Rosado Santiago, Hector L v. D De Correccion Y Rehabilitacion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL IV

HÉCTOR L. ROSADO Solicitud de
SANTIAGO Revisión
RECURRENTE Administrativa
procedente del
V. Departamento de
Corrección y
KLRA202300586 Rehabilitación
DEPARTAMENTO DE
CORRECCIÓN Y Núm.
REHABILITACIÓN PP-864-23
RECURRIDO

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

Comparece ante esta Curia, por derecho propio, el señor

Héctor L. Rosado Santiago (Sr. Rosado Santiago). Mediante su

escrito intitulado Moción de Mandamus [p]or los desembolso[s] del

estímulo económico por Covid-191 cuestiona la Respuesta al Miembro

de la Población Correccional2 que emitió la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(DCR). En ella, el DCR informó que, a nombre del Sr. Rosado

Santiago solo aparece una cuenta bajo el número 139015 y anejó el

detalle de las transacciones bancarias.

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

confirmamos el dictamen administrativo recurrido. Veamos.

I.

El 2 de junio de 2023, el Sr. Rosado Santiago instó una

primera solicitud de remedios3 ante el DCR para conocer el estado

1 Cabe señalar que, acogemos el escrito de epígrafe como un recurso de revisión

judicial por ser el adecuado en derecho para revisar un dictamen de un ente
administrativo.
2 Apéndice del recurso, págs. 4-12.
3 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 2-3.

Número Identificador

SEN2024________
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de su solicitud de desembolso sobre los tres estímulos económicos

que autorizó el gobierno federal producto de la pandemia por el

COVID-19. Obra en el expediente la Respuesta del Área

Concernida/Superintendente,4 notificada el 3 de agosto de 2023,

mediante la cual informó al Sr. Rosado Santiago que -con respecto

al primer y segundo desembolso- personal del DCR acudió al

Departamento de Hacienda para notificar su nombre, entre otros

confinados que alegan no haber recibido los referidos desembolsos.

En cuanto al tercer desembolso, el Departamento instruyó al Sr.

Rosado Santiago a solicitarlo completando el Anejo B3 de la planilla

de contribución sobre ingresos del año contributivo 2021, a través

del portal del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).5

Cabe señalar que, obra en el expediente una Resolución6 del

Tribunal Supremo, emitida el 2 de agosto de 2023, mediante la cual

acogió una Moción de Mandamus7 que instó el Sr. Rosado Santiago

como certiorari y proveyó No Ha Lugar.

De igual manera, surge del expediente que, el 24 de agosto de

2023, el Sr. Rosado Santiago presentó ante el DCR una segunda

Solicitud de Remedio Administrativo.8 En ella, hizo constar que

presuntamente posee dos cuentas bancarias y solicitó la corrección

de sus balances. En reacción, el DCR notificó una segunda

Respuesta del Área Concernida/Superintendente el 2 de octubre de

2023. Allí, expuso que “[…] sólo aparece una cuenta a su nombre,

la cual está identificada con el número 139015. Se aneja el Informe

de Transacciones del Confinado (detallado).”9

Inconforme, el 13 de noviembre de 2023, el Sr. Rosado

Santiago insta ante esta Curia el presente recurso de revisión. A

pesar de no haber incluido señalamientos de error, inferimos de su

4 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 6-7.
5 El DCR le recomendó comunicarse con su Técnico Sociopenal a los fines de
contactar a un familiar o allegado que pueda asistirle con este asunto.
6 Apéndice del recurso, págs. 24-25.
7 No obra en el expediente ante nos una copia del recurso instado ante el Tribunal

Supremo.
8 Apéndice del recurso, pág. 15.
9 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 11-25.
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recurso que el Sr. Rosado Santiago interesa que ordenemos al DCR

tramitar los desembolsos correspondientes a los estímulos

económicos antes mencionados.

En cumplimiento con nuestra Resolución de 11 de enero de

2024, la Oficina del Procurador General comparece en

representación del DCR. Solicita la desestimación del recurso o, en

su defecto, que confirmemos el dictamen impugnado.

II.

A. La Revisión Judicial y la Deferencia

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta

disposición es delimitar la discreción de los organismos

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano

v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero

de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le

conceden gran consideración y deferencia, por la experiencia y el

conocimiento especializado que estos poseen. Íd.

Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma

anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal

Supremo ha resuelto con igual firmeza que, los tribunales no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

irrazonables, ilegales, o simplemente contrarias a derecho. Super

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v.

Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).
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Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior

responde a la vasta experiencia y al conocimiento especializado que

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados.

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020).

Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas

mientras la parte que las impugna no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra. Al

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, aunque

esta no tiene que ser la única o la más razonable. Andrea Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd.

Por tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de
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derrotar, con suficiente evidencia, que la decisión del ente

administrativo no está justificada por una evaluación justa del peso

de la prueba que tuvo ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de

Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98, 118 (2003).

A la luz de la normativa expuesta anteriormente, pasemos a

analizar los hechos particulares del caso de autos.

III.

Surge del tracto procesal que, el Sr. Rosado Santiago instó

separadamente dos solicitudes de remedios ante el DCR y nos

suplica la revisión de las correspondientes respuestas emitidas por

la agencia recurrida. La primera, identificada con el número PP-736-

23, iba dirigida a conocer el estado de su solicitud de desembolso de

los tres estímulos económicos relacionados al COVID-19. Sin

embargo, carecemos de jurisdicción para revisar el referido

dictamen. Ello, debido a que, el recurso de epígrafe fue presentado

transcurridos más de treinta (30) días desde la notificación de la

Respuesta del Área Concernida/Superintendente el 3 de agosto de

2023.10 Como consecuencia, esta Curia tiene la obligación de

declararse sin jurisdicción sobre este particular, pues sabemos que

un recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta

de jurisdicción y debe ser desestimado. Regla 83 (C) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C).

10 Véase, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, la cual dispone que una

parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia
podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones
dentro de un término de (30) días contados a partir de la fecha del archivo en
autos de la copia de la notificación de la orden o de la resolución final de la
agencia. ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229, 238 (2020). Añádase a ello que,
nuestro ordenamiento jurídico no permite que revisemos conjuntamente dos
resoluciones administrativas distintas en un mismo recurso de revisión judicial.
M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 179 (2012); Sección 4.2
de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672.
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En la segunda solicitud de remedio, identificada con el

número PP-864-23, el Sr. Rosado Santiago señaló que posee dos

cuentas bancarias de las cuales solicitó la corrección de sus

balances. En respuesta, el DCR hizo constar que, hizo una

búsqueda en el sistema y solo halló la cuenta bancaria número

139016 bajo el nombre del Sr. Rosado Santiago. Junto a su

dictamen, el DCR anejó un documento con el detalle de sus

transacciones desde el 31 de mayo de 2011 hasta el 14 de agosto de

2023. Pudimos constatar del referido informe que los desembolsos

objeto de este recurso no están reflejados en la cuenta 139015. Sin

embargo, destacamos que, surge del expediente una Certificación11

firmada el 23 de enero de 2024 por un empleado del Departamento

de Hacienda. En ella certificó que, realizó una búsqueda en el

sistema del Departamento de Hacienda para indagar sobre el estado

procesal de los tres pagos de incentivos en cuestión, la cual no pudo

finalizar debido a que no coincide el nombre del Sr. Rosado Santiago

con el número de seguro social que él proveyó en la Solicitud de

Remedio Administrativo (PP-736-23).12

A la luz de lo anterior, nos resultan suficientes las gestiones

que realizó el DCR dirigidas a atender la solicitud del Sr. Rosado

Santiago. Tales actuaciones del DCR no fueron irrazonables,

arbitrarias o ilegales. A lo antes se añade que, el recurrente no

derrotó la presunción de corrección y deferencia de la cual gozan las

determinaciones finales de las agencias administrativas. Le

corresponde al Sr. Rosado Santiago clarificar sus datos personales

y ejecutar los trámites necesarios ante el Departamento de Hacienda

a modo de que dicha agencia le adjudique los desembolsos

económicos que solicita, de ser elegible.

11 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 30.
12 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 2.
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IV.

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen

recurrido relacionado a la solicitud de remedios número PP-864-23.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones