Jordan Ortiz, Radames v. Cnsjo Titulares Del Condo Dos Marinas I

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL XI

Apelación procedente
RADAMÉS JORDÁN ORTIZ del Tribunal de
Primera Instancia,
Demandante Apelado Sala Superior de
Fajardo

v. KLAN202300971
Caso Núm.:
CONSOLIDADO FA2022CV00605
CONSEJO DE TITULARES (Salón 307)
DEL CONDOMINIO DOS KLAN202301004
MARINAS I Y OTROS
Sobre:
Demandados Apelantes Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

Consolidamos dos recursos de apelación presentados

separadamente instados por el Consejo de Titulares del Condominio

Dos Marinas I (Consejo de Titulares) e In-Servicio, LLC (In-Servicio).

Ambas partes solicitan la revocación de la Sentencia del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, emitida el 23 de febrero de

2023. Mediante el dictamen recurrido, se les ordenó a los apelantes

pagar doscientos setentaicinco mil dólares ($275,000.00) por daños y

perjuicios y veinticinco mil dólares ($25,000.00) por las costas, los

gastos y los honorarios de abogados. Por las razones que habremos de

expresar, se revoca la Sentencia apelada.

En síntesis, el caso de epígrafe trata del presunto destrozo y

saqueo del apartamento del señor Radamés Jordán Ortiz (señor Jordán

Ortiz o recurrido) luego de este haber entregado las llaves de su

Número Identificador

SEN2023 _______________
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vivienda a la corporación In-Servicio LLC para que se hicieran

reparaciones a la tubería central del Condominio. En función de esto, el

señor Jordán Ortiz presentó una demanda en contra del Consejo de

Titulares e In-Servicio por daños y perjuicios. Durante el

diligenciamiento de los emplazamientos, el señor Jordán Ortiz

confirmó haber emplazado personalmente a In-Servicio, pero no al

Consejo de Titulares, al supuestamente no localizar al presidente del

organismo. Según la declaración jurada del señor José A. Hernández

Gajate (señor Hernández Gajate o emplazador), este se presentó al

Condominio y fue atendido por la administradora del Consejo de

Titulares, quien le dijo que ella no estaba autorizada a recibir

documentación legal. Ante esto, el emplazador suministró su número

telefónico y esperó por la llamada del referido presidente, cual nunca

llegó. No se efectuaron otros actos para localizar al presidente.

Al supuestamente no poder entregar el emplazamiento

personalmente, el señor Jordán Ortiz solicitó al foro primario que se

emplazara por edicto al Consejo de Titulares, lo cual fue declarado ha

lugar. Tiempo después, sin el Consejo de Titulares o In-Servicio

presentar respuesta a la demanda, el señor Jordán Ortiz solicitó la

anotación de rebeldía de los codemandados, la cual fue ordenada por el

foro primario. Sin notificar al Consejo de Titulares o a In-Servicio, el

Tribunal de Primera Instancia celebró una vista en rebeldía con el señor

Jordán Ortiz. Subsiguientemente, el foro primario dictó Sentencia,

notificada a los codemandados mediante edicto.

Oportunamente, In-Servicio presentó una Moción urgente de

reconsideración y/o solicitando relevo de sentencia bajo la Regla

49.2(a)(f) “Remedios contra la sentencia u órdenes y otros asuntos”,
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alegando que la aseguradora Multinational Insurance Company no le

advirtió que su póliza no cubría los hechos en controversia. Igualmente,

el Consejo de Titulares presentó una Moción de reconsideración y/o de

relevo de sentencia, argumentando que la diligencia del emplazador fue

insuficiente para ameritar un emplazamiento por edicto, más que el

costo de los daños adjudicados en contra del Consejo de Titulares es

excesivamente inflado y no tiene fundamento probatorio para validarlo.

Luego de evaluar las referidas solicitudes, la oposición del señor Jordán

Ortiz y otros trámites procesales, el foro primario dictó sin lugar las

peticiones de los codemandados.

Por todo lo anterior, el Consejo de Titulares recurrió ante este

Tribunal, alegando que el foro primario erró (1) al permitir el

emplazamiento por edicto basado en una declaración jurada

estereotipada, (2) al no reconsiderar o relevar los efectos de la

Sentencia, (3) al condenarlo a pagar una suma excesiva de daños y

perjuicios, y (4) al imponer costas, gastos y honorarios de abogado por

temeridad. De manera similar, In-Servicio recurrió ante este Tribunal,

argumentando que el foro primario erró al no dejar sin efecto la

Sentencia y al imponer costas, gastos y honorarios de abogado por

temeridad.

Vale recordar que nuestro ordenamiento establece un mecanismo

procesal para solicitar el relevo de los efectos de una sentencia, a fin de

evitar que se vean frustrados los fines de justicia. Véase Regla 49.2 de

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); Pérez Ríos et al. v.

Luma Energy, LLC, 2023 TSPR 136. Específicamente, dispone que se

podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia,

entre otras causas, por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia
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excusable; también, por nulidad de la sentencia. Regla 49.2 de

Procedimiento Civil de 2009, supra. Sin embargo, para obtener el

relevo es necesario que el promovente de la solicitud haya sido diligente

en la tramitación del caso. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp.,

120 DPR 283 (1988).

Por otra parte, los tribunales están obligados a desalentar la

práctica de falta de diligencia y de incumplimiento con sus órdenes

mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención. Mejías Montalvo

et al. v. Carrasquillo Martínez et al., 185 DPR 288 (2012) (citando a

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986)). La

determinación de desestimar una demanda o eliminar las alegaciones

de una parte se debe ejercer juiciosa y apropiada. Mitsubishi Motor

Sales of Caribean, Inc. v. Lunor, Inc., 2023 TSPR 110 (citando a

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494 (1982)). Véase,

también, HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR

689 (2020). Ello, debido a la norma judicial de que los casos se ventilen

en sus méritos. Mitsubishi Motor Sales of Caribean, Inc. v. Lunor, Inc.,

supra (citando a HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc.,

supra, pág. 701; Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR

823 (1962)).

Cónsono con lo anterior, un tribunal solo tendrá jurisdicción

sobre una persona si esta fue debidamente emplazada, de conformidad

con el derecho constitucional del debido proceso de ley. Rivera Torres

et al. v. Días López et al., supra (citando a Bernier González v.

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018); Torres Zayas v. Montano

Gómez, 199 DPR 458 (2017); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR

367 (2000); First Bank of PR v. Inmob. Nac. Inc., 144 DPR 901 (1998)).
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De esta manera, el demandado podrá comparecer ante el foro primario,

ejercer su derecho a ser oído y defenderse. Bernier González v.

Rodríguez Becerra, supra, pág. 644 (citando a Banco Popular v. SLG

Negrón, 164 DPR 855 (2005)). De no ser emplazado conforme a ley, el

foro primario deberá declarar su falta de jurisdicción y desestimar la

reclamación sin entrar en sus méritos. Peña Lacern v. Martínez

Hernández et al., 210 DPR 425 (2022) (citando a Ruiz Camilo v. Trafon

Group, Inc., 200 DPR 254 (2018)). En otro sentido, si un tribunal

decreta una sentencia sin el demandado haber sido correctamente

emplazado conforme a ley, tal dictamen será nulo. Álvarez Elvira v.

Arias Ferrer, 156 DPR 352 (2002) (citando a Acosta v. ABC, Inc., 142

DPR 927 (1997)).

Ahora bien, cabe señalar que la Regla 4.3(c) de Procedimiento

Civil dispone en lo pertinente que “[e]l emplazamiento será

diligenciado en el término de ciento veinte (120) días a partir de la

presentación de la demanda”. Regla 4.3 de Procedimiento Civil de

2009, supra. De tratar de emplazarse una corporación o compañía, el

emplazador debe entregar copia del emplazamiento y de la demanda a

un oficial, gerente administrativo o cualquier otro agente autorizado

para recibir nombramientos. Regla 4.4 de Procedimiento Civil de 2009,

supra. De transcurrir el término de ciento veinte (120) días sin que se

hubiese diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar

sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Íd.;

Véase, también, Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. No

obstante, cuando el demandante intenta infructuosamente emplazar

personalmente al demandado dentro de los ciento veinte (120) días, el

foro primario puede autorizar que se emplace por edicto al demandado,
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igualmente dentro de los ciento veinte (120) días de haberse emitido la

orden. Véase Reglas 4.3 y 4.6 de Procedimiento Civil de 2009, supra.

Para que proceda dicho emplazamiento, el demandante debe acreditar

mediante declaración jurada las diligencias realizadas para localizar y

emplazar al demandando. Regla 4.6 de Procedimiento Civil de 2009,

supra.

Conviene destacar que la declaración jurada referida en la Regla

4.6 de Procedimiento Civil debe expresar hechos específicos y no meras

conclusiones o generalidades, es decir, se debe incluir las personas con

quienes se investigó y su dirección. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203

DPR 982 (2020) (citando a Global v. Salaam, 164 DPR 474 (2005);

Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 (1993)). Como buena

práctica de diligenciamiento, el emplazador debe tratar de inquirir de

las autoridades de la comunidad, cuales incluyen la policía, el alcalde y

el administrador de correos. Global v. Salaam, supra (citando a Mundo

v. Fuster, 87 DPR 363 (1963)). Es imperativo que el foro primario tenga

en cuenta “todos los recursos razonablemente accesibles al demandante

para hallar al demandado, y si se ha agotado toda posibilidad razonable

disponible para poder localizarlo”. Íd., pág. 483 (citando a Lanzó

Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 515 (1993)).

Presumiendo que se haya diligenciado el emplazamiento por

edicto, la Regla 10.1 requiere que el demandado presente su

contestación a la demanda dentro de los treinta (30) días de haberse

publicado el edicto. Regla 10.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra.

De no disponer de una contestación dentro del referido término, se le

podrá anotar la rebeldía del demandado, siempre y cuando se pruebe

mediante una declaración jurada o de otro modo. Regla 45.1 de
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Procedimiento Civil de 2009, supra. Consecuentemente, la anotación

de rebeldía tendrá el efecto de que se den por admitidas las

aseveraciones de las alegaciones afirmativas. Íd. No obstante, el foro

primario podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por justa

causa, es decir, si se presenta evidencia de razón justificada por la

dilación, o que existe una buena defensa en sus méritos y el grado de

perjuicio contra la otra parte con relación al proceso es razonablemente

mínimo. Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra. Véase

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011).

De conformidad con los hechos de este caso, según surgen del

expediente, la declaración jurada del emplazador fue insuficiente para

justificar el emplazamiento por edicto del Consejo de Titulares. Según

aparece en la declaración jurada, el señor Hernández Gajate se personó

en el Condominio una sola vez, para solo dejar su número de teléfono

y esperar que el demandado lo contactara o buscara a él, desistiendo de

cualquier otro diligenciamiento o gestión afirmativa para localizar al

presidente del Consejo de Titulares. No inquirió con alguna de las

múltiples autoridades del municipio o el mismo Consejo de Titulares,

tampoco se personó en el Condominio más de una vez, ni intentó

localizar al presidente en su residencia principal.

Es evidente, por tanto, que la declaración jurada del emplazador,

mas bien demostró la deficiencia del diligenciamiento, por lo que no

ameritaba un emplazamiento por edicto. En consecuencia, por el

Consejo de Titulares no haber sido emplazado según es su derecho,

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia es inválida,

ergo nula, con la consecuencia de no tener efecto jurídico alguno con
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respecto a los afectados por la misma que surgen de los casos

KLAN202300971 y KLAN202301004.

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones