Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL VIII
JESÚS SANTIAGO RUIZ APELACIÓN
Y OTROS procedente del
Tribunal de Primera
Demandantes-Apelantes Instancia, Sala
KLAN202300936 Superior de San
v. Juan
MUNICIPIO DE SAN Caso Núm.
JUAN Y OTROS SJ2023CV01413
Demandados-Apelados SOBRE: LIBELO,
CALUMNIA O
DIFAMACIÓN
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.
Cruz Hiraldo, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.
Comparece la parte apelante, Jesús Santiago Ruíz, para
solicitarnos que se revise y revoque la Sentencia dictada el 15 de
agosto de 2023, notificada el 22 de agosto de 2023 por el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la cual
desestimó la Demanda instada por el apelante.
Por los fundamentos que exponemos a continuación, se
confirma la Sentencia apelada.
I
El Sr. Santiago Ruíz laboraba para el Departamento de
Seguridad Pública del Municipio de San Juan hasta su destitución
el 22 de noviembre de 2019 por imputaciones de hostigamiento
sexual, en su modalidad de ambiente hostil y sexualmente ofensiva
en el área de trabajo, contra la Sra. Evelyn Rodríguez Heredia. Previo
a su destitución, el Sr. Santiago Ruíz fue suspendido sumariamente,
se condujo una investigación administrativa, se celebró una vista y
la Autoridad Nominadora le remitió una carta informándole de su
Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLAN202300936 2
destitución. El 25 de noviembre de 2019, el Sr. Santiago Ruíz
recurrió a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP)
mediante Apelación, caso de designación CASP 2019-11-0217.
Según consta el apelante en su escrito, la CASP llevó a cabo una
vista adjudicativa en sus méritos en el mes de febrero de 2023 y aún
se encuentra pendiente la resolución final.
El 19 de febrero de 2020, el Sr. Santiago Ruíz, Aida Ruíz
Álvarez y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos
instaron una Demanda en contra del Municipio de San Juan (en
adelante, “Municipio”), entre otros, por daños y perjuicios a causa
de los eventos antes descritos, caso de alfanumérica
SJ2020CV05653. Alegaron que las imputaciones de hostigamiento
sexual son frívolas e infundadas, que la destitución fue ilegal,
caprichosa, represiva y arbitraria y que sufrieron daños a causa de
ello.
El 28 de abril de 2021, notificada al día siguiente, el Tribunal
de Primera Instancia dictó Sentencia desestimando sin perjuicio la
Demanda por falta de jurisdicción al entender que la CASP poseía
jurisdicción exclusiva para atender la impugnación de la destitución
del Sr. Santiago Ruíz. El Foro Primario añadió que la acción de
daños y perjuicios dependerá de la determinación de la CASP. El Sr.
Santiago Ruíz apeló el dictamen ante este foro revisor y, el 16 de
septiembre de 2021, este Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia en
la cual confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera
Instancia.1 El 11 de febrero de 2022, notificada el 17 de febrero de
2022, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución
donde denegó el auto de certiorari presentado por el Sr. Santiago
Ruíz.2 La Sentencia advino final y firme.
1 Véase Sentencia del recurso KLAN202100535 y apéndice del recurso
KLAN202300936, págs. 51-61.
2 Véase caso número CC-2021-0826.
KLAN202300936 3
Así las cosas, el 16 de febrero de 2023, el Sr. Santiago Ruíz,
Aida Ruíz Álvarez y la sociedad de bienes gananciales compuesta
por ambos presentaron una segunda e idéntica Demanda, con la
excepción de tres (3) demandados adicionales y el señalamiento de
que la Demanda está relacionada con la demanda previamente
instada. El 10 de julio de 2023, el Municipio y los demás
demandados presentaron una Moción de Desestimación y en
Solicitud de Imposición de Honorarios por Temeridad. En esencia,
arguyeron que aplica la doctrina de cosa juzgada debido a que
persisten las mismas circunstancias que en la primera Demanda,
que el foro a quo carece de jurisdicción sobre la materia y que aplica
la inmunidad soberana al Municipio por tratarse de causas de
acción por difamación, calumnia y libelo. Por último, argumentaron
que al no existir una reclamación que justifique la concesión de un
remedio debería desestimarse la Demanda e imponerse honorarios
de abogados por temeridad.
El 14 de agosto de 2023, los demandantes presentaron una
Moción Urgente en Oposición a Desestimación. En apretada síntesis,
los demandantes arguyeron lo siguiente: 1) que la desestimación
inicial fue sin perjuicio, por lo que no aplica cosa juzgada; 2) que la
Demanda busca la adjudicación de los daños causados por la
destitución y no atacar la validez de la destitución, cuya encomienda
le corresponde a la CASP; 3) que parte del propósito de esta segunda
Demanda era interrumpir el término prescriptivo de la acción en
daños y perjuicios, pues, el procedimiento administrativo no
interrumpe dicho término prescriptivo de un (1) año; y 4) que, en la
alternativa, se paralicen los procedimientos hasta que culmine el
trámite administrativo.
El 15 de agosto de 2023, notificada el 22 de agosto de 2023,
el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en la cual dispuso
lo siguiente:
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Evaluadas las mociones anteriores, determinamos Ha
Lugar la solicitud de desestimación sumaria presentada
por la parte demandada y se acogen e incorporan en su
totalidad los hechos y fundamentos allí establecidos y
conforme a los resuelto en el caso KLAN202100535 del
Tribunal de Apelaciones. Esta Sentencia se dicta con
costas, y sin imposición especial de gastos ni honorarios
de abogado. (Énfasis en Original).3
Inconforme, el 20 de octubre de 2023, el Sr. Santiago Ruíz
presentó la Apelación de Sentencia ante nos con los siguientes
señalamientos de error:
Erró el Honorable Tribunal al declarar en [sic] Ha Lugar
la Moción de Desestimación presentadas [sic] por los
DEMANDADOS RECURRIDOS y[,] en consecuencia[,]
emitir una Sentencia desestimando la causa de acción
en su totalidad y con perjuicio.
Erró el Honorable Tribunal al emitir Sentencia
declarando Ha Lugar la Solicitud de Desestimación,
acogiendo e incorporando “en su totalidad los hechos y
fundamentos” en ella recogidos y lo resuelto por el
Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN202100535.
Erró el Honorable Tribunal al emitir Sentencia
desestimando sumariamente y con perjuicio la totalidad
de la causa de acción, obviando las doctrinas de
abstención judicial y paralización de los procedimientos
en tanto se concluyan todos los procesos en el foro
administrativo, así como el t[é]rmino prescriptivo
aplicable a las causas de acción en daños y perjuicios.
Comparecido las partes y presentado sus escritos, damos por
perfeccionado el recurso de epígrafe. Examinado el expediente en su
totalidad, procedemos a establecer el derecho aplicable y resolver.
II
A. Cosa Juzgada
El Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 19304
codificó la doctrina de cosa juzgada, o res judicata, en nuestra
jurisdicción. En lo pertinente, el referido Artículo dispone lo
siguiente:
Para que la presunción de cosa juzgada surta
efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso
3 Véase apéndice de recurso de apelación KLAN202300936, pág. 2.
4 Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendada, 32 LPRA
sec. 3343. Hacemos constar que dicho Código Civil ha sido derogado por la Ley
Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
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resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea
invocada, concurra la más perfecta identidad entre las
cosas, las causas, las personas de los litigantes y la
calidad con que lo fueron. […]5
Aún con la adopción del nuevo Código Civil de Puerto Rico6,
la vigencia de la doctrina continúa a través de nuestra
jurisprudencia. La doctrina de cosa juzgada está fundada en
consideraciones de orden público y necesidad, pues, se busca, en el
interés del Estado, que se pongan fin a los litigios, que no se
eternicen las cuestiones judiciales, dar la debida dignidad a los
fallos de los tribunales y que no se someta en dos ocasiones a un
ciudadano a las molestias de litigar la misma causa.7 Además, la
doctrina “persigue poner fin a los litigios luego de que los tribunales
los adjudiquen de forma definitiva y, de este modo, garantizar la
certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una
resolución judicial” y así evitar gastos adicionales al Estado y a los
litigantes.8 De esta manera se promueve la economía judicial y
administrativa al evitar litigios innecesarios y evitar decisiones
inconsistentes entre sí.9
Una vez aplicada, el efecto de ésta es que la sentencia dictada
en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior
entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas,
las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron
haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción
anterior.10 Así es la realidad jurídica que el efecto de cosa juzgada
en una sentencia judicial permanece, aunque la misma sea
errónea.11
5 Id.
6 Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
7 Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961).
8 Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 (2013); Presidential v.
Transcaribe, 186 DPR 263, 273-274 (2012); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et
al., 133 DPR 827, 833-834 (1993)
9 Rodríguez v. Colberg, 131 DPR 212, 218 (1992)
10 Pagán v. UPR, 107 DPR 720, 732-733 (1978).
11 Ramos González v. Medina, 121 DPR 312, 339 (1988).
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Para la presunción de cosa juzgada se requiere que concurra
la más perfecta identidad de cosas, causas, partes y la calidad en
que lo fueron en el caso resuelto por la sentencia y aquel en que
dicha defensa afirmativa sea invocada.12 El requisito de identidad de
cosas exige que el primer y segundo pleito versen sobre el mismo
objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.13 El criterio para
determinar si existe identidad de cosas es si un juez se expone a
contradecir una determinación anterior.14 En cuanto al requisito de
identidad de causas se examina el origen o motivo de las acciones
planteadas y resueltas. Esta identidad existe cuando “los hechos y
los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a la
cuestión planteada”.15 Para ello es necesario cuestionar si ambas
reclamaciones se basan en el mismo núcleo de hechos o misma
transacción.16 Por último, la identidad de las personas y la calidad
en que lo fueron se constituye cuando “los litigantes del segundo
pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito
anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los
que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que
tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas”.17
III
Debido a que los tres (3) señalamientos de error están
íntimamente relacionados, estos se discutirán en conjunto.
Esencialmente, el apelante arguyó que el Tribunal de Primera
Instancia erró al desestimar la Demanda y acogerse a los hechos y
fundamentos de la moción de desestimación presentada por la parte
demandada y lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones en el caso
KLAN202100535. No le asiste la razón.
12 Ortiz Matías v. Mora Development, supra; Rodríguez v. Colberg, supra, pág. 219.
13 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274; A & P Gen. Contractors v. Asoc.
Caná, 110 DPR 753, 764 (1981)
14 Presidential v. Transcaribe, supra.
15 Id., pág. 275.
16 Id.
17 Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, supra.
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Según constamos anteriormente y reconoce el apelante en sus
escritos, la Demanda de epígrafe fue presentada en una ocasión
anterior y desestimada mediante sentencia final y firme. El Tribunal
de Primera Instancia desestimó la primera vez por falta de
jurisdicción debido a que la CASP posee jurisdicción exclusiva para
atender la impugnación de la destitución del Sr. Santiago Ruíz y que
la acción en daños y perjuicios dependerá de la determinación de la
CASP. Los procedimientos ante la CASP siguen pendientes de
adjudicación. Las circunstancias desde la primera desestimación no
han cambiado.
Ahora bien, para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada
se requiere la identidad de cosas, causas, personas litigantes y la
calidad en que lo fueron. Primeramente, examinamos la identidad
de causas y cosas. La primera y segunda Demanda presentada por
el apelante son idénticas, con excepción de los nuevos demandados,
tratan exactamente sobre los mismos hechos y contienen las
mismas causas de acción. Por tanto, resulta ineludible concluir que
existe una identidad de causas por tratarse de hechos y
fundamentos idénticos e identidad de cosas por versar sobre la
misma materia y causas de acción.
Por último, debe haber identidad de las partes y la calidad en
que lo fueron. Evidentemente, las partes de ambos pleitos son las
mismas. La segunda Demanda solo añadió al actual alcalde del
Municipio en su carácter oficial y al Sr. Arrillaga Reyes, esposo de la
Sra. Rodríguez Heredia, junto a la sociedad legal de bienes
gananciales, la cual luego se probó que no existía y se solicitó la
desestimación, sin oposición del apelante. El Tribunal de Primera
Instancia desestimó el pleito en su totalidad antes de resolver la
solicitud de desestimación. Por ende, resulta forzoso concluir que
existe identidad de partes y la calidad en que lo fueron persiste.
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Sin duda alguna, aplica la doctrina de cosa juzgada al caso de
epígrafe al concurrir todos los requisitos. La Sentencia dictada en el
caso de KLAN202100535 advino final y firme y constituye cosa
juzgada en el presente caso. Aún está pendiente de adjudicación la
procedencia o no de la destitución del empleo del apelante ante la
CASP, quien es el organismo que posee jurisdicción exclusiva sobre
dicho asunto y del cual depende la causa de acción presentada por
el apelante en el presente pleito. El propósito de la doctrina de cosa
juzgada es impedir la litigación de asuntos ya adjudicados, evitar
dictámenes inconsistentes y evitar que las partes incurran en gastos
innecesarios. En virtud de lo anterior, la determinación del Tribunal
de Primera Instancia fue correcta y procede la desestimación del
pleito.
IV
Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos
formar parte de este dictamen, se confirma la Sentencia apelada
emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San
Juan.
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del
Tribunal de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones