ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL IX
JONATHAN DELGADO Certiorari
BENÍTEZ procedente del
Tribunal de
Peticionario Primera Instancia,
Sala Superior de
V. KLCE202301453 Guayama
NINOSHKA M. Caso Núm.:
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ D JP2023-0093
Recurrida Sobre:
Solicitud de
Relaciones Paterno
Filiales
Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro
Ronda Del Toro, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.
Comparece ante nos, el señor Jonathan Delgado Benítez (Sr.
Delgado Benítez o peticionario), por derecho propio, junto a una
Solicitud y Declaración para que se le exima de pago de arancel
por razón de indigencia. En escrito presentado el 26 de diciembre
de 2023, el peticionario solicita la revocación de la Resolución
emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de
Guayama, el 29 de noviembre de 2023.
El 4 de enero de 2024, luego de presentado el recurso, el
foro primario emitió una Notificación enmendada a los fines de
incluir el nombre de la juez.
Revisado el recurso, denegamos su expedición. Veamos.
I.
En su escrito, el señor Jonathan Delgado Benítez nos
informa que el 22 de noviembre de 2023 presentó una demanda
para que se establezcan las relaciones filiales con su hija JDH.
Número Identificador
SEN2024 _______
KLCE202301453 2
Adujo que la menor reside con su madre en el estado de
Massachusetts. Sostuvo que el foro primario ordenó la
desestimación del presente recurso por falta de jurisdicción sobre
la menor por ésta residir en el estado de Massachusetts.
El señor Delgado Benítez solamente acompañó a su escrito
una Notificación de Resolución emitido por el Tribunal de Primera
Instancia el 22 de noviembre de 2023 notificado el día 29 de ese
mes y año. En referido documento el Tribunal dictaminó lo
siguiente: “No ha lugar. El Tribunal no tiene jurisdicción de la
demandada por la menor residir en el estado de Massachusetts”.
No surge del expediente ningún otro documento para
nuestra evaluación. Así pues, revisado el escrito aceptamos la
comparecencia del señor Delgado Benítez como indigente, según
solicitada, y disponemos.
II.
Nuestra función como Tribunal de Apelaciones es proveer a
los ciudadanos un foro apelativo que revisará, como cuestión de
derecho las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia,
así como las decisiones finales de los organismos y agencias
administrativas y de forma discrecional cualquier otra
resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera
Instancia. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec.
24u. (Énfasis nuestro).
Así, el auto de certiorari constituye un vehículo procesal
discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar
las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v.
Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.
AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR
307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917
(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La
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característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción
encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y
adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. La
discreción es "una forma de razonabilidad aplicada al
discernimiento judicial para llegar a una conclusión
justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.
ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil
Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.
BBVAPR, supra, pág. 338.
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A
LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de
Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las
resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera
Instancia, a saber:
Todo procedimiento de apelación, certiorari,
certificación, y cualquier otro procedimiento para
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia, solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
No obstante, y por excepción a lo dispuesto
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en
casos de relaciones de familia, en casos que revistan
interés público o en cualquier otra situación en la cual
esperar a la apelación constituiría un fracaso
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición
de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal
de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá
ser revisada en el recurso de apelación que se
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interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto
en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y
prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los
méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso
de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que
en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en
consideración al atender una solicitud de expedición de un auto
de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:
A. Si el remedio y la disposición de la decisión
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
contrarios a derecho.
B. Si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema.
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
Tribunal de Primera Instancia.
D. Si el asunto planteado exige consideración más
detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más
elaborados.
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
el caso es la más propicia para su consideración
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa no causan un fraccionamiento indebido del
pleito y una dilación indeseable en la solución final del
litigio.
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia.
De acuerdo con lo anterior, se ha resuelto que “los
tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones
interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio
por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo
cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso
de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649,
664-665 (2000). Así pues, descansa en la sana discreción del foro
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apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v.
Padró, supra. El adecuado ejercicio de la discreción está
“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la
razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).
III.
Según indicáramos, el peticionario acudió ante este foro
intermedio para que revisemos una Resolución del TPI que declaró
No ha Lugar su petición de relaciones paternofiliales. El tribunal
entendió que no tenía jurisdicción de la demanda porque la menor
residía en el estado de Massachusetts.
Contra esta decisión, el señor Delgado Benítez reclama que
cuando se trata del bienestar de un menor, un tribunal tiene
autoridad para decidir sobre la custodia, irrespectivamente de la
residencia y domicilio de los padres y de anteriores órdenes de
custodia dictadas en otras jurisdicciones.
Primeramente, notamos que el señor Delgado Benítez
cuestiona una determinación del foro de primera instancia, no
obstante, no acompañó a su recurso la copia de la moción o la
demanda que remitió al TPI planteando el asunto que aquí nos
trae. Ese documento era esencial para que podamos revisar su
planteamiento y porque así lo requiere la Regla 34 (E) (d) del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B1.
1
Sobre los apéndices del recurso de certiorari, la Regla 34(E) del nuestro
Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E), dispone que la solicitud incluirá un
apéndice que contendrá una copia literal de:
(a) Las alegaciones de las partes,
(i) en casos civiles, la demanda principal, la de coparte o de tercero y
reconvención, con sus respectivas contestaciones;
[…]
(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualesquiera de
las partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de
Primera Instancia, en los cuales se discuta expresamente cualquier
asunto planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a
ésta.
(e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente original
en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de
Apelaciones a los fines de resolver la controversia.
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A su vez, el señor Delgado Benítez alude a ciertas órdenes
de custodia dictadas en otras jurisdicciones, pero tampoco incluyó
esos documentos según lo exige la Regla 34 (E)(e) de nuestro
Reglamento2, ni explicó de qué se trataban. Por lo que, el
peticionario no nos puso en condiciones de conocer los
pormenores de las aludidas órdenes sobre relaciones
paternofiliales. Todos los documentos aquí mencionados eran
esenciales para un cabal análisis, comprensión y disposición del
asunto que se nos plantea. Esto provoca un impedimento real
para atender su reclamación. Atado a lo anterior, el escrito que
revisamos adolece de los correspondientes señalamientos de error
que hubiese cometido el TPI y la discusión de ellos. Todo lo cual,
también afecta nuestra función revisora. Lo anterior es razón
suficiente para desestimar su reclamo, por no perfeccionar
adecuadamente el recurso.3
Independiente a lo anterior, al revisar el dictamen recurrido
determinamos que en el asunto ante nuestra consideración no
concurre con criterio alguno de la Regla 40 de nuestro Reglamento
que amerite intervenir con la determinación cuya revisión se nos
solicita.
Nótese que el foro primario denegó la reclamación
relaciones paternofiliales que presentó el señor Delgado Benítez
porque la menor residía en un estado de la nación
Norteamericana. Esta información fue corroborada con el escrito
del peticionario, quien afirma que la menor reside en el estado de
Massachussets.
2
Íd.
3
Con respecto a los apéndices, el Tribunal Supremo generalmente se ha
movido a desestimar recursos por tener apéndices incompletos cuando esa
omisión no permite penetrar en la controversia o constatar la jurisdicción del
foro revisor. Vázquez Figueroa v. E.L.A, 172 DPR 150, 155 (2007).
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Al ser la menor residente del estado de Massachusetts,
adquiere vigencia el Parental Kidnapping Prevention
Act (PKPA), 28 USCA sec. 1738A(a). Este es una ley federal que
procura facilitar la ejecución de los decretos de los estados
relacionados a custodia y derechos de visita, así como prevenir la
competencia y el conflicto interjurisdiccional. Cancel Rivera v.
González Ruiz, 200 DPR 319, 330 (2018). Esta ley rige
expresamente en todos los estados de Estados Unidos, en los
territorios y sus posesiones –incluyendo a Puerto Rico- y en el
Distrito de Columbia. Cancel Rivera v. González Ruiz, supra; 28
USC sec. 1738A (b)(8); Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526 (2005).
Además, ocupa el campo en materia de determinaciones
interestatales de custodia. Íd.
El PKPA “establece un esquema de preferencia jurisdiccional
mediante el cual se favorece el estado de residencia del menor
como el foro que mejor está capacitado para atender las
cuestiones de custodia del menor”. Cancel Rivera v. González
Ruiz, supra, pág. 333, citando a Santiago v. Kabuka, supra.
Es preciso aclarar que, para propósitos de la custodia o de
los derechos de visita, la ley define el concepto “estado de
residencia” (home state) como “aquel estado o jurisdicción en la
que el menor haya vivido con uno o ambos padres, o con un tutor,
al menos durante seis meses consecutivos antes de la fecha de
inicio de los procedimientos de custodia o de fijación de derechos
de visita”. Íd., 28 USC sec. 1738B(a). (Énfasis nuestro). Si el
dictamen original cumplió con la base jurisdiccional preferida
(estado de residencia), los tribunales de otro estado no podrán
modificar ese dictamen. Collazo Dragoni v. Noceda González, 198
DPR 476, 491 (2017), véase, además, Cancel Rivera v. González
Ruiz, supra, pág. 334.
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Como vemos, existe la norma general de que el estado de
residencia del menor es el llamado a emitir determinaciones en
cuanto a este. Con ello como norte, no detectamos, ni el señor
Delgado Benítez nos ha demostrado, que, en el ejercicio de sus
facultades, el tribunal primario haya incurrido en error de derecho
o en abuso de discreción al denegar la acción de relaciones
paternofiliales porque la menor reside en el estado de
Massachusetts. Esta determinación resulta razonable, a la luz de
los hechos que informa esta causa y el estado de derecho que rige
en estos casos. Ante ello, nos abstenemos de intervenir con la
determinación recurrida.
IV.
Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar
parte de este dictamen, denegamos el recurso de Certiorari.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal
de Apelaciones.
Disponemos que la Secretaria del Departamento de
Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta
sentencia al peticionario, en cualquier institución correccional
donde este se encuentre.
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del
Tribunal.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones