero, realizaré un análisis sobre la intención de la

Asamblea Legislativa tal y como se desprende del texto de la

referida regla. Segundo, revisitaré la casuística citada en

la Opinión mayoritaria para demostrar que de una lectura

puntillosa de esta surge que nunca se ha establecido el

precedente que se utiliza como la base de su argumento.

Finalmente, debemos auscultar el efecto práctico que tiene

despojar a nuestros jueces y juezas de primera instancia de

una herramienta importante para el manejo de los casos que se

ventilan ante ellos.

I

La controversia ante nos surge de una demanda que

presentó Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc.

(Mitsubishi) en contra del Sr. José Julio Feliciano Prieta,

la Sra. Arelys Concepción Lorenzo, la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos, el Sr. Gustavo E. Guilbe

Ortiz, la Sra. Sonia E. Ortiz Ruiz y la Sociedad Legal de
AC-2020-0082 3

Gananciales compuesta por ambos, entre otros (en conjunto, la

parte recurrida).1

Tras varios años de litigio, Mitsubishi presentó una

Moción urgente solicitando eliminación de alegaciones por

incumplimiento con órdenes del Tribunal. En esta, argumentó

que, ante el incumplimiento reiterado por la parte recurrida

con órdenes del tribunal sobre la entrega de una serie de

documentos, procedía la eliminación de sus alegaciones a

tenor con las Reglas 34.2 y 34.5 de Procedimiento Civil,

supra. El 9 de febrero de 2015 el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución mediante la cual expresó lo

siguiente:

Hay elementos subjetivos de intención,
actuación, propósitos mentales y otros factores que
mueven a este tribunal [a] denegar la petición de
[la] parte demandante de anotar [la] rebeldía y
dictar sentencia a los co-demandados, tampoco queda
convencido este Tribunal [de que] proceda dar por
probado el pleito, menos prohibir a los demandados
presentar prueba en oposición a las reclamaciones
incoadas por Mitsubishi Motor Sales of Caribbean.
No obstante, concluye este Tribunal [que] la parte
demandada ha menospreciado el proceso de descubrir
prueba, faltando a la diligencia e incumpliendo con
las múltiples órdenes de este Tribunal dadas por
los varios jueces que han atendido este asunto
desde el año 2002.

Por tanto, se ordena y queda ordenado la
eliminación de todas las alegaciones de la parte
demandada a todos los efectos legales y sobre todas
las controversias objeto de este litigio.2

1 En la Demanda se alegó que la parte recurrida incurrió en incumplimiento
con transacciones garantizadas, distribución ilegal de dividendos,
reducción ilegal de capital, fraude e incumplimiento de contrato.
2 Apéndice de Recurso de Apelación, págs. 119-120 (Énfasis suplido).
AC-2020-0082 4

Nótese que el juez de instancia expresamente rechazó

ordenar la anotación de la rebeldía, indicó que la sanción se

limitaría a la eliminación de las alegaciones, y explicó que

la parte sancionada retendría su derecho a presentar prueba

en oposición a las reclamaciones incoadas por Mitsubishi.

Inconformes con la referida Resolución, la parte

recurrida acudió al Tribunal de Apelaciones para cuestionar

la sanción impuesta. Sin embargo, el foro apelativo

intermedio confirmó el dictamen mediante Sentencia dictada el

18 de septiembre de 2015. Finalmente, la parte recurrida

presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal y, tras

expedirse, en el 2018 se confirmó la determinación.3

Devuelto el asunto al Tribunal de Primera Instancia,

surgió otra controversia con relación a la interpretación que

debía darse a la sanción impuesta. Por un lado, Mitsubishi

argumentó que la parte recurrida estaba impedida de presentar

prueba a su favor pues la eliminación de las alegaciones les

ponía en la misma posición que si se le hubiese anotado la

rebeldía. Por el otro, la parte recurrida señaló que la

Resolución del 9 de febrero de 2015, en la cual se impuso la

sanción, expresamente rechazó anotarle la rebeldía e

impedirle presentar prueba en oposición a las reclamaciones

incoadas.

El Tribunal de Primera Instancia, por voz de un juez

distinto al que originalmente impuso la sanción, emitió una

3 Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros (CC-
2016-0557, Sentencia emitida el 27 de septiembre de 2018).
AC-2020-0082 5

Resolución el 10 de febrero de 2020 en la cual expresó que la

parte recurrida “estaba impedid[a] de presentar prueba y

defensas a su favor, ello ante la realidad inescapable de que

sus alegaciones le fueron eliminadas y a lo único que tendrían

derecho es a contrainterrogar a la parte demandante en la

vista en rebeldía que en su día ha de tener efecto”.4 Esta

aseveración se hizo sin fundamento alguno que sustentara por

qué se estaba apartando de las expresiones que hizo el

tribunal en la resolución en la cual se impuso la sanción y

que advino final y firme.

Inconforme, la parte recurrida presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la

revisión de la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

El foro apelativo intermedio revocó al Tribunal de Primera

Instancia. Fundamentó su decisión en que la Resolución del 9

de febrero de 2015 se había convertido en la ley del caso,

que no existía justificación para variar el lenguaje

utilizado en la sanción impuesta luego de tantos años, y que

no existía fundamento legal que equiparara la eliminación de

las alegaciones con la anotación de la rebeldía.

Así las cosas, Mitsubishi solicitó la revisión del

dictamen del Tribunal de Apelaciones. Una mayoría expidió el

recurso presentado y decidió revocar la determinación del

Tribunal de Apelaciones. Por estar en completo desacuerdo con

este curso de acción, discuto las razones por las cuales

hubiese confirmado al Tribunal de Apelaciones.

4 Apéndice de Recurso de Apelación, pág. 168.
AC-2020-0082 6

II

En primer lugar, recordemos que “en nuestro ordenamiento

jurídico se han instaurado una serie de normas de hermenéutica

legal, las cuales, en mayor o menor grado, se imponen como

principios rectores del ejercicio de nuestra función

adjudicativa”. Martajeva v. Ferre Morris, 210 DPR 612, 826

(2022). Véase también: Rosado Molina v. ELA y otros, 195 DPR

581, 589 (2016). Además, como es conocido, uno de los

principios cardinales de hermenéutica es que cuando la ley es

clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.

Martajeva v. Ferre Morris, supra. Es por esto que “el primer

paso al interpretar un estatuto es remitirnos al propio texto

de la ley, puesto que cuando el legislador se ha expresado en

un lenguaje claro e inequívoco, el propio texto de la ley es

la expresión por excelencia de la intención legislativa”.

Rosado Molina v. ELA, supra, pág. 589. Véase también: Cordero

et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

A pesar de este mandato, mi compañera y compañeros de

estrado se apartan del texto claro de la disposición en

cuestión y, lo que es más, también dan traste con la intención

legislativa.

Sin embargo, utilizando herramientas hermenéuticas

podemos descubrir y darle efecto a la intención de la Asamblea

Legislativa expresada mediante la letra de la ley. Lo cierto

es que en nuestro ordenamiento no existe fundamento legal que

asimile la sanción de la eliminación de las alegaciones a la
AC-2020-0082 7

anotación de rebeldía. Por el contrario, la Regla 34.3 de

Procedimiento Civil, supra, distingue expresamente entre las

dos sanciones. Veamos.

El Prof. Jorge Farinacci Fernós (profesor Farinacci

Fernós), en su obra Hermenéutica Puertorriqueña: Cánones de

Interpretación Judicial, discute el efecto de palabras o

expresiones copulativas o disyuntivas. Por un lado, un

copulativo conecta dos o más expresiones. Esto tiene el efecto

normativo de expresar que hace falta que todas las instancias

conectadas estén presentes para que la norma aplique. Por el

otro, un disyuntivo separa dos expresiones o más e implica

que será suficiente que ocurra solamente una de las instancias

mencionadas. El profesor Farinacci Fernós ilustra esta

diferencia con un ejemplo simple:

“[S]i la norma lee ‘Está prohibido guiar y beber’,
debe de partirse de la premisa que lo que está
prohibido es guiar y beber, es decir, hacer ambas
actividades a la vez. Si queremos prohibir ambas
conductas separadamente, lo correcto sería decir
‘Está prohibido guiar o beber’, ‘Están prohibidos
guiar y beber’ o ‘No se puede guiar ni beber’. En
el primer ejemplo, el disyuntivo ‘o’ establece
claramente que cualquiera de las dos conductas está
prohibida. En el segundo ejemplo, el uso del plural
da a entender que la prohibición alcanza todas las
instancias mencionadas en la norma. En el tercer
ejemplo, el uso del negativo ‘ni’ señala que la
prohibición es para ambas conductas
separadamente”. 5

Esta misma lógica puede aplicarse no solamente a las

5 J. Farinacci Fernós, Hermenéutica Puertorriqueña: Cánones de
Interpretación Jurídica, Puerto Rico, Editorial Interjuris, Editorial de
la Universidad Interamericana de Puerto Rico, págs. 117-118.
AC-2020-0082 8

prohibiciones, sino a los requisitos y autorizaciones.6

Recordemos el lenguaje de Regla 34.3 de Procedimiento Civil,

supra:

Si una parte o un funcionario o agente
administrador de una parte, o una persona designada
para testificar a su nombre según disponen las
Reglas 27.6 o 28, deja de cumplir una orden para
llevar a cabo o permitir el descubrimiento de
prueba, incluyendo una orden bajo las Reglas 32 y
34.2, el tribunal podrá dictar, con relación a la
negativa, todas aquellas órdenes que sean justas;
entre ellas las siguientes:
. . . . . . . .
(3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de
ellas, o para suspender todos los procedimientos
posteriores hasta que la orden sea acatada, para
desestimar el pleito o procedimiento, o cualquier
parte de ellos, o para dictar una sentencia en
rebeldía contra la parte que incumpla. Regla
34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V
(Énfasis suplido).

De lo anterior se puede colegir que la Asamblea

Legislativa, sin dejar espacio para ambigüedad alguna,

proveyó un listado de las sanciones que el tribunal puede

imponer por el incumplimiento con ordenes relacionadas con el

descubrimiento de prueba. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico

del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 700 (2020). Debido a que se

utiliza el disyuntivo “o” para separar las distintas posibles

sanciones, en vez de utilizar el copulativo “y”, la única

interpretación razonable de la intención legislativa es que

se decidió separar las sanciones y proveer autorización a los

tribunales para que se impusiera cada una de manera

independiente.

6 Íd., pág. 119.
AC-2020-0082 9

Interpretar que la Legislatura, a pesar de enumerar las

sanciones por separado y dividirlas con el disyuntivo “o”,

tuvo la intención de que se interpretara que la eliminación

de las alegaciones y la anotación de rebeldía son

equivalentes, requiere una lectura forzada del texto de la

ley. Según lee la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, supra,

cuando una parte incumple con órdenes del tribunal

relacionadas con el descubrimiento de prueba, los tribunales

tienen ante sí una lista de seis posibles sanciones distintas

que pueden imponer, algunas de las cuales evidentemente son

más severas que otras, y todas están separadas por el

disyuntivo “o”. Empero, una mayoría de este Tribunal razona

que la primera de las sanciones listada está ligada

inexorablemente a la última sanción allí incluida. Llegan a

esta conclusión sin brindar explicación alguna sobre por qué

la Asamblea Legislativa decidió enumerar dos sanciones

separadas, divididas por el disyuntivo “o”, y con otras cuatro

sanciones entre medio, si, como arguye la mayoría, estas dos

sanciones son, para todos los efectos, idénticas. El proceso

analítico de la Opinión mayoritaria llega a una conclusión

que está diametralmente opuesta al lenguaje claro y libre de

ambigüedad que se utilizó en la regla objeto de análisis.

Por el contrario, estimo que nuestra tarea de darle

efecto a la intención legislativa ante el lenguaje preciso

del texto de la ley no requería malabares analíticos. Sin

tener que mirar más allá de la letra de la ley, estamos ante

una lista de seis sanciones y el Tribunal tiene la
AC-2020-0082 10

prerrogativa de: 1) imponer cada una de esas sanciones por

separado o, 2) acumular más de una de estas sanciones e

imponerlas en conjunto.

III

La Opinión mayoritaria, tras ignorar el texto claro de

la ley, recurre a jurisprudencia, tanto local como federal,

con la intención de reinterpretar el significado de la lista

de sanciones que provee la Regla 34.3 de Procedimiento Civil,

supra. Sobre esto, se argumenta que “el examen detallado de

Continental [v. Isleta Marina], 106 DPR 809 (1978), y el

análisis sobre las alegaciones responsivas esbozado revela,

tal como expresamos categóricamente hace más de cuarenta años

en Arce [v. Club Gallístico de San Juan], 105 DPR 305 (1976),

que luego de una orden para eliminar las alegaciones de la

parte demandada procede declararla en rebeldía y resolver la

causa en su contra”.7 Además, plantea que “esta norma no debe

cambiar, más bien la reiteramos”.8 Sin embargo, estoy de

acuerdo con lo expresado en la Opinión disidente del Juez

Asociado señor Estrella Martínez sobre el hecho de que la

Opinión mayoritaria representa inadecuadamente los casos que

cita como precedente para resolver la controversia ante nos.

En fin, este Tribunal y la Corte Suprema Federal nunca han

expresado de manera categórica que la sanción de la

eliminación de las alegaciones implica necesariamente la

anotación de la rebeldía.

7 Opinión mayoritaria, pág. 20.
8 Íd.
AC-2020-0082 11

Como señala la Opinión mayoritaria, en Continental Ins.

Co. v. Isleta Marina, supra, el foro primario ordenó la

eliminación de todas las alegaciones de la parte demandada e

inmediatamente señaló y celebró la vista en rebeldía. Sin

embargo, en ese caso no estaba en controversia si procedía la

anotación de la rebeldía, sino que la discusión se centró

sobre el peso de la prueba que tiene el demandante luego de

que se le haya anotado la rebeldía al demandado. Es decir, en

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, no hubo

discusión alguna sobre la relación entre la eliminación de

las alegaciones como sanción y la anotación de rebeldía. Esto

así, pues el foro primario optó, tal y como tiene la

discreción para hacer, por la sanción particular de eliminar

las alegaciones y anotar la rebeldía; sin embargo, no surge

de las Reglas de Procedimiento Civil ni del texto de nuestro

pronunciamiento de Continental Ins. Co. v. Isleta Marina,

supra, que el Tribunal de Primera Instancia hubiese estado

obligado a imponer ambas sanciones en conjunto. Por el

contrario, en Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra,

expresamos que el foro primario ostentaba la prerrogativa de

imponer la sanción que entendiera correspondiente. “Como

hemos señalado antes, la Regla 34.3, que autoriza la

imposición de sanciones, contempla varias alternativas, o

sea, el tribunal puede imponer cualquiera de las sanciones

allí dispuestas”. Íd., pág. 814 (Énfasis suplido). A pesar de

esto, una mayoría de este Tribunal intenta imponer una

interpretación acomodaticia del precedente de Continental
AC-2020-0082 12

Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, para establecer que allí se

demostró la relación inherente entre las dos sanciones en

controversia. Sin embargo, ese análisis equipara erróneamente

las expresiones que este Tribunal ha hecho con relación a que

los jueces y juezas de instancia están facultados para imponer

ambas sanciones en conjunto con una conclusión completamente

distinta de que el foro primario está obligado a anotarle la

rebeldía a una parte si opta por eliminar sus alegaciones.

La Opinión mayoritaria también cita a Arce v. Club

Gallístico de San Juan, supra, como ejemplo de que este

Tribunal ha expresado que, luego de una orden para eliminar

las alegaciones de la parte demandada, procede declararla en

rebeldía y resolver la causa en su contra. Sin embargo,

nuevamente la Opinión mayoritaria llega a una conclusión que

se distancia del precedente que realmente se estableció, ya

que citan el texto del caso descontextualizándolo de la

controversia. En primer lugar, nótese que, en Arce v. Club

Gallístico de San Juan, supra, los peticionarios

cuestionaron: 1) la facultad del foro primario para ordenar

la desestimación de una causa de acción como sanción por

inactividad y, 2) si en ese caso en particular se configuraban

los elementos necesarios para que, en efecto, se sancionara

a la parte con la desestimación del caso.

Nuevamente, la controversia en aquel momento no versaba

sobre la relación entre la eliminación de las alegaciones y

la anotación de la rebeldía, sino sobre la constitucionalidad

de imponer las referidas sanciones. Por esta razón, las
AC-2020-0082 13

expresiones del Tribunal en aquel momento se limitaron a

contestar esas dos interrogantes. Es por esto que una mayoría

de este Tribunal se equivoca en su interpretación del alcance

de nuestras expresiones en Arce v. Club Gallístico de San

Juan, supra, y su relevancia a la controversia ante nos. En

aquel momento se discutió el poder que tiene el tribunal para

emitir cualquiera de las sanciones que la Legislatura listó.

Sin embargo, la mayoría de esta Curia interpreta erróneamente

que en aquel momento dictaminamos que dos de esas sanciones,

la eliminación de las alegaciones y la anotación de la

rebeldía, siempre tienen que imponerse en conjunto. Esta

lectura de la norma simplemente no es fiel al lenguaje

utilizado en el texto de Arce v. Club Gallístico de San Juan,

supra.

La Opinión mayoritaria comete este mismo error, dígase,

la presunta equivalencia entre la facultad de un tribunal

para emitir dos sanciones en conjunto y la obligación de

imponer una sanción siempre que imponga la otra, al

interpretar erróneamente lo que la Corte Suprema federal

pautó en Hammond Packing Company v. State of Arkansas, 212

U.S. 322 (1909). Se expresa que en Hammond Packing Company v.

State of Arkansas, supra, “se resolvió que procede un dictamen

en rebeldía luego de excluir las alegaciones del promovido

por incumplir con una orden para descubrir prueba”.9 Sin

embargo, Hammond Packing Company v. State of Arkansas lo que

9 Opinión mayoritaria, pág. 17.
AC-2020-0082 14

expresa es que: “the law of the United States, as well as the

laws of many of the states, afford examples of striking out

pleadings and adjudging by default for a failure to produce

material evidence”. Hammond Packing Company v. State of

Arkansas, supra, pág. 350. Como se puede observar, la Corte

Suprema federal no estableció que la anotación de rebeldía es

una consecuencia natural y obligatoria de la eliminación de

las alegaciones; en vez, una traducción correcta de sus

expresiones revela que se limitó a mencionar que existen

fuentes de Derecho estatal y federal que facultan a un

tribunal a imponer las sanciones de eliminar las alegaciones

y de anotar la rebeldía cuando se incumple con el

descubrimiento de prueba. La Opinión mayoritaria no es

precisa en su traducción del texto de Hammond Packing Company

v. State of Arkansas, supra, lo cual redunda en una

interpretación incorrecta del precedente.

Habiendo demostrado que del texto de la Regla 34.3 de

Procedimiento Civil, supra, dimana la intención clara de la

Asamblea Legislativa de mantener la eliminación de las

alegaciones y la anotación de rebeldía como sanciones

distintas, y que ni este Tribunal ni la Corte Suprema federal

alguna vez han equiparado estas dos sanciones, resulta

evidente que una mayoría de este Tribunal erró al expresar

que hoy reitera una norma que supuestamente se expresó

categóricamente hace cuarenta años. Por el contrario, hoy

crean una norma nueva sin tener como base disposición legal

o jurisprudencia alguna.
AC-2020-0082 15

IV

Finalmente, entiendo prudente explorar la consecuencia

práctica que tendrá la norma que hoy establece este Tribunal

sobre los mecanismos a la disposición de los jueces y juezas

de primera instancia para promover una conducta apropiada de

las partes durante el litigio y que los casos ante sí se

puedan resolver en sus méritos. Me parece preocupante que

esta Curia, hoy, despoja a sus compañeros y compañeras de

instancia de una importante herramienta para el manejo de los

casos.

En primer lugar, recordemos que en nuestro ordenamiento

existe una política judicial de que los casos se ventilen en

sus méritos y que la desestimación de los recursos solamente

procede en situaciones extremas en donde sea evidente la

existencia de una causal de desestimación reconocida. HRS

Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., supra, pág.

701; Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823,

829 (1962). De esta forma, nuestro sistema de justicia

propicia el acceso a los reclamos de la ciudadanía, al

promover la adjudicación efectiva de las controversias en sus

méritos. Véase: Ley Núm. 21-2003, según enmendada, conocida

como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24 (a).

A estos efectos, en Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288

(2012), discutimos la naturaleza y los distintos propósitos

que puede tener una sanción emitida por un tribunal y

dirigidas a las partes de un caso:
AC-2020-0082 16

El propósito de las sanciones puede ser disuasivo,
punitivo o remediatorio. Es disuasivo en la medida
en que la posibilidad de la aplicación de la sanción
promueve el adecuado desenvolvimiento del proceso
al disuadir de la infracción de las reglas. Es
punitivo cuando se persigue castigar al infractor
y remediatorio cuando lo que busca la sanción es
proveer un remedio a la infracción. En ocasiones la
sanción es tanto punitiva como remediatoria.10

Ciertamente, la consecuencia de la anotación de rebeldía

es distinta y más severa que la consecuencia de la eliminación

de las alegaciones. Por un lado, la anotación de la rebeldía

tiene el efecto de que se den por admitidos todos los hechos

bien alegados en la demanda o la alegación que se haya

formulado en contra del rebelde, y se autoriza al tribunal

para que dicte la sentencia correspondiente, si esta procede

como cuestión de derecho. Rivera Figueroa v. Joe’s European

Shop, 183 DPR 580, 590 (2011). Lo anterior no atenta contra

los derechos reconocidos a una parte en rebeldía, a quien,

según hemos expresado, “le cobija el derecho a conocer del

señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los

testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar

la sentencia. No renuncia a las defensas de falta de

jurisdicción ni de que la demanda no aduce hechos

constitutivos de una causa de acción en favor del reclamante”.

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 672 (2005).

Por el contrario, la eliminación de las alegaciones por

sí sola no tiene que conllevar consecuencias tan fatales.

10 Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288 (2012) citando a R. Hernández
Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 4ta
ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2007, pág. 181.
AC-2020-0082 17

Aunque este Tribunal se ha expresado in extenso sobre las

consecuencias de la anotación de la rebeldía, lo cierto es

que no se ha abundado de la misma manera sobre las

consecuencias precisas que conlleva la eliminación de las

alegaciones sin más. Hoy, el curso de acción mayoritario

desaprovecha esta oportunidad para aclarar la distinción

entre las sanciones en controversia y precisar sobre las

distintas herramientas de manejo de caso que tienen nuestros

jueces y juezas de instancia a su disposición.

La parte recurrida argumenta que la sanción de eliminar

las alegaciones de una parte demandada no prohíbe que dicha

parte presente evidencia para refutar las alegaciones de la

demanda, incluida la prueba de impugnación. Esta misma

interpretación surge de la Resolución que emitió el Tribunal

de Primera Instancia el 9 de febrero de 2015, donde explicó

que al no anotar la rebeldía y limitar la sanción a la

eliminación de la rebeldía, no se estaría prohibiendo a la

parte recurrida presentar prueba en oposición a las

reclamaciones incoadas por Mitsubishi.

Esta interpretación sobre los efectos de la eliminación

de las alegaciones encuentra apoyo en expresiones que este

Tribunal hizo previamente en Mejías v. Carrasquillo, supra.

Ahí, establecimos que:

[L]a eliminación de las alegaciones no conlleva, de
por sí, la inexistencia de controversias de hechos
que justifica el que no se celebre una vista
evidenciaria. Hemos dispuesto reiteradamente que el
proceso de formar consciencia judicial exige que se
compruebe cualquier aseveración mediante prueba y,
para ello, el tribunal deberá celebrar las vistas
AC-2020-0082 18

que crea necesarias y adecuadas. (Énfasis suplido).
Íd., pág. 304.

La diferencia entre las dos sanciones, entonces, resulta

clara. Por un lado, eliminar las alegaciones necesariamente

supone que la parte sancionada pierde acceso a las defensas

que pudieran surgir de sus alegaciones. Sin embargo, esto no

significa que también se le tienen que imponer todas las demás

consecuencias que son exclusivas a la anotación de la

rebeldía; no hay fundamento en derecho que nos obligue a

impedir a una parte a quien se le eliminaron las alegaciones,

pero no se le anotó la rebeldía, a que presente prueba que

refute los méritos de la reclamación de la otra parte.

De esta manera, mantenemos una sanción que es menos

severa y que impone menos restricciones que la anotación de

la rebeldía. Así, la sanción de la eliminación de las

alegaciones tendría la doble función de castigar al infractor

por incumplir con las órdenes del tribunal, pero, además,

promovería el adecuado desenvolvimiento del proceso. La

anotación de la rebeldía, por el contrario, es una sanción

tan extrema que solamente podría categorizarse como punitiva.

Es por esto que equiparar ambas sanciones, y eliminar la

diferencia sutil en las consecuencias de cada una, tiene como

efecto despojar a los jueces y juezas del foro primario de

una herramienta importante a su disposición para alentar a

las partes a acatar sus órdenes. Este error es aún más patente

ante la fuerte política judicial de propiciar la ventilación
AC-2020-0082 19

de los pleitos en los méritos y la solución justa de las

reclamaciones.

V

En fin, hoy se nos presentó la oportunidad de aclarar la

relación entre dos sanciones distintas que surgen de la Regla

34.3 de Procedimiento Civil, supra. En particular, debíamos

auscultar si la sanción de la eliminación de las alegaciones

siempre tiene que estar acompañada por la anotación de

rebeldía. Para contestar esta interrogante, nuestra única

tarea adjudicativa era acudir al texto claro y libre de

ambigüedad de la referida regla, el cual revela que la

intención legislativa era concederle la prerrogativa a los

jueces y juezas de imponer cualquiera de las seis sanciones

allí listadas. A pesar de esto, una mayoría de mis compañeros

y compañera de estrado se embarcó en una expedición de

jurisprudencia estatal y federal que no hace referencia a la

controversia real ante nos, sino a una solamente

tangencialmente relacionada. En ese ejercicio, equiparan la

capacidad y discreción para imponer dos sanciones en conjunto

con una obligación de hacerlo. Además, este proceder va en

contra de lo que claramente era la ley del caso.

El efecto de esta decisión, además de revivir de manera

artificial un dictamen cinco años después de que este

adviniera final y firme, resonará en las salas de todos los

jueces y juezas de nuestro Tribunal de Primera Instancia.

Esto así, pues este Tribunal le ha despojado de la capacidad
AC-2020-0082 20

de imponer una sanción que, aunque severa, no conllevaba todas

las consecuencias de la anotación de la rebeldía.

VI

Por lo antes expuesto, respetuosamente disiento del

curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal.

Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mitsubishi Motor Sales of
Caribbean, Inc.

Apelante
AC-2020-0082
v.

Lunor, Inc. y otros

Apelados

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA
MARTÍNEZ, a la cual se une el Juez Asociado Señor COLÓN
PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2023.

En un ejercicio paradójico de nuestra facultad

interpretativa, este Tribunal hoy trata de forma análoga dos

(2) disposiciones distintas de las Reglas de Procedimiento

Civil, a pesar de que invoca la deferencia que ameritan las

decisiones de los foros inferiores en nuestro ordenamiento,

para justificar la reversión de una determinación previa y

establecida del propio Tribunal de Primera Instancia que la

emitió. Esto, además, pese a la existencia de sentencias

confirmatorias con respecto a la corrección de tal dictamen

y la deferencia que merece.

El resultado de tal acto es que, en el afán de defender

la discreción del foro de instancia actual para redefinir
AC-2020-0082 2

los contornos de una sanción emitida y sostenida hace años,

se menoscaba la deferencia que en un momento conferimos al

dictamen que hoy se enmienda y se merman las herramientas

que tiene a su disposición el Tribunal de Primera Instancia

para administrar los casos bajo su consideración.

Por entender que no procedía asignar a la sanción de la

eliminación de las alegaciones consignada en la Regla

34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, infra, el efecto de una

anotación de rebeldía y, además, que el trayecto de este caso

prohibía que se revisitaran los efectos de la sanción

impuesta en el 2015, disiento. A continuación, expongo los

fundamentos fácticos y legales que sustentan mi postura.

I

El largo trámite de esta controversia tuvo su génesis

en el 2002 cuando Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc.

(Mitsubishi) presentó una Demanda1 en contra de varios

sujetos, entre estos, el Sr. José Julio Feliciano Prieto, la

Sra. Arelys María Concepción Lorenzo y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos, y el Sr. Gustavo E. Guilbe

Ortiz, la Sra. Sonia E. Ortiz Ruiz y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, recurridos o

parte recurrida). A modo de resumen, Mitsubishi imputó a los

recurridos el vender los vehículos y las piezas de su marca

1La Demanda versa sobre reclamaciones de incumplimiento
con transacciones garantizadas, distribución ilegal de
dividendos, reducción ilegal de capital corporativo, acción
para descorrer el velo corporativo, fraude, incumplimiento
de contrato, cobro de dinero, y daños y perjuicios.
AC-2020-0082 3

sin pagarle las sumas que le correspondían por concepto de

pronto, “trade in” o pago en su totalidad.

Luego de varios años de litigio entre las partes,

Mitsubishi presentó una Moción urgente solicitando

eliminación de alegaciones por incumplimiento con órdenes

del Tribunal. En esta, informó que había transcurrido en

exceso el término concedido para que la parte recurrida

produjera una serie de documentos sin que ello ocurriera.

Mitsubishi sostuvo que, dada la contumacia de los recurridos

a pesar de varias advertencias del Tribunal, procedía la

eliminación de sus alegaciones bajo las Reglas 34.2 y 34.5

de Procedimiento Civil, infra. Tal petición desencadenó en

la presentación de una serie de escritos entre las partes

que, eventualmente, culminó con la emisión de una Resolución

por parte del Tribunal de Primera Instancia el 9 de febrero

de 2015.

En tal Resolución, tras repasar los esfuerzos de

Mitsubishi para obtener la documentación y las excusas

provistas por la parte recurrida sobre la imposibilidad de

entregarla, el foro primario expresó que no había sido

persuadido de la inhabilidad de los recurridos para

producirla, lo cual había prolongado el caso por años. Por

consiguiente, determinó que había ocurrido una expoliación

de la evidencia solicitada. No obstante, rechazó dar por

aceptadas las alegaciones de Mitsubishi o prohibirle a la

parte recurrida presentar prueba en oposición a las
AC-2020-0082 4

reclamaciones. De esta forma, concluyó que el incumplimiento

de los recurridos con las órdenes de producción de documentos

acarreaba la eliminación de sus alegaciones como sanción.

Tras la denegación de una solicitud de reconsideración,

todavía en desacuerdo, la parte recurrida acudió ante el

Tribunal de Apelaciones para cuestionar la sanción impuesta.

Mediante una Resolución con fecha de 18 de diciembre de 2015,

el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen del foro

primario. Esto, por entender que el Tribunal de Primera

Instancia tenía la facultad para penalizar a los recurridos

con la eliminación de sus alegaciones como sanción por haber

incumplido con las órdenes relacionadas al descubrimiento de

prueba.

Aún inconformes, los recurridos presentaron un recurso

ante este Tribunal. Tal trámite concluyó con una Sentencia

en la cual confirmamos las determinaciones cuestionadas.

Ello, tras concluir que el Tribunal de Primera Instancia

había advertido a los recurridos en múltiples ocasiones de

las consecuencias de sus incumplimientos y de su obligación

de entregar los documentos, por lo que no había abusado de

su discreción al sancionarlos con la eliminación de las

alegaciones.

Tras advenir final y firme tal dictamen, el asunto

regresó ante la consideración del foro primario. Allí comenzó

una disputa el 5 de noviembre de 2019 cuando el caso fue

llamado para la celebración del juicio en su fondo. En esta
AC-2020-0082 5

ocasión, la controversia se centró en el alcance de la

sanción consignada en la determinación antes reseñada. Según

se desprende de la Resolución emitida por el Tribunal de

Primera Instancia el 10 de febrero de 2020, Mitsubishi

argumentó en la vista que los recurridos estaban impedidos

de presentar prueba a su favor debido a la eliminación de

sus alegaciones, lo cual los colocaba en la misma posición

que una parte en rebeldía. Por su parte, los recurridos

señalaron que la Resolución de 2015 hizo constar

categóricamente que no les sería prohibido presentar prueba.

En su dictamen al respecto, el foro primario concluyó

que los recurridos estaban vedados de presentar prueba y

defensas a su favor debido a la eliminación de sus

alegaciones. A esto añadió que la parte recurrida solo podía

contrainterrogar a Mitsubishi en una vista en rebeldía.

Disconforme, la parte recurrida solicitó la

reconsideración y destacó el pronunciamiento del propio

tribunal, el cual fue confirmado por todos los foros

apelativos, con respecto a la improcedencia de denegarle su

derecho a presentar prueba y tratarle como una parte en

rebeldía. Argumentó que adoptar esta nueva interpretación

implicaría la imposición de una sanción adicional. El foro

de primera instancia la declaró no ha lugar.

Aún insatisfechos, los recurridos presentaron una

Solicitud de certiorari ante el foro apelativo intermedio en

la cual arguyeron que anotarle la rebeldía no solo
AC-2020-0082 6

representaba una sanción adicional por una conducta que ya

había sido penalizada, sino que también violaba abiertamente

la ley del caso. A su vez, alegaron que existe una diferencia

marcada entre el alcance de una eliminación de las

alegaciones y una anotación de rebeldía, pues bajo la primera

sanción no existe disposición alguna que prohíba la

presentación de prueba tras su imposición.

En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones emitió una

Sentencia mediante la cual revocó al Tribunal de Primera

Instancia. Fundamentó su decisión, principalmente, en la

ausencia de justificación para la modificación de la sanción

tantos años después y la distinción en el alcance de ambas

sanciones. En desacuerdo, Mitsubishi instó una Solicitud de

reconsideración que fue denegada.

Así las cosas, Mitsubishi acudió ante este Tribunal y,

en reconsideración, una Mayoría decidió expedir el recurso y

revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones.

Disiento de este proceder. Por lo tanto, expuesto el cuadro

fáctico que enmarca esta controversia, procedo a discutir el

Derecho aplicable en el que fundamento mi postura.

II

A.

Según lo hemos establecido, de determinar que los actos

de una parte están perjudicando y entorpeciendo los

procedimientos de alguna forma, los tribunales pueden, a su

discreción, prohibir, sancionar o castigar este tipo de
AC-2020-0082 7

conducta mediante: la eliminación de alegaciones y defensas,

la desestimación, la imposición de sanciones económicas,

dando por admitidos ciertos hechos e incluso dictar sentencia

en rebeldía. Rivera v. Insular Wire Prod. Corp., 140 DPR 912,

930 (1996). En lo pertinente a la situación ante nuestra

consideración, nuestro ordenamiento jurídico confiere a los

foros judiciales una facultad amplia para imponer sanciones

a una parte que se niega u omite descubrir prueba

injustificadamente. Rivera v. Tribunal Superior, 99 DPR 276,

279 (1970).

Esta facultad está firmemente establecida en la Regla

34.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual dispone

las medidas que puede tomar un tribunal para promover que

las partes cumplan con el descubrimiento de prueba. En lo

que nos concierne, el inciso (b)(3) de la regla antes citada

autoriza al tribunal a emitir una orden para eliminar todas

las alegaciones o una porción de ellas cuando una parte se

niega a obedecer órdenes de descubrimiento:

(b) Otras consecuencias. Si una parte o un
funcionario o agente administrador de una parte, o
una persona designada para testificar a su nombre
según disponen las Reglas 27.6 o 28, deja de cumplir
una orden para llevar a cabo o permitir el
descubrimiento de prueba, incluyendo una orden bajo
las Reglas 32 y 34.2, el tribunal podrá dictar, con
relación a la negativa, todas aquellas órdenes que
sean justas; entre ellas las siguientes:
[…]
(3) Una orden para eliminar alegaciones o
parte de ellas, o para suspender todos los
procedimientos posteriores hasta que la orden sea
acatada, para desestimar el pleito o procedimiento,
o cualquier parte de ellos, o para dictar una
 AC-2020-0082 8

sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla.
(Énfasis suplido). Íd.

De forma similar, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 39.2, permite eliminar las alegaciones de

una parte como consecuencia de su incumplimiento con las Reglas

de Procedimiento Civil o alguna orden del tribunal. A su vez,

tal regla dispone que las sanciones se impondrán de forma

progresiva. Esto, pues, sanciones de esta magnitud representan

“medidas drásticas que chocan con nuestra política pública a

favor de que los casos se ventilen en sus méritos”. HRS Erase,

Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 701

(2020).

Ahora bien, tal poder debe ejercerse de forma juiciosa y

apropiada. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494,

498 (1982). Cada decisión que se tome al respecto debe estar

fundamentada en que la función de un tribunal es impartir

justicia dentro de los contornos de un proceso adversativo,

por lo que cada controversia debe resolverse en los méritos y

no con base en lo que una parte solicita o “como sanción porque

la otra parte no cumplió con algún procedimiento o no

compareció”. (Negrilla suplida). Rivera v. Insular Wire Prod.

Corp., supra. En fin,

a pesar de la gran discreción que tienen los
tribunales en esta área y del hecho de que estas
medidas pueden tener el efecto de facilitar la prueba
de su caso a la parte que ha sido diligente en el
trámite de su reclamación o defensa, esta facultad
de sancionar no puede interpretarse como que se
extiende a poder conceder un remedio al cual no se
ha demostrado, por la prueba o por las alegaciones,
que se tiene derecho. Íd.
AC-2020-0082 9

B.

Por su parte, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 45.1, establece que la anotación de rebeldía

procede cuando una parte deja de presentar alegaciones o de

defenderse, o como una sanción impuesta por el tribunal.

Según lo dispone tal regla, “[e]l tribunal, a iniciativa

propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a

cualquier parte conforme a la Regla 34.3(b)(3)”. Íd. Véase,

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002).

Destáquese que la anotación de rebeldía tiene el efecto

de dar por admitidos los hechos correctamente alegados por

la parte reclamante y veda a la parte sancionada de su derecho

a presentar prueba a su favor, aunque ello no exime al foro

judicial de evaluar si la causa de acción amerita la

concesión del remedio solicitado. Bco. Popular v. Andino

Solís, 192 DPR 172 (2015). Es decir, en este ámbito, un

trámite en rebeldía no garantiza una sentencia favorable para

la parte demandante. Continental Insurance Co. v. Isleta

Marina, 106 DPR 809 (1978). Esto, pues, aún en rebeldía, la

parte tiene derecho a conocer del señalamiento, asistir a la

vista, contrainterrogar a los testigos de la parte contraria,

impugnar la cuantía y apelar la sentencia, como también a

presentar defensas de falta de jurisdicción o de ausencia de

hechos constitutivos de una causa de acción. Íd.

C.
AC-2020-0082 10

En nuestra jurisdicción impera el principio de que los

derechos y las obligaciones que hayan sido objeto de una

adjudicación mediante un dictamen judicial que es final y

firmen constituyen la ley del caso. Mgmt. Adm. Servs, Corp.

v. E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000). Es decir, “de ordinario

los planteamientos que han sido objeto de adjudicación por

el foro de instancia o por este Tribunal no pueden

reexaminarse”. (Negrilla suplida). Félix v. Las Haciendas,

165 DPR 832, 843 (2005). Por consiguiente, bajo la doctrina

de la ley del caso, las determinaciones sobre algún asunto

tomadas por un foro apelativo obligan tanto al foro recurrido

como al que las dictó por estas gozar de finalidad y firmeza.

Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 9 (1987).

“De este modo, las partes en un litigio pueden, en lo posible,

conducir su proceder en el pleito sobre unas directrices

judiciales confiables y certeras”. (Negrilla suplida). Mgmt.

Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., supra, págs. 607–08.

Mas, la ley del caso no es un mandato inflexible, aunque

su propósito está alineado con la costumbre deseable de que

las controversias adjudicadas por un tribunal sean

respetadas. Íd., pág. 607. Entiéndase, es en aras de velar

porque el trámite de los litigios sea pronto y ordenado, en

conjunto con el interés en promover la estabilidad y certeza

del Derecho, que la doctrina de la ley del caso tiene como

fin “el que los tribunales nos resistamos a reexaminar estos

asuntos ya considerados dentro de un mismo caso”. In re
AC-2020-0082 11

Fernández Díaz, 172 DPR 38, 44 (2007). Pero ello puede ceder

si aferrarse a la ley del caso de forma absoluta conduce a

resultados manifiestamente injustos. Noriega v. Gobernador,

130 DPR 919, 931 (1992). Por tanto, “[e]n situaciones

excepcionales, si un caso, mediante los mecanismos

apropiados, vuelve ante la consideración de un tribunal y

[e]ste entiende que sus determinaciones previas son erróneas

y pueden causar una grave injusticia, puede entonces aplicar

una norma de [D]erecho distinta”. (Negrilla Suplida). In re

Fernández Díaz, supra.

III

En su petición ante este Tribunal, Mitsubishi señala que

la eliminación de las alegaciones fue la sanción impuesta a

la parte recurrida por destruir evidencia que era necesaria

para probar las alegaciones de la demanda, lo que le provocó

un daño irreparable que acarrea una penalidad más severa para

tener un verdadero efecto reparador. Arguye que una parte a

quien le son eliminadas sus alegaciones se coloca en la misma

posición que alguien que está en rebeldía, pues no tiene

defensas en contra de las alegaciones afirmativas de la parte

demandante ni tiene algo que sustentar con prueba a su favor.

Finalmente, expone que no hay ley del caso sobre el asunto de

la rebeldía porque ello no fue objeto de adjudicación o

litigio, y que las expresiones sobre la improcedencia de la

anotación de rebeldía y la prohibición de presentar prueba en

la Resolución de 2015 constituyeron un obiter dictum.
AC-2020-0082 12

Por su parte, los recurridos argumentan que la

determinación del Tribunal de Apelaciones se adhiere a la

doctrina de la ley del caso y que no se alcanza el estándar

de grave injusticia o resultado manifiestamente injusto para

desecharla. Indica que, en el 2015, el Tribunal de Primera

Instancia sopesó su incumplimiento e impuso la sanción que

estimó apropiada, excluyendo expresamente la anotación de

rebeldía o dar por probados los hechos alegados por

Mitsubishi. De este modo, niega que esto último constituya un

obiter dictum, particularmente porque el foro de instancia

consignó una denegación expresa de tales remedios según fueron

solicitados por Mitsubishi. Finalmente, la parte recurrida

rechaza que la eliminación de las alegaciones y la anotación

de rebeldía sean equivalentes, pues el ordenamiento jurídico

los trata por separado, incluso a través de disposiciones

reglamentarias diferentes. Insiste en que conferirles un

trato equitativo a estas alturas es sancionarlo nuevamente

por hechos que ya fueron adjudicados. La parte recurrida tiene

la razón.

Según se relató, el 9 de febrero de 2015, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución en la cual destacó

que, desde el 2002, Mitsubishi había promovido medidas de

descubrimiento que habían sido repelidas por los recurridos.

En consecuencia, el foro primario se vio convencido de que

tomó lugar una expoliación de la prueba que debía ser

sancionada. Ahora bien, el foro de instancia fue sumamente
AC-2020-0082 13

específico en su análisis sobre la sanción que procedía y

expuso lo siguiente:

Ahora bien; [¿]cuál es el remedio apropiado? Los
demandantes solicitan varios[,] a saber: a) [s]e
tenga por probada la demanda, b) [p]rohibición a
oponerse y/o presentar prueba en oposición a las
reclamaciones incoadas por MMSC[,] c) la
eliminación de las alegaciones y d) anotar la
rebeldía dictando sentencia en rebeldía en cuanto
a los co-demandados.

Este Tribunal no puede pasar por alto el principio
establecido por nuestra más Alta Curia, el
Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en los
casos Municipio de Arecibo v. Almac Yakima, 154 DPR
217 (2001) [y] Rivera v. Superior Pkq Inc., 132 DPR
115 (1992) a los efectos [que] prevalezca una clara
política judicial [de que] los casos se ventilen en
sus méritos. Hay elementos subjetivos de intención,
actuación, propósitos mentales y otros factores que
mueven a este tribunal [a] denegar la petición de
[la] parte demandante de anotar rebeldía y dictar
sentencia a los co-demandados, tampoco queda
convencido este Tribunal [que] proceda dar por
probado el pleito, menos prohibir a los demandados
presentar prueba en oposición a las reclamaciones
incoadas por [Mistubishi]. No obstante [,] concluye
este Tribunal [que] la parte demandada ha
menospreciado el proceso de descubrir prueba,
faltando a la diligencia e incumpliendo con las
múltiples órdenes de este Tribunal dada[s] por los
varios jueces que han atendido este asunto desde el
año 2002.

Por tanto, se ordena y quede ordenado la eliminación
de todas las alegaciones de la parte demandada a
todos los efectos legales y sobre todas las
controversias objeto de este litigio.2

De este texto se desprende diáfanamente que, aunque el

Tribunal de Primera Instancia le dio la razón a Mitsubishi

con respecto a la conducta contumaz y evasiva de los

recurridos en lo relacionado con el descubrimiento de prueba,

2(Negrillay subrayado suplido). Apéndice de Recurso
apelación, págs. 119-120.
AC-2020-0082 14

también dispuso específicamente que no concedería la

totalidad del remedio solicitado. Entiéndase, si bien

Mitsubishi peticionó específicamente que, además de la

eliminación de las alegaciones se le prohibiera a los

recurridos presentar prueba, se le anotara la rebeldía, se

dieran por probadas las alegaciones de la demanda y se

procediera a dictar sentencia a su favor, el Tribunal de

Primera Instancia lo denegó de forma cabal e inequívoca.

Esta decisión interlocutoria fue cuestionada ante el

foro apelativo intermedio. Sin embargo, tal tribunal confirmó

la decisión del Tribunal de Primera Instancia y afirmó que

este “tiene la facultad para eliminar la totalidad de las

alegaciones de aquella parte que incumpla con las órdenes que

permitan el descubrimiento de prueba”.3 Asimismo, este

Tribunal confirmó los dictámenes recurridos mediante una

Sentencia en la cual, citando la doctrina de deferencia,

concluimos que el “foro de primera instancia no erró al

eliminar las alegaciones ni abusó de su discreción”.4 En esta,

además, este Tribunal hizo una expresión que es de suma

importancia a la luz del desarrollo actual del caso:

Resolver lo contrario afectaría el buen balance de
los intereses que persigue la economía procesal, la
buena marcha de los procesos y el correcto
funcionamiento de nuestro sistema de justicia.
Además, limitaría, desmesuradamente, las facultades
de los jueces de instancia de lidiar con los

3Íd., pág. 129.

4Íd., pág. 160.
AC-2020-0082 15

inconvenientes continuos que puede generar una
parte en el proceso judicial.5

Es evidente, pues, que la Resolución que emitió el

Tribunal de Primera Instancia en el 2015 fue avalada en toda

su extensión por los foros apelativos, sin ambigüedades o

condiciones. En palabras simples, su decisión de sancionar a

los recurridos exclusivamente con la eliminación de sus

alegaciones y denegar específicamente la anotación de

rebeldía o la prohibición de presentar prueba quedó firmemente

establecida como la ley del caso. Por consiguiente, no puede

haber confusión jurídica alguna con respecto a los parámetros

de la sanción que el foro primario impuso a los recurridos

por sus acciones durante el descubrimiento de prueba y,

ciertamente, contrario a lo esbozado por la ponencia

mayoritaria, no existe necesidad de esclarecer algún aspecto

de esta.

No obstante, con el caso llamado para juicio en el 2019,

Mitsubishi argumentó que los recurridos estaban impedidos de

presentar prueba debido a que sus alegaciones habían sido

eliminadas, lo que, a su juicio, necesariamente implicaba que

estaban en rebeldía. Ante ello, los recurridos señalaron

correctamente que la Resolución de 2015 expresamente

estableció que no se les denegaría presentar prueba.

Así las cosas, el 10 de febrero de 2020, el Tribunal de

Primera Instancia, por voz de una juez diferente al que emitió

5Íd., pág. 161.
AC-2020-0082 16

la Resolución en cuestión, “aclaró” que los recurridos “están

impedidos de presentar prueba y defensas a su favor, ello

ante la realidad inescapable de que sus alegaciones le fueron

eliminadas y a lo único que tendrían derecho es a

contrainterrogar a la parte demandante en la vista en rebeldía

que en su día ha de tener efecto”.6 Esto, no solo en total

abstracción del texto literal de la Resolución que estaba

“aclarando”, sino también completamente huérfano de

fundamento o explicación legal alguna para justificar tal

conclusión.

Es un hecho innegable que, al proceder de esta forma, el

Tribunal de Primera Instancia reformuló una sanción que había

sido impuesta cinco (5) años antes y reinterpretó su extensión

en contravención a los parámetros claros consignados en el

propio dictamen que “aclaró”. Ello, a pesar de que la

naturaleza de la sanción y su alcance habían sido avalados en

su totalidad tanto por el Tribunal de Apelaciones como por

este Tribunal tras determinar, contundentemente, que no

procedía intervenir con aspecto alguno del mismo.

Ante esta inesperada reversión de los términos impuestos

por el foro de instancia en el 2015, el Tribunal de

Apelaciones, correctamente, emitió una Sentencia para revocar

la nueva interpretación conferida a la letra clara de la

Resolución en pugna. En su dictamen, el foro apelativo

intermedio señaló lo que es evidente:

6Íd., pág. 168.
AC-2020-0082 17

No surge del récord razón alguna para tal proceder;
tampoco el TPI expuso a qué podría responder un
cambio de parecer. En particular, no se adujo que
el cambio fuese producto de algún error patente de
[D]erecho, o que respetar lo dispuesto en la
Resolución de 2015 causaría una grave injusticia.

Tampoco puede justificarse lo actuado por el TPI
sobre la base de que, al eliminarse las alegaciones
de una parte, esta no puede defenderse o presentar
prueba para refutar la presentada en su contra. La
eliminación de alegaciones no es equivalente a una
anotación de rebeldía.7

Acertadamente, el Tribunal de Apelaciones destacó los

tres (3) fundamentos principales por los que la nueva

determinación del Tribunal de Primera Instancia estuvo

errada, a saber: (1) la determinación del 2015 fue confirmada

por los foros apelativos; (2) no existe justificación para

variar su lenguaje tantos años después, y (3) no existe

fundamento legal en nuestro ordenamiento que asimile la

eliminación de las alegaciones a la anotación de rebeldía.

Sin embargo, a pesar de cuán patente fue el error del

Tribunal de Primera Instancia a la luz de estos fundamentos,

hoy una mayoría de los miembros de este Foro no solo revoca

la determinación del Tribunal de Apelaciones, sino que también

decide que este caso provee el escenario ideal para redefinir

dos (2) disposiciones separadas y distintas de nuestro

ordenamiento civil como intercambiables entre sí.

Ignorando el texto claro de la Regla 34.3(b)(3), supra,

la cual enumera de forma separada la capacidad y discreción

del tribunal para eliminar todas o parte de las alegaciones

7Íd., pág. 196.
AC-2020-0082 18

o dictar sentencia en rebeldía ante la negativa de una parte

a obedecer una orden para descubrir prueba, este Tribunal

fundamenta la alegada equivalencia en el efecto práctico entre

ambas sanciones en ciertos precedentes que, a mi juicio,

además de antiguos e imprecisos, fueron representados

inadecuadamente.

De entrada, Polo v. Domínguez, Juez de Distrito, 15 DPR

607 (1909), trata sobre la improcedencia del uso de un recurso

de certiorari para atender una controversia luego de que el

Tribunal de Primera Instancia denegara una enmienda a la

contestación a la demanda. En aquel entonces, cuando este

Tribunal expresó que procedía dictar sentencia en contra del

peticionario, se refirió a su determinación de anular el

recurso que había expedido, no ante el foro de primera

instancia por la ausencia de una alegación de la parte. Ello

se desprende manifiestamente de tal dictamen y demuestra la

ausencia de relación entre aquella controversia y la que

atendemos hoy.8

8A continuación, el texto íntegro de la la sección
dispositiva del caso:

Por cuanto la peticionaria en este caso tiene un
remedio expedito y adecuado por medio de un recurso
ordinario de apelación y no existe necesidad para
un auto de certiorari, [e]ste debe ser denegado,
permitiéndosele a la corte inferior el que proceda
con la vista de la causa, según su discreción
propiamente ejercitada. De acuerdo con esta opinión
del caso, se sigue que el auto de certiorari
anteriormente expedido debe anularse con costas
contra la peticionaria, y que se dicte sentencia en
este caso de acuerdo con esta opinión. Polo v.
Domínguez, Juez de Distrito, 15 DPR 607, 610 (1909).
AC-2020-0082 19

De otra parte, en Acevedo v. Compañía Telefónica de

Puerto Rico, 102 DPR 787 (1974), como reconoce la Opinión

mayoritaria, este Tribunal expresó que la eliminación de las

alegaciones bajo la antigua Regla 37.2 de Procedimiento Civil

de 1958, 32 LPRA ant. Ap. II, por ausentarse a una conferencia

preliminar a juicio, priva a la parte de su día en corte.

Ahora bien, no solo es necesario señalar que tal sanción fue

revocada por este Tribunal debido a su severidad extrema ante

las circunstancias, sino que también la disposición en

cuestión es distinguible de la Regla 34.3 de Procedimiento

Civil, supra, que hoy analizamos, la cual, según se expuso

anteriormente, divide las sanciones de la eliminación de las

alegaciones y un dictamen en rebeldía. De hecho, la

disposición reglamentaria sobre la cual versa el caso antes

citado ya no existe en nuestro ordenamiento, por lo que un

análisis por analogía entre esta y la que hoy nos ocupa es

desacertado.

Asimismo, la Opinión mayoritaria sostiene que

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, demuestra la

transición orgánica que siempre ha avalado este Tribunal entre

la eliminación de las alegaciones y la anotación de rebeldía.

No obstante, el propio dictamen citado recalca que corresponde

al tribunal optar por la sanción específica que impone. En

tal caso, el tribunal escogió eliminar las alegaciones y

anotar la rebeldía. De otro lado, valga mencionar que

Continental no provee un análisis detallado de la relación
AC-2020-0082 20

entre la eliminación de las alegaciones y la anotación de

rebeldía, pues lo cierto es que tal precedente versa

propiamente sobre el peso de la prueba sobre la parte

demandante cuando a la otra parte se le ha anotado la

rebeldía. Como hemos visto, en el caso ante nuestra

consideración, la realidad fáctica es radicalmente distinta.

Finalmente, aunque la Opinión mayoritaria cita a Arce v.

Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305 (1976), como ejemplo

de que “expresamos hace más de cuarenta años […] que luego de

una orden para eliminar las alegaciones de la parte demandada

procede ‘declararla en rebeldía y resolver la causa en su

contra’”9, es necesario destacar que tal atribución es, aún

bajo la interpretación más generosa, exagerada.

La realidad es que Arce solo menciona la eliminación de

las alegaciones y la anotación de rebeldía de forma incidental

y como parte de una lista de ejemplos sobre las sanciones que

el tribunal tiene la facultad para imponer. Esto, debido a

que los peticionarios en aquel caso protestaron el poder del

tribunal para desestimar el caso como sanción. Es decir, el

precedente citado por el criterio mayoritario como vinculante

no solo guarda una relación, como mucho, marginal con la

controversia que hoy está ante nuestra consideración, sino

que también requiere un esfuerzo monumental para interpretar

que este declara de forma contundente que la eliminación de

las alegaciones conlleva de forma obligatoria la declaración

9Véase, Opinión mayoritaria, pág. 20.
AC-2020-0082 21

de rebeldía y la resolución en contra de la parte sobre quien

recayó tal acto.

Ahora bien, lo que sí surge de un precedente más reciente

y atinente de este Tribunal es que la eliminación de las

alegaciones “no es óbice para que este, por medio de una vista

evidenciaria, pueda probar la veracidad de sus aseveraciones

en aras de resolver las controversias de hechos que aún

persisten en el caso de autos”. (Negrilla suplida). Mejías v.

Carrasquillo, 185 DPR 288, 306 (2012). Es decir, citando al

propio Continental, establecimos que

la eliminación de las alegaciones no conlleva, de
por sí, la inexistencia de controversias de hechos
que justifica el que no se celebre una vista
evidenciaria. Hemos dispuesto reiteradamente que el
proceso de formar consciencia judicial exige que se
compruebe cualquier aseveración mediante prueba y,
para ello, el tribunal deberá celebrar las vistas
que crea necesarias y adecuadas. (Negrilla
suplida). Mejías v. Carrasquillo, supra.

A pesar de esta expresión patente e ineluctable, hoy,

este Tribunal avaló una determinación en la dirección opuesta

bajo una nueva reformulación del efecto de la eliminación de

las alegaciones bajo la Regla 34.3(b), supra. Esto, a pesar

de que, al momento en el que el Tribunal de Primera Instancia

redefinió los parámetros de la Resolución original y, en

consecuencia, impuso una nueva y más severa sanción años

después del incumplimiento, no existía disposición legal o

jurisprudencia alguna en nuestro ordenamiento que equiparara

las consecuencias de la eliminación de las alegaciones y la

anotación de rebeldía.
AC-2020-0082 22

Es decir, el Tribunal de Primera Instancia actuó sin

arraigo alguno en Derecho y este Tribunal, ex post facto,

decidió proveérselo y aplicarlo retroactivamente a este caso

sin explicación alguna de por qué. En el momento en el que se

produjo la Resolución en controversia, nuestro estado de

Derecho establecía sin ambigüedades que la anotación de

rebeldía implicaba que se daban por admitidos los hechos bien

alegados y que la parte en rebeldía quedaba imposibilitada de

presentar prueba a su favor. Por su parte, la parte cuyas

alegaciones fueran eliminadas como sanción todavía tenía la

capacidad de impugnar los méritos de la reclamación de la

parte contraria, aunque no pudiera demostrar los méritos de

las defensas que fueron consignadas en las alegaciones

eliminadas. Fue, precisamente, por tal razón que el Tribunal

de Primera Instancia se rehusó a conceder la anotación de

rebeldía y la prohibición de presentar prueba, como también

a dictar sentencia tomando los hechos de la demanda como

ciertos, y así lo hizo constar en la Resolución de 2015.

Ciertamente, la parte recurrida no fue hiperbólica al

describir este desarrollo como una segunda y más severa

sanción por una conducta que ya había sido adjudicada y

penalizada. El principio rector de la doctrina de la ley del

caso es conferirle certeza a las determinaciones de los

tribunales de modo que las partes puedan conducirse con

confianza dentro de sus márgenes. No solo esta nueva

determinación le roba certeza a un dictamen que orientó a las
AC-2020-0082 23

partes por cinco (5) años, sino que ello también se hizo en

abierta oposición al estándar que requiere un error patente

en Derecho o una grave injusticia para obviarle.

A pesar de que la Mayoría insiste en que no intervenir

con la Sentencia del Tribunal de Apelaciones hubiera producido

“un resultado evidentemente injusto”,10 tal injusticia nunca

se manifiesta explícitamente en el razonamiento de la Opinión

mayoritaria. O, por lo menos, esta no se expresa más allá de

parecer articular las razones por las que la conducta de los

recurridos hace tantos años merece ser sancionada por segunda

ocasión y de una forma más severa debido a las consecuencias

que esta tuvo sobre Mitsubishi.11 Así las cosas, cabe

preguntarse si al modificar de forma tan drástica la posición

de las partes cuando por fin se verán los méritos del caso en

un juicio, entonces la injusticia patente no se manifiesta en

cómo la parte recurrida se ve afectada de forma aún más severa

cinco (5) años después de que fue penalizada en primer lugar.

En fin, por entender que no existe fundamento para

intervenir con la determinación del Tribunal de Apelaciones,

la cual está firmemente cimentada tanto en el expediente como

10Íd., pág. 23.

11Íd., pág. 25. Según la Opinión mayoritaria: “[r]esolver
de esa manera haría que la sanción de la eliminación de
todas las alegaciones resulte inoficiosa, máxime cuando la
conducta de los recurridos coloc[ó] al peticionario en un
estado de indefensión para promover su causa de acción.”
(Énfasis en el original).
AC-2020-0082 24

en el Derecho, y que no se sustenta la redefinición que impone

esta Opinión en el ordenamiento procesal civil, disiento.

IV

Por los fundamentos antes expresados, disiento del

proceder mayoritario. En cambio, hubiera confirmado la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devuelto

el caso al foro primario para la continuación de los

procedimientos.

Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado